Policiales
Secuestró a menor en Paraguay, la llevó a BS.AS. por Misiones y cayó en Entre Ríos
Un argentino de 44 años fue detenido por efectivos federales del Departamento Antisecuestro Sur en la provincia de Entre Ríos, por privación ilegítima de la libertad en contra de una menor de 15 años, de nacionalidad paraguaya.
Según pudo saber La Voz de Misiones, el operativo comenzó el pasado viernes 13, cuando desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Ángeles Mariana Gómez Maiorano, se solicitó la cooperación de los agentes para ubicar a una adolescente de 15 años que había sido ingresada a la Argentina con una identidad falsa, acompañada de un conocido de la familia.
De acuerdo a la línea de investigación realizada por los efectivos federales, el captor salió de la localidad de Puerto Rico, ubicada a pocos metros de la frontera con Paraguay, y se trasladó hasta la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, los mismos agentes lograron establecer que el sujeto se estaría escondiendo en el barrio Villa Loyola de San Martín, provincia de Buenos Aires.
También establecieron que el buscado había comprado dos pasajes con retorno a Misiones, con la intención de fugarse. Ante ello, los investigadores montaron un operativo cubriendo el recorrido desde la capital del país hasta la tierra colorada.
De esta manera, detectaron y detuvieron en la intercepción de las rutas nacional 12 y provincial 45, en Entre Ríos, al micro en el que se trasladaba el argentino con la menor oriunda de Paraguay.
Los efectivos detuvieron al sujeto de 44 años y pusieron a resguardo a la adolescente. Asimismo, ante la gravedad de los hechos, la fuerza federal se contactó con el Departamento Antisecuestros del país vecino, para que brinden contención a la familia y, de esta forma, lograr un canal urgente de comunicaciones.
Por otra parte, en el operativo se secuestró dinero en efectivo, documentación apócrifa con la que el ahora detenido trasladaba a la menor, teléfonos celulares y demás papelería que serán sometidos a pericias, debido a que una de las hipótesis de quienes intervinieron en el caso es que el detenido podría formar parte de una organización de tráfico de personas.
Finalmente, el argentino quedó a disposición del juzgado interventor, mientras que la menor de edad fue reintegrada a sus familiares.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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