Policiales
La trama detrás del fatídico final de Valentina y su hijo Lázaro
Con el hallazgo de los cuerpos en el interior de la camioneta Ford EcoSport sumergida en las aguas del arroyo Caraguatay, sobre la ruta 12, a unos tres kilómetros de Montecarlo, se desvaneció el misterio de la desaparición de Valentina Patiño Fombona, de 51 años, y su hijo Lázaro, de 6, un caso que tenía conmocionada a la provincia.
El vehículo fue encontrado cerca de las 14.30, volcado y con las ruedas fuera del agua. Según indicó a La Voz de Misiones el juez de Instrucción de Puerto Rico, Manuel Balanda, la mujer venía conduciendo hacia Montecarlo, cuando por razones que la pericia busca establecer, perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario y terminó cayendo al arroyo.
El rastro de una frenada, que al decir del magistrado coincide con los neumáticos de la camioneta, sugiere que la mujer intentó reaccionar antes que el vehículo saliera disparado hacia el agua.
El cuerpo de Valentina Patiño se encontraba todavía al volante de la camioneta cuando el equipo de bomberos de Montecarlo llegó al lugar. El de su hijo Lázaro flotaba boca abajo al costado del rodado, según pudo averiguar LVM. Esto último hace suponer que el niño viajaba sin cinturón de seguridad, y que fue despedido del vehículo antes que este se hundiera en el arroyo.
La mujer, de origen venezolano, llevaba pocos meses viviendo en Montecarlo. Se desempeñaba como gerente de Recursos Humanos de la Cooperativa Agrícola y, según los testimonios de quienes la conocieron y la buscaron durante estas 36 horas de incertidumbre, estaba feliz con su trabajo y la vida que tenía allí. Antes, había sido encargada de Sustentabilidad del Hotel Amerian, de Puerto Iguazú.
La última conexión
Madre e hijo se encontraban desaparecidos desde la noche del martes. La última conexión de WhatsApp de la mujer fue a las 21:05. Andrés Barrios, uno de sus amigos, contó a La Voz de Misiones que minutos antes había estado chateando con ella. La esperaba -dijo- para celebrar el Día del Amigo en el restaurante El Salteño, propiedad de otro amigo en común.
Dijo que Valentina le había consultado sobre un gasista por un problema de fuga de gas que tenía en su casa. El hombre tenía guardado el mensaje de voz en su teléfono. En la grabación, se escucha a Valentina quejarse por el olor a gas que no la dejaba dormir. De fondo, se oye una radio a todo volumen. Minutos después, se desconecta para siempre.
Barrios contó que Valentina y su hijo habían ido a compartir una cena temprana con un productor de la zona, identificado como Andrés Rau, con quien aparentemente tenía una relación sentimental. Estaba ahí cuando chateó con ella hasta minutos antes de las 21:00, y fue este hombre el que la vio por última vez.
La policía allanó su vivienda, ubicada en la colonia Guatambú, a unos 10 kilómetros de Montecarlo. Fue una de las primeras diligencias luego de denunciada la desaparición. Rau fue detenido, aunque el juez Balanda aclaró después a LVM que el hombre quedó recluido pero no en relación con el caso, sino por tenencia de armas sin licencia, dado un pequeño arsenal hallado en su casa.
Las redes criminales
La desaparición de la mujer y su pequeño fue denunciada a la policía más de 12 horas después de que no llegara a la cita en El Salteño, cuando Barrios y otros amigos advirtieron que tampoco había ido a trabajar; no estaba en su casa y no había vuelto a conectarse a su teléfono.
Enseguida, se agitaron los peores fantasmas. La intrincada geografía vial de la zona, donde es muy fácil perderse, con caminos de tierra que se bifurcan en todas direcciones, las largas y desoladas extensiones de tierra dedicadas a la industria forestal, y la supuesta actividad de grupos del crimen organizado, llevaron a pensar que madre e hijo habían caído en manos de una red delictiva trasnacional.
En cualquier caso, los datos tampoco faltan. Sin ir más lejos, en abril pasado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informaba de 343 personas que estaban en situación de trata con fines de explotación sexual o laboral en varias provincias argentinas, incluida Misiones.
Esta era la principal teoría hasta horas antes del hallazgo de sus cuerpos. El hecho que la mujer, de 51 años, no encajara en el perfil de las redes de trata, que por lo general trafican chicas jóvenes de estratos sociales más bajos, no bajó sin embargo el tono de la idea, por cuanto el pequeño Lázaro sí podía constituir una víctima potencial de estas redes criminales.
La mujer en el yerbal
La versión de que un colono había visto a una mujer muy parecida a Valentina salir caminando de un yerbal, en inmediaciones de donde se suponía había estado la noche del martes, trajo una luz de esperanza a quienes aguardaban noticias al mediodía del jueves en la comisaría de Montecarlo, entre los que se encontraba el padre del niño, ex pareja de la mujer, Fabrizio. Resultó una pista falsa.
A esa hora, productores de la zona se sumaron al rastrillaje, que llegó hasta el Cerro Favorito. Por la mañana, policías y autoridades habían sobrevolado toda el área en helicóptero.
El caso movilizó a todo el aparato de seguridad de la provincia. Las acciones sobre el terreno estuvieron encabezadas por el subsecretario de Seguridad y Justicia Ariel Marinoni, el juez de Instrucción Balanda, el jefe de Policía Carlos Miguel Merlo, personal dependiente de la Unidad Regional III y de la Dirección de Homicidios de Posadas.
Las tareas de rescate de los cuerpos y la extracción de la camioneta del arroyo llevó varias horas. Las tareas continuaron hasta la noche. Ahora, la autopsia dirá si Valentina y Lázaro estaban o no con vida cuando el vehículo tocó las aguas.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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