Policiales
Se entregó empresario vinculado a la mega causa por contrabando de soja
Uno de los tres involucrados que permanecía prófugo en el marco de la mega causa judicial iniciada contra una banda dedicada al contrabando de granos hacia el Brasil por Misiones, se entregó ante las autoridades y de esta manera el número de detenidos ascendió a ocho, todos imputados por asociación ilícita, entre otros delitos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el nuevo detenido se trata de un empresario de Colonia Aurora, propietario de una estación de servicios y de una flota de camiones.
La entrega del hombre se concretó el viernes de la semana pasada y ya compareció en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, que lleva adelante la instrucción del expediente que tiene otros siete detenidos, entre ellos más empresarios de la zona Centro, policías y hasta un jefe de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
Las mismas fuentes de LVM señalaron que el implicado se abstuvo de declarar y fue imputado, al igual que los demás implicados, por los delitos de asociación ilícita, contrabando agravado, defraudación contra la administración pública, cohecho, lavado de activos y falsificación de documentos. A los uniformados se les suma, además, una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación contra la mega banda se inició a raíz de una denuncia radicada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la Fiscalía Federal de Oberá.
A partir de ahí la investigación comenzó, con seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas incluidas, y concluyó diez meses después cuando Gallandat Luzuriaga consideró que ya habían recabado el suficiente elemento indiciario-probatorio para asestar el gran golpe.
El gran golpe
Los procedimientos se ejecutaron el 5 de noviembre del año pasado, con la intervención de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y colaboración también de la Dirección General de Aduanas.
Los operativos se realizaron en Oberá, El Soberbio, Panambí, Apóstoles, San Javier, Colonia Aurora, Mojón Grande y Florentino Ameghino, y culminaron con números monstruosos: 298 toneladas de soja, 17 toneladas de maíz, 32 vehículos, 7 armas de fuego, 7 millones de pesos y 50.000 dólares, además de celulares, computadoras y una máquina de contar billetes.
Al margen de esos importantes decomisos, la trascendencia del golpe también estuvo marcada por el número de detenidos: 7 en total, cifra que ahora ascendió a 8, contando el empresario que se entregó el viernes.
Los civiles detenidos en la redada inicial fueron cuatro. Dos son empresarios, uno de Oberá y dueño de una concesionaria de automóviles, y otro cordobés, pero con un complejo turístico instalado en Florentino Ameghino. También cayeron la pareja de uno de ellos y un ex policía y cambista de la Capital del Monte.
Por su parte, los uniformados aprehendidos fueron tres: el jefe en ese entonces del Escuadrón 9 de GNA en Oberá, su chofer y también gendarme, y un sargento de la fuerza provincial que cumplía adicionales en el puesto de control fiscal de la Agencia Tributaria de Misiones, en el puesto Centinela.
Todos fueron trasladados ante la Justicia a los pocos días, fueron imputados y permanecen detenidos, mientras las autoridades al frente del expediente de más de 2.000 fojas resuelven la situación procesal de cada uno de ellos.
La maniobra
La investigación trazada indica que -a grandes rasgos- uno de los empresarios se encargaba de la confección de papales truchos para que los camiones cargados con granos puedan sortear controles, otro se dedicaba a la gestión y entrega de las coimas a los uniformados y éstos, a su vez, liberaban rutas.
“Los investigadores de la PSA pudieron establecer los roles y las responsabilidades de distintos actores, identificando a financistas, transportistas, coordinadores de las maniobras y a quienes se favorecían con la renta obtenida de esas transacciones, cuyo dinero fue reinvertido en complejos turísticos, compra de propiedades (muebles e inmuebles) y compraventa de moneda extranjera”, consignó en su momento el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Mediante esta aceitada operación, los camiones cargados con maíz y soja llegaban sin mayores problemas hasta la localidades con costas al río Uruguay, donde eran acopiadas en grandes depósitos hasta su cruce clandestino a Brasil mediante canoas y/o barcazas, evadiendo impuestos y generando multimillonarias ganancias para los involucrados en la estructura.
Se estima que las cargas de granos eran adquiridas en las provincias de Chaco, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
En los allanamientos de noviembre pasado se incautaron 7 millones de pesos y 50.000 dólares.
La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.
Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.
A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.
Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.
El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.
Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.
Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.
El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.
En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.
Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.
“Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.
El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.
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