Policiales
Separan a mamá de su hijo de 3 años por un informe de psicóloga particular
Una jueza de San Pedro le otorgó la custodia al padre, quien hace dos años fue expulsado del hogar por golpear a la madre de su hijo. Un año después, en una salida de fin de semana, el hombre llevó al pequeño a ser examinado por una psicóloga, en cuyo informe -escrito en un recetario médico- se basó la Justicia para separar a la mamá de su bebé. La progenitora denunció a la profesional.
En noviembre del 2019, una mujer de 28 años denunció por violencia de género a su esposo, Matías A., de 31, en la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen. El denunciado es suboficial del Ejército Argentino y presta servicios en la Compañía de Cazadores de Monte XVIII.
A raíz de la denuncia, la Justica ordenó la expulsión del hogar del suboficial y una prohibición de acercamiento a la víctima, quien además, le asignaron un botón de pánico, que nunca llegó a recibir porque se trasladó a otro municipio.
Por miedo, la joven denunciante decidió mudarse de localidad junto a sus dos hijos, una nena de 7 años y un niño de 3; este último producto de la relación con su esposo militar.
Una sorpresa
Un año después de la denuncia, en noviembre de 2020, Matías se presentó en el nuevo domicilio de su ex y le solicitó pasar unos días con los niños. Para su sorpresa, el militar iba acompañado con su nueva pareja, la oficial subayudante Camila O., quien le había tomado la denuncia de violencia de género en la Comisaria de la Mujer, según explicó la víctima a La Voz de Misiones.
Sin embargo, la madre de los niños no se opuso al pedido de su ex pareja y accedió a que lleve unos días a los menores. Luego del tiempo compartido con su padre, los pequeños fueron restituidos al domicilio materno.
En una segunda oportunidad, el suboficial buscó nuevamente a los chicos para pasar un fin de semana juntos en Irigoyen. La madre, confiada de que los regrese a su hogar, como antes había sucedido, accedió al pedido.
Pero nada ocurrió como ella pensaba. El 18 de diciembre de 2020, mientras se encontraba en su casa, recibió un WhatsApp de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad en la que se encuentra actualmente. En el mensaje, se le informaba que Matías le haría entrega de su hija sin su hermanito, de quien el denunciado es padre biológico.
Sin entender qué pasaba, la mujer se acercó a la Comisaría local para realizar una denuncia por lo que estaba sucediendo. Allí, efectivos de la policía le entregaron una cédula de notificación donde le avisaban que el padre quedaba con la guarda provisoria del pequeño de 3 años.
Después recibir la cédula y realizar la exposición policial, la joven volvió a su casa y aguardó a que su hija regresara con su ex pareja, quien se presentó junto a la niña en el hogar de la madre, acompañado de un móvil policial.
El informe psicológico en un recetario médico
Luego de que la mamá haya sido intempestivamente separada de su hijo, se enteró que, durante la visita del pequeño al hogar de Matías A., el militar llevó al niño con la licenciada en psicología Silvia Bernardy, en Bernardo de Irigoyen.
En un escueto informe, escrito a mano en un recetario médico, la profesional sugirió que “se considere de manera permanente la suspensión de contacto con la figura materna, hasta que se pueda llevar a cabo las pericias judiciales que requiere el caso”.
El documento realizado el 14 de diciembre, al cual tuvo acceso LVM, fue el argumento por el cual, cuatro días después de la consulta, la jueza Mariangel Koziarski -titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar N 3 de San Pedro- tomó la decisión de otorgar la guarda provisoria al padre por dos meses.
En diálogo con La Voz de Misiones, la madre relató: “Él tiene la guarda provisoria de mi bebé y yo no entiendo porqué. Entonces hago la denuncia para que me restituyan a mi hijo y me presento con mi abogada en San Pedro, donde estaba el expediente y me entero que la jueza ya se había declarado incompetente en la causa”, relató la madre angustiada .
Además, la mujer se enteró que un psicólogo habría examinado a su pequeño: “nos dijeron que había un informe de una psicóloga particular”, recordó.
En este sentido, la progenitora agregó que “la psicóloga se tomó el tupé de ensuciarme a más no poder, diciendo que yo soy una madre golpeadora, entre otras cosas horribles, no sé con qué argumento”, enfatizó.
