Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
El Senado finalmente aprobó este último jueves el pliego de la jueza María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal Criminal 3 de La Plata. La designación de la magistrada formó parte de un paquete de 74 pliegos judiciales vacantes que llevaban años sin resolverse.
Tal como lo había anticipado, el senador nacional por Misiones del PRO, Martín Goerling, votó a favor de la postulación, mientras que en el mismo sentido se expresaron los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce por Innovación Federal.
En una entrevista radial, Goerling había sostenido que la Comisión de Acuerdos del Senado evaluó exhaustivamente la trayectoria y la formación de Michelli. “Su desempeño siempre ha sido intachable”, afirmó días antes de la sesión que trató el pliego.
La designación de la magistrada había quedado bajo cuestionamiento en los últimos días luego de que trascendiera que la Casa Rosada intentó retirar su pliego por tratarse de la cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reconocido por sus críticas al gobierno de Javier Milei.
El tratamiento
Durante el debate no se logró consenso sobre el alcance del temario: el oficialismo propuso incluir los 73 pliegos que contaban con dictamen de la Comisión de Acuerdos y que ya habían pasado por audiencia pública, mientras que en la reunión de Labor Parlamentaria se había decidido tratar solamente 50. Ante la falta de acuerdo, se consensuó un cuarto intermedio para encauzar la discusión.
Reanudada la sesión, se aprobó por mayoría especial (dos tercios) darle ingreso tratamiento a los 24 pliegos que no habían sido incluidos en un principio, entre ellos el de la jueza María Verónica Michelli.
Si bien el pliego había sido enviado al Senado por el Poder Ejecutivo, el bloque de La Libertad Avanza fue el único que votó en contra de su aprobación.
La estrategia del Gobierno nacional
Según trascendió, el gobierno nacional intentó retirar la candidatura al advertir el vínculo familiar de Michelli con el periodista que investiga el caso $LIBRA. Al comprobar que ya no contaba con margen reglamentario para hacerlo, buscó postergar su tratamiento en el recinto.
Con la aprobación del Senado, el último paso previsto por la Constitución es la firma del decreto correspondiente por parte del presidente de la Nación y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó Misiones este viernes y en el marco de su agenda mantuvo reuniones con el diputado Carlos Rovira, mentor de Encuentro Misionero, y con el gobernador Hugo Passalacqua.
Las actividades del funcionario nacional en la tierra colorada comenzaron a la mañana, con un primer encuentro con el ingeniero Rovira, instancia en la que analizaron el escenario político actual, intercambiaron visiones sobre las reformas institucionales que impulsa Misiones y destacaron la predisposición al diálogo y a la construcción de consensos.
En el mismo marco, Santilli también tuvo un cónclave con el gobernador Passalacqua, reunión en la que, según informaron oficialmente, conversaron sobre “los diferentes temas que que integran la agenda compartida entre la Nación y la provincia”, en lo que fue una continuidad del diálogo mantenido el lunes pasado durante en un encuentro en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Reunión de trabajo para los misioneros con el ministro del Interior Diego Santilli. ¡Gracias por la visita! pic.twitter.com/vsuDIDec6J
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 5, 2026
El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, se expresó a través de su cuenta personal de “X” tras el femicidio de Patricia González (54), quien fue empleada estatal del gobierno municipal y se convirtió en la cuarta víctima misionera del flagelo que, en lo que va del 2026, se cobró más de 105 vidas en el país.
“Sentimos un profundo pesar por la muerte de Patricia González, trabajadora municipal asesinada en las últimas horas”, afirmó en las primeras líneas del posteo.
Y alertó: “Es el cuarto femicidio en menos de seis meses en Misiones y la marcha de Ni Una Menos de esta semana cobra mayor fuerza. Como sociedad tenemos mucho por cambiar”.
Al mismo tiempo, se solidarizó con los familiares “ya estamos a disposición de la familia en este momento tan difícil” e hizo un llamado a la conciencia colectiva asumiendo el compromiso desde la gestión municipal: “El compromiso de esta gestión es firme con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas y con el acompañamiento a las víctimas. La transformación cultural es imperante y necesita de todos”.
Patricia Raquel González, madre y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas, fue encontrada sin vida este jueves en horas de la tarde, en una de las habitaciones de su casa sobre calle Japón -casi avenida Rademacher-.
Las pericias apuntan a que su pareja, Luis Roberto Zampedri (64) sería el sindicado femicida y tras el hecho se quitó la vida al colgarse de un tirante en el patio trasero de la vivienda.
El hecho conmocionó a la ciudadanía al ser perpetuado a menos de 24 horas de la marcha por el Ni Una Menos, un colectivo que se moviliza cada 3 de junio desde el año 2015 en rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres.
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