Política
Absuelven a militar por la desaparición de un obrero y ordenan investigar a Navajas Artaza
CORRIENTES y POSADAS. La justicia federal de Corrientes absolvió al coronel Héctor Torres Queirel en la causa por la desaparición del obrero Marcelo Peralta durante la dictadura cívico militar, pero ordenó que se investigue al empresario Adolfo Navajas Artaza.
Torres Queirel, quien cumplía funciones de interventor en la localidad de Gobernador Virasoro a mediados de 1977, era el único imputado en la causa ya que Navajas Artaza, ex ministro del gobierno de facto había sido sobreseído a pesar de los hechos ocurridos en su propiedad.
A la vez, el militar era administrador de la estancia yerbatera María Aleida, donde fue secuestrado, el 29 de julio de 1977, el delegado de Fatre (hoy Uatre) Marcelo Peralta, víctima de la causa.
En el fallo absolutorio de Torres Queirel, los jueces aceptaron remitir los testimonios y las nuevas pruebas que vinculen a Adolfo Navajas Artaza, quien había sido apartado de esta causa en la instrucción, para que se investigue su posible complicidad.
El juicio comenzó el pasado 2 de julio en Gobernador Virasoro, escenario de la cruel represión de los obreros rurales en una acción cómplice entre empresarios, fuerzas de seguridad y Armadas, característica de los tiempos de la última dictadura.
En el juicio surgieron denuncias de familiares y testigos de las víctimas con respecto a un permanente acoso de los magistrados para que se evitara mencionar cualquier posible responsabilidad de Navajas Artaza, en sospechosas actitudes que además incluyeron una visita privada al acusado.
El diario Tiempo Argentino cita en su edición las declaraciones de Noemí Acuña, familiar de víctimas de la dictadura en Gobernador Virasoro, quien señaló: “Es un golpe que lo hayan sobreseído absolutamente. Esperábamos aunque sea una responsabilidad compartida”.
La mujer añadió que “lo que está haciendo el juez con esto es negar la represión en Virasoro, porque Torres Queirel era junto con los empresarios parte del esquema de represión” en la zona, donde además de Peralta desapareció Neri Pérez y otros 22 trabajadores rurales fueron secuestrados y torturados.
Pero “no nos sorprende este veredicto porque es el producto de un andamiaje para ocultar estos delitos, porque recordemos que 19 jueces se excusaron de investiga esta causa para no investigar a Navajas Artaza y el que aceptó lo primero que hizo fue sobreseerlo sin interrogarlo”, se quejó Acuña.
El fiscal del caso, Flavio Ferrini, en su alegato había solicitado una condena de seis años de prisión para Torres Queirel y que se investigara a Navajas Artaza por su responsabilidad en los otros hechos ventilados en durante el debate.
Al sobreseer al primero, jueces dispusieron con respecto al segundo: “poner a disposición del ministerio público fiscal las piezas pertinentes a los fines preceptuados por el artículo 120 de la Constitución y 5 del Código Procesal Penal conforme lo peticionado”. En concreto, le enviaron las actuaciones a Ferrini para que investigue a Navajas Artaza.
El diario señaló además que el veredicto fue leído ayer en una sala de audiencias con poco público debido a las restricciones impuestas por el tribunal. Al finalizar la lectura, el fiscal Ferrini dijo a la prensa que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que se conozcan los fundamentos, el próximo 6 de septiembre.
Política
Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
Política
La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.
La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.
“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.
De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.
En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
FOTO: EL TERRITORIO
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
Política
El Concejo de Caraguatay sesiona esta tarde para tratar el caso Peyer
El Concejo Deliberante de Caraguatay convocó una sesión extraordinaria este viernes a la tarde para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, quien esta misma mañana avisó que presentará un pedido de licencia en el cargo para ponerse a disposición de la Justicia, tal como lo había exigido el gobernador Hugo Passalacqua.
La convocatoria fue realizada por la concejal Norma Gularte y la sesión está prevista para las 18 de hoy.
“Todo se resolverá hoy. Nosotros tuvimos la primera sesión el miércoles a la noche, pero esto es como se desbordó totalmente. Hoy sí se tomarán las medidas correspondientes”, anticipó Gularte, aunque sin ahondar en detalles, en conversación telefónica con Radio República.
Gularte también adelantó que ella es la primera en la línea sucesoria, por lo cual ante cualquier medida que se tome contra Peyer el cargo le correspondería provisoriamente.
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