Política
El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso
CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.
Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.
En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:
I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.
II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.
III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.
IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.
VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.
VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.
VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.
IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.
El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.
Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.
X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.
El Código Penal alemán había introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).
XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Política
Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”
El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, defendió este jueves el proceso de desregulación del sector yerbatero durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que el nuevo esquema “es el único camino comprobado hacia una industria moderna, competitiva, exportadora e independiente”.
El encuentro reunió a productores, cooperativistas, trabajadores, directivos del Inym y legisladores nacionales para debatir la situación actual del sector. Durante su exposición, Correa leyó un documento en el que cuestionó el histórico sistema de fijación de precios y sostuvo que la eliminación del precio mínimo obligatorio permitió iniciar un proceso de “saneamiento” del mercado.
Según explicó, al asumir encontró un organismo “sobredimensionado”, con exceso de cargos jerárquicos y problemas de control interno. En ese marco, indicó que en cinco meses de gestión se modificó el organigrama y se redujo un 25% del plantel en áreas administrativas.
En la continuidad de la lectura, Correa afirmó que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.
En ese marco, postuló que “los datos del último quinquenio desmiente los pronósticos del colapso y demuestran un proceso de saneamiento” y sostuvo que “tras la desregulación los precios en góndola han experimentado una caída real de 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaban a los consumidores”.
También enumeró que en su gestión “logramos sostener los volúmenes productivos. Los análisis muestran que la producción de hoja verde se ha mantenido estable con un promedio de 892 mil toneladas; logramos una competencia real, registramos un mapa con 106 molinos elaboradores y 208 secadores, esto demuestra que existen suficientes oferentes para garantizar la libre competencia”.
“Desarmar la retórica populista”
El titular del Inym apuntó que “es fundamental desarmar la retórica populista, que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil. Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo al 60% de los pequeños productores, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia y el minifundio”.
“El precio oficial actuó como una anestesia que limitó el crecimiento a escala. La libertad de mercado ha traído a la superficie la realidad de los estratos productivos, mediante la dispersión de precios. Hoy observamos un mercado donde coexisten valores de 240 pesos por kilogramo de hoja verde para quienes entregan materia prima estandarizada, frente a 380 pesos por kilogramos en zonas de alta tecnificación y calidad”, arrojó.
En ese punto, fue claro: “El mensaje es unívoco, el que espera el precio oficial y estático se estanca. El que busca eficiencia, tecnología y calidad, progresa”.
Para Correa, “la regulación de precios instauró la peligrosa noción de un commodity idéntico, donde el esfuerzo no tenía premio. El precio regulado le enseñó al productor a entregar su trabajo y preguntar pasivamente cuánto le iban a pagar. Por el contrario, la libertad le muestra al productor que él es un empresario agrícola que debe poner valor a su propio trabajo mediante la excelencia de su cosecha. La rentabilidad real no se fija por una resolución del Inym o por el laudo, la rentabilidad se construye en la chacra, midiendo los kilómetros obtenidos por hectáreas”.
“Para finalizar queremos ratificar que la posición institucional del Inym es firme e irreversible. El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia. Nuestras competencias legales se enfocarán estrictamente en garantizar la transparencia de los datos de mercado, proveer de asistencia técnica y potenciar la marca de la yerba mate argentina en el mundo”, precisó.
Y cerró: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino comprobado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y fundamentalmente independiente”
Durante la jornada también participaron productores yerbateros, quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector y describieron la situación en las chacras. Entre los legisladores presentes estuvieron Julia Strada, Carlos Arce y Oscar Herrera Ahuad, que también se refirió al asunto y cuestionó la política desregulatoria.
Al cierre del encuentro, Correa destacó que el oficialismo habilite el debate en las comisiones legislativas y sostuvo que “si no convocan a las comisiones de trabajo es imposible discutir los proyectos”.
Herrera Ahuad sobre la yerba: “En lo productivo e industrial demuestra crisis”
Política
Diputados frente a docentes en protesta: “Armemos una mesa de trabajo”
En el marco de la movilización convocada por la Mesa de Unidad Docente para recordar el segundo aniversario del “Misionerazo”, trabajadores de la educación marcharon desde la Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura provincial, donde plantearon sus reclamos ante tres diputados que bajaron a la explanada de ingreso para oír a los manifestantes.
