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Se entregó empresario vinculado a la mega causa por contrabando de soja

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Uno de los tres involucrados que permanecía prófugo en el marco de la mega causa judicial iniciada contra una banda dedicada al contrabando de granos hacia el Brasil por Misiones, se entregó ante las autoridades y de esta manera el número de detenidos ascendió a ocho, todos imputados por asociación ilícita, entre otros delitos.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el nuevo detenido se trata de un empresario de Colonia Aurora, propietario de una estación de servicios y de una flota de camiones.

La entrega del hombre se concretó el viernes de la semana pasada y ya compareció en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, que lleva adelante la instrucción del expediente que tiene otros siete detenidos, entre ellos más empresarios de la zona Centro, policías y hasta un jefe de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Las mismas fuentes de LVM señalaron que el implicado se abstuvo de declarar y fue imputado, al igual que los demás implicados, por los delitos de asociación ilícita, contrabando agravado, defraudación contra la administración pública, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos. A los uniformados se les suma, además, una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación contra la mega banda se inició a raíz de una denuncia radicada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Fiscalía Federal de Oberá.

A partir de ahí la investigación comenzó, con seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas incluidas, y concluyó diez meses después cuando Gallandat Luzuriaga consideró que ya habían recabado el suficiente elemento indiciario-probatorio para  asestar el gran golpe.

El gran golpe

Los procedimientos se ejecutaron el 5 de noviembre del año pasado, con la intervención de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y colaboración también de la Dirección General de Aduanas.

Los operativos se realizaron en Oberá, El Soberbio, Panambí, Apóstoles, San Javier, Colonia Aurora, Mojón Grande y Florentino Ameghino, y culminaron con números monstruosos: 298 toneladas de soja, 17 toneladas de maíz, 32 vehículos, 7 armas de fuego, 7 millones de pesos y 50.000 dólares, además de celulares, computadoras y una máquina de contar billetes.

Al margen de esos importantes decomisos, la trascendencia del golpe también estuvo marcada por el número de detenidos: 7 en total, cifra que ahora ascendió a 8, contando el empresario que se entregó el viernes.

Los civiles detenidos en la redada inicial fueron cuatro. Dos son empresarios, uno de Oberá y dueño de una concesionaria de automóviles, y otro cordobés, pero con un complejo turístico instalado en Florentino Ameghino. También cayeron la pareja de uno de ellos y un ex policía y cambista de la Capital del Monte.

Por su parte, los uniformados aprehendidos fueron tres: el jefe en ese entonces del Escuadrón 9 de GNA en Oberá, su chofer y también gendarme, y un sargento de la fuerza provincial que cumplía adicionales en el puesto de control fiscal de la Agencia Tributaria de Misiones, en el puesto Centinela.

Todos fueron trasladados ante la Justicia a los pocos días, fueron imputados y permanecen detenidos, mientras las autoridades al frente del expediente de más de 2.000 fojas resuelven la situación procesal de cada uno de ellos.

La maniobra

La investigación trazada indica que -a grandes rasgos- uno de los empresarios se encargaba de la confección de papales truchos para que los camiones cargados con granos puedan sortear controles, otro se dedicaba a la gestión y entrega de las coimas a los uniformados y éstos, a su vez, liberaban rutas.

“Los investigadores de la PSA pudieron establecer los roles y las responsabilidades de distintos actores, identificando a financistas, transportistas, coordinadores de las maniobras y a quienes se favorecían con la renta obtenida de esas transacciones, cuyo dinero fue reinvertido en complejos turísticos, compra de propiedades (muebles e inmuebles) y compraventa de moneda extranjera”, consignó en su momento el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Mediante esta aceitada operación, los camiones cargados con maíz y soja llegaban sin mayores problemas hasta la localidades con costas al río Uruguay, donde eran acopiadas en grandes depósitos hasta su cruce clandestino a Brasil mediante canoas y/o barcazas, evadiendo impuestos y generando multimillonarias ganancias para los involucrados en la estructura.

Se estima que las cargas de granos eran adquiridas en las provincias de Chaco, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

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En los allanamientos de noviembre pasado se incautaron 7 millones de pesos y 50.000 dólares.

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Tras horas de internación, falleció el motociclista que chocó en Puerto Rico

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Pedro Leguizamón (24) falleció en el hospital Samic de Eldorado luego de permanecer internado durante menos de 24 horas como resultado de un accidente que protagonizó en la tarde de este miércoles.

