Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, arribará el lunes 11 de mayo a las 10:30 al Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen, ubicado sobre ruta 14, chacra 15 de la mencionada localidad fronteriza, donde su cartera implementa el Plan Guacurarí, lanzado por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, y que involucra el tráfico fronterizo con Brasil.
El objetivo de su visita a la provincia misionera será presentar el “Desafío Táctico Femenino 2026”, el cual se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la Unidad de Operaciones Especiales en Monte de la Gendarmería Nacional en Misiones.
En esta primera edición destacarán destrezas individuales y grupales, incluyendo eventos acuáticos, pruebas de esfuerzo físico, marchas forzadas, eventos combinados, de tiro y pasaje de pista de obstáculos.
Desde la organización, detallaron que estas actividades “no se orientan exclusivamente al desempeño táctico, sino también al intercambio de experiencias, saberes operativos y valores profesionales entre mujeres que integran las distintas Fuerzas”.
Durante el evento, participarán representantes de los países limítrofes de la República Argentina y las Fuerzas de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.
La visa de Monteoliva se anota en el Plan Guacurarí, oficializado en mayo de 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera seca entre Misiones y Brasil, en la zona de Bernardo de Irigoyen, localidad limítrofe con Dionisio Cerqueira y Barracao, pertenecientes a los estados de Santa Catarina y Paraná, respectivamente.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 625/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo documento consigna que el punto caliente se da “en una frontera seca sin barreras naturales que se extiende por más de 25 kilómetros lineales”.
Y añadió que “la región enfrenta múltiples desafíos vinculados con actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, los cuales se ven agravados por pasos clandestinos que facilitan el flujo irregular de personas y mercancías”.
Invitación compartida por el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez
Se oficializó el Plan Guacurarí para reforzar la seguridad en la frontera seca
En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.
La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
La medida, establecida por decreto, alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.
Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública. En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.
Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, informó el mandatario provincial.
Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.
Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen instrumentos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.
La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.
“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.
En el marco del “Año de la prevención de consumos problemáticos”, he firmado el Decreto N° 776 para implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en la función pública. Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la… pic.twitter.com/llgamvP7Zc
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 8, 2026
El Partido Justicialista distrito Misiones confirmó el acompañamiento a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 14, desde el Mástil de avenidas Uruguay casi Mitre hacia la plaza 9 de Julio de Posadas.
“Acompañamos la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo”, expresó el partido político mediante un flyer difundido a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Al mismo tiempo, citaron una frase de Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros”.
“Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra Patria. Es garantizar igualdad de oportunidades, es apostar al conocimiento como motor de desarrollo y justicia social. Como pueblo y como peronistas, tenemos la obligación histórica de estar del lado de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan por una Argentina más libre, más justa y más soberana”, concluyeron.
La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.
Uno de los principales reclamos es que las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023 y que la pérdida salarial de los docentes alcanza el 50%. Por este motivo, reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional y reiterada por la Justicia.
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