La Cámara de Diputados realizó hoy la primera de las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en una jornada marcada por la controversia en torno a las restricciones impuestas a la participación de los miles de inscriptos para la convocatoria.

El acceso al Congreso, minado de agentes de seguridad, que filtraban el ingreso de los expositores anotados, en función de una lista que nadie sabe quién confeccionó, fue un cuello de botella político para el gobierno, que terminó cruzado por denuncias de la oposición en la Justicia Federal porteña.

De los más de 100.000 inscriptos para las dos jornadas de la audiencia pública por el proyecto de la Casa Rosada, de habilitar parte del área protegida de los glaciares a la explotación minera y petrolera, pudieron ingresar 300.

Diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de impugnación contra la convocatoria, por “irregularidades” en la selección de expositores y exigieron la “revisión y adecuación” del procedimiento a estándares democráticos.

Igualmente, el oficialismo logró imponerse y la audiencia se llevó a cabo, en un clima accidentado que trajo, una y otra vez, los cuestionamientos por el método quirúrgico de selección de expositores civiles en la audiencia.

La indignación saltó enseguida a las redes, donde muchos de los inscriptos que no pudieron ingresar, entre profesionales, activistas ambientales, biólogos, trabajadores mineros; e incluso, varios diputados de la oposición, volvieron a cuestionar la validez de la convocatoria.

Negocios mineros

Finalmente, las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Legislación, cumplieron con la primera de las dos jornadas previstas para la discusión pública de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De la convocatoria de este miércoles, participaron los diputados misioneros, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El desarrollo de la reunión tuvo cruces fuertes, como el de Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció durante su exposición que mañana estará presentando una denuncia en Comodoro PY contra la senadora salteña Flavia Royón, por incompatibilidad en la función pública, ya que votó a favor de la nueva ley de Glaciares y tiene una consultora sobre minería.

“¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”, preguntó Viale al recinto.

“Flavia Royón tiene una consultora que asesora a Río Tinto, que es una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciado penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”, anunció Viale, y miró al legislador libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.

“¿Usted no tiene relación con proveedores mineros? La gente de su partido, ¿No tuvo una reunión hace poco con un proveedor minero? ¿Cuántos diputados hay así, cuántos diputados son proveedores mineros?”, lanzó.

“La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”, arremetió Viale.

El abogado Enrique Viale aseguró que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública, al votar a favor de modificar la ley de Glaciares y tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto.https://t.co/zmWGSNB20U pic.twitter.com/vMrDr6YiU4

— Diagonales (@diagonalesweb) March 25, 2026

Fue una de las intervenciones más encendidas de la jornada, que arrancó al mediodía y se extendió hasta las 19:00 horas, junto con las exposiciones de Bruno Giambelluca, de Greenpeace; la ex diputada Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares; Marcelo Arteaga, trabajador petrolero y opositor al proyecto; y el Nobel de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel.

“La reforma busca borrar de un plumazo la protección de la zona periglaciar, permitiendo la destrucción de reservas de agua dulce que son críticas ante el cambio climático”, afirmó Giambelluca y disparó: “La historia los juzgará como los que remataron el agua de los argentinos”. Hubo aplausos y llamados al orden de los presidentes de comisión.

Maffei dijo que la modificación propuesta por el gobierno “omite los recaudos legales”, tachó de farsa la convocatoria y aclaró: “Mi participación no convalida esta aberración”.

“Hoy, el litro de agua cuesta más que el combustible”, tiró Arteaga y vaticinó: “El pueblo no va a tener para comprar agua mineral”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”, señaló Pérez Esquivel y pidió “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”.

“Por presión del Gobierno de Estados Unidos se quiere ingresar empresas a imponer esta ley de Glaciares”

Adolfo Pérez Esquivel señaló que se debe “encontrar un equilibrio de las necesidades del ser humano con el desarrollo que necesitan los pueblos para su vida”. pic.twitter.com/0XFzpVBomQ

— Corta (@somoscorta) March 25, 2026

Los riesgos de contaminación de las fuentes de agua potable de las regiones protegidas por la ley sancionada en 2009, es el centro de los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas y vecinales de las provincias afectadas, y de la oposición política kirchnerista y de izquierda.

Legisladores como Juan Grabois, Nicolás Del Caño, Cristian Castillo, Myriam Bregman, Sabrina Selva, Gabriela Estévez, Lucía Campora, María Inés Zirgaran, Adriana cristina Serquis y Maximiliano Ferraro, entre otros, fueron los que llevaron la voz cantante contra el proyecto.

Eco terroristas y máquinas

El oficialismo tiene como espadas a los diputados Guillermo Mosso y Nicolás Mayoraz, que este miércoles jugaron fuerte, en el límite del Reglamento de la Cámara.

Mosso fue la voz más combativa que se escuchó hoy a favor de la reforma. Al llegar al Congreso tuvo un cruce con los manifestantes, la mayoría expositores que quedaron afuera, y luego, en su discurso en la audiencia, tildó de “eco-terroristas” y “máquinas de impedir” a quienes se oponen a la minería.

