Policiales
Separan a mamá de su hijo de 3 años por un informe de psicóloga particular
Una jueza de San Pedro le otorgó la custodia al padre, quien hace dos años fue expulsado del hogar por golpear a la madre de su hijo. Un año después, en una salida de fin de semana, el hombre llevó al pequeño a ser examinado por una psicóloga, en cuyo informe -escrito en un recetario médico- se basó la Justicia para separar a la mamá de su bebé. La progenitora denunció a la profesional.
En noviembre del 2019, una mujer de 28 años denunció por violencia de género a su esposo, Matías A., de 31, en la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen. El denunciado es suboficial del Ejército Argentino y presta servicios en la Compañía de Cazadores de Monte XVIII.
A raíz de la denuncia, la Justica ordenó la expulsión del hogar del suboficial y una prohibición de acercamiento a la víctima, quien además, le asignaron un botón de pánico, que nunca llegó a recibir porque se trasladó a otro municipio.
Por miedo, la joven denunciante decidió mudarse de localidad junto a sus dos hijos, una nena de 7 años y un niño de 3; este último producto de la relación con su esposo militar.
Una sorpresa
Un año después de la denuncia, en noviembre de 2020, Matías se presentó en el nuevo domicilio de su ex y le solicitó pasar unos días con los niños. Para su sorpresa, el militar iba acompañado con su nueva pareja, la oficial subayudante Camila O., quien le había tomado la denuncia de violencia de género en la Comisaria de la Mujer, según explicó la víctima a La Voz de Misiones.
Sin embargo, la madre de los niños no se opuso al pedido de su ex pareja y accedió a que lleve unos días a los menores. Luego del tiempo compartido con su padre, los pequeños fueron restituidos al domicilio materno.
En una segunda oportunidad, el suboficial buscó nuevamente a los chicos para pasar un fin de semana juntos en Irigoyen. La madre, confiada de que los regrese a su hogar, como antes había sucedido, accedió al pedido.
Pero nada ocurrió como ella pensaba. El 18 de diciembre de 2020, mientras se encontraba en su casa, recibió un WhatsApp de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad en la que se encuentra actualmente. En el mensaje, se le informaba que Matías le haría entrega de su hija sin su hermanito, de quien el denunciado es padre biológico.
Sin entender qué pasaba, la mujer se acercó a la Comisaría local para realizar una denuncia por lo que estaba sucediendo. Allí, efectivos de la policía le entregaron una cédula de notificación donde le avisaban que el padre quedaba con la guarda provisoria del pequeño de 3 años.
Después recibir la cédula y realizar la exposición policial, la joven volvió a su casa y aguardó a que su hija regresara con su ex pareja, quien se presentó junto a la niña en el hogar de la madre, acompañado de un móvil policial.
El informe psicológico en un recetario médico
Luego de que la mamá haya sido intempestivamente separada de su hijo, se enteró que, durante la visita del pequeño al hogar de Matías A., el militar llevó al niño con la licenciada en psicología Silvia Bernardy, en Bernardo de Irigoyen.
En un escueto informe, escrito a mano en un recetario médico, la profesional sugirió que “se considere de manera permanente la suspensión de contacto con la figura materna, hasta que se pueda llevar a cabo las pericias judiciales que requiere el caso”.
El documento realizado el 14 de diciembre, al cual tuvo acceso LVM, fue el argumento por el cual, cuatro días después de la consulta, la jueza Mariangel Koziarski -titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar N 3 de San Pedro- tomó la decisión de otorgar la guarda provisoria al padre por dos meses.
En diálogo con La Voz de Misiones, la madre relató: “Él tiene la guarda provisoria de mi bebé y yo no entiendo porqué. Entonces hago la denuncia para que me restituyan a mi hijo y me presento con mi abogada en San Pedro, donde estaba el expediente y me entero que la jueza ya se había declarado incompetente en la causa”, relató la madre angustiada .
Además, la mujer se enteró que un psicólogo habría examinado a su pequeño: “nos dijeron que había un informe de una psicóloga particular”, recordó.
En este sentido, la progenitora agregó que “la psicóloga se tomó el tupé de ensuciarme a más no poder, diciendo que yo soy una madre golpeadora, entre otras cosas horribles, no sé con qué argumento”, enfatizó.
