Policiales
Denuncian torturas, tratos inhumanos y simulacros de fusilamientos de Gendarmería
Vecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendasVecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendas.
BUENOS AIRES. En La Cava, los ladridos durante la noche se convirtieron en un mal presagio. “El ‘ruido’ de perros significa que anda la Gendarmería”, enseña una mujer que vive en uno de los pasillos y, al mismo tiempo, revela el trauma.
Entre la noche del domingo 29 y las primeras horas del lunes 30 de marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, esa fuerza de seguridad cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra vecinos del barrio, lo que incluyó simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo, con el único objetivo de obligar por la fuerza a cumplir la cuarentena.
Entre las víctimas se cuentan un adolescente de 15 años y una nena de siete, herida en una pierna y en una mano.
Fue el tercer episodio de intimidaciones atribuidas a efectivos de esa fuerza en las primeras semanas de la cuarentena: en Isidro Casanova, La Matanza, un móvil difundió desde un altavoz un audio de la película La p urga, una ficción distópica en la que se decreta toda una noche de “zona liberada” para que la gente salga a “matar y destruir”. Y en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, una patrulla obligó a un grupo de jóvenes que no estaban dentro de sus casas a caminar en cuclillas con las manos en la nuca, a modo de castigo.
El asunto se convirtió, además de en un caso penal, en un tema de Estado. Además de que los gendarmes involucrados en esos hechos fueron desafectados, a la espera de la resolución judicial sobre las acusaciones, el mes pasado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, la ministra Sabina Frederic resaltó ante sus pares provinciales y los jefes de las fuerzas la necesidad de poner el foco en el control de la violencia institucional.
El hecho de La Cava, por el cual 15 gendarmes fueron separados del servicio activo, fue el más grave. “Yo lo vi con mis propios ojos, no invento nada. Voy a pelear por lo que sufrieron mis hijos”, avisa Juan Lencina, uno de los denunciantes. La impotencia y la indignación lo convencieron de hablar aún cuando el miedo aconseja el silencio.
“Esa noche yo estaba durmiendo con mi familia, hasta que me despertaron los gritos y los balazos. Salimos a ver qué pasaba y era un operativo de la Gendarmería con patrulleros y camionetas. Golpeaban y disparaban a cualquiera que se cruzara. Fue una locura”, recuerda.
Según denunció en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, “su hija de siete años fue herida por uno o varios de esos disparos realizados a una distancia aproximada de tres metros, produciéndole heridas en pierna y mano derechas”, mientras que su hijastro, de 15 años, “fue reducido violentamente por los gendarmes y subido a una camioneta oscura tipo Trafic, esposado y a los golpes”.
El propio adolescente, en su declaración, recordó que dentro de la camioneta “lo tiraron al piso y continuaron pegándole en la cabeza” y que una vez dentro del destacamento Campo 1, ubicado frente a La Cava, mientras algunos gendarmes lo sujetaban, otro le quería “meter el palo que usan (la tonfa) en la cola”.
Tanto el menor como un joven de 28 años que también fue detenido coincidieron en que fueron llevados hasta un baño, obligados a mirar la pared de rodillas y que “en un momento ingresó un gendarme y comenzó a gatillarles un arma a sus espaldas practicando un simulacro de fusilamiento”. Contaron que uno de los agentes filmó todo con su celular y antes de irse lo dejó reproduciendo música a un volumen alto.
“Una vecina que vive detrás del destacamento me llamó y me avisó que los habían llevado ahí porque escuchaba los gritos y la música fuerte. A las siete de la mañana me devolvieron a mi hijo. Tenía la cara marcada y un ojo inflamado. Le preguntaba cómo estaba y me decía que bien, pero me daba cuenta de que tenía miedo de hablar. El otro muchacho que vive atrás de mi casa estaba irreconocible por la paliza que le habían dado”, destaca Juan.
“Hace once años que trabajamos en el barrio y cuando los vecinos nos contaron lo que había pasado empezamos a rastrear a las víctimas. Había mucho miedo. Al principio ninguno quería denunciar porque estaban amenazados, así que presentamos un ha beas corpus preventivo y colectivo para proteger a todos los vecinos”, explica Gastón Fernández, Concejal por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos de San Isidro.
“Se constataron hechos graves de privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos inhumanos y degradantes, acciones de hostigamiento, simulacros de fusilamientos, amenazas de muerte, golpizas, heridas de bala de plomo y goma”, detallaron en la presentación.
Los relatos de las víctimas coincidieron en que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino que se configuran como una práctica habitual y sistemática de los gendarmes sobre los vecinos del barrio.
“El recurso fue rechazado, pero sirvió para que la Justicia empiece a actuar. Las víctimas fueron llamadas a declarar, se hizo un allanamiento en el destacamento, se secuestraron armas y se prevé un recorrido por Campo 1 como reconstrucción de los hechos”, destaca Fernández.
La Nación
Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.
Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.
El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.
Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.
El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.
La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.
La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.
Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.
Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.
En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.
El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.
Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.
Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.
Tras la denuncia penal por abuso radicada contra un entrenador de básquet formativo, el Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas anunció una serie de medidas institucionales que incluyen la suspensión inmediata del implicado, una reestructuración interna y capacitaciones orientadas a la prevención de situaciones de violencia en el ámbito deportivo.
La decisión fue adoptada luego de que el club suspendiera preventivamente todas las actividades de las categorías formativas de básquet hasta el próximo 26 de mayo, en medio de la conmoción generada por el caso que tomó estado público durante los últimos días.
A través de un comunicado oficial, las autoridades de la entidad auriazul señalaron que desde el primer momento se mantuvo un acompañamiento cercano a la familia denunciante y se puso a disposición “absolutamente todo lo necesario en virtud de la gravedad de los hechos”.
En ese marco, la Comisión Directiva resolvió en asamblea especial la suspensión del socio denunciado, quien además tiene prohibido el ingreso a cualquiera de las sedes de la institución. Según indicaron, la medida apunta a resguardar el normal desarrollo de las actividades deportivas y sociales que diariamente se realizan en el club.
Asimismo, desde el CABM confirmaron cambios en el organigrama institucional y en la coordinación general, aunque no brindaron mayores detalles sobre las modificaciones que se implementarán.
Paralelamente, los dirigentes mantienen reuniones con subcomisiones de padres con el objetivo de generar espacios de escucha y contención para las familias vinculadas a las divisiones formativas.
“Desde que fuimos notificados de la denuncia jamás avalamos ni encubrimos conductas incompatibles con los valores fundacionales”, remarcaron desde la institución, al tiempo que afirmaron haber actuado de inmediato aplicando los protocolos correspondientes una vez formalizada la presentación judicial.
En el comunicado también adelantaron que en los próximos días se llevarán adelante capacitaciones destinadas tanto al personal del club como a deportistas, orientadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia en ámbitos laborales y deportivos.
Finalmente, desde el Club Mitre reafirmaron su compromiso con “los valores esenciales de respeto y convivencia armónica” y señalaron que continuarán trabajando para garantizar transparencia institucional y fortalecer el diálogo con las familias y responsables de cada categoría.
Respecto a la denuncia, se supo que fue radicada por la madre de una jugadora de básquet de 14 años. El apuntado fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y continúa en libertad.
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