Policiales
Viudas negras sin identificar le robaron a empresario 70 mil dólares
Una doble cita privada para hablar de negocios se convirtió en uno de los robos más audaces de los últimos tiempos con un botín en efectivo, relojes de alta gama y un auto. El fiscal Edgardo Orfila investiga el caso.
CAPITAL FEDERAL. Gino, de 50 años, empresario y dueño de una importante firma gastronómica, recuperó la conciencia recién a las 11 de la mañana del lunes. Estaba sentado en el sillón principal de su departamento de Recoleta, desnudó y mareado. No recordaba cómo había llegado a esa situación. Al lado suyo una caja de preservativos sin abrir, un juguete sexual. Ninguna de las dos cosas, según él, le pertenecían. Buscó su celular para llamar a un amigo pero no lo encontró.
Con el correr de los minutos empezaron a aparecer imágenes difusas en su mente: dos mujeres que no reconocía, una copa de champán y nada más. Cuando fue a mojarse la cara notó que uno de los armarios de su habitación estaba roto. Adentro las cajas vacías de dos relojes de 15 mil dólares cada uno de marcas exclusivas como Rolex y Hublot. Tampoco estaban los 30 mil dólares en efectivo que tenía guardados bajo llave en su vestidor, los 250 mil pesos en un armario, los tres mil dólares que guardaba en su billetera ni las llaves de su auto, o su iPhone 11 con rastreo satelital.
Con el tiempo, el empresario entendió: había sido el blanco de un nuevo ataque de viudas negras en pleno corazón de uno de los barrios más caros de la Capital. El empresario hizo la denuncia en una comisaría de la Policía de la Ciudad, con una causa a cargo del fiscal Edgardo Orfila. La Justicia no pudo encontrar aun a las dos acusadas y hasta sospecha de una tercera mujer que sería la entregadora.
“Todo comenzó un mes antes del robo. Yo tengo una empresa importante de eventos y me escribe a mi WhatsApp una mujer llamada ‘Mica’. La chica me dice que me conocía por distintas referencias, aunque nunca me especificó cuáles, y me comentó que estaba organizando un evento para enero de 2021. Ahí comenzamos a charlar aunque siempre en el plano laboral. Fue el comienzo del engaño que me hicieron”, dice a Infobae la víctima, que pidió el resguardo de su identidad. La oferta fue clara, hasta le pidieron presupuesto para el evento, que tendría, en cálculos de “Mica”, unos 400 asistentes.
Según le contó el empresario al fiscal Orfila, la mujer le había dicho que vivía en Villa del Parque junto a una amiga llamada “Maru” con quien estaba pasando la cuarentena. El empresario intentó citar a la mujer en la sede de la empresa para arreglar los términos de la contratación del catering pero ella siempre se negó esgrimiendo como excusa la imposibilidad de cruzar de capital a provincia, ya que la empresa queda en La Tablada.
“En el transcurso de los días empezamos a charlar de distintas cosas, a generar una confianza. Hacíamos videollamadas a la noche y ella me contaba cómo iba su día. Ahora me doy cuenta que estaba tratando de seducirme para robarme. Permanentemente me invitaba a la casa, me decía que fuera a tomar algo que estaba sola con su amiga, pero siempre me negué por miedo, ya que no las conocía”, aclara G. con la vergüenza lógica del caso.
Luego de un mes de conversaciones telefónicas y mensajes en las que los temas de conversación iban entre la seducción y el supuesto futuro evento, G. decidió invitar a las dos mujeres a su departamento para, según sus propias palabras, “terminar de cerrar el negocio, ya que me pareció que podía ser un buen ingreso para la empresa en este momento tan difícil que estamos viviendo. Ni yo quería ir a su casa ni ellas a la empresa, entonces me pareció un buen lugar de encuentro mi departamento. Ante la falta de trabajo de hoy en día concretar algo así nos venía muy bien”.
Pautaron día y hora para el encuentro. G. habló con su empleado y mano derecha, para que pasara a buscar a las dos invitadas. “Mica” le pasó la dirección de un edificio en la calle Baigorria. Ese mismo día, unos minutos antes de la hora arreglada las mujeres avisaron que se habían demorado y que iban a estar listas recién para las 21.30. Al empleado le llamó la atención que no las vio salir del edificio sino que venían caminando desde la otra esquina. “Es que tuvimos que ir a dejarle algo a mi abuela acá a la vuelta”, se justificaron.
“Habrán llegado a mi casa un poco después de las 22. Subieron ellas dos y mi empleado. No estaban vestidas provocativas ni nada. Tenían unas botas, Jean y un suéter. Yo estaba tomando champán pero ellas me pidieron que les sirviera gaseosa. Comenzamos a charlar normalmente. En un momento mi empleado recibe un llamado de la esposa porque se había hecho tarde, yo me acerco a decirle que se fuera, que no había problema. Ahí les dimos los dos la espalda. Fue el gran error porque creo que fue cuando aprovecharon a ponerme la droga en la copa”, hace memoria el empresario, tratando de recordar algo que aparece borroso en su mente.
G. se quedó solo con las dos mujeres. Lo último que recuerda es estar sentado en el sillón y ver la cara de las dos a través de la copa dando el último sorbo antes de perder la conciencia. Según la reconstrucción horaria, eso se habría dado cerca de las 23. 12 horas después el empresario despertaría.
La víctima aseguró ante la policía que estaba vestido al momento de desvanecerse, sin embargo cuando se despertó estaba completamente desnudo. El departamento no estaba revuelto. Estaba todo en perfecto orden. Las ladronas fueron directamente adonde se guardaban los elementos de más valor. Además, se pudo determinar más tarde, las copas habían sido lavadas al igual que los picaportes.
La víctima fue atendida en el Sanatorio Otamendi ese mismo 25 de mayo en el que despertó inconsciente. Los estudios de orina que se le realizaron dieron como resultado que fue drogado con una benzodiazepina común, como, por ejemplo, clonazepam: “Según me dijeron los médicos fue tanta la cantidad que me podrían haber matado si tenía algún problema cardíaco”, aseguró.
Sobre el final de su declaración en la justicia, G. aportó un dato que puede ayudar a entender por qué las dos ladronas no necesitaron revolver el departamento y apuntaron directamente a donde estaban los objetos de valor. “Creo que una ex empleada mía tuvo algo que ver. Era la única que había tenido la oportunidad de ir en algún momento a mi casa. Ella conocía los lugares donde estaban las cosas caras. La eché de la empresa hace algunos meses y terminamos en muy malos términos”, aseguró.
El abogado de la víctima, Andrés Rabinovich, ya solicitó que se sume a la investigación la división especializada en defraudaciones y estafas de la Policía de la Ciudad. Además solicitó que la investigación sea calificada como un hurto en concurso real con tentativa de homicidio: la pastilla en el champán lo podría haber matado.
Por el momento el fiscal no llamó a declarar aún a la mujer señalada por el empresario como la entregadora. Está esperando recabar más información para, eventualmente, realizar una imputación.
Una de las pruebas más importantes con las que cuenta la Justicia son las cámaras de seguridad de la puerta del edificio y de las calles cercanas en las cuales se movieron las mujeres después del robo. Mientras tanto, las dos acusadas no fueron ni ubicadas ni identificadas. Solo se conocen sus caras, en sus fotos de perfil de WhatsApp.
Infobae
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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