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Efecto DNU: proponen creación de centro de acopio provincial de yerba mate

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Los diputados provinciales del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro y Blanca Alves, presentaron este viernes en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley de creación del Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (Cemacop), que tendrá las facultades retiradas al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) por el DNU del presidente Javier Milei, y podrá fijar el precio de la hoja verde y de la yerba canchada en la tierra colorada.

La iniciativa, de 14 artículos, propone además el establecimiento de una “tasa por servicio yerbatero” para las operaciones comerciales hechas a través del Cemacop, secaderos y molinos ubicados en territorio misionero.

El artículo 3 establece que el directorio del Cemacop se integrará con un representante de los productores primarios, un representante de los secaderos, un representante de los tareferos, otro de las cooperativas yerbateras y uno del Gobierno de la provincia, que presidirá y desempatará en las votaciones por la fijación del precio de la materia prima.

El artículo 4 prohíbe al centro de acopio adquirir yerba a precio menor al oficial y lo faculta para adquirir yerba canchada de los pequeños secaderos y cooperativas de la provincia.

El artículo 5, dispone que la materia prima acopiada por el Cemacop se depositará en los galpones de la extinta Comisión Nacional de Regulación de la Yerba Mate (Crym), ubicados en la localidad de Santa Ana, que fueron transferidos a la provincia por la ley 24945/98.

El artículo 8 enumera las atribuciones del Cemacop, entre las que figuran la fijación del precio de la yerba mate en el territorio provincial, comercialización de la yerba mate en canchada, molida y otras formas; fomento de la actividad yerbatera y mejoramiento de la calidad de la yerba mate mediante programas específicos; firma de acuerdos comerciales con empresas del sector y organismos públicos; financiamiento para la implementación de tecnología y avances que permitan a los pequeños productores incrementar el rendimiento de sus cultivos; y regulación de plantaciones para evitar la sobreoferta.

Según explicó Castro a La Voz de Misiones, el proyecto se basa en una iniciativa de 2017 impulsada por el líder del PAyS, Héctor Cacho Bárbaro, por entonces diputado provincial, que fue enriquecida por el equipo partidario, en que se encuentra el mismo Bárbaro y el dirigente Isaac Lenguaza, entre otros.

El proyecto de los diputados del PAyS se suma a la propuesta formulada por el diputado provincial y conductor de la Renvoación, Carlos Rovira, ni bien se conoció la desregulación yerbatera del DNU de Milei, para la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), que asuma las facultades retiradas al desregulado Inym.

Fundamentos

Entre los fundamentos del proyecto, Castro y Alves, argumentan con el impacto en la cadena yerbatera del mega DNU presidencial del 20 de diciembre pasado y comparan el escenario con lo ocurrido en años ’90, cuando se eliminó la Crym y la situación se volvió insostenible al punto que

“Es una respuesta a la desregulación del mercado yerbatero instaurada por el actual gobierno nacional, que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) le sacó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar el precio de la materia prima, dejando a los productores a expensas de las reglas de un mercado oligopólico que en otras épocas ‘esclavizó’ a plantadores y tareferos, por graficar con una figura retrógrada la terrible situación que les tocó afrontar y que amenaza con volver”, señala el escrito.

“Tal como advierten referentes del sector al reclamar que el poder político vuelva atrás con la desregulación, si persiste la vigencia del DNU ‘el productor yerbatero no va a poder levantar la cosecha porque no va a tener plata para pagar a los obreros. Va a cobrar su yerba con vales de comestibles o con cheques a 360 como nos daba un industrial. Y luego viene la migración hacia los cordones periféricos de las grandes ciudades’”, alerta.

“El escenario que describen no es más ni menos que el mismo que vivimos en la década del ‘90 tras la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada”, compara.

Recuerda, en tal sentido, que el Inym “comenzó a gestarse en el año 2001, justo en medio de la profunda crisis que afectó a toda la sociedad argentina y que hirió de muerte al sector primario de la yerba mate por la desregulación”.