El siniestro se produjo alrededor de las 16 en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Florencio Varela de la localidad de Puerto Rico.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc, cuando por causas que se intentan esclarecer, colisionó contra un automóvil Ford Focus al mando de un hombre de 32 años.

A raíz del impacto, Leguizamón fue trasladado al hospital local y luego derivado al centro de mayor complejidad en Eldorado, donde permanecía internado con lesiones graves.

Finalmente, en horas de la mañana de hoy se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio, producto de un politraumatismo grave con traumatismo de cráneo.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial, realizando las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron secuestrados y el test de alcoholemia al conductor del automóvil arrojó resultado negativo.

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Investigan si un felino mató 12 ovejas de un productor en Fachinal

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Por estas horas, los uniformados de la comisaría de Fachinal investigan un presunto ataque de felino a un rebaño de ovejas de un productor local, quien denunció la muerte de doce animales ovinos en su chacra ubicada sobre la ruta provincial 204.

Aproximadamente a las 16.50 de este miércoles, los policías se presentaron en el establecimiento y se entrevistaron con el denunciante, Damian O. El productor manifestó a los efectivos que entre la jornada de ayer y hoy detectó la muerte de 12 ovejas de su ganado.

En esa línea, el denunciante explicó que los animales presentaban marcas de mordidas compatibles con la de un felino de gran porte.

A raíz de la denuncia, los uniformados recorrieron y rastrillaron la zona donde se produjo el deceso de las ovejas, como así también en los alrededores del predio rural, con el objetivo de detectar huellas o indicios que permitan confirmar la presencia del animal.

Hasta el momento, los uniformados no pudieron hallar rastros del presunto depredador en la zona. En tanto, se dio intervención al personal del Ministerio de Ecología de Misiones.

En la chacra donde se produjo el ataque a las ovejas estuvo presente el guardaparque Aníbal Silva, encargado del Parque Provincial Fachinal, quien tomó conocimiento de lo ocurrido para continuar con las actuaciones y el monitoreo en la zona.

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

Con 100 operativos de la Policía de Misiones en diferentes escuelas de la provincia, un total de 12 estudiantes fueron identificados como presuntos autores de las amenazas de tiroteos en los establecimientos. Además, en las intervenciones, la fuerza provincial secuestró armas de fuego, proyectiles y cuchillos, entre otros objetos punzantes.

Las situaciones comenzaron la semana pasada, principalmente en escuelas de Posadas, y estarían relacionadas con un desafío viral difundido en redes sociales. A partir de ello, se llevaron adelante tareas de monitoreo digital y acciones preventivas en instituciones educativas de toda la provincia.

Entre los casos relevados, se identificó a un estudiante de 15 años como autor de un audio con amenazas dirigido al director de una escuela en Guaraní. La localización de la línea telefónica permitió establecer su vinculación con el hecho. Por disposición judicial, el adolescente fue notificado en presencia de su padre, quien entregó voluntariamente el celular para su análisis.

En San Vicente, una docente encontró un grafiti en el baño de una escuela con un mensaje intimidatorio. La investigación policial permitió identificar a un alumno de 13 años, quien fue notificado a través de su madre, con intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

Otro hecho ocurrió en Dos de Mayo, donde un estudiante de 14 años llevó un arma de fuego al establecimiento y la mostró a sus compañeros. Tras la denuncia de las autoridades escolares, el arma, un revólver calibre 22, fue entregada por el padre del menor. El adolescente fue notificado por orden del Juzgado Correccional y de Menores.

Según se informó, los 12 estudiantes identificados fueron notificados en todos los casos en presencia de sus tutores y quedaron a disposición de la Justicia y de los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes.

Estos episodios se suman a situaciones similares registradas en otras partes del país y estarían vinculados a la circulación de amenazas en redes sociales, audios y mensajes dentro del ámbito escolar.

En total, se realizaron 100 intervenciones en la provincia, con mayor presencia en Posadas, y se retiraron distintos elementos considerados potencialmente peligrosos.

Respecto del encuadre legal, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia se recordó que “las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta 6 años, e incluso superiores en casos agravados”.

En esa línea, se destacó que, “tratándose de menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad”.

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