Policiales
Tres policías demorados tras operativo en Irigoyen en el que murió una joven
Tres oficiales de la Policía de Misiones se encuentran demorados y sus armas fueron incautadas por orden de la Justicia en el marco de la investigación tendiente a esclarecer la muerte de una joven brasileña en medio de un operativo desplegado esta mañana en el barrio Tránsito Pesado de Bernardo de Irigoyen.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante fuentes consultadas, las medidas preventivas fueron dispuestas por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, quien además dispuso que la investigación quede en manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para disipar cualquier tipo de especulación y como es habitual en este tipo de casos.
Las fuentes añadieron que el juzgado fue notificado de lo sucedido entre las 9.30 y las 10 de hoy, e inmediatamente se solicitó la presencia de GNA en el lugar del hecho. Por estas horas, la escena se encuentra preservada por uniformados federales, a la espera de la llegada del personal de Criminalística de dicha fuerza federal, cuyos especialistas viajan desde Posadas.
Lo siguiente fue disponer la demora de los tres agentes policiales que intervinieron en el procedimiento y el secuestro de sus armas. Según indicaron, entre ellas hay una escopeta de balas de goma y una pistola.
Dichos agentes se encuentran a disposición de los investigadores de la GNA, quienes serán los encargados de tomarles declaración y realizarles pruebas de parafina.
El conjunto de pericias será clave para esclarecer lo sucedido y determinar posibles implicancias y responsabilidades de los agentes involucrados.
Al margen de las actuaciones judiciales, se informó que la Jefatura de Policía inició “una investigación interna para determinar el accionar de la patrulla actuante en el procedimiento”.
Persecución, tiros y muerte
Hasta el momento, la primera versión del caso consigna que todo comenzó cuando la patrulla policial detectó a un sindicado delincuente identificado como Ramoncito, quien registra una orden de detención emitida por el juzgado de San Pedro en el marco de una causa por robo.
En esa instancia, se habría iniciado una persecución en la cual Ramoncito ingresó a un asentamiento y se atrincheró en una vivienda donde resistió a su detención junto a un cómplice identificado como “Dente”.
Ambos serían individuos con frondosos prontuarios vinculados a hurtos, robos y otros delitos cometidos tanto en Irigoyen como del otro lado de la frontera.
La versión policial añade que en el lugar se produjo un enfrentamiento entre los efectivos y los delincuentes, quienes se resistieron a machetazos y allí se efectuaron los primeros disparos intimidatorios o persuasivos.
En esa instancia, uno de los sindicados malvivientes fue herido en una pierna, lo que permitió que sea reducido y detenido, mientras que Ramoncito, el principal sospechoso, logró escapar y se estima que huyó a Brasil aprovechando la permeabilidad de la frontera seca.
Lo que resta determinar es cómo fue herida la joven brasileña de 19 años que falleció en el medio del operativo.
Los primeros datos brindados informalmente a los investigadores es que, en determinado momento, los efectivos ingresaron a la vivienda y allí dentro se originó un forcejeo con uno de los delincuentes, tras lo cual se produjo un disparo accidental en dirección al suelo.
Ese disparo habría atravesado el piso y terminó impactando en la joven brasileña, que se encontraba oculta en un entrepiso característico de las viviendas construidas en zonas con riesgos de inundación.
Recién allí habría aparecido en escena la muchacha brasileña, que aún no fue identificada formalmente ya que en el lugar no se hallaron documentos pero mediante la tobillera electrónica que tenía se pudo saber que se trataría de Vanessa de Oliveira Da Silva, de 19 años.
Respecto a la fallecida, un comunicado de la Unidad Regional XII de la Policía, con asiento en Irigoyen, señala que “entre el prontuario cedido por la fuerza del país vecino, se enmarca su vinculación con una organización narcocriminal, estableciendo que la misma tenía como función el reclutamiento de mano de obra para delitos como ser la venta de estupefacientes, robos y sicariato”.
El cuerpo de la joven primero iba a ser examinado por un médico policial y luego será trasladado hasta la morgue judicial de Posadas para ser sometido a un examen de autopsia.
La necropsia también será clave para el avance de la causa, ya que permitirá establecer qué tipo de munición recibió y, en caso de que todavía queden rastros de ese proyectil, se podrían realizar cotejos para determinar de qué arma salió el disparo.
Los procedimientos en la escena del hecho continuarán esta tarde. Los agentes de Gendarmería también tomarán testimonios a los vecinos del barrio y a Dente, que se encuentra recibiendo curaciones en el hospital local con custodia. Todo será dirigido y supervisado por el magistrado Belda Palomar.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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