Un motociclista de 64 años falleció este sábado a la mañana al colisionar contra un auto sobre la ruta nacional 12 en la localidad de Montecarlo.

El siniestro se produjo a las 8, a la altura del kilómetro 1518 de la mencionada arteria, donde una moto Gilera Smash 110 y un Chevrolet Cruze colisionaron en circunstancias que son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, identificado como Sixto Ramón Sosa (64), falleció en el lugar, mientras que los ocupantes que iban en el auto resultaron ilesos.

En el caso trabaja el personal de la Comisaría de Montecarlo y las actuaciones correspondientes continúan para establecer las circunstancias del siniestro.

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La Justicia Federal reanudó a fines de febrero el juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos”, que investiga una presunta red de corrupción y sobornos entre funcionarios públicos y empresarios de la construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (CFK), y que tiene entre sus imputados al misionero Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la década kirchnerista.

La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, dio cuenta de recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que destaca la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

El misionero Thomas aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas de obra pública durante su gestión al frente de la EBY.

El ex director de Yacyretá pasó varias semanas prófugo en 2018, cuando el proceso comenzaba la etapa de instrucción, e incluso llegó a ofrecerse una recompensa por información sobre su paradero.

Al presentarse, negó todas las acusaciones y rechazó convertirse en “arrepentido”, la figura instrumentada por la Justicia Federal para intercambiar confesiones por beneficios procesales entre los empresarios y ex funcionarios imputados.

Arrepentidos  

En la causa, que se tramita en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF), hay 31 imputados “arrepentidos”: 25 son empresarios y el resto ex funcionarios kirchneristas.

Todos ellos, entre los que figuran el chofer Centeno y su jefe Baratta, el empresario Angelo Calcaterra, ex propietario de la constructora Iecsa y primo del ex presidente Mauricio Macri; Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, de la metalúrgica Impsa; Luis Betnaza, de la multinacional Techint; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; y Armando Loson, de Albanesi S.A., dijeron haber participado en la trama de corrupción que se investiga.

Con el reinicio del juicio, la validez de estos testimonios es el eje central del debate, ya que para mantener los beneficios y evitar cargos por falso testimonio, estos 31 “arrepentidos” deben ratificar sus dichos ante el TOF7.

Lo cierto es que, a lo largo del trámite de la causa, fueron varios los “arrepentidos” que terminaron en contradicciones respecto a su declaración original, empezando por el mismo Centeno, quien arrancó diciendo que tenía los cuadernos originales, pero luego dijo que los había quemado en la parrilla de su casa.

Recientemente, el empresario Loson denunció “irregularidades” en el proceso, en relación con la prueba principal de la causa: los cuadernos de Centeno.

La defensa del empresario habló de “falsificación” y “manipulación” y aseguró haber encontrado más de 1.600 irregularidades en las anotaciones del chofer, entre tachaduras y enmiendas, múltiples caligrafías, alteración de fechas y lugares, y el uso de diferentes tintas.

Otro, cuyo testimonio cuelga de un hilo, es Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, considerado un “arrepentido” clave, quien, en noviembre de 2025, manifestó a través de su abogado que no quería salir de prisión, a pesar de tener el beneficio, lo que siembra dudas de lo que hará cuando sea requerido por el tribunal.

En febrero pasado, el “arrepentido”, Mario Ludovico Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó formalmente la nulidad de su testimonio, alegando que fue obligado a declarar bajo la amenaza de quedar detenido por el juez Claudio Bonadío.

Estafa

El testimonio de los “arrepentidos” es el pilar de la acusación contra Thomas, quien al igual que otros imputados, como la misma CFK, aseguran que las “confesiones” de estos colaboradores fueron obtenidas mediante coacción.

La reciente solicitud de Ravella, de retirar su “confesión”, alegando haberla hecho bajo amenaza, va en línea con el principal argumento de los defensores de los imputados, incluido el abogado de Thomas, Juan Manuel Ubeira.

El mismo Thomas afirmó que durante su detención fue presionado y amenazado para que declarara en contra de la ex presidenta Cristina Fernández a cambio de su libertad.

Ubeira basa, además, su pedido de nulidad de la causa en el hecho, probado, de que las declaraciones de los “arrepentidos” no fueron registradas en audio o video, como establece la Ley 27.304 que crea la figura del imputado colaborador, sino que se plasmaron en actas escritas frente al fiscal Carlos Stornelli.

Asimismo, el letrado considera “nulos” los testimonios de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que señaló a Thomas en el entramado de corrupción en la obra pública; y del chofer Centeno, quien declaró que el misionero entregó bolsos con dinero a su jefe Baratta para que este los llevara a la Quinta de Olivos o al departamento de los Kirchner.

Ubeira y varios de sus colegas describen el proceso como un “montaje”, una “ficción judicial”, donde la prueba principal no son los cuadernos de Centeno, que le dieron el nombre a la causa, sino la “estafa de los arrepentidos”, cuyos testimonios están “viciados de nulidad”.

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El caso del joven que esta madrugada murió al caer de un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño de Posadas se investiga como homicidio, dado que la principal hipótesis es que haya sido lanzado al vacío durante una pelea con otro muchacho que resultó con heridas leves y tras una breve atención médica quedó formalmente en condición de detenido.

Los avances de la investigación fueron comunicados esta tarde por la fuerza provincial, mediante un parte de prensa en el que además consignaron que entre las primeras labores se procedió a la toma de declaración testimonial a un testigo que aparece como la última persona que estuvo con ambos involucrados antes del trágico desenlace.

La reconstrucción señala que tanto la víctima, identificada como Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), como el ahora sospechoso de homicidio, Marcos Andrés Á. (27), eran amigos, convivían juntos en ese departamento del barrio Patotí y la noche previa al hecho que se investiga habían salido juntos.

Marcelo Ojeda Krejzezúk era oriundo de Esquina, Corrientes.

Se estima que después de esa salida regresaron al inmueble, más precisamente al departamento 3°D del edificio ubicado sobre calle Gómez Portiño al 1300, casi avenida Urquiza, donde se produjo la pelea que derivó en la caída de Ojeda hacia un estacionamiento interno del complejo.

Sin embargo, nada esto se supo hasta las 4, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un joven herido y ensangrentado en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del edificio del barrio Patotí.

Ese joven herido se trataba de Marcos Á., quien reveló que minutos antes había mantenido una pelea con otro muchacho a quien identificó como su “primo” y cuando los uniformados de la comisaría Decimosexta acudieron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Ojeda.

Después de eso Marcos fue trasladado al hospital Madariaga, donde recibió curaciones para las heridas cortantes que presentaba y tras ser dado de alta quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, por subrogancia legal.

El sospechoso fue encontrado malherido y ensangrentado en el skate park de la costanera.

Por lo pronto, entre las primeras medidas dispuestas, Verón ordenó que el cuerpo de Ojeda sea trasladado a la morgue judicial para ser sometido a un examen de autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte, ya que no se descarta que la víctima presente lesiones previas, como heridas cortantes que pudieron haberle provocado la muerte antes de la caída.

Efectivos de la Dirección de Policía Científica además trabajaron en el inmueble donde convivían los involucrados y donde se desató la pelea que culminó en forma trágica. Los primeros datos señalan que en el lugar se relevó una importante cantidad de manchas de sangre.

Todos los indicios y elementos de interés serán volcados en el sumario policial que confecciona la comisaría Decimosexta para luego ser elevado a la Justicia, que recién allí programará una audiencia declaración indagatoria para el detenido.

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