Policiales
San Antonio: doble femicida tenía una denuncia por violencia de género
Sergio Kozak, el hombre prófugo desde esta madrugada tras cometer un doble femicidio en el que asesinó a su novia Débora Elizalde y a su suegra Gabriela Agüero, en la localidad de San Antonio, registraba una denuncia por violencia y tenía una restricción de acercamiento vigente desde diciembre del año pasado.
La información, revelada a La Voz de Misiones por altas fuentes de la investigación, consigna que la denuncia fue radicada por Elizalde, de 24 años, el 6 de diciembre del año pasado por agresiones y maltratos verbales perpetrados por Kozak en estado de ebriedad.
En la denuncia intervino el Juzgado de Violencia Familiar de la localidad de Comandante Andresito, cuyas autoridades emitieron una restricción de acercamiento que aún hasta hoy está vigente, pero aparentemente la medida fue desobedecida por la pareja, ya que luego de la acusación habrían retomado la relación.
Este antecedente constituiría un nuevo elemento que comprometerá aún más la situación de Kozak, que deberá responder en una causa penal por los delitos de femicidio y femicidio vinculado, que prevé una pena de prisión perpetua.
Sin embargo, para que eso suceda, primero debe ser localizado y detenido, ya que permanece prófugo desde el momento del hecho.
Crimen y fuga
El hecho que conmociona a todo Misiones se registró cerca de las 4 de hoy, en el barrio Nueva Esperanza de San Antonio, cuando las víctimas descendieron de un automóvil en el que volvían a casa y fueron baleadas desde una Fiat Toro azul conducida por Kozak.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, tanto Elizalde como su madre, de 39 años, y un hermano, de 20, estuvieron en un bar-pub de Bernardo de Irigoyen, hasta que cerca de las 3 decidieron regresar a casa.
El regreso a casa lo emprendieron a bordo de un Volkswagen Gol Trend que era conducido por otro hombre conocido como Pauliño, que aparentemente presta servicios como remisero.
Se estima que Kozak persiguió a la familia durante todo el viaje y cuando vio que tanto su novia como su suegra descendieron del rodado intentó embestirlas, pero falló y entonces abrió fuego desde su ventana con un revólver calibre 38 milímetros.
Las fuentes consultadas por LVM detallaron que en total se registraron tres disparos. Uno dio en el pecho de Elizalde, otro en el pecho de Agüero y el tercero en una mano de ésta última.
Como consecuencia de las graves lesiones, madre e hija perdieron la vida a los pocos minutos y ahora sus cuerpos se encuentran en la Morgue Judicial de Posadas para ser sometidos a un examen de autopsia.
El crimen fue presenciado por el hermano e hijo de las víctimas, que forcejeó con Kozak y logró arrebatarle el arma de fuego pero no pudo impedir su fuga.
En la escena trabajó el personal de la comisaría local y los especialistas de la División Criminalística, quienes incautaron el revólver y lo remitirán al laboratorio de la fuerza provincial para las correspondientes pericias balísticas.
Todas las labores fueron presenciadas y supervisadas por las autoridades judiciales al frente del caso, entre ellas el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, que interviene en el caso por cuestiones de jurisdicción.
Sangre y balas
Desde la madrugada, en tanto, diversas dependencias de la Policía de Misiones están abocadas a la búsqueda del sindicado femicida.
Hasta el momento, lo único que se sabe es que el hombre dejó abandonada su Fiat Toro en una chacra que sería de su propiedad y se ubica a unos 10 kilómetros de San Antonio, en dirección a Bernardo de Irigoyen.
Respecto a su paradero no se descarta ninguna hipótesis. Estiman que puede estar oculto en alguna otra propiedad, que ya pudo haber escapado a Brasil e incluso sostienen que pudo haberse quitado la vida en algún monte de la zona.
Todo es probable por estas horas, incluso la posibilidad de que haya contado con la colaboración de un tercero que lo pudo haber buscado desde el punto donde abandonó la Fiat Toro azul.
LVM también pudo saber que al momento del hallazgo la camioneta estaba totalmente cerrada, pero los investigadores lograron conseguir una copia de la llave y llegaron a su interior.
El rodado fue requisado y trasladado a sede policial para pericias de mayor complejidad. Las fuentes adelantaron que tanto en uno de los asientos, como en el piso y en una rueda delantera se detectaron manchas de sangre. Los restos de fluidos hemáticos podrían pertenecer a las víctimas y deberse a “salpicaduras” propias de los disparos.
Por último, este medio también averiguó que la vivienda de Kozak, un comerciante dueño de un telecentro en San Antonio, fue allanada con presencia judicial y en el lugar se incautaron municiones de idéntico calibre y marca que el revólver incautado en la escena del crimen. También se halló otra arma 22 milímetros.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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