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Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria

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Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.

Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.

Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.

“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.

Las nuevas denuncias

Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.

Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.

Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.

El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.

Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.

El lobo feroz

Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.

Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.

Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.

Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.

Apelarán la sentencia

La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.

La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.

Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.

Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.

“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.

“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.

Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.

Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.

Política

Jubilados y trabajadores contra Ley de Tierras: “Van a dejarnos en la calle”

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Con el propósito de “unir las luchas”, la marcha de jubilados Nº 93 reunió este miércoles, en la plaza 9 de Julio, a trabajadores activos de distintos sectores, quienes entregaron notas con reclamos previsionales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Casa de Gobierno y la Municipalidad de Posadas, donde solicitaron una mesa de diálogo al gobernador y al intendente. 

La concentración comenzó a las 9 en la plaza central de la capital provincial, donde el sacerdote Alberto Barros bendijo a los jubilados y trabajadores, además de reflexionar sobre la crisis económica que atraviesan los distintos sectores. 

“Más allá de la fe que podamos profesar cada uno, y de los criterios que podamos tener, hoy es un día para la unidad en la lucha y el reclamo. Todos sabemos muy bien la dureza del momento que estamos viviendo en nuestro país. Nos conduce un gobierno con mucho de crueldad, inhumanidad, anticristianismo y entreguismo permanente de la soberanía política, económica y territorial”, enfatizó aludiendo a la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada que el oficialismo nacional pretende debatir en el Congreso en agosto.  

“La patria es nuestra, es de ustedes y de todos, no podemos permitir que un grupo de privilegiados esté vendiendo y entregando nuestro país a los más poderosos. Creo que como argentinos tenemos que reaccionar y cuidar a los que más sufren, a los jubilados, discapacitados y los que van quedando sin trabajo o son víctimas de caer en redes de trabajo precarizado y mal pago”, concluyó.

Seguidamente, los presentes marcharon por calle Félix de Azara hasta Córdoba, para luego ingresar a 3 de Febrero y se apostaron frente a la sede de Anses, donde presentaron un documento en reclamo a la quita de pensiones por discapacidad, la precarización en jubilaciones y el recorte de asignaciones por hijo, entre otros puntos.

Movilización de jubilados y trabajadores en Posadas

Desde allí, una de las jubiladas presentes refirió al intento del gobierno nacional de avanzar con políticas “devastadoras” durante el Mundial 2026: “Javier Milei, aprovechando toda la situación que había de una pequeña alegría entre tanta tristeza, anunció la baja de más de 900.000 familias, sacándoles el último sustento que tenían”, afirmó en relación a la quita del Salario Social Complementario a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

Al mismo tiempo, también reparó sobre la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada: “Esta ley se contrapone, quiere defender a los grandes terratenientes, pero no pelea por nuestras Islas Malvinas”.

Luego, añadió: “Milei quiere desaparecer a la Ley 26.737, de tierras rurales y la ley de los barrios, 27.451, vamos a quedarnos con los desalojos en la puerta. Hay miles de productores en la provincia que tienen las tierras regularizadas y los van a dinamitar, sólo para que 30 personas del país se queden con nuestra soberanía territorial y nuestros recursos naturales”. 

Entre los principales puntos, esta ley busca establecer mecanismos más rápidos para la restitución de inmuebles en casos de ocupación ilegal o incumplimientos contractuales, simplificando los procesos judiciales, además de eliminar el tope del 15% del territorio nacional que puede estar en manos extranjeras y el límite de 1.000 hectáreas por titular, habilitando la compra de tierras con valor estratégico o natural.

Finalmente, se dirigieron hacia la calle San Martín al 1579, frente a la Municipalidad de Posadas, donde entregaron otra nota solicitando una mesa de diálogo entre el intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto y las centrales sindicales presentes. 

La columna de manifestantes estuvo conformada por trabajadores activos afiliados a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), entre otras organizaciones sociales y políticas.

La movilización se realizó en consonancia con la protesta que se desarrollará esta tarde frente al Congreso de la Nación, junto a la CGT, las CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales, contra las políticas nacionales impulsadas por el presidente Javier Milei

Intendentes piden a senadores votar contra ley de tierras: “Es una amenaza”

 

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Ex intendentes a senadores por la Ley de Tierras: “Tomen conciencia”

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Carlos Pereira, ex intendente y actual subsecretario de Tabaco de Misiones explicó que, “un grupo de amigos”, integrado por autoridades municipales mandato cumplido, solicitaron a los senadores misioneros nacionales no acompañar el proyecto que habilitaría la compra irrestricta de tierras por parte de capitales extranjeros.

Aseguró que la liga de ex intendentes se sumó al reclamo colectivo para solicitar a los representantes nacionales que “tomen conciencia” al momento de emitir su voto sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviada al Senado de La Nación y además confirmó la postura de esta Liga, de acompañar la reelección del gobernador Hugo Passalacqua.

Los diputados y senadores deben pensar en los misioneros y en el pueblo argentino. Su mandato termina pronto y después tienen que volver a su tierra, mirar a sus hijos y a sus nietos y explicar por qué votaron una ley que puede permitir la extranjerización de las tierras”, afirmó Pereira.

