Policiales
Policía denunció a su jefe por acoso sexual y ahora quieren echarla de la fuerza
El caso de una mujer policía que en 2018 denunció por acoso sexual a su jefe en el Grupo de Intervención Rápida (GIR), y que ahora está a punto de ser despedida sin aportes, roza parte de la cúpula policial, y expone hechos de abuso y arbitrariedades que estarían normalizados dentro de la fuerza.
La Voz de Misiones tuvo acceso al caso de la agente E.L., de 36 años, que presta servicios desde 2015 en la Policía de la Provincia de Misiones, quien hace tres años denunció por acoso sexual al entonces jefe del GIR, comisario Jorge Luis Machado, ahora retirado.
La uniformada denunció a Machado en la Dirección General de Seguridad, que en teoría debía remitir lo actuado a la Justicia, cosa que nunca sucedió, y que en cambio derivó en una seguidilla de actuaciones contra la denunciante, que ahora la ponen al borde del despido.
La birome del comisario
Según testimonios recogidos por LVM, de amigos de la policía, quien por razones reglamentarias tiene vedado hacer declaraciones públicas, Machado llegó a proponerle sexo oral, “debajo del escritorio”, inclusive delante de terceros, que tomaron la situación con humor, otro chiste machista del comisario.
“Le remarcaba el cuerpo con su birome, como si le estuviera dibujando”, graficaron en el entorno de la agente policial.
Estuvo un mes en el GIR, hasta que la situación se hizo insostenible, denunció a Machado y pidió su traslado. Ahí, comenzó un recorrido por una serie de reparticiones policiales: las comisarías 18 y 14; el Comando de Candelaria, la División SEPAR, en el Instituto de Deportes, y finalmente la División de Seguridad y Vigilancia.
A la par, le fueron cayendo sumarios por incumplimiento laboral, entre otros señalamientos por faltas en servicio, e incluso por episodios que a juzgar por lo que se lee en las presentaciones internas que hizo la mujer policía, corresponden al exclusivo ámbito de lo privado.
Discusiones con su ex pareja, para dar por finalizada definitivamente la relación, y asegurar la manutención del hijo de ambos, de 9 años y con Trastorno del Espectro Autista, una condición que conlleva permanente terapia y atención clínica, fueron convertidas en causas contra ella.
Hasta un expediente de violencia familiar de la actual pareja de su ex marido apareció en un expediente abierto en su contra.
En total le instruyeron 8 sumarios y la pasaron a disponibilidad en 2020. La agente contestó cada uno de estos sumarios. En su descargo refuta las acusaciones, describe la seguidilla de episodios como una tenaz persecución en su contra desde que denunció a Machado, y acusa a su ex jefe en la SEPAR, el comisario Daniel Raffa, de estar detrás de todo.
“No tengo otra explicación más que el mismo (Raffa) actuó ARBITRARIAMENTE hacia mi persona por tener AFINIDAD con el COMISARIO GENERAL (Machado), que fuere denunciado por ACOSO hacia mi persona”, se lee en un escrito de agosto de 2020, que la mujer policía remitió al jefe de Policía, comisario general Víctor Zenón, pidiéndole se revea la Disposición 308, de pase a disponibilidad.
En la presentación, la firmante menciona un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Nota IR 06/2020, de la Dirección de Asuntos Internos, advirtiendo que ambos “contienen datos erróneos y contrarios” a una serie de leyes que enumera, como la Ley 25.421, de atención primaria de la salud mental; Ley provincial Nº 35, ley nacional 26.485, de protección integral de las mujeres, y la 26.021, de protección de los niños, niñas y adolescentes, entre otras.
La mujer policía acusa a Raffa de “acusaciones falsas y maliciosas hacia mi persona”, y dice haber “demostrado la veracidad” de sus palabras, a través de descargas de los datos de su teléfono celular en la Dirección de Cibercrimen, de la Policía de Misiones. La denuncia alcanza también a los sargentos Gaspar Barrios y César Hellman.
Es el Expediente N° 444/19, con todas las descargas del servicio, entre novedades, comunicaciones telefónicas, y datos que pudieran parecer relevantes al policía en la guardia.
