Judiciales
Subastarán tres autos de alta gama incautados en narco-concesionaria RR Vip
Un Porsche Cayman, un Toyota Coupé 86 y un BMW Z4, tres de los vehículos de alta gama incautados en octubre de 2014 durante el allanamiento de una concesionaria posadeña utilizada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, serán entregados a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y sometidos a una subasta pública.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que falló a favor de un pedido formulado por la UIF, que intervino en la causa como querellante particular.
El planteo consistió en solicitar los tres rodados para que sean sometidos a remate y que lo recaudado sea depositado en un plazo fijo hasta que la sentencia impartida contra los responsables de la maniobra quede firme, consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Entre los fundamentos, la UIF mencionó que por sus “características” los mencionados vehículos “no pueden ser afectados a fines de utilidad pública, y que, por las condiciones en las que se encuentran alojados denotan un peligro real de que su valor económico se vea inexorablemente depreciado, hasta el momento en que se resuelva en definitiva el recurso ante el tribunal de casación”.
El planteo fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que no se opuso a la medida y, en consecuencia, el TOF dio el visto bueno para ejecutar la entrega de los rodados actualmente incautados en un depósito de la AFIP-DGA en Garupá y autorizar el remate de los mismos a través de una subasta pública que deberá ser programada para los próximos meses.
Los rodados son un Porsche Cayman S, Dominio JBB-754; un Toyota Coupe 86, Dominio MTZ-557; y un
BMW Z4, dominio MAQ-462.

El BMW Z4, dominio MAQ-462, será uno de los vehículos puestos a remate. FOTO: El Territorio
Causa RR VIP Automóviles
Los tres vehículos fueron incautados en octubre de 2014, durante un imponente allanamiento ejecutado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la concesionaria RR Vip Automóviles, que funcionaba sobre la avenida Quaranta casi Jauretche de Posadas.
El dueño de ese lugar era el empresario santafesino Roberto Rodríguez, quien en 2018 fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse en habitualidad y en banda”.
Junto a él fueron condenadas otras seis personas, entre ellas su madre y su ex pareja, quienes recibieron penas de entre 10 y 4 años y medio de prisión, aunque sólo Rodríguez fue a la cárcel.
La sentencia fue confirmada en primera instancia en 2021 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos magistrados rechazaron los planteos de los acusados y ratificaron las condenas impuestas por el TOF de Corrientes.
Además de las penas de prisión impartidas, en el mismo fallo el tribunal correntino ordenó el decomiso de los vehículos (18 en total) y de los inmuebles que fueran objeto y/o medio de lavado de activos.

RR VIP Automóviles funcionaba sobre la avenida Quaranta, casi Jauretche.
También se resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip que comercializaba los vehículos, del complejo turístico Tangará (ubicado en Montercalo), de la empresa de turismo Emsetur y de un corralón de Cerro Corá. A través de esas firmas, los investigadores de la histórica pesquisa financiera establecieron que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de estupefacientes.
Meses después de la sentencia, el TOF además dictaminó que el inmueble donde funcionaba RR VIP pase a manos de la GNA a modo de depositario judicial.
La decisión se tomó a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local podía albergar oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, dependiente de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.
Judiciales
Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria
El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.
Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.
En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.
En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
Crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.
La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales
Judiciales
Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Judiciales
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
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