Política
Dijeron que María Losada y Hugo Escalada volvían a la UCR, pero ellos lo negaron
POSADAS. Los alfonsinistas María Losada y Hugo Escalada desmintieron una publicación sobre su supuesto retorno a la Unión Cívica Radical (UCR), de donde fueron expulsados en 2015, aunque la primera dijo que “poco importan los papales en las condiciones en que está Argentina”.
La presunta intención de los dos ex diputados provinciales fue revelada por un diario de Posadas, a partir de declaraciones de Losada con respecto a la tarea política que realiza en el ámbito nacional fuertes cuestionamientos a la alianza de la UCR con Cambiemos.
Sin embargo, Escalada advirtió a través de las redes sociales que “bajo ningún motivo he solicitado ni pretendo volver a un partido del cual fui orgullosamente expulsado por no adherir ni acompañar la creación de Cambiemos desde un principio”.
Y añadió que “las políticas económicas neoliberales están en las antípodas de mi pensamiento. Más que nunca creo que fui más alfonsinista que radical”, remarcó Escalada sin dejar margen para las conjeturas, como la que fue planteada por la mencionada publicación.
En cambio Losada, impulsora del Espacio de Pensamiento Alfonsinista en el ámbito de la UCR, dijo que solamente había comentado “que estaba trabajando junto a otros dirigentes nacionales que cuestionan la alianza de la UCR con Cambiemos”, desconociendo toda otra referencia “respecto a (una supuesta inclusión) en el padrón” partidario.
“Sí informé que la (en la información cuestionada) de la expulsión está apelada, aunque porqué estamos en el padrón lo deberían explicar ellos”, dijo al ex legisladora, refiriéndose a las actuales autoridades del radicalismo misionero.
Añadió: “Yo no me fui; nos expulsaron, por lo cual no tengo que ver. Ellos llevaron adelante una expulsión injusta y se les olvidó el Tribunal de Ética nacional que entiende cuando se trata de diputados” comprendidos en una sanción de tales características, señaló.
Como sea, “estoy trabajando con Ricardo Alfonsín, que propone un comité nacional paralelo, y Luís ‘Changui’ Caceres, que impulsa una convención de la militancia. Poco importan los papeles en las condiciones que está la Argentina”, remarcó.
Losada y Escalada conformaron el espacio Vanguardia Radical que hizo una alianza con sectores vinculados con el peronismo, el socialismo y partidos provinciales, dando a luz una alianza que se identificó con el nombre de Avancemos, pero finalmente aquella conjunción política se diluyó.
Por su parte, en declaraciones al mismo diario la ex presidenta del comité de ética de la UCR-Misiones, Gloria Llamosas, dijo que la expulsión de Losada y de Escalada “fue ratificada por la convención del partido y no quedaron instancias posibles de apelación. Ya pasaron casi cuatro años y vencieron todos los plazos”.
Política
Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.
Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.
En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.
El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.
Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.
En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.
El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.
Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.
Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.
Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.
Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.
El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.
Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Política
Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá
El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.
La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.
Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.
El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.
La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.
Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.
En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.
La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.
Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026
Política
Kicillof recibió reclamo de yerbateros y organizan reunión con él en Misiones
En una reunión llevada adelante hoy, productores yerbateros de Misiones pusieron en conocimiento al gobernador Axel Kicillof sobre la crisis del sector y advirtieron que “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”.
Organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar al gobernador peronista un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate.
La presentación se dio hoy, 30 de marzo, de la mano de Gastón Borsini, integrante de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, quien entregó el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Esta es una reunión que el gobernador convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal”, explicó Borsini a La Voz de Misiones.
El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan “La chacra no se vende, es Patria” y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del Inym (dos décadas) ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación. Además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del DNU 70/2023.
“Desde la Confederación somos críticos con el ministerio de Desregulación. A (Federico) Sturzenegger y a sus medidas lo consideramos ‘anti productivo’”, apuntó.
El escrito contó con las firmas de los misioneros Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; y Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte , con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky.
En el texto se advierte sobre la situación yerbatera a partir de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde se plantean dos modelos productivos claramente diferenciados: “Lo que se encuentra en juego es un modelo de desarrollo regional basado en la producción, el trabajo y la inclusión, frente a una dinámica que tiende a la concentración, la estandarización y la pérdida de valor territorial”.
Encuentro en Misiones
Segú comentó Gastón Borsini de CGP -Organización que representa a economías regionales- y donde el misionero Skripczuk es parte del Directorio en representación de la provincia de Misiones, Kicillof escuchó con preocupación la problemática planteada y pactó una visita Misiones.
“El gobernador nos pidió si en el corto plazo se puede organizar un encuentro con las bases de los sectores yerbateros, dado que le gustaría visitar la provincia y escuchar de boca de los reales actores las problemáticas reales”, reveló.
La reunión, añadió Borsini, será en un plazo de no más de tres meses y se prevé que el mandatario bonaerense llegue acompañado por Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
Y agregó que este “encuentro Agrario” convoca a los yerbateros, los tabacaleros y los demás productores, coordinado por la confederación “él asistirá como Gobernador y como posible candidato y construir su campaña presidencial”.
Jorge Skripczuk explicó que para la Asociación Impulso Yerbatero es fundamental que el gobernador de Buenos Aires tenga conocimiento de la problemática.
“En el grupo de impulso participan productores que están dentro de la Confederación y hace unas semanas comenzamos con reuniones con funcionarios bonaerense para delinear estrategias de ventas. Buscando canales más directos de comercialización en esa provincia ya que es un nicho importante para ubicar la yerba de cooperativas o de pequeñas marcas”, indicó.
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