El pase a retiro
En los primeros días de diciembre, la Junta de Calificaciones de la Policía de Misiones pidió el retiro obligatorio sin aportes de la agente policial.
La mujer policía refutó el puntaje asignado por la Junta que preside el comisario general Enrique Eugenio Camargo, argumentando que en sus años de servicio acumuló unas pocas sanciones, y que todavía dispone de otros cinco años para lograr su ascenso en el escalafón policial.
El 21 de diciembre, la Junta le contestó, rechazando su recurso y sus argumentos. La respuesta, sorprendentemente, es un calco de otras, enviadas a otros policías en la misma fecha.
Como contrapartida, al comisario Machado lo apartaron dos meses tras su denuncia por acoso en 2018. Después, lo ascendieron a Director General de Seguridad, la misma repartición que tenía que investigarlo y correr la denuncia en su contra a la justicia penal. El escrito murió ahí.
La Jefatura de Policía separó del cargo al subjefe de la Unidad Regional IV de Puerto Rico, el comisario inspector Walter Daniel Olivera, denunciado por robo de mercadería secuestrada de contrabando, entre otras irregularidades que se investigan desde su llegada a la dependencia, en diciembre del año pasado.
La medida dispuesta por la cúpula de la fuerza provincial se concretó ayer y ahora Olivera pasará a cumplir funciones como supervisor vial, mientras avanza la investigación que está en manos del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.
La denuncia que disparó la pesquisa señala a Olivera como responsable de la desaparición de mercadería secuestrada de contrabando, principalmente cubiertas, cigarrillos y celulares.
“A medida que pasen las horas vamos a ir avanzando y esto va a tomar un poco más de claridad para proporcionar, no solamente al juzgado sino al señor jefe de policía, mayor información de manera que se puedan tomar decisiones con respecto a esta persona o sus posibles cómplices en el caso de que lo hubiera”, precisó el director General de Seguridad de la fuerza provincial, comisario general Raúl David Maslowski, en diálogo con Radio Up esta mañana.
La Justicia dispuso que tanto la hermana como la última pareja del penitenciario asesinado Julio César Argüello (45) continúen detenidas al rechazar el pedido de excarcelación presentado por ambas mujeres.
La decisión fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dependencia judicial que se aboca a la investigación del hecho originado el 6 de febrero.
De esta manera, ambas mujeres continuarán privadas de su libertad como únicas sospechosas del crimen. Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, está imputada como autora del homicidio, mientras que Paola Z. (35), enfrenta una acusación por encubrimiento.
En el avance de la pesquisa, el juzgado continuará con la toma de testimoniales y aguarda pericias clave, una de ellas sobre el revólver calibre 32 incautado en la casa de la hermana de Argüello, elemento que podría tratarse del arma homicida.
El caso
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y espera ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
La Policía de Misiones recapturó a Lucas Juan Aguirre (30), un interno de la Unidad Penal III de Eldorado que el último domingo no regresó de una salida transitoria de 12 horas otorgada por la Justicia.
El operativo de recaptura se activó cuando el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que el interno incumplió con lo establecido por la Justicia misionera y no se presentó a las 19 del domingo en el complejo penal, horario en el que culminaba su salida transitoria.
Entre las tareas de investigación, la Policía entrevistó al referente del interno en Puerto Iguazú, quien manifestó a los uniformados que el condenado no se había presentado en el domicilio consignado y, debido a ello, la Unidad Regional V inició un operativo de búsqueda en esa ciudad.
A casi dos días prófugo, Aguirre fue recapturado en horas de esta tarde por uniformados de la dependencia local. El interno se ocultaba entre las malezas del Parque Municipal El Eucaliptal de la ciudad turística.
Según fuentes policiales, el hombre cumple condena de 5 años y 4 meses de prisión por “homicidio en tentativa en concurso real con coacción, ambos calificados por el uso de arma de fuego”, dictada por el Tribunal Penal Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones.
Luego de su detención, el implicado quedó nuevamente a disposición de la Justicia y será trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.
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