Dijo que Argentina “necesita divisas de forma urgente” y que los glaciares “no se tocan”, pero que el área periglaciar, que el proyecto mileísta libera de protección, es “tierra productiva desperdiciada”.

Mayoraz cambió la retórica por la acción, e impuso límites de cinco minutos por orador, cortó micrófonos varias veces, cruzó los reclamos con insultos, y puso, por momentos, la sesión al borde de la disolución.

El gobierno sumó voces, como la UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), y de la CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La discusión sobre glaciares está cargada de exageraciones. No está en juego el agua que consumen las personas ni están en peligro los sistemas hídricos. En la cordillera, los ríos dependen principalmente de la nieve; en casi todo el país, de las lluvias. 2/5

— Guillermo Mosso (@guillemosso) March 25, 2026

Los argumentos se centraron en ecuaciones económicas y en “la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones”. Hubo abucheos cuando afirmaron que la actividad minera actual tiene estándares que “conviven armoniosamente” con el medio ambiente.

Por Misiones no habló ninguno de los legisladores nacionales de la tierra colorada que integran las comisiones involucradas en la discusión del proyecto: Ruiz y Bianchetti, por Legislación; y Arrúa, por Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Los tres ya adelantaron públicamente que votarán por el proyecto que ya tuvo media sanción el Senado, con los votos de los tres parlamentarios misioneros, Omar Arce y Sonia Rojas Decut, de la Renovación Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones.

El peronista Arrúa opinó en los medios locales que la reforma de la Ley de Glaciares “protege el medio ambiente”. En el mismo sentido se despacharon Rojas Decut y Goerling, justificando su voto por un proyecto que, según organizaciones ambientalistas de Misiones y de otras provincias que no tienen glaciares, abre la puerta para la desregulación de normativas como la Ley de Humedales y la Ley de Bosques, que protege la selva misionera.

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Con consignas como “no representa al pueblo”, “el voto merece respeto” y “paz social para Caraguatay”, vecinos y vecinas de la localidad se movilizaron esta tarde frente a la Municipalidad, en una convocatoria que combinó la conmemoración por los 50 años del golpe militar con un reclamo directo contra la intendenta interina, Norma Gularte (LLA).

Hace poco más de una semana, la funcionaria asumió el Ejecutivo local luego de que el intendente Mario Peyer solicitara licencia, tras ser denunciado por una trabajadora del Honorable Concejo Deliberante (HCD) por abuso sexual. En ese contexto, la jornada estuvo atravesada tanto por la memoria histórica como por el malestar social frente a las decisiones adoptadas por la actual gestión.

“Se hizo un acto por la fecha y aprovechando eso también se manifestó el desacuerdo del pueblo hacia la intendenta interina, que actúa de una forma violenta con la gente, despidiendo trabajadores y maltratando a otros empleados, tomándose atribuciones que el pueblo cree que no le corresponde”, expuso una vecina de Caraguatay que participó de la movilización, en diálogo con La Voz de Misiones.

En esa misma línea, la mujer estableció un paralelismo entre el hecho histórico recordado y la situación actual del municipio: “Hace 50 años con la dictadura el municipio de Caraguatay pierde su autonomía y pasa a depender de Montecarlo, y casualmente estamos pasando un momento tan difícil, complejo, como sociedad sentimos que es la misma situación. La movilización fue recordando esa fecha tan trágica y lo que estamos pasando ahora”.

Por su parte, la docente local Rosa Benítez dijo a LVM que entre los manifestantes se encontraban trabajadores municipales recientemente desplazados de sus funciones. Según precisó, días atrás la gestión de Gularte notificó a varios funcionarios y empleados que no continuarían prestando servicios, entre ellos Nancy Lezcano, quien se desempeñaba como secretaria de Acción Social, y Francisco Duarte, ex secretario de Hacienda.

La comunidad se expresó en contra de la gestión de Gularte.

“Repudiamos lo que está haciendo. Estamos muy dolidos por lo que está sucediendo en nuestro municipio, sabiendo de que ella no fue elegida por el pueblo, es un atropello a la institución lo que está haciendo“, apuntó la docente.

La situación institucional en Caraguatay se da en un contexto de tensión tras la salida del intendente Peyer, mientras avanza la investigación judicial en su contra. En ese escenario, las decisiones administrativas adoptadas por Gularte y los cambios en el gabinete generaron malestar en distintos sectores de la comunidad, que esta tarde se expresó públicamente en las calles.

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A cada paso, un silencio. Un desaparecido al que solo le quedaba su espacio vacío. A cada grito de “¡Presente!”, un nombre más que se trenzaba en la memoria colectiva. A 50 años del golpe militar, en Posadas una gran cantidad de personas que conforman organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, volvió a salir a las calles para recordar y exigir memoria, verdad y justicia en cada sitio que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD). Porque en cada lugar donde hoy se hizo memoria, siguen vivas las historias de los misioneros que aún gritan: NUNCA MÁS.

