Policiales
Pena de 11 años para hombre que violó y embarazó a su hija
El acusado abusó de su hija desde que tenía 7, la violó desde los 11 y la obligó a abortar a los 13. A los 16 producto de los ultrajes nació un varón. Tanto la víctima como su hermano le advirtieron sobre los abusos a su madre, quien jamás les creyó.
CARAGUATAY. La víctima de abuso sexual en la infancia, quien ahora tiene 19 años, denunció a su progenitor luego de 12 años de abusos y violaciones en su propia casa. El acusado pidió un juicio abreviado al Tribunal Penal de Eldorado.
El padre de la víctima de abuso intrafamiliar no solamente la golpeaba y amenazaba, le prohibía tener amigos y le hizo abandonar la escuela, sino que también la obligó a abortar a los 13 años. Los abusos comenzaron entre el año 2003 y 2004, en una vivienda de la localidad de Caraguatay.
Según publicó Primera Edición, a los 10 años, un hermano de la niña fue testigo de los abusos que era víctima su hermana en manos de su padre. Ante esto, el niño le contó a su madre, quien le preguntó a su hija si aquello era cierto. Pese a las afirmaciones, la mujer descreyó de su hija y los abusos continuaron.
Tras dos años de violaciones, la nena quedó embarazada de su padre a los 13. A los cinco meses de gestación la obligó a tomar un “remedio casero” para que abortara. Por la hemorragia, la trasladaron de urgencia al SAMIC de Eldorado, donde los médicos le practicaron un legrado terapéutico.
En primer año del secundario el agresor la obligó a dejar los estudios. Asimismo, también se supo que la golpeaba con escoba para que no hablara con nadie que no fuera de la familia. Luego, a los 16, quedó embarazada por segunda vez y dió a luz un varón.
Posteriormente, a los 19, comenzó a frecuentar una iglesia, pese a las prohibiciones del progenitor y las amenazas de golpes. Al tiempo, la joven se presentó en la comisaría y denunció a su padre. De forma inmediata tomó intervención el Juzgado de Instrucción 1 a cargo del magistrado Roberto Saldaña. El acusado, que entonces tenía 41 años, era empleado municipal y se mantuvo prófugo durante 48 horas.
Captura e imputación
La captura del sujeto se hizo efectiva el 19 de mayo de 2017. Recolectadas las pruebas necesarias, entre ellas el test de ADN que certificaban la paternidad del hijo de la joven, el caso fue elevado a juicio por los delitos de “abuso sexual sin acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal ambos calificados por el vínculo y cometidos contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia y reiterados en un número no determinado de hechos, en concurso real con la promoción de la corrupción de menores, agravada por la edad y el vínculo y el delito de aborto”, en perjuicio de su propia hija.
Pedido de juicio abreviado
El defensor se presentó en la fiscalía ante el Tribunal Penal 2 de Eldorado con un pedido de juicio abreviado. Las partes acordaron una pena de 11 años de prisión para el acusado. Esto fue presentado al Tribunal y se estima que en los próximos días el acuerdo terminará homologado por los magistrados.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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