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Docentes levantaron el corte en Garupá y acamparán cerca del Comando

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Tras casi diez horas de corte total sobre la autovía de la ruta nacional 12, los docentes levantaron la manifestación y trasladarán su reclamo ahora hacia la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José, donde planean montar un campamento similar al que llevan adelante desde el viernes los agentes activos y retirados de la Policía de Misiones.

El tránsito sobre la arteria nacional fue liberado minutos después de las 17.30, tras casi diez de horas del corte total que se efectuaba a la altura de la reserva El Puma, a escasos metros del puente sobre el arroyo Garupá.

Llamamos a los docentes de capital y zonas aledañas a concentrar a las 19 en la avenida Cabred, para realizar esta marcha blanca que atravesará el acampe policial y realizará su propio acampe en cercanías del otro”, anunciaron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) a través de un canal de WhastApp que desde tiempo adoptaron como herramienta de difusión de información oficial.

El mismo comunicado añade que “Salud se comprometió a unirse al acampe docente y formar su propio acampe. El pueblo trabajador vencerá al gobierno hambreador”.

Esta mañana el corte comenzó cerca de las 8 y fue realizado por docentes autoconvocados e integrantes del conglomerado de gremios disidentes, quienes se mostraron en contra del acuerdo firmado entre el gobierno y grupos denominados “dialoguistas”, como UDPM y Sidepp.

“Nosotros pedimos un 100% de recomposición salarial, ellos firmaron un 34%. La cifra no alcanza”, señaló Leandro Sánchez, docente y secretario general de Utem en diálogo con La Voz de Misiones desde el epicentro de la protesta.

El corte sobre la ruta 12 se extendió durante casi diez horas.


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Misiones creó una Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio

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A través del decreto 1945 publicado ayer lunes con la firma del gobernador, Hugo Passalacqua, el Gobierno de Misiones creó la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, designando a Natalia Beatriz Falcone, del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) como coordinadora general.

Según el documento, la comisión tendrá como funciones diseñar y ejecutar estrategias interinstitucionales para el abordaje integral del suicidio, alineadas con los objetivos de la Ley N° 27.130 en la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención.

En esa línea, el nuevo organismo implementará programas de capacitación para profesionales de la salud, educación y otros sectores involucrados en la atención de personas en riesgo. A su vez, promoverá campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la población en general y grupos específicos en situación de vulnerabilidad.

También fomentará la investigación científica y epidemiológica sobre el suicidio y sus factores de riesgo, así como el monitoreo de las políticas públicas implementadas, además de facilitar la creación de redes de apoyo entre la sociedad civil y las instituciones educativas.

En su artículo segundo, detallan que la comisión estará integrada por un representante de Vicegobernación y de los ministerios de Salud Pública, Educación, Gobierno, de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), el Consejo General de Educación, el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM), entre otros organismos pertinentes y actores de la sociedad civil, cuya participación, transitoria o permanente, sea decidida internamente.

Los índices en la provincia

La comisión fue impulsada a raíz de la observación de “distintos factores de riesgo asociados al suicidio, y la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir este flagelo y proteger la salud mental de la población misionera”.

Considerando, a su vez, que “el suicidio es un problema de salud pública, complejo, que requiere una respuesta integral y multisectorial y que por ello es importante articular esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad”.

La presentación oficial se realizó durante la mañana de hoy en Casa de Gobierno, donde Passalacqua reiteró que “cada dos días un misionero se suicida”, recordando la cifra arrojada en el mes de mayo, sobre datos brindados por la Dirección de Salud Mental, desde donde afirmaron que de abril de 2022 al mismo período de 2023 se registraron 180 suicidios en la tierra colorada.

A esto, el mandatario provincial sumó otro dato alarmante “detrás de cada suicidio existen al menos 20 intentos”, por lo que instó a abordar la cuestión con “seriedad y rapidez”.

En su discurso también remarcó la necesidad de brindar contención, no solo a quienes atraviesan una crisis con ideación suicida, sino también a las familias y entornos que quedan devastados tras la consumación de un acto suicida.

“Una muerte impacta duramente en el entorno social, en los amigos, en los compañeros de escuela. Por eso con el Ministerio de Salud, el IPS, el Ministerio de Gobierno y Educación, estamos para abordar este tema con el respeto y la urgencia que se merece”, afirmó el gobernador.

Advierten sobre la crisis económica como factor de riesgo en suicidios

 


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Radicales contra Arjol por veto a reforma jubilatoria: “De eso no se vuelve”

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Martín Arjol veto

Tras la foto que mostró al diputado nacional Martín Arjol junto al presidente Javier Milei en reunión enmarcada en las negociaciones del oficialismo para alcanzar el acompañamiento necesario para mantener el veto a la ley de reforma jubilatoria, varios referentes radicales misioneros salieron al cruce del legislador por su cambio de postura.

“No me representan en absoluto los diputados radicales que acompañan el veto a la reforma jubilatoria. Cruzaron un límite. La UCR debe ser oposición seria a Milei y no un aliado oportunista”, criticó con dureza el dirigente Gustavo González, quien supo ser diputado provincial y hasta candidato a gobernador de Misiones por el partido centenario.

En misma sintonía se expresó la también ex diputada provincial Anita Minder, quien en su cuenta de X compartió varios posteos con el #ConLosJubiladosNo. En uno ellos incluso, arrobó el diputado Arjol junto al mensaje “de eso no se vuelve” y en otro postuló que “hay principios que no se negocian”.

