El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dará a conocer el martes 11 próximo la sentencia por el derecho a la verdad en el caso del misionero Carlos Tereszecuk, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.

La audiencia, de carácter virtual, está prevista para las 11:00, y según publicó el sitio web de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde Tereszecuk se graduó en Trabajo Social en los años ’70, estará presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger y será trasmitida en vivo en el aula magna de la casa de estudios.

“La sentencia por el Derecho a la Verdad, se da en el marco del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk”, informó el sitio.

Según los testimonios obrantes en la causa, el trabajador social y militante político misionero fue visto con vida por última vez a principios de noviembre de 1976, en la Jefatura de Policía de la capital chaqueña, donde fue ultimado y luego su cuerpo fue arrojado al Rio Paraná, del que, posteriormente, fue rescatado y sepultado como NN en el cementerio de la localidad correntina de Empedrado.

En su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, los familiares de Tereszecuk solicitaron a la Justicia Federal el dictado de una sentencia para reconstruir los hechos y garantizarle el derecho a la verdad de lo sucedido.

La Fiscalía acompañó el pedido de los familiares, fundado en el derecho a la verdad, tomando como base los juicios por la verdad de los años ’90 y el precedente del caso de Pablo Martinelli, un estudiante y militante político asesinado por la dictadura el mismo año que Tereszecuk y también sepultado como NN.

Militancia y desaparición

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Quiso ser sacerdote e ingresó en el Seminario de Fátima, en la provincia de Córdoba, pero al cabo de un tiempo abandonó aquellos estudios y volvió a la tierra colorada.

Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.

Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.

En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue chupado en otro operativo.

La última vez que lo vieron con vida, aquella en la Jefatura de Policía de Resistencia, los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.

De acuerdo a la prueba recolectada, se puede reconstruir que Tereszecuk, fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y alojado en el primer piso de la jefatura policial chaqueña que estaba acondicionado como Centro Clandestino de Detención, a cargo de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Según los elementos de prueba, el misionero fue asesinado en la segunda semana de noviembre y su cuerpo arrojado al Rio Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado, a 70 kilómetros aguas abajo de Resistencia, y sepultado en una tumba sin nombre.

Tereszecuk estuvo como NN hasta 2018, en que fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

---

---

---

---

---

La Policía de Misiones busca intensamente a un conductor que atropelló y mató a una mujer sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 1082, en la zona rural de Tobuna, departamento de San Pedro.

Eran las 2 de la madrugada de este jueves cuando uniformados de la comisaria jurisdiccional acudieron al lugar del hecho tras un aviso recibido al 911. Tendido sobre el asfalto, los policías  encontraron cuerpo sin signos vitales de quien fue identificada como Elizeth Da Silva (42).

Inmediatamente, la Unidad Regional (UR) XIV de San Pedro desplegó un operativo en conjunto con otras dependencias de la zona para dar con el vehículo involucrado y el conductor que continúa prófugo.

---

---

---

---

---

Un sargento primero de la Policía de Misiones se presentó en la Fundación Alameda para denunciar un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual que tendría como víctima a su hija de 18 años. En la acusación señaló la posible participación de otros efectivos de la fuerza provincial. La organización, dedicada a combatir la trata y otros delitos vinculados, solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal.

La Voz de Misiones accedió a la presentación que la Fundación Alameda elevó a Protex, en la que se describen los hechos denunciados por el policía misionero Claudio Benítez, quien presta servicio en la comisaría de Loreto, dependiente de la Unidad Regional (UR) XIII.

El documento firmado por el presidente de la fundación, Gustavo Vera, apunta que los hechos comenzaron el domingo 26 de octubre en horas de la tarde, cuando la joven le informó a su papá Claudio Benítez que se trasladaría a una casa quinta ubicada en Loreto para trabajar.

Siempre de acuerdo a los hechos denunciados, el policía misionero le pidió a su hija que le brindara “fotos” o la “ubicación” del lugar al “tratarse de un trabajo nuevo”.

En esa línea, el documento señala que la víctima identificó a Jorge “Coqui” Mesa como la persona que habría gestionado el supuesto empleo y, según su relato, ese mismo día el hombre se presentó en la vivienda familiar y tomó fotografías de su hermana, menor de edad, con el objetivo de amenazarla para que asistiera a la casa quinta.

En una entrevista con el medio Alem News, la víctima contó que conoció a Jorge “Coqui” Mesa a través de una amiga. Coqui, según el testimonio de la joven, le había prestado mucho dinero y, a cambio de esa deuda, la obligó a traficar droga en su barrio, primero; hasta que la condujo a la cabaña donde se produjeron los hechos.

“Como no tenía para devolverle, me dijo: ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme la plata’. Y ahí, me empezó a dar drogas (cocaína) para que venda. Empecé a vender acá en mi barrio para recuperar esa plata. Y ahí, como ya estaba todo, él me ofreció un trabajo en Loreto”, afirmó la muchacha.

Ante las cámaras del medio mencionado, la muchacha describió lo que vivió ese domingo 26 de octubre: “Me mandó un remis y me dijo para hablar. Me subió al auto y me empezó a dar bebidas, empecé a tomar; él daba vueltas y me dormí, sentí un pinchazo; y cuando me desperté estaban cinco hombres alrededor mío. Me levanto y siento mucho dolor”.

Continuando con lo expuesto en el escrito de la fundación Alameda a la fiscalía, la chica le confesó a su padre, el sargento Benítez, que no estaba en la casa quinta, sino que había sido trasladada a la localidad de San Ignacio, en un camping llamado La Familia.

“Ante ello, Benítez solicitó permiso en la comisaría, ya que estaba cumpliendo turno, para trasladarse a buscarla al camping La Familia. Una vez en el lugar, le pidió a su hija que se trasladara con él a Loreto, la llevó hasta la casa quinta donde supuestamente debía trabajar y la dejó allí”, se desprende del documento.

Luego, Benítez recibió un mensaje de su hija donde la muchacha le contó que “estaba dentro de una habitación con tres personas desnudas en el complejo La Familia, en San Ignacio”. Ante la situación, el policía pidió intervención a la comisaría de Loreto y acudió al lugar con un móvil.

Al presentarse en el camping, el denunciante encontró a su hija en el lugar junto a su camarada Carlos Díaz, a quien señaló como custodio del intendente de San Ignacio, Esteban “Negro” Romero; a una persona identificada como Daniel Dorrey y otra persona que no logró identificar.

Posteriormente, la muchacha de 18 años fue trasladada a la Comisaria de la Mujer jurisdiccional, donde se le tomó declaración de los hechos ocurridos. En tanto, el martes 28, la joven fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico para ser examinado por un médico policial, quien corroboró que “había sido víctima de abuso sexual”, se desprende del documento de la fundación Alameda.

En su presentación ante Protex, la Fundación Alameda advirtió sobre indicios de una presunta red de explotación sexual que podría involucrar o contar con el encubrimiento de efectivos de la fuerza provincial. Por ello, solicitó medidas urgentes, resguardo de las pruebas digitales, protección para la víctima y su familia, y una investigación a nivel judicial y administrativo sobre los funcionarios señalados.

---

---

---

---

---