Encabezando la marcha, una pancarta con los 75 rostros de desaparecidos. Algunos con nombre y apellido; otros, apenas una silueta con un signo de pregunta. El recorrido comenzó en la Jefatura de Policía, donde se realizó la primera parada, y continuó por la Facultad de Humanidades. Luego, la columna se detuvo frente a la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), siguió hasta la antigua Cárcel de Posadas -hoy CEP 4-, pasó por el destacamento de Inteligencia del Ejército, continuó hacia Gendarmería Nacional y culminó en la sede administrativa del Ejército. Desde allí, la movilización -que ya superaba una cuadra- avanzó hasta la plaza 9 de Julio, donde se dio inicio al acto central.

La concentración había comenzado en la intersección de las avenidas Mitre y Buenos Aires. Entre banderas de organizaciones sociales, se mezclaban los pañuelos blancos, remeras con consignas como “El amor vence al odio”, “Nunca Más” y el reivindicado “30.000”. Los pañuelos, bordados y adornados con flores, recordaban que este día remite a uno de los capítulos más duros y oscuros de la historia argentina, pero también que quienes marchan lo hacen con una consigna cargada de amor.

Se estima que en Misiones hubo unos 600 presos políticos, de los 60 permanecen desaparecidos.

La primera parada fue frente a la Jefatura de Policía de la Provincia, sobre calle Buenos Aires. En la fachada, la placa que recuerda: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”. Sobre esa misma vereda -por la que muchos desaparecidos habrán dado sus últimos pasos en libertad- hoy caminaron familiares, militantes y vecinos que gritaron “presente” por quienes padecieron los crímenes más atroces. Crímenes que aún parecen resonar en las paredes, en los edificios y en la memoria de quienes viven alrededor.

La movilización continuó por calle Tucumán y pasó frente a la Facultad de Humanidades, donde se recordó a Juan Figueredo, “El Negro”, el único diputado provincial desaparecido en Misiones durante la dictadura militar.

A pocas cuadras, la multitud realizó su segunda parada frente a una unidad policial aún en funcionamiento. La fachada, deshabitada, se mostraba con una atmósfera sombría. Cada paso, cada calle, cada nube de un día gris contrastaban con el blanco de los pañuelos, los colores de las flores bordadas y las fotos de quienes acompañaban la procesión en cada invocación del “Nunca Más”.

La tercera parada fue en la puerta del CEP 4, la ex Cárcel de Posadas. Un espacio que hoy transitan adolescentes, donde estudian, ríen y comparten, pero que hace 50 años fue un lugar de tortura. Allí estuvieron detenidas mujeres y hombres, también niñas y niños de la misma edad que hoy asisten a clases. En la fachada, otra placa recuerda lo ocurrido durante uno de los períodos más trágicos del país.

Durante la marcha hubo pintadas en todos los lugares que funcionaron como CCD.

El cuarto punto fue el destacamento de Inteligencia Nº 4 del Ejército. Allí, la pancarta con los 75 rostros se colocó al frente y, a través del micrófono, se volvió a nombrar a los desaparecidos. En la esquina, un cartel negro con la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” acompañaba la escena. Entre quienes sostenían la bandera estaba Mario Coutouné, perseguido y detenido durante la última dictadura. Su hermano, Ricardo Horacio Coutouné, fue sobreviviente de la represión ilegal y testigo en los juicios de lesa humanidad en Misiones.

Entre los marchantes también se encontraban Graciela Franzen, ex presa política y hermana de Arturo Franzen, uno de los cuatro misioneros asesinados en la Masacre de Margarita Belén, y María Josefa “Pepa” Estevez, quien también fue una detenida política, entre otros.

El recorrido siguió por calle San Martín hasta la sede de Gendarmería Nacional. No pasó desapercibido un detalle cargado de simbolismo: en la esquina de San Martín y San Lorenzo, un Ford Falcon verde permanecía estacionado. El vehículo, para esta fecha, se vuelve un emblema en el imaginario colectivo de los horrores de aquella época.

Un Ford Falcon apareció estacionado en medio del recorrido de la marcha.

Luego, la columna avanzó hacia las oficinas administrativas del Ejército Argentino. Allí, nuevamente, se realizaron pintadas: pañuelos blancos, el “30 MIL” y el “Nunca Más” quedaron impresos en la fachada.

Finalizado el circuito por los centros de detención, la multitud confluyó en la plaza 9 de Julio. Allí comenzó el acto central, con la lectura de un documento por parte de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Luego, el micrófono quedó abierto al público. Hubo presentaciones de bandas, percusión y representaciones teatrales. Mientras tanto, un grupo de militantes pintaba un gran pañuelo blanco frente a la Casa de Gobierno.

Un año más, Posadas volvió a alzar la voz. Para no olvidar. Para sostener la memoria. Porque los 30.000 desaparecidos siguen estando presentes.

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