Política
Acusan a Arrúa y Comparín de enviar indigentes a ocupar el PJ Misiones
En el PJ Misiones continúa la guerra de comunicados y declaraciones de la conducción provincial, encarnada por el diputado nacional Alberto Arrúa y la dirigente Myriam Comparín, y los interventores designados por el Consejo Nacional del partido, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), sin que hasta ahora pueda visualizarse una resolución de la situación partidaria.
Este martes, los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, hicieron público el tercer comunicado desde que fueron puestos a cargo del partido en la provincia, donde desautorizan a Arrúa, Comparín, y al abogado Martín Kornuta, a actuar y hablar en representación del PJ Misiones, y los acusan de permitir a una familia de indigentes alojarse en la sede partidaria, como una manera de impedir el cumplimiento de la orden judicial que los obliga a entregar el edificio de la avenida López y Planes libre de ocupantes.
Esta tarde, La Voz de Misiones constató que la sede partidaria permanece cerrada al público, aunque observó movimientos en su interior y la existencia de ropa colgada en el balcón del primer piso.
Libertarios
En primer término, el comunicado reafirma que “el PJ de Misiones se encuentra intervenido por decisión del Consejo Nacional del Partido, con el aval de la Justicia Electoral a partir de diversas denuncias realizadas por grupos de afiliadas y afiliados”.
En el segundo párrafo, los interventores apuntan al abogado Kornuta, quien, en declaraciones periodísticas, la semana pasada, había asegurado que el partido participará de las elecciones del 8 de junio en las listas del oficialismo provincial.
“El mandato del ex apoderado Martín Kornuta cesó con la intervención, por lo que sus declaraciones carecen de cualquier legitimidad de origen y validez institucional”, señalan. “Hace tiempo, además, que Kornuta hace y dice lo que le mandan, por lo que carece también de legitimidad en ejercicio”, sostienen.
“Desconocemos también las manifestaciones de Myriam Comparín y Alberto Arrúa, ex autoridades partidarias devenidos en voceros del espacio político conducido por los hermanos Javier y Karina Milei”, continúa el comunicado y agrega: “Por otro lado, han sido denunciados ante la Justicia por apropiación indebida y entorpecimiento de la tarea normalizadora”.
“Su pertenencia y sumisión a los intereses de LLA (La Libertad Avanza) -totalmente probada por los inexplicables votos de Arrúa en la Cámara de Diputados- hace que se les desconozca toda autoridad partidaria”, afirma el documento.
“Cualquier afirmación sobre posicionamientos políticos que incluyen la integración de supuestas alianzas electorales por parte de afiliados o dirigentes responde a conjeturas o intereses individuales y no representa al Partido Justicialista de Misiones, que en tiempo y forma resolverá su participación en las elecciones, preservando sus postulados doctrinarios de acompañar a los y las trabajadores y trabajadoras, la industria nacional, las economías regionales, a nuestros jubilados y jubiladas, a la salud pública, al federalismo y al desarrollo de nuestras comunidades”, indica.
Ocupas
“Denunciamos el acto inhumano de quienes fueron responsables de propiciar el ingreso a la sede del PJ de una familia en situación de calle, con el único fin de impedir el cumplimiento del mandato judicial de hacer entrega del inmueble libre de ocupantes”, acusan los interventores.
Según sostienen, permitir la ocupación del edificio fue “una muestra de autoritarismo, necedad y egoísmo que merece el repudio de la sociedad y el mayor castigo de la Justicia”.
En tal sentido, Arrieta y Rodríguez, informan que están “trabajando con el objetivo de encarrilar y normalizar la vida institucional del PJ misionero, su recuperación por parte de los afiliados y afiliadas, y garantizar la participación en las próximas elecciones”.
Por último, responsabilizan a Arrúa y Comparín de “hechos y circunstancias reñidos con la legalidad y la representación”, y aseguran que, “en los próximos días”, darán a conocer “el cronograma de actividades para la normalización partidaria y avanzar como fuerza política en la construcción de una nueva centralidad que le devuelva al Partido Justicialista el protagonismo que nunca debió perder”.
