Este lunes a las 16, los docentes y sindicalistas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Leandro Sánchez y Mónica Gurina expondrán en una audiencia pública en el Congreso de la Nación para reclamar su “absolución” en la causa que la Justicia misionera los imputa por “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” durante la protesta multisectorial llevada a cabo sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio del 2024.

Invitados por el bloque Frente de Izquierda – Unidad, el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), Sánchez, y la secretaria General de la CTA -Misiones, Gurina, participarán de la audiencia en la cual hablarán sobre los hechos ocurridos durante el acampe del 2024 y las movilizaciones que ejecutó, entre otros sectores, la educación por una “recomposición salarial del 100%” y en contra del “ajuste” del gobierno de Javier Milei.

“No a la persecución judicial de luchadores populares”, será la consigna que levantarán en el Congreso nacional los dos educadores y sindicalistas sobre la causa judicial en su contra.

La audiencia pública será este lunes en la Sala 1 Anexo “A” del Congreso de la Nación y, además de los sindicalistas misioneros, participarán referentes de la lucha docente, dirigentes sindicales y de derechos humanos y legisladores nacionales.

Juicio

El debate oral del caso tiene fecha de inicio el miércoles 15 de octubre a las 8 y estará a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, con la fiscal María Laura Álvarez como acusadora pública y Eduardo Paredes como abogado defensor de Leandro Sánchez y Mónica Gurina.

Para el juicio contra los educadores nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) están citados trece testigos, entre ellos, Estela Genesini, secretaria General de Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) y el diputado provincial por el Partido Agrario y Social (Pays) y también docente, Cristian Castro.

Docentes a juicio el 15 de octubre por desobediencia en protesta de 2024

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Frente a la crisis económica que atraviesa la localidad de Almafuerte hace varios meses, desde el municipio dispusieron la puesta en marcha del padrinazgo de espacios públicos, con fines de cuidado, dirigido a vecinos y representantes del sector privado. 

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de hoy y responde a la ordenanza 9, la cual argumenta que “dada la situación económica y financiera del Municipio, sería de ayuda contar con la colaboración de vecinos y del sector privado en las tareas de mantenimiento de espacios públicos”.

En ese sentido, agrega que “se hace necesario buscar la forma de mejorar el acondicionamiento y mantenimiento de nuestras plazas, plazoletas y espacios verdes, para así lograr que se vean limpios y agradables para que nuestros vecinos puedan disfrutarlos”.

Por lo que considera conveniente “autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con los interesados para lograr compromiso y participación de los vecinos en el cuidado de los espacios de esparcimiento”.

Frente a esto, resolvió crear en el ámbito del municipio de Almafuerte el Programa de Colaboración denominado “Padrinazgo de Espacios Públicos de Almafuerte”, lo que implica la adopción ad honorem (honorífica), voluntaria y sin fines de lucro de uno o varios espacios públicos de dominio municipal.

Algunos detalles

Según consta el documento en cuestión, esta “adopción” la podrán ejercer personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, con el objeto de aportar, a título gratuito, bienes y servicios tendientes a preservar, conservar y desarrollar sus recursos ecológicos, artísticos y urbanísticos, colaborando con su mantenimiento, conservación, embellecimiento, limpieza, refacción y plantación de especies arbóreas, arbustivas y otras nativas.

En su artículo tercero, aclara que el sistema de padrinazgo de espacios públicos no crea derecho ni privilegios sobre el espacio público municipal, como tampoco implica la delegación de competencias propias del Municipio de Almafuerte. 

“El padrino colabora en forma conjunta con el Departamento Ejecutivo Municipal sobre el espacio verde determinado, y sobre aquellos aspectos en los que a su propuesta, estuviere expresamente autorizado por el Honorable Concejo Deliberante”, detalla la ordenanza.

A su vez, especifica en el artículo 4 que “el Concejo Deliberante tendrá a su cargo el control de cumplimiento del convenio y de otorgar una mención especial a las personas encargadas del Padrinazgo que obtengan un buen desempeño a los fines de la presente Ordenanza”.

Finalmente, la solicitud de padrinazgo deberá presentarse ante el Honorable Concejo Deliberante, y contendrá los siguientes requisitos: la individualización del espacio público; la propuesta concreta de mantenimiento, conservación, embellecimiento, limpieza, refacción, y/o plantación de especies arbóreas, arbustivas; el plazo por el cual va apadrinar el espacio verde y un breve proyecto con la planificación de las obras y/o servicios a llevar a cabo durante el padrinazgo.

