Policiales
Tres policías demorados tras operativo en Irigoyen en el que murió una joven
Tres oficiales de la Policía de Misiones se encuentran demorados y sus armas fueron incautadas por orden de la Justicia en el marco de la investigación tendiente a esclarecer la muerte de una joven brasileña en medio de un operativo desplegado esta mañana en el barrio Tránsito Pesado de Bernardo de Irigoyen.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante fuentes consultadas, las medidas preventivas fueron dispuestas por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, quien además dispuso que la investigación quede en manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para disipar cualquier tipo de especulación y como es habitual en este tipo de casos.
Las fuentes añadieron que el juzgado fue notificado de lo sucedido entre las 9.30 y las 10 de hoy, e inmediatamente se solicitó la presencia de GNA en el lugar del hecho. Por estas horas, la escena se encuentra preservada por uniformados federales, a la espera de la llegada del personal de Criminalística de dicha fuerza federal, cuyos especialistas viajan desde Posadas.
Lo siguiente fue disponer la demora de los tres agentes policiales que intervinieron en el procedimiento y el secuestro de sus armas. Según indicaron, entre ellas hay una escopeta de balas de goma y una pistola.
Dichos agentes se encuentran a disposición de los investigadores de la GNA, quienes serán los encargados de tomarles declaración y realizarles pruebas de parafina.
El conjunto de pericias será clave para esclarecer lo sucedido y determinar posibles implicancias y responsabilidades de los agentes involucrados.
Al margen de las actuaciones judiciales, se informó que la Jefatura de Policía inició “una investigación interna para determinar el accionar de la patrulla actuante en el procedimiento”.
Persecución, tiros y muerte
Hasta el momento, la primera versión del caso consigna que todo comenzó cuando la patrulla policial detectó a un sindicado delincuente identificado como Ramoncito, quien registra una orden de detención emitida por el juzgado de San Pedro en el marco de una causa por robo.
En esa instancia, se habría iniciado una persecución en la cual Ramoncito ingresó a un asentamiento y se atrincheró en una vivienda donde resistió a su detención junto a un cómplice identificado como “Dente”.
Ambos serían individuos con frondosos prontuarios vinculados a hurtos, robos y otros delitos cometidos tanto en Irigoyen como del otro lado de la frontera.
La versión policial añade que en el lugar se produjo un enfrentamiento entre los efectivos y los delincuentes, quienes se resistieron a machetazos y allí se efectuaron los primeros disparos intimidatorios o persuasivos.
En esa instancia, uno de los sindicados malvivientes fue herido en una pierna, lo que permitió que sea reducido y detenido, mientras que Ramoncito, el principal sospechoso, logró escapar y se estima que huyó a Brasil aprovechando la permeabilidad de la frontera seca.
Lo que resta determinar es cómo fue herida la joven brasileña de 19 años que falleció en el medio del operativo.
Los primeros datos brindados informalmente a los investigadores es que, en determinado momento, los efectivos ingresaron a la vivienda y allí dentro se originó un forcejeo con uno de los delincuentes, tras lo cual se produjo un disparo accidental en dirección al suelo.
Ese disparo habría atravesado el piso y terminó impactando en la joven brasileña, que se encontraba oculta en un entrepiso característico de las viviendas construidas en zonas con riesgos de inundación.
Recién allí habría aparecido en escena la muchacha brasileña, que aún no fue identificada formalmente ya que en el lugar no se hallaron documentos pero mediante la tobillera electrónica que tenía se pudo saber que se trataría de Vanessa de Oliveira Da Silva, de 19 años.
Respecto a la fallecida, un comunicado de la Unidad Regional XII de la Policía, con asiento en Irigoyen, señala que “entre el prontuario cedido por la fuerza del país vecino, se enmarca su vinculación con una organización narcocriminal, estableciendo que la misma tenía como función el reclutamiento de mano de obra para delitos como ser la venta de estupefacientes, robos y sicariato”.
El cuerpo de la joven primero iba a ser examinado por un médico policial y luego será trasladado hasta la morgue judicial de Posadas para ser sometido a un examen de autopsia.
La necropsia también será clave para el avance de la causa, ya que permitirá establecer qué tipo de munición recibió y, en caso de que todavía queden rastros de ese proyectil, se podrían realizar cotejos para determinar de qué arma salió el disparo.
Los procedimientos en la escena del hecho continuarán esta tarde. Los agentes de Gendarmería también tomarán testimonios a los vecinos del barrio y a Dente, que se encuentra recibiendo curaciones en el hospital local con custodia. Todo será dirigido y supervisado por el magistrado Belda Palomar.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
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