“Se sabe que en la determinación del precio de la materia prima, el mayor peso de los costos de producción recae siempre en el sector primario, pero el poder de negociación y el grado de concentración del sector industrial terminan por aplastar cualquier posibilidad de que los productores reciban un precio justo”, argumenta.

“Paralelamente, el sector de comercialización se asegura ganancias extraordinarias con la venta al público, que paga precios finales totalmente desproporcionados, ya que mientras

un kilo de hoja verde se paga al productor $169 y un kilo de yerba canchada $643, en las góndolas de los supermercados el kilo de yerba envasada supera los $ 5000”, agrega.

Asegura que “en el caso de la yerba mate, la supuesta autorregulación del mercado y el aclamado virtuosismo de las relaciones comerciales entre el sector primario y la industria que pregona el modelo de ultraderecha que gobierna el país, sumado a la desregulación, directamente implican la muerte de los pequeños productores y la concentración de la tierra en pocas manos”.

“Este proyecto de Ley es, entonces, un intento de defensa de la industria madre de la provincia de Misiones y una reafirmación de la autonomía provincial, pero sobre todo, una alternativa que nos permitiría plantarnos en resguardo del trabajo de tantas familias para decirles a los poderosos que esta vez, no pasarán”, afirma.

“Es también un ejercicio de la Carta Magna provincial que pone en cabeza del Estado, la responsabilidad de hacerse cargo de las actividades en las que la iniciativa privada sea insuficiente, monopolista o privilegiada (Art 61 de la Constitución provincial), y que además manda al Estado a promover y fomentar ‘por ley u otras medidas la radicación de industrias de elaboración de materias primas en las zonas de producción (art. 65)”, argumenta.

En otro tramo, el escrito ingresado hoy a la Legislatura provincia, aporta datos duros para ilustrar lo que denomina “atomización” del sector yerbatero.

“En nuestra provincia se planta el 90 % de la yerba mate que se produce en el país. Sin embargo, solo el 51% de la producción se industrializa en Misiones, mientras que los restantes 29% y 20% se elaboran en Corrientes y fuera de la zona productora”, precisa.

“Según las mismas estadísticas, el 70% de los más de 17 mil productores de yerba mate en Misiones, (unos 13.000) planta en yerbales de menos de 10 hectáreas y con rendimientos promedio de 4.000 kilos por hectárea, o incluso menos”, añade y afirma: “Esta atomización de una de las principales actividades productivas de Misiones -que sigue manteniendo las características de minifundio- representa no solo una realidad económica que casi no se repite en otros lugares del país, sino también un valioso estilo de vida de las familias de “colonos” que se desarrollan en el ámbito rural y subsisten con sus pequeñas unidades de producción, sus valores, sus costumbres y tradiciones”.

“En la otra punta del proceso, las nueve industrias más grandes muelen, envasan y comercializan el 75% de la producción, porcentaje que sube al 90% si se contabilizan las 17 empresas mayores”, analiza y señala que la creación del Cemacop “implica hacer realidad el Mercado Consignatario que no quiso ni pudo poner en marcha el Inym, con la diferencia de que será un mercado exclusivamente misionero que comprará, estoqueará y revenderá materia prima solamente misionera y en principio, de los pequeños productores de hasta 10 hectáreas”.

LEY- Centro Acopio Yerbatero

 

Política

Cinco caras nuevas y dos reelectos en el Concejo Deliberante de Posadas

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Concejo

Cinco de las siete bancas que renovó el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, serán ocupadas por caras nuevas en el Legislativo municipal.

Se trata del coordinador de Obras Públicas de la gestión de Leonardo Stelatto, Daniel Vigo, del sublema Compromiso Con Vos, de la Renovación Neo, quien con 9.360 votos fue el concejal más votado en la capital provincial en las elecciones del 8 de junio pasado.

