Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
Política
Inviolabilidad Privada con media sanción: los tres misioneros votaron a favor
Con los votos de Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el gobierno nacional logró dar media sanción en el Senado al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, luego de quitar el articulado sobre extranjerización de tierras y dar de baja las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas.
El Gobierno ya había eliminado el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y a última hora debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego. Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.
En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.
Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.
La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.
En el capítulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.
Cómo quedan los desalojos
– Se aplicará el desalojo exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios.
– El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.
– El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
– Los propietarios podrán intimidar a los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, pero le deberán otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
– La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago.
– Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.
– El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.
– En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.
Expropiaciones
– La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.
– El Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.
– Se estableció un tope 30% de indemnización por lucro cesante.
– La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.
– El juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.
Digitalización y regularización de escrituras
Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.
El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.
Política
Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas: “Basta de miseria y entrega”
Integrantes de organizaciones sociales, ambientales, educativas y políticas, se concentraron esta tarde en el Mástil de avenida Mitre de Posadas para marchar hacia la plaza 9 de Julio en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsada por el gobierno nacional.
De esta manera, una columna de manifestantes que se extendió a lo largo de cuatro cuadras desplegó distintas banderas y carteles que expresaban: “Nuestra tierra es nuestra” y “La patria no se vende, no se incendia ni se desaloja”.
“El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Extranjerización de la Tierra, favorecería a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, permitiendo una mayor participación de grandes grupos económicos en la compra de tierras productivas”, alertó uno de los manifestantes presentes.
Y añadió: “Misiones es capital de la biodiversidad, su territorio está sobre el Acuífero Guaraní y eso es estratégico considerando además su ubicación geográfica en la Triple Frontera. El 78% de los lagos quedaría sin protección ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos y el 41% de las nacientes de agua quedarían desregularizadas”.

Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas
Durante la lectura de un documento colectivo, los presentes hicieron referencia a los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, que da cuenta de que el país reúne un total de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, el equivalente a cuatro veces la superficie de Corrientes y Misiones, siendo esta última la que reúne la mayor proporción de tierras extranjerizadas.
“En la actualidad, en Misiones existen departamentos como Iguazú que representa el 40% de la superficie extranjerizada. Considerando que un 27% corresponde a áreas protegidas, el territorio disponible para el asentamiento y el desarrollo de las comunidades locales es limitado. Esta situación se ve agravada por tratarse de una región estratégica debido a la riqueza de sus recursos naturales y su ubicación fronteriza”, precisaron.
El listado lo completan los departamentos de Montecarlo (18%), General San Martín (17%), Eldorado (16%) y con el mismo porcentaje Concepción de la Sierra y San Javier. “Todos por encima del 15% establecido por la Ley 26.737”, advirtieron.
En tanto, a nivel municipal, las localidades con mayor concentración de tierras extranjeras son: Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Comandante Andresito, San Antonio, Eldorado, Puerto Piray, Montecarlo, El Alcázar, Puerto Rico. “Estos municipios conforman un corredor estratégico de fuerte presencia de capitales extranjeros en el norte de nuestra provincia”, lamentaron.

Alrededor de 400 personas marcharon en la capital provincial
Al igual que en otros puntos de la provincia y del país, la movilización se realizó durante la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación.
Sin la parte de extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme, entre otros temas.
Para finalizar, los manifestantes pidieron a los legisladores “respetar la voz del pueblo”, y añadieron: “No sean cómplices del saqueo del país, basta de miseria y entrega, voten en contra de este proyecto de ley. La tierra y la soberanía son el futuro de nuestro pueblo y por eso se deben defender”.
En el Senado el debate continúa sobre el proyecto general, mientras que a las afueras una multitudinaria movilización pregona el rechazo en medio de incidentes.
Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión
Política
Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión
El Senado de la Nación rechazó devolver el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisión, tal como solicitó el peronismo para consensuar un nuevo despacho luego de que el gobierno se viera obligado a retirar el Capítulo 3 de extranjerización de la tierra.
Con el apoyo de los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, el oficialismo reunió 38 votos a favor de continuar el debate, contra 31 votos de la oposición por enviar de nuevo el proyecto a comisión.
Así, el debate continúa en este momento en el recinto, de un proyecto de ley que vio pasar unos 16 borradores del despacho de mayoría, que incluía el capítulo eliminado ayer por La Libertad Avanza dado el escaso apoyo legislativo, y que como sostuvo el peronista José Mayans “el pueblo argentino no sabe bien de qué trata el texto que fue corregido y corregido muchas veces”.
Sin la parte de la extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
También reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
Monobloque
Minutos antes del inicio de la sesión, la senadora Rojas Decut anunció la conformación de un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones (MPM).
A través de un comunicado con membrete del Senado, Rojas Decut explicó que “lejos de significar un cambio de rumbo, esta decisión representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros”.
“Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó Rojas Decut y argumentó que su nuevo bloque unipersonal “es la expresión institucional del compromiso territorial que vengo sosteniendo desde el primer día”.
“Es una herramienta de gestión al servicio del gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”, definió. “Movimiento por Misiones nace para sostener un compromiso territorial directo con los 79 municipios de la provincia”, señaló y sostuvo que el sentido de su espacio “es escuchar a quienes viven, producen, gestionan y construyen la provincia todos los días, y llevar esas voces al Congreso de la Nación”.
Entre las prioridades de su bloque, Rojas Decut enlistó la “defensa de la tierra misionera, el rechazo a cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales, sin tener en cuenta las particularidades de las provincias, o que debilite la protección de las zonas de frontera hídrica, con el Acuífero Guaraní como patrimonio estratégico irrenunciable; la custodia de la biodiversidad; el federalismo real; la educación como motor de desarrollo; el trabajo, la producción y la innovación, con el crecimiento equilibrado en los casi 30.000 km² de la provincia, generando más oportunidades para cerca de 1.300.000 misioneros”.
“Estoy a disposición para llevar la voz del gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, señaló Rojas Decut y finalizó: “Esa es una causa que no admite grietas, porque la identidad misionera es una forma de construir futuro poniendo siempre a Misiones en primer lugar”.
-
El Tiempo hace 2 díasCiclogénesis provocará lluvias intensas y vientos fuertes en Misiones
-
Policiales hace 6 díasBalearon una casa en el barrio 110 Viviendas en Garupá: buscan un auto negro
-
Opinión hace 5 díasCortesanos del poder: la sobreactuación como hábito y el armado libertario
-
Cultura hace 4 díasMurió Marcelo Reynoso, titiritero de Kossa Nostra: su adiós será en La Murga
-
Judiciales hace 2 díasJuicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”
-
Cultura hace 6 díasCarlos Piegari, el escritor que compuso con Charly García para Sui Generis
-
Judiciales hace 4 díasDe abandono y muerte a posible homicidio, el juicio a una madre en Posadas
-
Política hace 2 díasRovira adelantó que votará a favor del Presupuesto 2027 de Passalacqua

