Policiales
Viudas negras sin identificar le robaron a empresario 70 mil dólares
Una doble cita privada para hablar de negocios se convirtió en uno de los robos más audaces de los últimos tiempos con un botín en efectivo, relojes de alta gama y un auto. El fiscal Edgardo Orfila investiga el caso.
CAPITAL FEDERAL. Gino, de 50 años, empresario y dueño de una importante firma gastronómica, recuperó la conciencia recién a las 11 de la mañana del lunes. Estaba sentado en el sillón principal de su departamento de Recoleta, desnudó y mareado. No recordaba cómo había llegado a esa situación. Al lado suyo una caja de preservativos sin abrir, un juguete sexual. Ninguna de las dos cosas, según él, le pertenecían. Buscó su celular para llamar a un amigo pero no lo encontró.
Con el correr de los minutos empezaron a aparecer imágenes difusas en su mente: dos mujeres que no reconocía, una copa de champán y nada más. Cuando fue a mojarse la cara notó que uno de los armarios de su habitación estaba roto. Adentro las cajas vacías de dos relojes de 15 mil dólares cada uno de marcas exclusivas como Rolex y Hublot. Tampoco estaban los 30 mil dólares en efectivo que tenía guardados bajo llave en su vestidor, los 250 mil pesos en un armario, los tres mil dólares que guardaba en su billetera ni las llaves de su auto, o su iPhone 11 con rastreo satelital.
Con el tiempo, el empresario entendió: había sido el blanco de un nuevo ataque de viudas negras en pleno corazón de uno de los barrios más caros de la Capital. El empresario hizo la denuncia en una comisaría de la Policía de la Ciudad, con una causa a cargo del fiscal Edgardo Orfila. La Justicia no pudo encontrar aun a las dos acusadas y hasta sospecha de una tercera mujer que sería la entregadora.
“Todo comenzó un mes antes del robo. Yo tengo una empresa importante de eventos y me escribe a mi WhatsApp una mujer llamada ‘Mica’. La chica me dice que me conocía por distintas referencias, aunque nunca me especificó cuáles, y me comentó que estaba organizando un evento para enero de 2021. Ahí comenzamos a charlar aunque siempre en el plano laboral. Fue el comienzo del engaño que me hicieron”, dice a Infobae la víctima, que pidió el resguardo de su identidad. La oferta fue clara, hasta le pidieron presupuesto para el evento, que tendría, en cálculos de “Mica”, unos 400 asistentes.
Según le contó el empresario al fiscal Orfila, la mujer le había dicho que vivía en Villa del Parque junto a una amiga llamada “Maru” con quien estaba pasando la cuarentena. El empresario intentó citar a la mujer en la sede de la empresa para arreglar los términos de la contratación del catering pero ella siempre se negó esgrimiendo como excusa la imposibilidad de cruzar de capital a provincia, ya que la empresa queda en La Tablada.
“En el transcurso de los días empezamos a charlar de distintas cosas, a generar una confianza. Hacíamos videollamadas a la noche y ella me contaba cómo iba su día. Ahora me doy cuenta que estaba tratando de seducirme para robarme. Permanentemente me invitaba a la casa, me decía que fuera a tomar algo que estaba sola con su amiga, pero siempre me negué por miedo, ya que no las conocía”, aclara G. con la vergüenza lógica del caso.
Luego de un mes de conversaciones telefónicas y mensajes en las que los temas de conversación iban entre la seducción y el supuesto futuro evento, G. decidió invitar a las dos mujeres a su departamento para, según sus propias palabras, “terminar de cerrar el negocio, ya que me pareció que podía ser un buen ingreso para la empresa en este momento tan difícil que estamos viviendo. Ni yo quería ir a su casa ni ellas a la empresa, entonces me pareció un buen lugar de encuentro mi departamento. Ante la falta de trabajo de hoy en día concretar algo así nos venía muy bien”.
Pautaron día y hora para el encuentro. G. habló con su empleado y mano derecha, para que pasara a buscar a las dos invitadas. “Mica” le pasó la dirección de un edificio en la calle Baigorria. Ese mismo día, unos minutos antes de la hora arreglada las mujeres avisaron que se habían demorado y que iban a estar listas recién para las 21.30. Al empleado le llamó la atención que no las vio salir del edificio sino que venían caminando desde la otra esquina. “Es que tuvimos que ir a dejarle algo a mi abuela acá a la vuelta”, se justificaron.
“Habrán llegado a mi casa un poco después de las 22. Subieron ellas dos y mi empleado. No estaban vestidas provocativas ni nada. Tenían unas botas, Jean y un suéter. Yo estaba tomando champán pero ellas me pidieron que les sirviera gaseosa. Comenzamos a charlar normalmente. En un momento mi empleado recibe un llamado de la esposa porque se había hecho tarde, yo me acerco a decirle que se fuera, que no había problema. Ahí les dimos los dos la espalda. Fue el gran error porque creo que fue cuando aprovecharon a ponerme la droga en la copa”, hace memoria el empresario, tratando de recordar algo que aparece borroso en su mente.
G. se quedó solo con las dos mujeres. Lo último que recuerda es estar sentado en el sillón y ver la cara de las dos a través de la copa dando el último sorbo antes de perder la conciencia. Según la reconstrucción horaria, eso se habría dado cerca de las 23. 12 horas después el empresario despertaría.
La víctima aseguró ante la policía que estaba vestido al momento de desvanecerse, sin embargo cuando se despertó estaba completamente desnudo. El departamento no estaba revuelto. Estaba todo en perfecto orden. Las ladronas fueron directamente adonde se guardaban los elementos de más valor. Además, se pudo determinar más tarde, las copas habían sido lavadas al igual que los picaportes.
La víctima fue atendida en el Sanatorio Otamendi ese mismo 25 de mayo en el que despertó inconsciente. Los estudios de orina que se le realizaron dieron como resultado que fue drogado con una benzodiazepina común, como, por ejemplo, clonazepam: “Según me dijeron los médicos fue tanta la cantidad que me podrían haber matado si tenía algún problema cardíaco”, aseguró.
Sobre el final de su declaración en la justicia, G. aportó un dato que puede ayudar a entender por qué las dos ladronas no necesitaron revolver el departamento y apuntaron directamente a donde estaban los objetos de valor. “Creo que una ex empleada mía tuvo algo que ver. Era la única que había tenido la oportunidad de ir en algún momento a mi casa. Ella conocía los lugares donde estaban las cosas caras. La eché de la empresa hace algunos meses y terminamos en muy malos términos”, aseguró.
El abogado de la víctima, Andrés Rabinovich, ya solicitó que se sume a la investigación la división especializada en defraudaciones y estafas de la Policía de la Ciudad. Además solicitó que la investigación sea calificada como un hurto en concurso real con tentativa de homicidio: la pastilla en el champán lo podría haber matado.
Por el momento el fiscal no llamó a declarar aún a la mujer señalada por el empresario como la entregadora. Está esperando recabar más información para, eventualmente, realizar una imputación.
Una de las pruebas más importantes con las que cuenta la Justicia son las cámaras de seguridad de la puerta del edificio y de las calles cercanas en las cuales se movieron las mujeres después del robo. Mientras tanto, las dos acusadas no fueron ni ubicadas ni identificadas. Solo se conocen sus caras, en sus fotos de perfil de WhatsApp.
Infobae
Judiciales
Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.

