Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
Política
Dirigentes del peronismo federal con Passalacqua: respaldo y agenda común
Una comitiva de dirigentes del denominado peronismo federal se reunió este miércoles con el gobernador Hugo Passalacqua, en un encuentro que, además de expresar el respaldo político al mandatario, sugiere el esbozo de una agenda común de cara a las elecciones del año próximo.
La comitiva estuvo conformada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, presidente del PJ de Mendoza; el intendente de la localidad bonaerense de Pilar, Federico Achával, y el presidente del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos.
“Es una reunión para abrir un diálogo político, para coordinar agendas de intereses de la provincia y de los intereses que representa el gobernador”, señaló Tolosa Paz a los periodistas que la abordaron a la salida del grupo del encuentro con Passalacqua.
La diputada nacional comentó que la visita a la tierra colorada se enmarca en la gira nacional que están llevando adelante con el peronismo federal, para conocer la realidad del país y construir una alternativa electoral que enfrente a La Libertad Avanza en 2027.
“Venimos a charlar, a escuchar la realidad del peronismo de Misiones y la realidad del peronismo de otras provincias”, sostuvo Tolosa Paz.
En la misma línea se expresó Félix, quien además remarcó que “la agenda de las economías provinciales tiene que tomar relevancia en la discusión del país”.
Además del encuentro con el gobernador, con quien se interiorizaron de la realidad provincial y le expresaron la voluntad de una hoja de ruta común en defensa del trabajo, la producción y las economías regionales, los dirigentes peronistas se reunieron con el presidente del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Christian Humada, para conocer de primera mano la reorganización institucional del justicialismo misionero y abrir un canal de diálogo con las nuevas autoridades partidarias.

Tolosa Paz y Emir Félix charlan con el presidente del PJ Misiones, Christian Humada, en el estacionamiento de la sede partidaria en Posadas. (Foto de Darío Guimaraes / X)
Política
Denuncian a Rovira por enriquecimiento y piden que le prohíban salir del país
La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas, recepcionó este miércoles una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial y líder de Encuentro Misionero, Carlos Eduardo Rovira, donde pide, entre otras medidas, la prohibición de salida del país.
Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.
En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.
En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.
En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.
Mansión y estancias
Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.
En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.
En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.
Asimismo, habla de otros “lotes y campos en el interior de Misiones”, de “alta valuación fiscal”, inscriptos a “nombre de familiares, allegados y firmas vinculadas”.

El ex diputado y dirigente radical, Gustavo González, esta mañana frente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas.
Miami y París
En los párrafos siguientes, el escrito apunta a los “altos consumos en el extranjero” de los hijos de Rovira, que “registran residencia permanente en el exterior (Miami, EE.UU.; y París, Francia), exhibiendo niveles de vida, titularidad de bienes y erogaciones en divisas extranjeras”, que “no guardan correlación alguna con la capacidad de ingresos derivada del sueldo público percibido por su padre en Misiones”.
La presentación pide que se investiguen también los vínculos de Rovira con contratistas del Estado provincial, en particular la participación “de su entorno en empresas beneficiarias de contratos de obra pública (históricamente vinculadas a la firma Constructora Spotorno) y emprendimientos promovidos o financiados con recursos del tesoro provincial (firmas como Agro Sustentable S.A. y otras vinculadas a su círculo directo)”.
Riesgo de fuga
En el punto 4, relacionado con los fueros parlamentarios de Rovira, González opina que “la inmunidad de proceso”, establecida en los artículos 88 y 89 de la Constitución Provincial, “no impide el inicio, la prosecución, ni la producción de la totalidad de las medidas de prueba de carácter patrimonial, registral, bancario y fiscal requeridas en esta denuncia”.
En el escrito, el denunciante solicita el “ordenamiento inmediato de las medidas de prueba tendientes a consolidar el cuadro probatorio y, oportunamente, requerir la declaración indagatoria” del acusado; y “si se considera pertinente, se libre oficio a la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, solicitando el desafuero del legislador conforme los dispuesto en la Carta Magna Provincial”.
En el punto siguiente, la denuncia alerta sobre el “peligro de fuga” y de “entorpecimiento” de la investigación, que representa el “carácter transfronterizo de la provincia”, la “desproporcionada capacidad económica del denunciado y la existencia comprobada” de propiedades e inversiones de sus hijos en Europa y Estados Unidos.
“Existe un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación”, alerta González y pide a la fiscal Spinato que requiera, “con carácter de urgente”, la “prohibición de salida del país” de Rovira, la “retención de sus documentos de viaje” y la “inhibición general” de sus bienes.
Política
El gobierno y las provincias del Norte acuerdan nuevo régimen energético
El gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias norteñas para un nuevo esquema energético que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país, tal lo planteado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se celebró en Posadas la semana pasada.
La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el mismo Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy; y de la que también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y técnicos del área de las diez provincias involucradas.
Tras la reunión, y aunque no ofreció mayores detalles, el ministro Caputo explicó que el acuerdo con los mandatarios provinciales sirve para “redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas”.
“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, consensuamos una propuesta para un reclamo histórico de las provincias”, comentó el jefe del equipo económico de Javier Milei y agregó: “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.
Santilli, por su parte, destacó la “celeridad” con que la Casa Rosada atendió el planteo de las provincias norteñas y afirmó: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”.
“Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”, opinó.
El jefe de Gabinete retomó lo explicado por el ministro Caputo y señaló que “la iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano”.
“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, finalizó Santilli.
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