Un mes después de recuperar la libertad, el ex policía Lisandro Ramón Canteros (35), uno de los sindicados integrantes del grupo de Whatsapp Solo Cola, donde presuntamente se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la fuerza provincial en 2024, volvió a ser detenido esta tarde, esta vez en el marco de una investigación que lo ubica como el remisero de la banda que robó 50 millones de pesos de un vivero de Oberá.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la captura de Canteros se concretó este viernes a la tarde, durante un operativo realizado en el barrio A4 de Posadas, donde los agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional II de Oberá y X de Garupá lo ubicaron a bordo de un Chevrolet Corsa gris con el que hacía de Uber. 

El mencionado vehículo es una claves del caso, ya que ese Chevrolet Corsa fue captado por cámaras de seguridad como el rodado utilizado como apoyo logístico para el atraco. 

En ese marco, los investigadores entienden que Canteros era parte de la banda y colaboró con el traslado, la espera y la fuga de los asaltantes hacia Posadas.

El implicado había recuperado la libertad el pasado 15 de julio, tras permanecer casi nueve meses detenido con prisión preventiva en el marco de una causa judicial por “intento de sedición” y “conspiración”, iniciada tras el descubrimiento del chat Solo Cola.

El hombre, que después de esa detención fue exonerado de la fuerza, continúa supeditado a ese expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón. 

En las mismas circunstancias se encuentran los otros siete ex uniformados involucrados en la misma investigación, entre ellos el diputado provincial electo Ramón Amarilla.

El implicado ahora volvió a ser detenido, aunque por una causa diferente y es el segundo sospechoso tras las rejas por el asalto perpetrado en Oberá.

El “cabecilla”

El primer detenido se trata del ciudadano paraguayo Álvaro C. V. (25), quien esta mañana fue localizado en el barrio Jardín, junto a otro sujeto que logró escapar por los pasillos del vecindario. El extranjero registra antecedentes por delitos contra la propiedad tanto en Misiones como en su país de origen.

En ese procedimiento la Policía incautó un millón de pesos en efectivo, un revólver calibre 32 milímetros con cartuchos, un teléfono Iphone propiedad de una de las víctimas, como así también una mochila con más fajos de dinero y prendas de vestir que coincidirían con la ropa que vestían los asaltantes al momento del atraco.

Por la información obtenida, no se descarta que en las próximas horas hayan más operativos vinculados al caso. En ese marco, se sospecha de la figura de un “datero” que aportó información y más cómplices de la zona que colaboraron en la logística para que el golpe tuviera éxito.

El atraco se registró el último martes, en una vivienda ubicada en cercanías a la terminal de Oberá, donde los propietarios también poseen un vivero.

Al momento del hecho habían dos mujeres solas, una madre y su hija, quienes fueron sorprendidas por al menos tres delincuentes.

Las víctimas fueron maniatadas y los delincuentes lograron sustraer unos 50 millones de pesos, distribuido en diferentes divisas. También robaron teléfonos de alta gama y se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Prisión preventiva para los ocho policías acusados de sedición y conspiración

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Una resolución de la Cámara de Apelaciones destrabó el último escollo que había para que la causa por el asesinato del adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) deje la etapa de instrucción y allanó el camino para la elevación a juicio del expediente que tiene al ex policía Deibid Vergara (36) como acusado del crimen y a otros tres uniformados imputados por encubrimiento.

La causa cuenta desde 2022 con un dictamen de elevación a juicio firmada por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, pero una serie de presentaciones defensivas aletargaron la última etapa del proceso y demoraron la remisión formal del expediente hacia el Tribunal Penal Dos, órgano que se encargará de llevar adelante el debate oral para esclarecer el crimen registrado en agosto de 2019 en Santa Ana.

Uno de estos planteos consistió en recurso de casación contra la denegatoria a un pedido de excarcelación resuelta por el mismo juez Monte y ante esa presentación debió intervenir la Cámara de la Apelaciones, cuyos magistrados ahora dispusieron confirmar todo lo actuado en primera instancia.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la defensa del ex policía Vergara alegó entre sus fundamentos que el tiempo que el imputado lleva detenido supera los plazos previstos en la prisión preventiva, postura que coincidió con la opinión del fiscal de Cámara y con el voto inicial de la magistrada Ruth Dilaccio.

Sin embargo, el camarista José Alberto López votó en sentido contrario, anteponiendo la existencia de riesgos procesales relacionados a la pena en expectativa (prisión perpetua) y a los comportamientos evidenciados por el imputado antes, durante y después del hecho.

Ante la disidencia de posturas, se debió recurrir al juez Juan Carlos Sosa, de la Cámara Civil, quien intervino por subrogación legal y adhirió al voto del camarista López, ante lo cual por mayoría se resolvió rechazar la apelación interpuesta y confirmar el rechazo al pedido de excarcelación. 

