Policiales
Salió en libertad, volvió a violar y fue condenado a 10 años de prisión
SANTO PIPÓ. Un hombre de 65 años que estuvo preso por violación, salió en libertad y volvió a atacar a otra mujer. En un juicio abreviado, José Dionicio Rojas Espíndola confesó ser el autor del hecho y recibió una condena a 10 años de cárcel. Los magistrados del caso lo declararon reincidente por cuarta vez.
Rojas Espíndola de 65 años fue sentenciado por primera vez en 1993 a 20 años de cárcel. Cumplió condena en enero de 2015, y luego en noviembre de ese mismo año, violó a la propietaria de un bar ubicado en un paraje cercano a Santo Pipó. Los hijos de la víctima llegaron a la casa de su madre cuando el ex preso se retiraba de la casa, entonces lo redujeron y entregaron a la Policía.
El ataque sexual registrado en contra de la propietaria del bar de Santo Pipó debía llegar a juicio en los próximos días ante el Tribunal Penal 1 de Posadas. Sin embargo, el paraguayo prefirió evitar el escarnio público y firmó un juicio abreviado en el que aceptó una condena a 10 años. En el fallo, los magistrados del caso lo declararon reincidente por cuarta vez. Sobre sus espaldas, además de aquella primera violación, también pesan condenas por “amenazas” y “evasión” de una unidad penal.
La primera vez que Rojas Espíndola ingresó a los expedientes de la Justicia misionera fue por un caso de “abuso sexual con acceso carnal calificado”, ocurrido en noviembre de 1993 y por el que fue condenado a 18 años de cárcel. Tras cumplir casi diez años tras las rejas, en 2002 accedió a las salidas transitorias. Sin embargo, en una de ellas no regresó a la Unidad Penal I de Loreto, por lo que las autoridades ordenaron su captura, que llegó incluso a Interpol.
Luego fue apresado en 2004, en Jardín América, acusado de un nuevo hecho de “abuso sexual”, al que también se sumaron “amenazas”. Sin embargo, de esas dos imputaciones sólo prosperó la última por la que fue condenado a dos años de prisión efectiva por el delito de “amenazas”. Asimismo, se unificó ese fallo con el anterior por abusos, por lo que terminó sentenciado a 20 años y debió cumplir el tiempo que le restaba de la primera violación. El sábado 21 de enero de 2015, Rojas Espíndola recuperó su libertad y nueve meses después volvió a violar.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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