El Senado de la Nación rechazó devolver el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisión, tal como solicitó el peronismo para consensuar un nuevo despacho luego de que el gobierno se viera obligado a retirar el Capítulo 3 de extranjerización de la tierra.

Con el apoyo de los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, el oficialismo reunió 38 votos a favor de continuar el debate, contra 31 votos de la oposición por enviar de nuevo el proyecto a comisión.

Así, el debate continúa en este momento en el recinto, de un proyecto de ley que vio pasar unos 16 borradores del despacho de mayoría, que incluía el capítulo eliminado ayer por La Libertad Avanza dado el escaso apoyo legislativo, y que como sostuvo el peronista José Mayans “el pueblo argentino no sabe bien de qué trata el texto que fue corregido y corregido muchas veces”.

Sin la parte de la extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

También reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

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Tras el receso invernal, este jueves el Honorable Concejo Deliberante (HCD) retomó las sesiones ordinarias con nuevos bloques que reconfiguran el escenario político del recinto, en un contexto marcado por el quiebre entre Encuentro Misionero, espacio lanzado por el diputado provincial Carlos Rovira, y Movimiento por lo que Viene, impulsado por un sector afín al gobernador Hugo Passalacqua.

“Compromiso por Nuestra Ciudad” fue presentado este jueves por el concejal Héctor Cardozo. Al nuevo bloque se sumaron el presidente del cuerpo, Daniel Vigo, y la edil Luciana Scromeda, quienes formalizaron así su salida de Encuentro Misionero, espacio surgido tras la extinción del Partido de la Concordia Social, que durante dos décadas se mantuvo en el poder con Rovira a la cabeza.

Ante la prensa, Cardozo explicó que el flamante bloque se referencia en el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto y que tendrá como objetivo acompañar la gestión municipal.

Consultado sobre la conformación del espacio, el edil afirmó: “Buscamos mostrar nuestro apoyo a la gestión del intendente. Nosotros nos debemos a los vecinos”.

En esa línea, Cardozo remarcó que el posadeño “eligió un intendente y concejales para trabajar las 24 horas en resolver sus problemas” y añadió: “No para estar viendo de qué lado estamos”.

De esta manera, buscó diferenciar a Compromiso por Nuestra Ciudad del quiebre político que se produjo entre sectores vinculados a Rovira y al gobernador.

Dib y el agua

Por otro lado, el concejal Jair Dib inauguró su bloque unipersonal, Acuerdo Urbano, desde el que impulsó proyectos para insistir en la resolución de la problemática en torno a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa), que se mantiene desde comienzos de año y que, según expuso ante sus pares, “sigue ocurriendo”.

Además, solicitó modificar el reglamento del HCD, que prohíbe el tratamiento de una iniciativa rechazada durante el mismo período legislativo, para volver a exigir a la prestataria del servicio la colocación de válvulas de expulsión de aire en las cañerías domiciliarias.

Con la conformación de Compromiso por Nuestra Ciudad y Acuerdo Urbano, las concejalas Malena Mazal, Samira Almirón y Laura Traid son las únicas integrantes del bloque de ex renovadores que aún no se pronunciaron públicamente sobre su futuro político. Este jueves, las tres ediles prefirieron no hacer declaraciones al respecto ante la prensa.

En caso de que decidan conformar un nuevo bloque o sumarse a alguno de los ya existentes, Encuentro Misionero quedaría sin representación en el Concejo capitalino.

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Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.

La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.

Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.

“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.

Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.

Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.

El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.

Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.

Capítulo 3

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.

El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.

Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.

Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.

El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.

Fuego

El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

 

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