“Los docentes estamos acotados por el salario, económica y emocionalmente. No podemos desarrollar nuestras tareas normalmente si no llegamos a fin de mes y nuestros alumnos pasan hambre y frío. Nosotros sostenemos las escuelas y no podemos más, necesitamos llenar la olla, estamos saturadas”, expresó una docente en una ronda de micrófono abierto ante los legisladores que abandonaron el recinto en plena sesión para recibir los reclamos.
Las diputadas que interactuaron con los docentes fueron Paula Franco y Alicia Beatriz Zalesak, de Encuentro Misionero, en tanto que más tarde se unió Juan Ahumada del bloque unipersonal Por Misiones.
“Yo solicité e invité que vengan también los del bloque libertario, del Pays y de la UCR, pero vinimos solo nosotros. Somos una generación nueva y estamos dando acá nuestro respeto. Nosotros vinimos, los otros no”, se diferenció detrás del vallado Zalesak, quien en su libreta personal tomaba nota de los reclamos.

La movilización docente inició en la Plaza 9 de Julio y culminó en la Legislatura.
“Yo comparto y entiendo la situación. En estos años que llevo he trabajado y visitado escuelas. Veo que hay escuelas sin sillas, ni mesas, qué faltan cosas, que hay chicos que pasan necesidades. No estoy en contra de ustedes. Nosotros escuchamos y tomamos nota. Sé que la educación es la única salida. Cuando ustedes salieron con este reclamo, todas las cuentas de la provincia se deterioraron”, expresó Franco, que también pidió “respeto y diálogo” al recordar los incidentes ocurridos en 2024, cuando una movilización docentes culminó con empujones, corridas y gases lacrimógenos.
En ese marco, invitó a conformar una “mesa de trabajo” y expresó que “tienen mi compromiso para trabajar y ordenar las cosas. No está entre mis potestades hacer una propuesta, lo que sí puedo hacer es trasladar sus necesidades a quienes si tengan la potestad de tomar medidas desde el Ejecutivo”.
Entre los docentes movilizados se encontraban, además Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes el año pasado fueron condenados por una causa judicial abierta en el marco del acampe docente sobre la avenida Uruguay de 2024 y cuentan con una restricción de acercamiento a la Legislatura por los incidentes de ese mismo año.
Sánchez también tomó el micrófono unos minutos y ante los legisladores reclamó que tanto él como Gurina fueron “condenados por reclamar por un salario” y lamentó que “hoy hay docentes que están haciendo de Uber o de Didi para sobrevivir”.
“Nadie piensa en el daño psicológico que están sufriendo muchos colegas. Cuando uno se suicide quién se va a hacer responsable”, lanzó.
Política
Carlos Rovira y las elecciones de 2027: “No seré candidato a nada”
El diputado provincial Carlos Rovira anunció esta tarde, en la previa oficialista de la sesión de la Legislatura, que no integrará ninguna lista en las elecciones del año próximo.
Flanqueado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, los diputados Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, y los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, Rovira despejó las dudas sobre su futuro político y se ubicó fuera de la competencia electoral.
“No seré candidato a nada”, afirmó Rovira ante un auditorio de unas 200 personas, entre quienes figuraban legisladores, funcionarios del gobierno provincial, concejales, intendentes, dirigentes de Encuentro Misionero e invitados especiales.
Como contrapartida, el ex diputado provincial Martín Cesino, el empresario Sergio Bresiski y el concejal Jair Dib, reafirmaron sus candidaturas para suceder a Leonardo Stelatto en la Municipalidad de Posadas.
Condonación
En la misma reunión, Rovira anunció la condonación de la deuda de $90.000 millones que la empresa Energía de Misiones (EMSA) mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que enseguida Encuentro Misionero colgó en su sitio web.
La condonación, según Rovira, se consiguió en el marco de las negociaciones por el apoyo de los diputados misioneros a la denominada “Ley Hojarasca” y la quita de subsidios al gas para las zonas frías, que obtuvieron media sanción anoche en la cámara baja.
Rovira sostuvo que el beneficio para la provincia se gestó en ese intercambio político, donde el oficialismo misionero condicionó su acompañamiento a la obtención de resultados concretos para Misiones.
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