Lo siguen, Francisco Pepi Wipplinger y Ángel Martínez, del partido Por la Vida y los Valores, que se sirvieron de la tracción provocada por el candidato a la Legislatura Ramón Amarilla, y acapararon el 23.31% de los votos.

En tercer lugar, cerrando la galería de caras nuevas, aparecen María Fernández y Santiago Horianski, de La Libertad Avanza, con el 22.3% de respaldo electoral.

La renovadora Malena Mazal y el radical peluca Pablo Argañaraz, concejales que fueron reelectos, completan el mapa de los ediles que jurarán el 10 de diciembre próximo.

Mazal secundó a Vigo en el sublema más votado en Posadas, y Argañaraz consiguió la reelección con el Partido Libertario que llevó al diputado nacional peluca Martín Arjol a la Legislatura provincial.

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CFK cumplirá condena en su departamento de Constitución con tobillera electrónica

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CFK

El juez Jorge Luciano Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), confirmó hace minutos que la Justicia decidió concederle la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la denominada causa Vialidad que la mitad del arco político considera un proceso armado para proscribirla.

Gorini notificó las condiciones de detención por escrito a la ex presidenta, que desde este martes ya se encuentra cumpliendo su condena en el departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, convertido en búnker político desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme su condena el 10 de junio pasado.

Según publicó el diario Clarín, el tribunal le impuso a CFK tres reglas de conducta: “Permanecer en el domicilio, abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del barrio” y “presentar una lista de quienes integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que podrán acceder al domicilio”.

También, ordenó la colocación del dispositivo de vigilancia portátil, conocido popularmente como tobillera electrónica, y una supervisión trimestral de acatamiento del reglamento.

Curva

La decisión judicial busca desactivar las tensiones políticas provocadas por el fallo de la Corte de la semana pasada y evitar la movilización convocada para mañana por el peronismo, la izquierda y los sindicatos para acompañar a CFK hasta los tribunales federales de Comodoro Py.

Según tuitean a esta hora referentes kirchneristas como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la convocatoria sigue en pie, aunque la ex presidenta ya no esté obligada a movilizarse a los tribunales.

“¡No te comas la curva de algunos medios, mañana marchamos! Caminamos con Cristina ida y vuelta. Vamos y volvemos con ella”, escribió Mendoza en sus redes sociales.

La convocatoria invita a salir a las 10 de la mañana de la esquina del departamento de la expresidenta y marchar hasta Comodoro Py.

La medida fue tomada en medio de una fuerte presión política y negociaciones de último momento entre representantes del Gobierno nacional y sectores del Poder Judicial. Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se ocuparon personalmente de las gestiones para evitar que CFK tuviera que trasladarse físicamente a los tribunales, y así desactivar la marcha.

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Política

Ramón Amarilla propone derogar la ley de lemas y recortar dietas a diputados

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En la mañana de hoy, el diputado electo por La Vida y los Valores, Ramón Amarilla, brindó una conferencia de prensa en la plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno, para hacer un adelanto de su agenda legislativa en la Cámara de Representantes de Misiones y responder a las consultas de los medios presentes.

En ese contexto anticipó: “Pretendo presentar un proyecto para que los diputados se bajen el 50% del sueldo. Nosotros tenemos que empezar por casa y quiero que los legisladores aprendan a vivir con el sueldo que percibe un trabajador que aporta y paga impuestos, mientras que los diputados tienen muchos beneficios, como los autos oficiales, el combustible y un montón de cosas. Creo que todo eso debería ser destinado a la salud, la seguridad y a todos los sectores que hoy están sufriendo”.

Seguidamente, puso sobre la mesa la ley de lemas, sistema electoral que fue derogado hace varios años en la mayoría de las provincias argentinas y continúa vigente en Misiones, Formosa, San Juan y San Luis.

“Nosotros teníamos un candidato en Oberá, el periodista Walter Bravo, que ha ganado en las elecciones pero resulta que la que va a asumir es la que salió en quinto lugar. Entonces, creo que el pueblo misionero tiene que elegir a la persona, no al partido político. Lamentablemente con esta ley se han cometido un montón de injusticias porque el que gana no es el que asume”.

