Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
Luego de dos años de marchas federales, paros activos y asambleas, una reunión concretada este miércoles entre las autoridades educativas y gubernamentales selló un acuerdo para elevar los salarios en un 24,33%, además de fondos destinados a gastos de funcionamiento, becas y mantenimiento de hospitales universitarios, en tanto que mantendrán la demanda por el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso.
De esta manera, se agregarán $50.000 millones para los hospitales universitarios, que no están contemplados en el presupuesto 2026 y $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venía siendo reclamada.
A la vez, ofrecieron un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024.
Hasta este momento, las negociaciones se habían trabado porque el gobierno nacional pedía que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levantara la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.
Del encuentro, participó Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales del Ejecutivo nacional.
En tanto, en representación de las casas de estudios superiores, participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
Se trata de una propuesta mejor que la que la administración libertaria había plasmado en la ley alternativa que presentó en el Congreso, de 12,3% en tres tramos –marzo, julio y septiembre– , pero que nunca avanzó.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó el acuerdo como “un paso importante” pero “de ninguna manera definitorio ni suficiente”, ya que los rectores mantendrán la demanda judicial para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y volverán a discutir salarios el próximo 15 de septiembre.
Acta de acuerdo
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
En pleno período preelectoral para renovar las autoridades del gremio, cuya elección se realizará en octubre, una asamblea extraordinaria llevada a cabo esta mañana en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp) transcurrió en “un clima hostil” debido al rechazo de la oposición a la modificación de un artículo de la Carta Orgánica que busca eliminar la cláusula que impide candidatearse a personas con causas judiciales.
“Viendo todo el panorama de lo que sucedió hoy, el Ministerio de Trabajo va a tener que actuar urgente y declarar la nulidad total de este mamarracho, que ni siquiera puede llamarse asamblea”, reclamó el precandidato a secretario general del Soemp, Rubén Maciel, en diálogo con La Voz de Misiones.
Maciel apuntó que durante la asamblea “no se leyó ni la Orden del Día” y que “ni siquiera pudimos escuchar cuáles eran las modificaciones ni los argumentos” planteados por la Comisión Directiva, encabezada por Hugo Ferreira.
De acuerdo con lo manifestado por el precandidato, el oficialismo convocó a sus afiliados a la reunión extraordinaria durante la jornada de ayer con el objetivo de modificar una serie de artículos del Estatuto, entre ellos el que prohíbe que personas con causas judiciales abiertas puedan competir por cargos en la Comisión Directiva del sindicato municipal.
“Hay un punto específico, el 14 inciso F, donde se establece que un postulante no debe tener causas pendientes y, evidentemente, hay integrantes de la Comisión que las tienen”, señaló Maciel a LVM.
En esa línea, el trabajador municipal arremetió: “Querían dar de baja ese artículo para poder presentarse. Creemos firmemente que eso no se puede hacer porque, más allá de una persona, esto es una institución y se pierde calidad institucional cuando nosotros mismos violentamos nuestro estatuto porque no nos favorece”.
Rubén Maciel, precandidato a secretario general del Soemp.
Conflicto en la asamblea
Durante la asamblea se registraron forcejeos, reclamos y acusaciones, mientras un grupo de trabajadores municipales permanecía concentrado en las puertas del sindicato, ubicado sobre calle San Marcos, casi avenida Mitre de la capital provincial, en rechazo a la reforma impulsada por la conducción.
Sobre esa situación, Maciel expuso: “Esto ya estaba preparado, no fue algo que se desmadró adentro porque hubo violencia. Ellos vinieron, hicieron lo que querían hacer y ni siquiera pudimos escuchar cuáles eran las modificaciones o los argumentos que iban a plantear”.
Por su parte, Uriel Rodríguez, trabajador que se desempeña en el edificio de la Municipalidad, criticó la asamblea y sostuvo que “desde el vamos fue irregular, quisieron imponer las condiciones como si fuéramos ganado”, dijo a LVM.
En ese marco, el empleado municipal cuestionó que “como socios tenemos derecho a escuchar, votar y debatir, y lo que menos se hizo hoy fue justamente escuchar y debatir”. “Nos atropellaron, nos agredieron, fue un clima muy hostil”, remarcó.
Uriel Rodríguez, trabajador municipal.
Además, Rodríguez enfatizó que “lo importante es cuidar y velar por los más de 3.800 afiliados que tiene el gremio” y que “se preserve la institucionalidad de nuestra casa madre, que nos representa a la hora de pelear paritarias y mejorar nuestro poder adquisitivo”.
Y cerró exponiendo la situación de los empleados municipales en la capital provincial: “La estamos pasando muy mal. Las condiciones no dan y estos muchachos están generando todos estos disturbios para perpetuarse en el poder”.
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El gobernador Hugo Passalacqua anunció este miércoles que el aguinaldo correspondiente a la primera mitad del año será depositado el próximo viernes 19 de junio.
El comunicado del mandatario provincial fue realizado a través de sus redes sociales, donde confirmó que “el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) de los jubilados, pensionados, retirados provinciales y de los empleados públicos activos del Estado provincial”.
Informo que el viernes 19 de junio estará acreditado el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) de los jubilados, pensionados, retirados provinciales y de los empleados públicos activos del Estado provincial.
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 10, 2026
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