Policiales
Pedía donaciones en los medios y ahora está preso por abusar a dos de sus niñas
A comienzos del 2021, Neri Bordón Sotelo acudió a los medios de comunicación y solicitó ayuda de los misioneros, ya que criaba solo a sus cuatro hijos, estaba desempleado y padecían necesidades de todo tipo.
Junto a los niños, que entonces tenían 3, 5, 7 y 8 años, el padre contó que se dedicaba a la albañilería y vivía en una precaria casa en la chacra 145 de Posadas, lugar al que llegó La Voz de Misiones para hacerse eco de su caso.
La particularidad de que era un papá que criaba a sus hijos solo, porque su progenitora los “había abandonado”, transcendió y una fundación se solidarizó con la situación.
La entidad construyó una casa totalmente nueva, equipada con todo el mobiliario necesario, con aires y televisión para los niños. Además, pusieron a disposición de Bordón una niñera para que cuide a los menores mientras él salía a trabajar.
Abusos
Tras dos años de aquellos hechos, en diciembre de 2022, Neri Bordón fue detenido por abuso sexual contra sus dos hijas, que ahora tienen 6 y 9 años.
Según se desprende de la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer Zona Oeste -a la que tuvo acceso LVM-, quien apuntó al albañil fue su hermana, luego de enterarse a través de la niñera de sus sobrinos lo que ocurría con las dos menores.
La denunciante manifestó en sede policial que la cuidadora, a quien no identificó con apellido “porque la mujer no se quería involucrar”, le dijo que los niños le manifestaron que Neri abusaba sexualmente de la nena de 9 años.
Ante esa situación, según relató la familiar de Bordón Sotelo, la niñera reunió a los menores y les preguntó por qué decían esas cosas, a lo que uno de los niños manifestó que “la noche anterior” había presenciado los hechos de abuso contra su hermana mayor.
Seguidamente, en el documento policial, la mujer detalló que la niña rompió en llanto ante las preguntas de su niñera y le confesó que “hace tiempo su papá le hace hacerle eso” y que temía que le “esté haciendo lo mismo a su hermanita”.
Además, la denunciante dejó asentado que su hermano vendió todos los muebles y bienes que les habían donado desde la fundación para los niños para comprar drogas: “Llega el viernes y comienza a tomar y drogarse”, remarcó.
Fue entonces que Neri Bordón Sotelo fue detenido y trasladado a la Seccional Decimotercera. En tanto, las víctimas fueron sometidas a Cámara Gesell el pasado 14 de febrero y la Justicia constató los hechos denunciados.
Por ello, a través de la defensoría interviniente, se entregó a los cuatro menores de edad a la denunciante para su guarda y cuidado, haciéndole saber que “por ninguna razón puede entregar los niños al progenitor denunciado”.
De esta forma, actualmente la tía de los pequeños vive junto a ellos y sus dos hijos en la casa que le edificaron para su hermano, ahora detenido por abuso sexual.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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