“Si el Tribunal Electoral y el Superior Tribunal de Justicia no toman cartas en el asunto, esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas derogada en toda la provincia de Misiones”, añadió el abogado Claudio Katiz, también presente.

Al ser consultado sobre visitas de funcionarios cuando estuvo privado de su libertad en el penal de Cerro Azul, Amarilla manifestó: “Muchos se han acercado cuando estuve preso. Alguien me dijo, ‘mirá cuando fui legislador no pude hacer nada’. La realidad es que si uno va y se pone a disposición de una sola persona, no está respondiendo al pueblo. Yo voy a responder a esos 100.000 votantes. A mi nadie me va a venir a decir -no hagas esto-, voy a hacer lo que corresponde, que es representar al pueblo misionero. Lo hice con la Policía, con el Servicio Penitenciario; hoy lo haré con los docentes, el personal de salud, con los judiciales y los demás trabajadores”. 

Por lo que, al tener en cuenta los reclamos vigentes, ratificó: “Creo que los funcionarios del gobierno deberían sentarse con los sectores que reclaman. Acá no es meterle palo a los trabajadores, es sentarse como funcionarios, escuchar y tratar de llegar por la vía del diálogo a lo que corresponde, que siempre fue un reclamo salarial de gremios y sindicatos”.

Precarización de la fuerza en la mira

Luego de haber encabezado el reclamo salarial de policías en mayo de 2024, estando retirado con 31 años de servicio y pasar 8 meses y 24 días detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul -por una causa que surgió en octubre pasado y lo dejó como cesante sin cobro de haberes- el diputado electo reflexionó: “La estadía en la cárcel creo que no es linda para nadie. Verdaderamente fue algo muy terrorífico, pero me enseñó a ver que no estaba equivocado porque todas las falencias que están sufriendo los policías, también pasa en el Servicio Penitenciario”. 

Y agregó: “No hay que olvidarse que esas personas que están privadas de su libertad son seres humanos. Lamentablemente teníamos un baño para 25 internos y con eso les puedo contar falta de agua, a veces energía y la comida no es la mejor”.

Ramón Amarilla junto a los abogados Claudio Katiz y Ramón Grinhauz

Durante la conferencia de prensa, que duró alrededor de una hora, Amarilla estuvo acompañado por el abogado Claudio Katiz, su defensor Ramón Grinhauz y un grupo de familiares de los siete policías que continúan detenidos hace casi nueve meses en los penales de Cerro Azul, Puerto Rico y Loreto, sobre quienes, afirmó: 

Nosotros vamos a luchar por la libertad de esos siete colegas que quedaron. Esas personas no son delincuentes. Imaginensé que yo fui a parar a un penal en menos de 9 horas. Yo no soy parte del grupo (Solo Cola), el expediente en algún momento se va a mostrar. Lamentablemente nos han metido a los ocho, nos han privado de nuestra libertad, pero no solamente eso, nos han perjudicado nuestra salud psicológica y a nuestras familias, muchos tienen hijos chicos”.

En el marco de esa causa, los abogados Katiz y Grinhauz fueron los encargados de “agotar todas las instancias administrativas y judiciales”. Sobre esto, Amarilla remarcó: “Lamentablemente hasta hoy no hemos tenido respuestas. Les puedo asegurar que esos chicos son buenos funcionarios. Ellos necesitan su libertad, volver a trabajar y ver a sus familias”. 

Finalmente, concluyó: “Yo como legislador no me voy a callar, han querido callarme antes de que salga en libertad haciéndome firmar documentaciones que no corresponden. Si los demás diputados no acompañan mis proyectos, saldremos a manifestarnos en las calles como lo hemos hecho siempre”.

Familiares de policías detenidos continúan reclamando su libertad

Amarilla libre, con caravana y acto en la plaza: “La dignidad no se negocia”

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