“Supuestamente hizo horas de juego en una sesión. Encima, mi hija me dijo: ‘Mami, a mi hermanito no le llevaron a ningún lado, ninguna doctora jugó con él, nunca se movió de al lado mío’. Se olvidó que mi nena razona, que ya cuenta las cosas. A mí me encantaría que esa mujer me mire a la cara y me explique”, sentenció la denunciante.
Asimismo, la progenitora comentó que, desde comienzos de este año, el padre obstaculiza la relación con su hijo, cuando el Juzgado ordenó que debía garantizarse la comunicación y contacto telefónico. Además, la muchacha relató que su niño fue sacado de la provincia sin su consentimiento, hecho que también denunció ante la Justicia.
Psicóloga en la mira
Con el miedo de no poder volver a ver a su pequeño, la madre denunció penalmente -el pasado jueves 28 de enero- a la psicóloga Silvia Bernardy. En la acusación policial se describe que: “Hicieron un informe superficial sin pruebas ni argumentos”.
Y agrega que “esta psicóloga le impidió el contacto físico por dos meses con su hijo, motivo por el cual perdió totalmente el contacto, porque Matías no le pasa el teléfono para que hable con su bebé”.
Además, en la exposición, la joven de 28 se ofrece a ser entrevistada por la misma profesional que vio a su niño, para que “pueda ver qué tan peligrosa puede ser”.
La causa
El expediente de la causa actualmente se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia 1, de Leandro N. Alem. La abogada de la progenitora pidió el reintegro del menor al hogar materno y el cese del impedimento de contacto.
Por otro lado, la representante legal de la mujer comentó a La Voz de Misiones que se solicitó que se realicen pericias psicologías con un profesional judicial, ya que entienden que el informe se dio en el ámbito privado y fue realizado de manera parcial.
“Mi mamá llega a tiempo, sino me iba a matar”
Matías A. y su esposa vivían en el barrio militar de Bernardo de Irigoyen, junto al hijo de 3 años que tienen en común y a la niña de 7, producto de una relación anterior de la madre.
Según relató la joven de 28 años a LVM, el suboficial, que sigue prestando servicios en el regimiento, siempre fue violento y celoso.
“Yo nunca denuncié porque tenía miedo. Un día me levantó del cuello y me puso un cuchillo en la panza. Otra vez, los vecinos a la madrugada escucharon mis gritos y llamaron a la policía”, contó.
La muchacha relató que descubrió una infidelidad de su marido y, cuando le reclamó, “me pega, me agarra del cuello y me quiere estrangular; todo eso vieron las criaturas”. En ese momento, el niño de 3 años fue en búsqueda de su abuela: “Ella estaba en la casa de la vecina de atrás, mi hijo sale corriendo a buscarla y mi mamá llega a tiempo, sino me iba a matar”.
“Yo me escondí en la casa de la vecina y después me acompañaron a hacer la denuncia, me revisó el médico. Ahí le ponen una perimetral a él y hacen la expulsión de hogar”, explicó.
El hecho de violencia, que ocurrió en noviembre del 2019, fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen, donde la actual pareja de Matías, la oficial subayudante Camila O., le tomó la denuncia a la víctima.
Luego de eso, la madre de los menores continuó viviendo en el barrio militar: “Ese tiempo fue un constante maltrato psicológico de él, que yo ya no aguantaba más, porque él violaba la perimetral. Como no aguantaba más le pedí por favor a mi papá que me ayude, él vive en otra localidad”.
Fue entonces que la denunciante optó por mudarse: “Mi amiga me consiguió un camión de mudanza y el 5 de diciembre me fui de Bernardo de Irigoyen”, explicó y agregó: “No pude recibir el botón de pánico porque tenía audiencia más adelante y yo me fui”.
Desde la separación de la pareja hubo dos etapas marcadas, primero: “Nunca más supe de Matías. Yo lo llamaba porque jamás quise que mi hijo pierda el contacto con su papá, más allá de todos los problemas que él tenía conmigo, pero no le atendió para Navidad, para Año Nuevo, tampoco en su cumpleaños”.
Un años más tardes, para finales de 2020, Matías volvió a aparecer: “Después escribía esporádicamente preguntando por ellos. En noviembre del año pasado me pidió por favor si yo le podía dejar que vaya a pasar un fin de semana con él y yo, de común acuerdo, con confianza, le doy a mis hijos”, concluyó la madre, que busca reunirse con su pequeño.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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