Otra voz que sentó postura en redes sociales respecto al caso Arjol fue María Belén Pérez, secretaria general del comité provincial de la UCR.

“Quienes reivindicamos la política creemos mucho en el valor de la palabra. Lo de Arjol, Campero, Cervi, Picat explica perfectamente por qué esta actividad tan noble está tan bastardeada. Al final, renovás los nombres en la política y a veces parece que no renovaste nada”, lanzó Pérez.

Pero no fue el único posteo que le dedicó a la cuestión. Escasos minutos volvió a disparar: “Son tan buscas que transan algo para salir a decir que quieren ayudar a bajar el déficit, cuando la catarata de juicios que van a caer por el veto a la ley lo que más va a generar es deuda pública. Contabilidad pública muchachos, lean algo”.

Críticas de este tenor, además, se replican por parte de referentes y dirigentes radicales de otras latitudes del país, quienes coinciden en cuestionar la “falta de palabra” de los legisladores que hoy se reunieron con Milei y quienes -todo da a entender- acompañarán el veto presidencial a la ley de reforma jubilatoria que en junio habían votado favorablemente. 


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Arjol reunido con Milei para apoyar el veto a la ley de reforma jubilatoria

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Arjol

El diputado nacional misionero Martín Arjol, junto a otros cuatro legisladores integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara baja, participó esta mañana de una reunión convocada por el gobierno nacional para obtener el apoyo al veto a la ley de movilidad jubilatoria, iniciativa que inicialmente habían acompañado con el voto favorable en la sesión del 5 de junio y que luego fue aprobada por el Senado el 21 de agosto pasado.

El cónclave se realizó en Casa Rosada y estuvo liderada por el propio presidente Javier Milei, en tanto que también estuvieron funcionarios de primera plana tales como su hermana y secretaria general de la presidencia Karina Milei; el presidente la Cámara Baja Martín Menem; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el titular de la cartera de Defensa Luis Petri, entre otros.

Además de Arjol, quien ocupó un lugar de privilegio en la mesa al sentarse inmediatamente a la derecha del presidente, estuvieron sus compañeros de bloque en la UCR Luis Picat (Córdoba); José Federico Tournier (Corrientes); Mariano Campero (Tucumán); y Pablo Cervi (Neuquén).

La reunión se da un día antes a la sesión donde la Cámara de Diputados de la Nación debe decidir si rechaza o mantiene el veto que Milei dispuso por decreto a la ley de movilidad jubilatoria sancionada hace menos de un mes y la difusión de la foto del encuentro parece ser un mensaje que confirma el acompañamiento de los legisladores presentes, lo que que a su vez generaría una fragmentación en el bloque radical.

Es que, tanto el presidente del partido, Martín Lousteau, como el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, ambos senadores, se manifestaron a favor de insistir con la ley y pidieron que los diputados que acompañen la iniciativa.

Además, marcaría un cambio de postura en los propios diputados, ya que tanto Arjol como los demás legisladores que hoy compartieron mesa con Milei habían votado a favor de la ley el pasado 5 de junio.

“Vamos a acompañar los argumentos”

Incluso, en aquella ocasión el tucumano Campero fue el diputado informante del proyecto y en su discurso sostuvo que “instamos al Gobierno a que acerque una mejor fórmula. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta y no a nuestros jubilados, por eso acompaño el proyecto de nuestro bloque”.

Sin embargo, hoy cambió de opinión y en sus redes sociales adelantó que ahora acompañará el veto “acompañando los argumentos del presidente”.

“En el Congreso, Unión por la Patria, el kirchnerismo, incluso también con algunos bloques dialoguistas, permanentemente, con cuestiones muy nobles, como jubilaciones y universidades, pero que en el fondo tienen un objetivo escondido que es el de golpear el plan económico, moviendo uno o dos puntos del PBI, y la única forma que podría solucionarse es generando deuda o emitiendo”, señaló en un video publicado en X.

Y remató: “Y acá claramente, con aciertos y con errores, el gobierno dijo: vamos al equilibro fiscal, vamos a dejar de emitir y vamos a que un dólar no supere. ¿Quién calculaba que el dólar hoy iba a estar abajo de $1.300 el blue? Nosotros vamos a acompañar estos argumentos que está presentando el presidente respecto al veto”.

De esta manera, y más aún después del cónclave de hoy, los especialistas políticos estiman que la UCR perdería entre ocho y diez votos en las últimas horas, panorama que dejaría a la oposición sin posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sostener el proyecto y, en consecuencia, el oficialismo podría mantener el veto.

De igual manera, esta tarde habrá reuniones de todas las bancadas y se estima que allí cada sector definirá el camino a seguir. Mientras tanto, organizaciones sociales y jubilados se preparan para volver a manifestarse en las afueras del Congreso, donde el gobierno adelantó que se volverá a aplicar el protocolo antipiquetes. 

El proyecto

El proyecto de movilidad jubilatoria que se analiza mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Milei, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Además, se disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $ 321.600, $ 15 mil más que el monto de junio.

Finalmente, el proyecto proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios. De esta manera, en caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año.

El comunicado de la Oficina del Presidente, donde anunciaron el veto, por su parte, afirmaba que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en e futuro los jóvenes argentinos”.

 


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