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Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria

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Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.

Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.

Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.

“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.

Las nuevas denuncias

Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.

Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.

Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.

El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.

Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.

El lobo feroz

Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.

Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.

Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.

Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.

Apelarán la sentencia

La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.

La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.

Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.

Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.

“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.

“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.

Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.

Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.

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Goerling sobre veto de Milei a jueza por ser cuñada de periodista: “Es desprolijo”

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El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, cuestionó que la Casa Rosada haya pedido retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, nominada para el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, por ser cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario porteño La Nación y crítico del gobierno de Javier Milei.

“Me parece que no corresponde, es desprolijo”, opinó Goerling, entrevistado por el periodista Paulino Rodríguez, en la radio 97.9. “El Ejecutivo tuvo la posibilidad de elegir entre ella y otros, ha enviado el pliego al Senado, le hemos tomado la audiencia, no hubo objeciones, no hubo impugnaciones y no hemos escuchado una explicación del gobierno”, comentó el parlamentario misionero.

Goerling sostuvo que en la Comisión de Acuerdos del Senado “hemos investigado, la trayectoria, la formación de la jueza Michelli y su desempeño siempre ha sido intachable”.

“En más de 30 años nunca ha tenido un inconveniente en su carrera”, afirmó el senador misionero y aseguró que “desde el bloque del PRO y esto lo he hablado con el partido, nosotros vamos a defender la institucionalidad y la división de poderes”.

Goerling compartió en su cuenta de Instagram el extracto de la entrevista con la emisora porteña y volvió a pronunciarse contra la decisión del gobierno de Milei de mandar a retirar el pliego de Michelli.

“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional”, escribió el senador del PRO Misiones y afirmó que el pliego de Michelli “cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”.

“Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”, remarcó Goerling y sentenció: “Desde @senadorespro sostenemos su postulación”.

La cuñada

La postulación de Michelli había conseguido las 9 firmas que necesitaba en la Comisión de Acuerdos para convertirse en dictamen y quedar en las condiciones exigidas para ser votada en el recinto; pero, según el diario porteño Perfil, el presidente de esta comisión, el senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, se había negado a presentar el despacho correspondiente.

La nota que remitió el Ejecutivo al Senado para retirar la postulación de Michelli está firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Por su parte, la agencia Noticias Argentinas señaló que “la orden para vetar a Michelli provino directamente de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia”, y que, según el diario La Nación, fue porque la jueza es cuñada de Alconada Mon, “uno de los periodistas más reconocidos de Argentina, que realizó investigaciones que complicaron la situación de importantes referentes de la gestión libertaria, incluyendo su trabajo sobre el caso $LIBRA”.

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Concejo de Piray rechazó el Balance Municipal por tercer año consecutivo

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Concejo de Piray rechazó el Balance Municipal por tercer año consecutivo

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Piray rechazó el informe de Memoria y Balance General Municipal 2025 presentado por el Ejecutivo. Con tres votos negativos y dos positivos, los ediles desaprobaron la rendición de cuentas de la gestión de la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano por tercer año consecutivo.

Durante una sesión especial realizada este viernes, en el recinto del HCD se debatieron tres dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación vinculados al informe de gestión 2025. Dos de ellos fueron desfavorables, impulsados por el bloque Juntos Podemos Piray (Encuentro Misionero) y el concejal Lino Melgarejo, de La Libertad Avanza (LLA); mientras que un tercer dictamen favorable fue presentado por el bloque Refundar (Encuentro Misionero), que responde a la jefa comunal.

En su dictamen, los ediles Remigio Smith y Elizabeth Mercado, de Juntos Podemos Piray, solicitaron desaprobar el Ejercicio Fiscal del año pasado al señalar que, durante el análisis en comisión, detectaron “graves inconsistencias e irregularidades contables, financieras, económicas y patrimoniales”, según expresaron en un comunicado oficial.

