Política
ATE pidió a Derechos Humanos revisar casos de represores en la administración pública
La conducción de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Misiones, se reunió este lunes con la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Graciela Leyes, a quien le plantearon la situación puntual del espía del Batallón 601, Milton Alfredo Acosta, que se desempeña como jefe del Departamento de Defensa del Consumidor, del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, y que ahora están expulsando de la organización.
“Este es un tema que permanentemente venimos planteando, el de los represores que siguen ocupando cargos en la administración pública”, señaló a La Voz de Misiones, Jorge Duarte, secretario general de ATE Misiones.
Según Duarte, en la reunión de la que también participó la secretaria Gremial Miriam López, la ministra Leyes coincidió con los dirigentes sindicales en “la necesidad de seguir profundizando en estos temas”.
“Nosotros dejamos en claro nuestra postura respecto a estos hechos de lesa humanidad”, afirmó Duarte. Agregó que tanto ATE como la cartera de Derechos Humanos “nos comprometimos a buscar la verdad en todos estos temas de Memoria, y el Estado tiene un rol preponderante en esta cuestión”.
“Nosotros entendemos que estos personajes no tienen que estar habilitados para el ejercicio de la función pública”, expresó.
Duarte adelantó que en los próximos días la conducción sindical hablará con la ministra de Acción Cooperativa, Karina Aguirre, sobre la situación particular del espía Acosta. “Ella no debe estar desconociendo esto”, indicó el titular de ATE Misiones.
Los infiltrados
El caso de Milton Alfredo Acosta saltó ya en 2010, junto con el de otro espía de la dictadura, Julio César Marturet, que ocupaba el cargo de subsecretario de Acción Cooperativa, en el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, y fue obligado a renunciar por el entonces gobernador Maurice Closs.
Acosta y Marturet cumplían la función de “agente de reunión”, un eufemismo que designaba a quienes se infiltraban en universidades, sindicatos, e incluso familias (tal el caso de Marturet) para marcar gente, que después era secuestrada y asesinada.
Ambos eran espías del Batallón 601, que en palabras de la fiscal Gabriela Sosti, “era como la SS del nazismo”; y ambos se reciclaron en la función pública provincial más o menos para la misma época, en el final de la dictadura.
Pero a diferencia de Marturet, Milton Alfredo Acosta, quien ya por mayo de 2010 ocupaba la jefatura del Departamento de Defensa del Consumidor, en el mismo organismo, nunca fue molestado y sigue figurando en la nómina de autoridades ministeriales disponible en el sitio web.
La función de Acosta en el Ministerio de Acción Cooperativa no es un dato menor: como jefe del Departamento de Defensa del Consumidor tiene acceso a información sensible, como los datos personales (domicilio, salario, acceso a crédito) de todas las personas que denuncian conflictos de intereses con comercios y empresas.
Se afilió a ATE en 2018, año en que la organización gremial hace su desembarco fuerte en el ministerio que hoy conduce Karina Aguirre, y hace unos días sus compañeros lo eligieron delegado sindical.
Conocida la elección de Acosta como delegado y tras comprobar que se trataba del mismo hombre que aparece en las listas de espías del Batallón 601 desclasificadas en 2010, la organización inicio de inmediato los pasos para anular el proceso electoral y expulsar a Acosta de la organización.
Los nombres de Acosta y Marturet como parte del aparato represivo saltaron con la publicación, por parte del Archivo de la Memoria, del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, de la Nómina del Personal Civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983, junto a otros 4.886 espías de la dictadura.
En ese listado, Acosta figura en la Foja 1, en el N° 51, con el DNI 13.558.921. Su colega Marturet aparece en la Foja 53, con el DNI 7.863.331.
Pero a diferencia de Marturet, que debió renunciar, Acosta nunca fue molestado, sigue ocupando el mismo cargo que hace 11 años, y figura en la web oficial del ministerio.
El listado de espías del Batallón 601 donde aparece Milton Alfredo Acosta.
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, se incorporó este martes a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados de la Nación, que discutirá mañana el dictamen del proyecto de ley de reforma penal juvenil.
