Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
Política
Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas: “Basta de miseria y entrega”
Integrantes de organizaciones sociales, ambientales, educativas y políticas, se concentraron esta tarde en el Mástil de avenida Mitre de Posadas para marchar hacia la plaza 9 de Julio en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsada por el gobierno nacional.
De esta manera, una columna de manifestantes que se extendió a lo largo de cuatro cuadras desplegó distintas banderas y carteles que expresaban: “Nuestra tierra es nuestra” y “La patria no se vende, no se incendia ni se desaloja”.
“El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Extranjerización de la Tierra, favorecería a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, permitiendo una mayor participación de grandes grupos económicos en la compra de tierras productivas”, alertó uno de los manifestantes presentes.
Y añadió: “Misiones es capital de la biodiversidad, su territorio está sobre el Acuífero Guaraní y eso es estratégico considerando además su ubicación geográfica en la Triple Frontera. El 78% de los lagos quedaría sin protección ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos y el 41% de las nacientes de agua quedarían desregularizadas”.

Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas
Durante la lectura de un documento colectivo, los presentes hicieron referencia a los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, que da cuenta de que el país reúne un total de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, el equivalente a cuatro veces la superficie de Corrientes y Misiones, siendo esta última la que reúne la mayor proporción de tierras extranjerizadas.
“En la actualidad, en Misiones existen departamentos como Iguazú que representa el 40% de la superficie extranjerizada. Considerando que un 27% corresponde a áreas protegidas, el territorio disponible para el asentamiento y el desarrollo de las comunidades locales es limitado. Esta situación se ve agravada por tratarse de una región estratégica debido a la riqueza de sus recursos naturales y su ubicación fronteriza”, precisaron.
El listado lo completan los departamentos de Montecarlo (18%), General San Martín (17%), Eldorado (16%) y con el mismo porcentaje Concepción de la Sierra y San Javier. “Todos por encima del 15% establecido por la Ley 26.737”, advirtieron.
En tanto, a nivel municipal, las localidades con mayor concentración de tierras extranjeras son: Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Comandante Andresito, San Antonio, Eldorado, Puerto Piray, Montecarlo, El Alcázar, Puerto Rico. “Estos municipios conforman un corredor estratégico de fuerte presencia de capitales extranjeros en el norte de nuestra provincia”, lamentaron.

Alrededor de 400 personas marcharon en la capital provincial
Al igual que en otros puntos de la provincia y del país, la movilización se realizó durante la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación.
Sin la parte de extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme, entre otros temas.
Para finalizar, los manifestantes pidieron a los legisladores “respetar la voz del pueblo”, y añadieron: “No sean cómplices del saqueo del país, basta de miseria y entrega, voten en contra de este proyecto de ley. La tierra y la soberanía son el futuro de nuestro pueblo y por eso se deben defender”.
En el Senado el debate continúa sobre el proyecto general, mientras que a las afueras una multitudinaria movilización pregona el rechazo en medio de incidentes.
Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión
Política
Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión
El Senado de la Nación rechazó devolver el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisión, tal como solicitó el peronismo para consensuar un nuevo despacho luego de que el gobierno se viera obligado a retirar el Capítulo 3 de extranjerización de la tierra.
Con el apoyo de los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, el oficialismo reunió 38 votos a favor de continuar el debate, contra 31 votos de la oposición por enviar de nuevo el proyecto a comisión.
Así, el debate continúa en este momento en el recinto, de un proyecto de ley que vio pasar unos 16 borradores del despacho de mayoría, que incluía el capítulo eliminado ayer por La Libertad Avanza dado el escaso apoyo legislativo, y que como sostuvo el peronista José Mayans “el pueblo argentino no sabe bien de qué trata el texto que fue corregido y corregido muchas veces”.
Sin la parte de la extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
También reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
Monobloque
Minutos antes del inicio de la sesión, la senadora Rojas Decut anunció la conformación de un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones (MPM).
A través de un comunicado con membrete del Senado, Rojas Decut explicó que “lejos de significar un cambio de rumbo, esta decisión representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros”.
“Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó Rojas Decut y argumentó que su nuevo bloque unipersonal “es la expresión institucional del compromiso territorial que vengo sosteniendo desde el primer día”.
“Es una herramienta de gestión al servicio del gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”, definió. “Movimiento por Misiones nace para sostener un compromiso territorial directo con los 79 municipios de la provincia”, señaló y sostuvo que el sentido de su espacio “es escuchar a quienes viven, producen, gestionan y construyen la provincia todos los días, y llevar esas voces al Congreso de la Nación”.
Entre las prioridades de su bloque, Rojas Decut enlistó la “defensa de la tierra misionera, el rechazo a cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales, sin tener en cuenta las particularidades de las provincias, o que debilite la protección de las zonas de frontera hídrica, con el Acuífero Guaraní como patrimonio estratégico irrenunciable; la custodia de la biodiversidad; el federalismo real; la educación como motor de desarrollo; el trabajo, la producción y la innovación, con el crecimiento equilibrado en los casi 30.000 km² de la provincia, generando más oportunidades para cerca de 1.300.000 misioneros”.
“Estoy a disposición para llevar la voz del gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, señaló Rojas Decut y finalizó: “Esa es una causa que no admite grietas, porque la identidad misionera es una forma de construir futuro poniendo siempre a Misiones en primer lugar”.
Política
Tres concejales armaron nuevo bloque para apoyar al intendente Stelatto
Tras el receso invernal, este jueves el Honorable Concejo Deliberante (HCD) retomó las sesiones ordinarias con nuevos bloques que reconfiguran el escenario político del recinto, en un contexto marcado por el quiebre entre Encuentro Misionero, espacio lanzado por el diputado provincial Carlos Rovira, y Movimiento por lo que Viene, impulsado por un sector afín al gobernador Hugo Passalacqua.
“Compromiso por Nuestra Ciudad” fue presentado este jueves por el concejal Héctor Cardozo. Al nuevo bloque se sumaron el presidente del cuerpo, Daniel Vigo, y la edil Luciana Scromeda, quienes formalizaron así su salida de Encuentro Misionero, espacio surgido tras la extinción del Partido de la Concordia Social, que durante dos décadas se mantuvo en el poder con Rovira a la cabeza.
Ante la prensa, Cardozo explicó que el flamante bloque se referencia en el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto y que tendrá como objetivo acompañar la gestión municipal.
Consultado sobre la conformación del espacio, el edil afirmó: “Buscamos mostrar nuestro apoyo a la gestión del intendente. Nosotros nos debemos a los vecinos”.
En esa línea, Cardozo remarcó que el posadeño “eligió un intendente y concejales para trabajar las 24 horas en resolver sus problemas” y añadió: “No para estar viendo de qué lado estamos”.
De esta manera, buscó diferenciar a Compromiso por Nuestra Ciudad del quiebre político que se produjo entre sectores vinculados a Rovira y al gobernador.
Dib y el agua
Por otro lado, el concejal Jair Dib inauguró su bloque unipersonal, Acuerdo Urbano, desde el que impulsó proyectos para insistir en la resolución de la problemática en torno a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa), que se mantiene desde comienzos de año y que, según expuso ante sus pares, “sigue ocurriendo”.
Además, solicitó modificar el reglamento del HCD, que prohíbe el tratamiento de una iniciativa rechazada durante el mismo período legislativo, para volver a exigir a la prestataria del servicio la colocación de válvulas de expulsión de aire en las cañerías domiciliarias.
Con la conformación de Compromiso por Nuestra Ciudad y Acuerdo Urbano, las concejalas Malena Mazal, Samira Almirón y Laura Traid son las únicas integrantes del bloque de ex renovadores que aún no se pronunciaron públicamente sobre su futuro político. Este jueves, las tres ediles prefirieron no hacer declaraciones al respecto ante la prensa.
En caso de que decidan conformar un nuevo bloque o sumarse a alguno de los ya existentes, Encuentro Misionero quedaría sin representación en el Concejo capitalino.
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