Con esta decisión, el tribunal de alzada destrabó el avance de la causa y en su dictamen además exhortó al juez Monte a disponer la elevación a juicio del expediente en forma “urgente”.

De esta manera, el ex policía Deibid Vergara no solo que continuará tras las rejas, sino que está cada vez más cerca de enfrentar el debate oral donde se determinará su responsabilidad en el crimen que se le imputa.

Vergara está imputado por el delito de “homicidio agravado por la condición especial del autor (agente de seguridad) y por el uso de arma de fuego”, delito de prevé una pena de prisión perpetua.

El ex policía Deibid Vergara está detenido con prisión preventiva desde 2019.

Ejecutado

El hombre está acusado de ejecutar al adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) en la noche del 24 de agosto de 2019 sobre una calle terrada de la localidad de Santa Ana, donde la víctima residía junto a su padre Filiberto (66), quien murió durante el sepelio de su hijo.

El joven fue asesinado de un disparo que le atravesó la cabeza y, según dictaminaron dos pericias balísticas, una realizada por la Policía y otra por la Gendarmería, el proyectil utilizado salió del arma reglamentaria 9 milímetros que portaba el suboficial Vergara, que cumplía funciones en la comisaría local.

El crimen tuvo un velo de misterio que se extendió durante una semana, hasta que una mujer policía se quebró y acusó a Vergara por el asesinato. Días después otro uniformado dirigió las mismas acusaciones.

Lo que se cree es que esa noche una comisión policial integrada por Vergara y otros agentes de la comisaría recorrían Santa Ana en un patrullero hasta que se cruzaron con Víctor Márquez en cercanías a la Escuela de Comercio 10.

El crimen se registró el 24 de agosto de 2019, sobre una calle terrada de Santa Ana.

Los testimonios recolectados indican que en esa instancia Vergara bajó del patrullero, avanzó hacia una zona de oscuridad y desde allí se oyó  el disparo que terminó con la vida del muchacho.

La mujer policía añadió que después de ello fue amenazada y obligada a alterar libros de guardia y documentos oficiales.

Ella se llama María Soledad Cipontino (36) y está imputada por “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de un instrumento público agravado”.

Los otros dos uniformados implicados son Ramón Darío Núñez (41) y Matías Rafael Acosta (29), quienes enfrentan cargos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.

Los últimos tres involucrados mencionados aguardan el proceso en libertad y en fecha aún por definir deberán verse las caras con Vergara en un debate oral y público de alta complejidad.

El pueblo de Santa Ana realizó varias marchas para reclamar justicia.

FOTO PRINCIPAL: Micaela Feversani.

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Un paraguayo de 25 años fue detenido como el “cabecilla” de una banda de delincuentes que el último martes irrumpió en un vivero de Oberá, donde maniataron a dos víctimas y sustrajeron un botín de aproximadamente 50 millones de pesos.

La captura del sospechoso identificado como Álvaro C. V. (25) se concretó anoche, tras un operativo desplegado por los pasillos del barrio Jardín de Posadas, donde el implicado fue ubicado en compañía de otro sujeto que logró escapar a las corridas.

El extranjero también pretendió huir, pero fue alcanzado en cercanías a una estación de servicios y en el procedimiento la Policía también secuestró varios elementos que podrían transformarse en pruebas clave para esclarecer el hecho.

Entre lo incautado hay un millón de pesos en efectivo, un revólver calibre 32 milímetros con cartuchos, un teléfono Iphone propiedad de una de las víctimas, como así también una mochila con más fajos de dinero y prendas de vestir que coincidirían con la ropa que vestían los asaltantes al momento del atraco.

Según detallaron fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad tanto en Misiones como en su país de origen.

En este caso lo ubican como el líder de la banda, que estaría integrada por un “datero” encargado de aportar la información certera para dar el golpe y más cómplices encargados del apoyo logístico, con el aporte de herramientas y vehículos para la inteligencia y la fuga.

Por esa razón, no se descarta que en las próximas horas se efectúen más operativos vinculados a la investigación del atraco registrado el último martes, donde las víctimas fueron dos mujeres que se encontraban solas en su propiedad cerca de la terminal de colectivos, donde también tienen un vivero.

Fueron al menos tres los delincuentes que esa noche irrumpieron en el lugar, maniataron a una de las víctimas y lograron sustraer unos 50 millones de pesos, distribuido en diferentes divisas. También robaron teléfonos de alta gama y se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La pesquisa fue efectuada por agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional II, quienes en Posadas contaron con el apoyo de sus pares de Garupá y todas las labores fueron supervisadas por el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de la capital provincial.

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