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El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso

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CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.

Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.

En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:

I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.

II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.

III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.

IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.

VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.

VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.

VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.

IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…”  Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.

    El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.

Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.

X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.

El Código Penal alemán había  introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).

XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.


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Gobernadores de todo el país unidos en reclamo a Milei por recorte de fondos

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gobernadores milei

La Argentina liderada por Javier Milei tuvo este viernes otra álgida jornada política marcada por el reclamo de gobernadores ante el recorte de las transferencias correspondientes a fondos coparticipables. Empezó con un aviso enviado por el gobernador chubutense de frenar los envíos de petróleo y gas, continuó con un comunicado de los mandatarios patagónicos unidos, al que además se encolumnaron todas las provincias sin distinciones partidarias y se extendió con respuestas del presidente, con amenazas de prisión incluidas.

“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, lanzó el viernes a la tarde el gobernador chubutense Ignacio Torres en el marco de un acto por los festejos del 123° aniversario de Comodoro Rivadavia.

La proclama estuvo directamente relacionada al recorte de transferencias coparticipables efectuado por el presidente Milei, fondos correspondientes a cubrir subsidios de transporte en algunos casos y compensaciones salariales en educación en otros, medida que ya generó conflictos con varias provincias, entre ellas Misiones, que ayer decidió demandar al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para exigir el pago de lo adeudado.

Tan solo unas horas después, los gobernadores patagónicos Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), firmaron un comunicado en apoyo al reclamo de Torres.

En el comunicado, firmado en nombre de “Las Provincias del Sur“, los gobernadores recordaron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto” y que “nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.

Además, añadieron que “los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes” y en el escrito consideraron que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.

A continuación, lanzaron que “no aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias” y ratificaron que “avalamos la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministerio de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”.

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina“, concluyeron en el comunicado.

Más gobernadores unidos

Y la cuestión no terminó allí, dado que un rato después los nueve gobernadores pertenecientes a Juntos por el Cambio (Jxc) también se manifestaron en bloque a favor de Torres y su reclamo.

“El gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, consigna el escrito firmado por Jorge Macri (Caba), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) no firmaron comunicados conjuntos, pero sí se expresaron a través de sus cuentas de X, siempre a favor de Torres y sus pares de las provincias patagónicas.

También se sumaron después Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba). Solo Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no se pronunciaron sobre el asunto de manera pública en las redes.

“Proceda y hágase cargo”

Y la respuesta del presidente Milei no tardó en llegar. Fiel a su estilo, eligió responder al gobernador chubutense mediante publicaciones en X (ex Twitter), efectuadas mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Estados Unidos donde participará de un cumbre conservadora junto a Donald Trump.

El presidente se dirigió hacia el mandatario como “Nachito” y hasta lo amenazó con accionar judicialmente en caso de que Torres concrete la interrupción de envíos de petróleo y gas.

“Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del código penal”, irrumpió en X el presidente y a continuación citó el artículo 194: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

A la par, también se publicó un comunicado desde la cuenta la Oficina del Presidente, que funciona como vocería, en el cual mantuvieron la misma postura de confrontación.

“La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza”, apuntaron.

Y avanzan, en sintonía con Milei y su mensaje con el artículo 194 como protagonista: “Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia“.

 


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Ninfa Alvarenga sobre el paro de docentes: “Hay que meterlos en cana”

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La dirigente libertaria Ninfa Alvarenga, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, se manifestó contra el paro nacional convocado por la CTERA para el próximo lunes 26, al que adhieren los gremios docentes de la provincia, y pidió “meter presos” a los maestros.

“Basta de hacer política sucia con las escuelas”, escribió la dirigente libertaria este viernes en su cuenta de la red social X, ni bien se conoció la decisión de los sindicatos de docentes de la provincia de plegarse a la medida de fuerza nacional.

“En 4 años no salieron a defender a los docentes, y a 70 días del nuevo gobierno salieron de sus criptas para tomar de rehenes a los niños argentinos”, sentenció Alvarenga, que hace poco enfrentó una denuncia por usurpación de propiedad privada de los dueños de la casa que ocupaba en el microcentro de Posadas.

“Nefastos”, calificó la libertaria y disparó: “Hay que meterlos en cana”.


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Misiones acudió a la Corte para exigir el pago de fondos docentes de Nación

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misiones corte fonid

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que la provincia de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, para exigir el cobro de los fondos docentes adeudados por el gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei.

Como ya es habitual, el mandatario provincial eligió su cuenta en la red social X para efectuar el anuncio y en un posteo publicado hace instantes indicó que: “En el día de la fecha se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones”.

Passalacqua precisó que el reclamo consiste en los pagos del Fonid y de Conectividad y Garantía Salarial, previstos por las leyes 25.053 y 26.075, respectivamente.

Además, argumentó que la presentación también apunta a “asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas”.

Dichos fondos docentes provenientes del Estado nacional fueron objeto de discusión durante las últimas semanas, tras la decisión del presidente de Milei de frenar el giro de dinero a las provincias, lo cual repercutió en el bolsillo de los docentes misioneros.

En ese marco, el último lunes el gobernador Passalacqua garantizó el pago de las compensaciones salariales de diciembre y enero con fondos propios, aunque ahora acudió a la Corte para reclamar los fondos adeudados


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