Policiales
Sargento de Policía arrastraba a su pareja con el auto y su hijo lo detuvo
En horas madrugada del sábado, un adolescente de 14 años se trepó al auto de su papá, Jorge Alfredo Feldick, un sargento de la Policía de Misiones de 42 años, para evitar que éste continúe arrastrando a su madrastra, quien estaba atrapada en la ventana y con la mitad del cuerpo hacia afuera del vehículo en movimiento.
A través de su cuenta de Instagram, la mamá biológica del adolescente contó el angustiante momento que pasaron sus hijos, de 6, 11 y 14 años, cuando el mayor de ellos puso en riesgo su vida para salvar a la pareja de su papá.
El sargento primero Feldick presta servicios en la División Estadísticas de la Dirección General de Seguridad de la fuerza provincial.
Según se indicó, el suboficial tiene denuncias por violencia de género y familiar que datan de 2018, cuando su ex esposa y madre de sus cuatro hijos denunció los maltratos a los que fue sometida durante 22 años.
El hecho
En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer de 39 años -de quien se preserva la identidad para su resguardo- relató el calvario por el que atravesó durante mucho tiempo y el círculo de violencia en el que actualmente viven sus tres hijos menores de edad, cuando están en la casa de su progenitor.
El sábado, “mi ex marido agredió a su pareja nueva y mi hijo la defendió”, comenzó narrando la denunciante y agregó que el adolescente le dijo que todo empezó cuando “estaban en el departamento de su papá y éste empieza a discutir con la novia”.
La reacción del joven de 14 años fue llevar a sus hermanos a una pieza, para evitar que escuchen la discusión, contó la mamá y añadió: “El papá agarra sus cosas y sale, él le pregunta dónde va y no le contesta, entonces se queda en la sala”.
Seguidamente, según el relato de la mujer, el adolescente escuchó gritos de la hija de 10 años de la pareja de su progenitor: “‘Le está lastimando, le está lastimando’, gritó y mi hijo baja a donde ellos estaban; Jorge tenía el auto en marcha, cerró la ventanilla arrastrando unos metros a su mujer”.
Fue entonces cuando el menor decidió intervenir: “Él se pone enfrente del auto, forcejearon y mi hijo logra que la suelte. Él se va con el auto a toda velocidad, los otros tres menores llorando a los gritos. Mi hijo le limpia la cara a la chica con la remera, porque tenía sangre”.
Luego de lo sucedido, el chico tomó un taxi junto a sus dos hermanitos y se dirigieron hasta la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní para pedir ayuda.
Desde la dependencia, los agentes llamaron a la mamá de los menores para anoticiarla de lo ocurrido y comunicarle que sus hijos estaban en la sede policial.
Asimismo, según pudo saber este medio, la pareja actual del sargento primero Feldick no realizó la denuncia.
Calvario
La ex pareja del policía contó el desesperante momento que atraviesa: “En el 2018 me separé y aun así siguen las situaciones de violencia sin parar. Hice miles de denuncias, mis hijos tienen miedo y hace meses pido la prohibición de acercamiento a ellos, que la Justicia los escuche en Cámara Gesell, hasta pedí pericias psicológicas para ese tipo”.
De acuerdo a lo que explicó la denunciante, Jorge Alfredo Feldick tiene régimen de visitas para poder ver a sus hijos. La Justicia determinó que los viernes, sábados y domingos, el agente debe compartir tiempo con los menores.
En caso de que la mamá no cumpla con lo establecido, “él me hace denuncias, pero ya no sé qué hacer, mis hijos tienen miedo, vivimos con miedo porque sabemos que nos sigue”.
En esa línea, la denunciante manifestó que, pese a que ya realizó “miles de denuncias” contra su ex esposo, la fuerza provincial nunca tomó medidas al respecto: “Cuando denuncié que me metió el arma en la boca y cuando me amenazó de muerte pedí que lo trasladen al interior y nada”.
Además, la mujer recordó que, en octubre del 2021, “hice la última denuncia, porque también agredió a su pareja y mis hijos estaban ahí, tuve buscarlos”, enfatizó y agregó: “Yo necesito que la prohibición de acercamiento salga para que ellos no tengan que ir más con él, porque no están seguros, es un peligro”.
“Mi triste verdad”
Por su parte, el adolescente de 14 años compartió el posteo de su mamá en sus historias de Instagram y añadió una serie de comentarios al respecto, los cuales título como “Mi triste verdad”.
Allí, el menor pidió a sus seguidores que “por favor compartan, esto pasó hace un momento con mi papá y su novia. La agredió y arrastró con el auto”.
Es esa línea, el joven relata cómo fue el momento en que decidió ayudar a la pareja de su papá: “Tuve que correr y treparme al auto para que no se la lleve puesta. Tuve que enfrentar a mi papá, a quien quiero mucho, pero eso que le hizo a la mujer es imperdonable”.
Y agregó que su progenitor los “dejó solos con ella en su casa, me tuve que tomar un taxi con mis dos hermanitos hasta la comisaría para pedir ayuda”.
Además, el adolescente contó: “Llamé a mi mamá y fuimos hasta la casa de la novia para que haga la denuncia y ella no quería hacer porque tiene miedo. Él es muy peligroso y tiene miles de denuncias, pero la Policía no da pelota”.
El crudo relato del joven continúa con los episodios de violencia que pasó su progenitora durante el tiempo que estuvo casada con su papá.
“Para mi mamá pasaron 20 años de agresión de su parte. Ya llegó a un punto que no quiere que mis hermanitos vuelvan a vivir ese momento, como vieron que mi papá nos arrastraba a mí y a esa mujer”, continuó el muchacho.
Por ello, volvió a clamar por ayuda a sus amigos en la red social, para que la publicación llegue a alguna autoridad de la Policía de Misiones o al gobernador, Oscar Herrera Ahuad.
“Dios quiera que nos ayuden a difundir todo esto; 20 años de amenazas tuvo que vivir mi mamá. La amenazaba con matarla, con suicidarse, golpearnos, aguantándose cagadas a palos, engaños con otras mujeres”, contó.
Para concluir, el adolescente que salvó la vida de la pareja de su papá dejó un mensaje claro: “Yo me cansé. Basta de violencia infantil y de género. Mi familia ya no quiere seguir sufriendo por la culpa de ese hombre”.
Sargento primero Jorge Alfredo Feldick.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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