Sobre esas “inconsistencias e irregularidades”, los concejales indicaron que se detectó la “supuesta compra irregular de dos camionetas, el desconocimiento del paradero de distintos vehículos pertenecientes al parque automotor municipal y ampliaciones de partidas presupuestarias realizadas sin autorización del Concejo”.

Además, añadieron: “Resoluciones de compensación de partidas que invocarían normativa inexistente, faltantes de equipamiento vinculados a bienes patrimoniales y la omisión del pasivo correspondiente al año 2024, incluyendo deudas aún pendientes con proveedores del propio HCD”.

Asimismo, el bloque Juntos Podemos Piray, que meses atrás se definió como la “verdadera oposición” en el municipio pese a formar parte del oficialismo, intimó a la presidenta del HCD, Claudia Posdeley, a radicar denuncias “penales y administrativas” en representación institucional del cuerpo deliberativo por las “irregularidades” señaladas.

Por su parte, el concejal Cristian Giménez, del bloque Refundar, señaló que la solicitud para que la presidenta del cuerpo inicie acciones legales contra la jefa comunal correspondía a un proyecto de resolución que no estaba debidamente presentado y que tampoco había sido incorporado al Orden del Día. Por ello, pidió a sus pares que se ajusten “al reglamento interno”, al considerar que en la sesión debían tratarse los dictámenes vinculados al balance municipal.

Finalmente, los dictámenes fueron sometidos a votación y cosecharon tres votos negativos por parte de Remigio Smith, Elizabeth Mercado y el libertario Lino Melgarejo; mientras que los ediles Claudia Posdeley y Cristian Giménez votaron por la aprobación del informe de gestión de la jefa comunal.

De esta manera, la rendición de cuentas 2025 presentada por la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano fue rechazada por mayoría, marcando el tercer año consecutivo en que el Concejo Deliberante de Puerto Piray cuestiona el funcionamiento institucional del Ejecutivo municipal. Ahora, la resolución deberá ser enviada al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones para su análisis.

Cabe mencionar que el bloque Juntos Podemos Piray viene impulsando diferentes medidas contra la administración local. La más reciente fue una denuncia penal presentada contra Lezcano por la adquisición de dos camionetas 4×4 valuadas en alrededor de 49 millones de pesos cada una y que, según sostienen, “no aparecen”.

Denuncian a intendenta de Piray por compra de camionetas que “no aparecen”

 

 

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Aprueban régimen para promover empresas tecnológicas en Misiones

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó esta noche la creación de un Régimen de Promoción y Desarrollo de Empresas Startup en la provincia, un proyecto de ley del diputado Carlos Rovira y el entonces diputado provincial y actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

El proyecto, una especie de RIGI aprobado por 37 votos afirmativos y ninguno negativo, “tiene por objeto establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de empresas startup” en la provincia”, y coloca al Silicon Misiones como autoridad de aplicación.

En su articulado, la ley sancionada este jueves se propone fomentar “la creación, el crecimiento y relocalización” de empresas tecnológicas en la provincia, “atraer talento y capital internacional”, “estimular la inversión pública y privada”, “favorecer la interrelación entre empresas, agentes financiadores y el sector público”, “impulsar el acercamiento entre la formación profesional y la universidad y las empresas”, y “fomentar el desarrollo de polos tecnológicos de atracción de empresas e inversores en diferentes puntos de la provincia”.

En el artículo quinto, la ley otorga a las empresas tecnológicas el “diferimiento de impuestos provinciales”, “preferencia en licitaciones y las compras del Estado Provincial, incluyendo el derecho a mejorar oferta en caso de no resultar adjudicado por razón de mayor precio”; “diferimientos sobre tasas y derechos que cada municipio establezca”, “descuentos en las prestaciones de servicios de energía eléctrica”, “acceso de espacios de trabajo dentro del Silicon Misiones y Espacios Maker”, “pagos de impuestos y tasas diferenciadas” y “acceso a créditos a tasas diferenciadas”.

 

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