El legislador misionero fue designado para integrar la comisión por el interbloque de Innovación Federal, que la Renovación Neo conforma con tres diputados salteños.
Justicia, que preside el libertario mendocino Álvaro Martínez, es una de las comisiones que debatirá el texto del proyecto que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad y reduce a 15 años la pena máxima para personas menores de edad.
“La idea es conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente de La Libertad Avanza (LLA) citada por el portal de noticias Infobae.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11:00 horas, y además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves, también a las 11:00 horas.
Flanqueada por el senador del PRO Misiones, Martín Goerling Lara, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, presentó hace minutos la versión final del proyecto de reforma laboral del gobierno, que se tratará mañana en la Cámara alta.
En una conferencia de prensa, la ex ministra de Seguridad compareció arropada, entre otros, por el senador radical peluca correntino Eduardo Vischi y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ezequiel Atauche, y aseguró que el dictamen final de la reforma laboral fue acordado con 44 senadores del PRO, la Unión Cívica Radical, y varios espacios provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo.
“Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo”, dijo Bullrich y afirmó: “El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”.
La ex dirigente del PRO, destacó “el fin de la industria del juicio” como “uno de los puntos más importantes de la discusión” de mañana en el recinto, porque “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no”, afirmó y argumentó: “Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de tres millones de pesos termina en trescientos millones de pesos”. “Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, aseguró.
Bullrich hizo una reseña rándom del proyecto, sin detenerse en los recortes de derechos denunciados por la oposición, como la eliminación del concepto de “ultraactividad, que estira la vigencia de los convenios colectivos, y lo relacionado a las vacaciones anuales, que con la nueva ley podrán fraccionarse fuera de los meses de verano.
Tampoco abundó en las concesiones y promesas que el gobierno hizo a los gobernadores a cambio del apoyo de sus senadores, en la reunión que mantuvo en las oficinas del bloque de la UCR en el Senado con varios de los parlamentarios que la acompañaron hoy en la rueda de prensa, como Goerling y Vischi, y los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; de la Renovación Neo, Carlos Arce; de La Neuquinidad, Julieta Corroza; de Provincias Unidas, Carlos Camau Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenci; de Independencia, Beatriz Ávila y de Primero Los Salteños, Flavia Royón.
A la salida de esa reunión, el correntino Vischi ya había adelantado que “un 95%” del texto para mañana estaba “acordado”.
La dirigente camporista de Eldorado y referente de Fuerza Patria en la tierra colorada, Cristina Brítez, reclamó a la dirigencia peronista “bajar al territorio” y trabajar por la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), condenada en la denominada causa Vialidad y con prisión domiciliaria desde hace ocho meses.
“El lawfare judicial de Cristina, esta situación tan exigente, en que hoy ella se encuentra en prisión domiciliaria, la permitimos nosotros cuando nos dividimos”, lanzó Brítez, en su intervención en un mitin en el Instituto Patria porteño, articulado por la dirigente de la agrupación Peronismo Militante, Aldana Rodríguez Golisano.
La dirigente eldoradense repasó su intervención en un reel de su cuenta de Instagram, en el que pareció aludir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, que se ve candidato natural del peronismo en 2027 y está enfrascado en una interna política por el PJ bonaerense con el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
“Antes de estar mirándo quién se pone el traje para ser candidato a presidente o lo que fuere -les dice una compañera de Misiones-: no necesitamos herederos que esperan su turno, necesitamos leales que pongan el cuerpo”, disparó y reclamó que “los dirigentes con peso, bajen al territorio, dejen las roscas de palacio y vayan a la calle”.
“A la proscripción (de CFK) se le gana con los leales, que no son los dirigentes; es la gente”, arremetió.
“Es hora de caminar las calles y dejar la especulación de palacio, hay que entender que la fuerza no es la de los cargos, sino de la gente que no se rinde y hoy sufre los despidos y el abandono”, reforzó, asimismo, Brítez en el texto que acompaña al video y remató: “La única herencia que defendemos es la de los derechos que nos dieron y hoy se están perdiendo”.
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