“Supuestamente hizo horas de juego en una sesión. Encima, mi hija me dijo: ‘Mami, a mi hermanito no le llevaron a ningún lado, ninguna doctora jugó con él, nunca se movió de al lado mío’. Se olvidó que mi nena razona, que ya cuenta las cosas. A mí me encantaría que esa mujer me mire a la cara y me explique”, sentenció la denunciante.
Asimismo, la progenitora comentó que, desde comienzos de este año, el padre obstaculiza la relación con su hijo, cuando el Juzgado ordenó que debía garantizarse la comunicación y contacto telefónico. Además, la muchacha relató que su niño fue sacado de la provincia sin su consentimiento, hecho que también denunció ante la Justicia.
Psicóloga en la mira
Con el miedo de no poder volver a ver a su pequeño, la madre denunció penalmente -el pasado jueves 28 de enero- a la psicóloga Silvia Bernardy. En la acusación policial se describe que: “Hicieron un informe superficial sin pruebas ni argumentos”.
Y agrega que “esta psicóloga le impidió el contacto físico por dos meses con su hijo, motivo por el cual perdió totalmente el contacto, porque Matías no le pasa el teléfono para que hable con su bebé”.
Además, en la exposición, la joven de 28 se ofrece a ser entrevistada por la misma profesional que vio a su niño, para que “pueda ver qué tan peligrosa puede ser”.
La causa
El expediente de la causa actualmente se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia 1, de Leandro N. Alem. La abogada de la progenitora pidió el reintegro del menor al hogar materno y el cese del impedimento de contacto.
Por otro lado, la representante legal de la mujer comentó a La Voz de Misiones que se solicitó que se realicen pericias psicologías con un profesional judicial, ya que entienden que el informe se dio en el ámbito privado y fue realizado de manera parcial.
“Mi mamá llega a tiempo, sino me iba a matar”
Matías A. y su esposa vivían en el barrio militar de Bernardo de Irigoyen, junto al hijo de 3 años que tienen en común y a la niña de 7, producto de una relación anterior de la madre.
Según relató la joven de 28 años a LVM, el suboficial, que sigue prestando servicios en el regimiento, siempre fue violento y celoso.
“Yo nunca denuncié porque tenía miedo. Un día me levantó del cuello y me puso un cuchillo en la panza. Otra vez, los vecinos a la madrugada escucharon mis gritos y llamaron a la policía”, contó.
La muchacha relató que descubrió una infidelidad de su marido y, cuando le reclamó, “me pega, me agarra del cuello y me quiere estrangular; todo eso vieron las criaturas”. En ese momento, el niño de 3 años fue en búsqueda de su abuela: “Ella estaba en la casa de la vecina de atrás, mi hijo sale corriendo a buscarla y mi mamá llega a tiempo, sino me iba a matar”.
“Yo me escondí en la casa de la vecina y después me acompañaron a hacer la denuncia, me revisó el médico. Ahí le ponen una perimetral a él y hacen la expulsión de hogar”, explicó.
El hecho de violencia, que ocurrió en noviembre del 2019, fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen, donde la actual pareja de Matías, la oficial subayudante Camila O., le tomó la denuncia a la víctima.
Luego de eso, la madre de los menores continuó viviendo en el barrio militar: “Ese tiempo fue un constante maltrato psicológico de él, que yo ya no aguantaba más, porque él violaba la perimetral. Como no aguantaba más le pedí por favor a mi papá que me ayude, él vive en otra localidad”.
Fue entonces que la denunciante optó por mudarse: “Mi amiga me consiguió un camión de mudanza y el 5 de diciembre me fui de Bernardo de Irigoyen”, explicó y agregó: “No pude recibir el botón de pánico porque tenía audiencia más adelante y yo me fui”.
Desde la separación de la pareja hubo dos etapas marcadas, primero: “Nunca más supe de Matías. Yo lo llamaba porque jamás quise que mi hijo pierda el contacto con su papá, más allá de todos los problemas que él tenía conmigo, pero no le atendió para Navidad, para Año Nuevo, tampoco en su cumpleaños”.
Un años más tardes, para finales de 2020, Matías volvió a aparecer: “Después escribía esporádicamente preguntando por ellos. En noviembre del año pasado me pidió por favor si yo le podía dejar que vaya a pasar un fin de semana con él y yo, de común acuerdo, con confianza, le doy a mis hijos”, concluyó la madre, que busca reunirse con su pequeño.
Policiales
Joven apuñalado en Alba Posse murió tras diez días de agonía en el hospital
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Judiciales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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