El dirigente explicó que la iniciativa surgió de manera autoconvocada porque comparten una preocupación común por el futuro del territorio provincial.

“Nosotros nos autoconvocamos porque estamos defendiendo el gobierno de Hugo Passalacqua y, sobre todo, trabajando para que sea reelecto en 2027 y consolide un proyecto que defienda los intereses de los misioneros y de toda la región”, señaló.

Pereira, que administró dos municipios diferentes (Dos Arroyos y Cerro Azul), recordó que muchos de los integrantes de este espacio acompañaron el nacimiento del proyecto renovador en 2003. “Éramos intendentes radicales que decidimos acompañar la Renovación, con Maurice Closs a la cabeza. Lo hicimos convencidos de que había que defender Misiones y su territorio”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la condición fronteriza de la provincia requiere una mirada estratégica. “Todo Misiones es frontera y tenemos que cuidar nuestro territorio. No podemos desconocer que debajo de nuestra provincia está el Acuífero Guaraní, un recurso extraordinariamente buscado por intereses internacionales“, sostuvo.

El ex jefe comunal también manifestó su preocupación por la situación de algunas localidades misioneras donde, según indicó, grandes extensiones de tierras productivas pasaron a manos de capitales extranjeros.

“Tenemos ejemplos muy cercanos como Puerto Esperanza y Puerto Piray, donde una gran parte de las tierras productivas quedaron en manos extranjeras y terminaron transformándose en desiertos verdes. No queremos que esa historia vuelva a repetirse”, advirtió.

El petitorio 

Ya ha cedido más que suficiente en favor de la gobernabilidad central”, reza el reclamo plasmado en un documento, firmado por los ex jefes comunales de Misiones, reunidos en General Urquiza, dirigido al pueblo argentino, a los legisladores nacionales, diputados provinciales, al gobierno provincial y a dirigentes de todas las fuerzas políticas.

En el escrito, expresaron su profunda preocupación por el futuro de la provincia y cuestionaron las consecuencias económicas de las decisiones tomadas a nivel nacional y mencionaron el impacto sobre sectores productivos históricos de la provincia.

“Ya se ha perjudicado gravemente y destruido la actividad yerbatera, la cuenca tabacalera, la cuenca cañera, la producción e industria maderera, el resto de las actividades industriales y el comercio local. Es hora de que los legisladores elegidos por el pueblo de esta tierra colorada tomen conciencia de la realidad”, sostiene el documento.

Además, los firmantes solicitaron a los representantes nacionales que no acompañen “la autorización que se pretende otorgar para la compra irrestricta de tierras por parte de capitales extranjeros”.

“Por quienes hoy habitamos este suelo, por nuestros hijos, por el futuro y por la integridad de nuestro territorio, exigimos que quienes ocupan bancas en nuestro nombre defiendan de verdad a los misioneros”, concluye el petitorio.

Documento firmado por los ex intendentes misioneros en General Urquiza.

Respaldo al modelo HP27

Pereira también ratificó el acompañamiento político al gobernador Hugo Passalacqua y aclaró que el grupo continuará trabajando desde su lugar para fortalecer ese proyecto.

“No es que vamos a empezar a trabajar ahora. Estamos trabajando desde que Hugo asumió. Cada uno de nosotros tiene una tarea específica para llevar adelante”, afirmó.

Asimismo, explicó que no forma parte de Encuentro Misionero y que su identificación política continúa vinculada al proyecto renovador. “Yo me afilié a la Renovación, nunca a otro partido. No pertenezco a algo que nunca integré ni donde nunca fui convocado”, sostuvo.

Finalmente, Pereira reiteró el pedido a los legisladores misioneros para que evalúen las consecuencias de sus decisiones. “No sabemos qué van a votar, pero como dirigentes misioneros les pedimos que revean su posición y que defiendan los intereses de nuestra provincia”, concluyó.

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Rafael Cabrera y Kathia Joerg asumen las intendencias de San Javier y Montecarlo

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Tras el recambio de autoridades efectuado por el gobernador Hugo Passalacqua en distintas áreas del Ejecutivo provincial, se formalizó la asunción de Víctor Rafael Cabrera como intendente de San Javier y Kathia Joerg como jefa comunal en Montecarlo, quienes ocuparon los cargos de vice intendentes en sus respectivos municipios recientemente. 

En San Javier, Cabrera reemplazará a Matías Gustavo Vilchez, quien fue designado ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, por Decreto N° 1319, en lugar de Liliana Rodríguez. 

En tanto, en Montecarlo, Joerg ocupará el cargo que hasta el momento encabezó Julio César “Chun” Barreto y ahora se encuentra en uso de licencia para asumir como director de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima, en reemplazo de Virginia Kluka.

Estos cambios, que se suman a la reconfiguración de distintas áreas del gobierno, responden a la necesidad de eficientizar la administración de los recursos del Estado provincial. 

Passalacqua oficializó un recambio de autoridades y una fusión de ministerios

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