Cuando se trate de servicios (de 1 a 3 años), se deberá especificar la metodología y materiales a utilizar detallando la frecuencia con la que serán prestados. Mientras que, en el caso de bienes, se deberá detallar la cantidad y calidad de los materiales a utilizar.

Los padrinos serán premiados con una “condonación del 100% de la tasa retributiva de la propiedad de ese año en un inmueble de su propiedad, no pudiendo extender el beneficio a otros inmuebles de los que sea propietario o a otras tasas y contribuciones municipales, asimismo tendrá preferencia en caso de solicitar la renovación del convenio suscripto”.

El municipio de Almafuerte se declaró en emergencia económica y financiera

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La intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, denunció por amenazas a varios vecinos que la semana pasada se manifestaron frente al hospital local por la muerte del pequeño Erik Benjamín (8) y la Justicia impuso una restricción de acercamiento contra los denunciados, quienes ahora presentarán una nota ante el Concejo Deliberante acusando “prácticas persecutorias”.

El conflicto comenzó a fines de septiembre, cuando se produjo el fallecimiento de Erik Benjamín, que en primera instancia fue atendido en el hospital Nivel I de Santa Ana y luego derivado al hospital Fernando Barreryro de Posadas, aunque para ese entonces su cuadro ya era irreversible.

Según se estableció en una compleja autopsia realizada en la morgue judicial, el deceso se produjo como consecuencia de una infección generalizada que comenzó a partir de un nacido que el pequeño tenía en el ano.

En ese contexto, mientras la Justicia comenzaba a indagar sobre el caso, familiares, conocidos y vecinos realizaron al menos dos protestas frente al hospital de Santa Ana, donde reclamaban por una presunta atención deficitaria hacia el pequeño.

Con carteles y cánticos, los manifestantes apuntaron contra la directora del hospital, Lucía Valenzuela, y contra la propia intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, quienes ahora respondieron con denuncias por hechos caratulados como “delitos contra la seguridad pública y amenazas”.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la denuncia alcanza a varios manifestantes y al menos uno de ellos ya recibió la notificación policial de la instrucción de una causa en su contra.

Se trata de una vecina a quien ahora se le impuso una restricción de acercamiento hacia Pezoa y hacia Valenzuela, medida que también implica suspender todo tipo de contacto con los denunciantes mediante vías digitales como whatsapp, facebook u otra red social.

La denuncia se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

No es la primera vez que Pezoa acude a la Justicia en forma similar. A fines de junio también denunció “acoso y difamación” al recibir mensajes intimidatorios y acusaciones en redes sociales luego de un desalojo que se ejecutó con orden judicial.

Persecución

La causa judicial generó otra reacción de parte de la ciudadanía, quienes decidieron unirse para redactar un escrito que pretenden presentar este lunes por la tarde ante el Concejo Deliberante.

En el texto alegan que “estas denuncias, de contenido casi textual y sin fundamentos individualizados, alcanzan no solo a quienes participaron de manera pacífica y legítima en una manifestación espontánea en las inmediaciones del hospital local, sino también a personas que ni siquiera estuvieron presentes en dicha movilización —e incluso a vecinos que no residen actualmente en Santa Ana, cuyo único “acto” fue haber expresado una opinión en un grupo de WhatsApp”.

Para los vecinos “este accionar demuestra la gravedad institucional y política de la situación, evidenciando un intento de criminalizar la expresión ciudadana y amedrentar la participación pública mediante denuncias judiciales sin sustento real”.

En el mismo texto, explicaron que las movilizaciones se gestaron a partir del “dolor y la preocupación por la salud pública, ante falencias reiteradas del fuerza Hospital Nivel I de Santa Ana”, pero que el Ejecutivo Municipal “politizó” la situación “tildando a los manifestantes de opositores, instigadores o falsos cabecillas, e incluso señalándolos con calificativos ideológicos como “castristas”.

Ante ello, los firmantes solicitan que el parlamento municipal se “expida públicamente en repudio a estas prácticas persecutorias y en defensa de la libertad de expresión y participación ciudadana”.

También reclaman que el Concejo “acompañe a los vecinos denunciados en las acciones legales y administrativas que deban emprenderse para garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales” y que “considere la apertura de las actuaciones correspondientes, en el marco de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Misiones otorga a este cuerpo, a fin de investigar los hechos de persecución política denunciados y determinar las responsabilidades institucionales los que pudieran corresponder”.

Niño de Santa Ana murió por una infección y la investigación sigue abierta

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