La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.

El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena
Policiales
Peatón falleció tras ser atropellado por un auto sobre ruta 12 en Jardín América
En la madrugada de este lunes, un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 66 años, circulaba en sentido Iguazú–Posadas cuando embistió a un peatón, provocando su muerte sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1441, en jurisdicción de la ciudad de Jardín América.
La víctima fue identificada como Hugo Orlando Villar (60), quien se encontraba domiciliado en Colonia Primavera. Al momento del impacto quedó sobre la banquina, sin obstruir la circulación vehicular.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Jardín América, dependiente de la Unidad Regional IX.
Por disposición judicial, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado y practicaron los exámenes de dosaje sanguíneo tanto al conductor como a la víctima
Por estas horas realizan las averiguaciones correspondientes a fin de establecer la identidad del fallecido y los motivos que desencadenaron el fatal desenlace.
Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a un familiar para velatorio y posterior inhumación.
Identificaron al peatón que murió atropellado sobre avenida Quaranta
Policiales
Un hombre en una moto brasileña chocó y murió sobre la avenida Quaranta
Un hombre que conducía una motocicleta con dominio brasileño y cuya identidad aún no fue establecida falleció esta tarde en un accidente de tránsito protagonizado contra un automóvil sobre la avenida Quaranta de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 16.50, en Quaranta y avenida Zapiola, en jurisdicción de la comisaría Decimoctava, dependiente de la Unidad Regional X.
En ese sitio, por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Prisma conducido por Fabián Guillermo E. y una motocicleta BMW GS, patente brasileña, guiada por un hombre cuya identidad aún se desconoce.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que el conductor del auto fue trasladado al hospital Madariaga para recibir la atención médica correspondiente.
En el lugar trabajó el personal de la comisaría jurisdiccional y los agentes especializados de la División Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar posibles responsabilidades.

El auto era conducido por Fabián Guillermo E., quien fue llevado al hospital.
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