Política
Dos represores de la dictadura condenados por torturas en la U-17 de Candelaria
Dos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, José María Cuenca y Rubén Gómez, fueron condenados este martes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho detenidos políticos en la Unidad Penal Federal Nº 17 de Candelaria, entre los años 1976 y 1978.
Es el segundo juicio que enfrentan ambos por los delitos de torturas a presos políticos, luego que en un primer proceso en 2009 fueran condenados a 20 y 23 años de prisión por iguales delitos contra otras 18 personas.
Cuenca y Gómez estaban asignados a la custodia de los presos políticos que llegaban al penal de los diversos centros clandestinos de detención que funcionaron en aquella época.
“Los detenidos llegaban muy deteriorados física y psíquicamente por las torturas en los centros clandestinos”, describió la fiscal Vivian Barbosa, en la audiencia de esta tarde, del juicio oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal (TOF), de Posadas.
Las nuevas denuncias
Este nuevo juicio contra ambos represores surge de la acusación presentada por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, por las denuncias de los ex detenidos Epifanio Acevedo, Héctor Escobar, Juan José Álvarez, Alejandro Rodríguez, José Guillermo Sosa, Pedro Ireneo Ávalos, Hipólito Benítez, y José Aníbal López.
Al momento de este nuevo proceso, los ex guardias penitenciarios purgaban sus condenas en la misma U-17 donde cometieron sus crímenes, aunque habían empezado a gozar de un régimen de salidas domiciliarias, que ahora, tras estas nuevas condenas, se interrumpirá, afirmó la fiscal Barbosa a La Voz de Misiones.
Es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se tramita en Misiones. Por la pandemia, ambos represores participaron de las audiencias por Zoom desde la prisión.
El testimonio de Escobar y Rodríguez, dos de las víctimas que prestaron declaración en la audiencia de hoy, y de los testigos Esteban Lozina y Ricardo Ortellado, que tenía entonces 17 años, ubicó a Cuenca y Gómez en el lugar de los hechos y permitió establecer una mecánica y rutina común entre ambos.
Según relataron, en la U-17 los detenidos políticos estaban alojados en un pabellón separado de los presos comunes, que a su vez tenía un sector destinado a la “recuperación” de quienes regresaban de las sesiones de tortura de Cuenca y Gómez.
El lobo feroz
Los ex guardiacárceles tenían 24 y 25 años cuando prestaron servicio en la U-17. Gómez, estuvo de mayo de 1976 a enero de 1978, en que fue promovido a jefe de Despacho de la Subdirección. Cuenca, de febrero de 1976 a marzo de 1978, cuando se fue de instructor del SPF. Ambos ocuparon la jefatura de Seguridad Interna de la U-17.
Las víctimas los describieron como “personajes siniestros”, que infundían el terror con su sola presencia. Contaron que Gómez era el más aficionado a los tormentos físicos, y que por su ferocidad lo habían apodado el “lobo”. Cuenca –señalaron-, se especializaba en “tortura psicológica”.
Héctor Escobar contó que en una ocasión, Cuenca le pidió que escribiera una carta de despedida a su familia porque iban a fusilarlo esa misma noche, y que incluso montó un simulacro de fusilamiento.
Otra de las víctimas, Epifanio Acevedo, señaló que era habitual que Cuenca amartillara una pistola descargada en la cabeza de un detenido y tirara del gatillo solo para reírse.
Apelarán la sentencia
La Fiscalía pidió 4 años y seis meses de prisión para Gómez, y 5 años para Cuenca, ambos por los delitos de tormentos agravados en concurso real.
La fiscal Barbosa explicó que el Ministerio Público tomó en cuenta como atenuantes el buen comportamiento de ambos represores y los cursos que tomaron estando en prisión.
Por su parte, la querella representada en la sala por el abogado Juan Martínez, del Ministerio de Derechos Humanos, pidió una pena de 15 años para cada uno.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Juan Manuel Iglesias, se retirara a deliberar sobre la sentencia, se les permitió a los represores unas últimas palabras.
“¿Tienen algo que decir luego de todo lo dicho y oído?”, les preguntó el juez.
“Deseo que con este fallo se dé por satisfecha la necesidad de justicia de las víctimas”, dijo Cuenca. Gómez no quiso abundar y se limitó a decir: “Reitero lo que ya expresé”, en relación con la declaración donde, junto a su compañero, reconoció los crímenes que se le imputan.
Finalmente, el tribunal regresó a la sala y leyó la sentencia: Cuenca fue condenado a 5 años, y Gómez a 4. El fallo unifica las penas con las anteriores de 2009, que los represores vienen purgando en Candelaria, a 23 y 25 años respectivamente.
Gómez saldrá en libertad en 2034. Cuenca, dos años antes, en 2032.
El diputado provincial Ramón Amarilla denunció este martes que fue impedido de ingresar a la cárcel de Loreto, para participar del acto de entrega de certificados a los reclusos que concluyeron los talleres que dicta la Organización de Familias Unidas de Argentina por la Inclusión y los Derechos (OFUAID), una asociación civil de apoyo a familiares de personas privadas de la libertad, que lo había invitado.
Amarilla grabó un video en el playón de acceso a la Unidad Penal I, que subió a sus redes sociales, donde afirma que al intentar ingresar al establecimiento carcelario le comunicaron que tenía “la entrada prohibida por orden de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide Valeria Mereles, y por orden del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez”.