PJ MISIONES 003
La diputada nacional del Frente Renovador Neo, Yamila Ruiz, fue elegida este martes como vicepresidenta segunda de la Comisión del Mercosur, de la Cámara de Diputados de la Nación, que revisará esta semana el reciente acuerdo del bloque con la Unión Europea.
La legisladora misionera informó de la noticia en su cuenta de Instagram, donde acostumbra a difundir sus actividades políticas y legislativas.
“Hoy tuve el honor de ser elegida por mis pares como Vicepresidenta Segunda de la Comisión del Mercosur”, escribió Ruiz.
“Asumo este compromiso con responsabilidad y convicción, para seguir trabajando por la integración regional y el fortalecimiento de nuestros lazos parlamentarios”, agregó y cerró la publicación felicitando a su colega porteño del PRO, Damián Arabia, designado como presidente.
Esta es la segunda comisión legislativa integrada por la diputada de la Renovación Neo, que también ejerce como vocal en el área de Asuntos Constitucionales.
La Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación es un órgano asesor permanente encargado de analizar, estudiar y emitir dictámenes sobre proyectos de ley relacionados con la integración regional, el comercio intrabloque y las políticas comerciales comunes con terceros países.
En estos primeros meses del año, analizará la ratificación del reciente acuerdo Mercosur – Unión Europea, firmado en Asunción, Paraguay, el 17 de enero pasado, luego de más de 25 años de negociaciones que tuvieron como principal articulador al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien, sin embargo, no participó del acto en la capital paraguaya.
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El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, se incorporó este martes a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados de la Nación, que discutirá mañana el dictamen del proyecto de ley de reforma penal juvenil.
El legislador misionero fue designado para integrar la comisión por el interbloque de Innovación Federal, que la Renovación Neo conforma con tres diputados salteños.
Justicia, que preside el libertario mendocino Álvaro Martínez, es una de las comisiones que debatirá el texto del proyecto que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad y reduce a 15 años la pena máxima para personas menores de edad.
“La idea es conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente de La Libertad Avanza (LLA) citada por el portal de noticias Infobae.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11:00 horas, y además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves, también a las 11:00 horas.
Flanqueada por el senador del PRO Misiones, Martín Goerling Lara, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, presentó hace minutos la versión final del proyecto de reforma laboral del gobierno, que se tratará mañana en la Cámara alta.
En una conferencia de prensa, la ex ministra de Seguridad compareció arropada, entre otros, por el senador radical peluca correntino Eduardo Vischi y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ezequiel Atauche, y aseguró que el dictamen final de la reforma laboral fue acordado con 44 senadores del PRO, la Unión Cívica Radical, y varios espacios provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo.
“Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo”, dijo Bullrich y afirmó: “El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”.
La ex dirigente del PRO, destacó “el fin de la industria del juicio” como “uno de los puntos más importantes de la discusión” de mañana en el recinto, porque “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no”, afirmó y argumentó: “Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de tres millones de pesos termina en trescientos millones de pesos”. “Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, aseguró.
Bullrich hizo una reseña rándom del proyecto, sin detenerse en los recortes de derechos denunciados por la oposición, como la eliminación del concepto de “ultraactividad, que estira la vigencia de los convenios colectivos, y lo relacionado a las vacaciones anuales, que con la nueva ley podrán fraccionarse fuera de los meses de verano.
Tampoco abundó en las concesiones y promesas que el gobierno hizo a los gobernadores a cambio del apoyo de sus senadores, en la reunión que mantuvo en las oficinas del bloque de la UCR en el Senado con varios de los parlamentarios que la acompañaron hoy en la rueda de prensa, como Goerling y Vischi, y los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; de la Renovación Neo, Carlos Arce; de La Neuquinidad, Julieta Corroza; de Provincias Unidas, Carlos Camau Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenci; de Independencia, Beatriz Ávila y de Primero Los Salteños, Flavia Royón.
A la salida de esa reunión, el correntino Vischi ya había adelantado que “un 95%” del texto para mañana estaba “acordado”.
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