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Subastarán tres autos de alta gama incautados en narco-concesionaria RR Vip

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Un Porsche Cayman, un Toyota Coupé 86 y un BMW Z4, tres de los vehículos de alta gama incautados en octubre de 2014 durante el allanamiento de una concesionaria posadeña utilizada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, serán entregados a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y sometidos a una subasta pública.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que falló a favor de un pedido formulado por la UIF, que intervino en la causa como querellante particular.

El planteo consistió en solicitar los tres rodados para que sean sometidos a remate y que lo recaudado sea depositado en un plazo fijo hasta que la sentencia impartida contra los responsables de la maniobra quede firme, consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones. 

Entre los fundamentos, la UIF mencionó que por sus “características” los mencionados vehículos “no pueden ser afectados a fines de utilidad pública, y que, por las condiciones en las que se encuentran alojados denotan un peligro real de que su valor económico se vea inexorablemente depreciado, hasta el momento en que se resuelva en definitiva el recurso ante el tribunal de casación”.

El planteo fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que no se opuso a la medida y, en consecuencia, el TOF dio el visto bueno para ejecutar la entrega de los rodados actualmente incautados en un depósito de la AFIP-DGA en Garupá y autorizar el remate de los mismos a través de una subasta pública que deberá ser programada para los próximos meses.

Los rodados son un Porsche Cayman S, Dominio JBB-754; un Toyota Coupe 86, Dominio MTZ-557; y un
BMW Z4, dominio MAQ-462.

El BMW Z4, dominio MAQ-462, será uno de los vehículos puestos a remate. FOTO: El Territorio

Causa RR VIP Automóviles

Los tres vehículos fueron incautados en octubre de 2014, durante un imponente allanamiento ejecutado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la concesionaria RR Vip Automóviles, que funcionaba sobre la avenida Quaranta casi Jauretche de Posadas.

El dueño de ese lugar era el empresario santafesino Roberto Rodríguez, quien en 2018 fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse en habitualidad y en banda”.

Junto a él fueron condenadas otras seis personas, entre ellas su madre y su ex pareja, quienes recibieron penas de entre 10 y 4 años y medio de prisión, aunque sólo Rodríguez fue a la cárcel.

La sentencia fue confirmada en primera instancia en 2021 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos magistrados rechazaron los planteos de los acusados y ratificaron las condenas impuestas por el TOF de Corrientes.

Además de las penas de prisión impartidas, en el mismo fallo el tribunal correntino ordenó el decomiso de los vehículos (18 en total) y de los inmuebles que fueran objeto y/o medio de lavado de activos.

RR VIP Automóviles funcionaba sobre la avenida Quaranta, casi Jauretche.

También se resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip que comercializaba los vehículos, del complejo turístico Tangará (ubicado en Montercalo), de la empresa de turismo Emsetur y de un corralón de Cerro Corá. A través de esas firmas, los investigadores de la histórica pesquisa financiera establecieron que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de estupefacientes.

Meses después de la sentencia, el TOF además dictaminó que el inmueble donde funcionaba RR VIP pase a manos de la GNA a modo de depositario judicial.

La decisión se tomó a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local podía albergar oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, dependiente de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.

Judiciales

Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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chato barreto

El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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comisario abuso

El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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ex gendarme juicio

El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

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