El ex policía, que integra el bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores” junto al legislador ex PRO Miguel Núñez, muestra en el video las notas que envió a Mereles, Pérez, y al alcaide Arturo Sebastián Stij, director de la Unidad Penal de Loreto.
“Hasta el momento no me han dado los fundamentos”, se queja Amarilla. En las notas, el ex policía detalla que la agenda no solamente incluye al penal de Loreto, donde no pudo ingresar; sino también a las cárceles de Miguel Lanús, Oberá y Cerro Azul, donde él estuvo detenido hasta que fue electo diputado, el año pasado.
“Esta es la provincia de Misiones, así nos tratan; y si tratan así a un diputado provincial, imagínense cómo le van a tratar al ciudadano común, al trabajador”, lanza Amarilla en el video.
En el final del spot, el ex policía cambia a tono de arenga y lanza: “Creo que esto es suficiente ejemplo para que sepamos qué hacer en el 2027, que sepamos elegir las autoridades para que podamos vivir, verdaderamente, en democracia, y que podamos vivir en la libertad que nos da la democracia; que nos respeten nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos”.
Sin competencia
Si bien, desde el Ministerio de Gobierno no hubo comentario oficial respecto de la situación denunciada por Amarilla, La Voz de Misiones pudo saber que este mediodía el ministro Pérez preparaba una nota de respuesta para el diputado provincial.
En el escrito, al que tuvo acceso LVM, Pérez deslinda responsabilidades y le informa al legislador que, si bien el Servicio Penitenciario está bajo la órbita de su cartera, la organización, administración, dirección y funcionamiento de las unidades penales son atribución exclusiva de este, por lo que su Ministerio “no posee competencia para autorizar o denegar ingresos” a los establecimientos penales de la provincia.
“El principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública impone a cada funcionario ejercer únicamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Por ello, emitir una autorización sobre una materia ajena a mi competencia implicaría exceder las facultades legalmente asignadas al cargo que desempeño”, explica el ministro.
Asimismo, reitera que “toda solicitud de acceso a una unidad penitenciaria debe ser evaluada por la autoridad competente con arreglo a criterios objetivos, generales e impersonales, compatibles con la seguridad institucional y con el principio de igualdad ante la ley”, y aclara que “la sola investidura pública del solicitante no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para conferir un tratamiento diferenciado respecto de cualquier otro ciudadano que pretendiera acceder a actividades internas sin acreditar una causa legal o un interés institucional específico”.
Finalmente, Pérez pide a Amarilla que canalice su solicitud a través de la directora Penitenciaria Mereles.
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A menos de un mes del lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones (LLA), el espacio prepara su primera clase prevista para el próximo 8 de agosto desde las 9 en el Hotel Julio César de Posadas. Las preinscripciones comenzarán el próximo viernes 31 de julio.
La convocatoria fue difundida esta mañana a través de las redes sociales de LLA Misiones, desde donde expresaron: “Las ideas necesitan personas preparadas para llevarlas adelante”.
En este sentido, recordaron que los interesados en formar parte de la próxima generación de dirigentes de ese espacio político, tendrán la oportunidad de formarse en esta instancia.
La Escuela de Dirigentes fue presentada de manera oficial el pasado 4 de Julio en el histórico hotel céntrico de la capital provincial y contó con la participación de la presidenta del espacio político, Karina Milei y su vicepresidente, Martín Menem.
El equipo de formadores está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.
Su despliegue refleja el trabajo de consolidación territorial que La Libertad Avanza desarrolla en los 24 distritos, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria, formar nuevos liderazgos y seguir llevando las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina.
Karina Milei y Martín Menem presentaron la Escuela de Dirigentes en Misiones
Con la charla “Posicionamiento estratégico y comunicación partidaria”, la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO arribará mañana miércoles 29 de julio a las 18 a la sede del partido, ubicada en calle Troazzi 1022 de Posadas.
Luego de su visita registrada en el año 2022, la escuela de formación partidaria volverá a la capital provincial con una capacitación encabezada por Jimena de la Torre, abogada y actual Consejera de la Magistratura de la Nación y Paula Detry, especialista en comunicación, marketing digital y diseño de experiencias digitales.
Desde la organización, detallaron que el encuentro permitirá “pensar los desafíos políticos actuales, fortalecer la organización territorial y trabajar sobre las estrategias de comunicación necesarias para transmitir mejor nuestras ideas, objetivos y proyectos”.
La Escuela de Dirigentes Propuesta Republicana (PRO) funciona como centro institucional del partido para la formación y capacitación de líderes políticos, operando estrechamente de forma sostenida a través de programas de extensión federal, mediante charlas, seminarios, capacitaciones y congresos.
Disertantes
María Isabel Jimena de la Torre es Consejera de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía y Vicepresidente de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial desde el año 2022.
También se desempeña como docente en la Diplomatura en Lavado de Dinero, Prevención, Investigación Criminal y Evidencia Digital dictada por la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y profesora en el Programa de actualización en Compliance dictado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Paula Detry forma parte del equipo de PRO Argentina, donde trabaja en el desarrollo de estrategias de comunicación, innovación y fortalecimiento institucional.
Es Licenciada en Educación y complementó su formación con especializaciones en Diseño UX/UI, diseño gráfico, marketing de contenidos y comunicación digital. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos vinculados a la construcción de comunidades, el posicionamiento de organizaciones y el diseño de experiencias centradas en las personas.
La actividad será abierta y gratuita pero requiere inscripción previa. Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: link.
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