Policiales
Pasan a disponibilidad al jefe del cabo asesinado en Infantería de Eldorado
Mientras la investigación por el asesinato del cabo Leonardo Mauricio Miñarro (35) continúa abierta con la teoría de un intento de robo de una avioneta como hipótesis más potable, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario que estaba a cargo del destacamento de Infantería donde se produjo el crimen.
Según confirmaron fuentes de la fuerza provincial, la institución dirigida por Sandro Martínez dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa (43), quien se encontraba a cargo de la base de Infantería desde hace varios años y la medida obedece a las severas irregularidades de funcionamiento que quedaron expuestas en la unidad luego del homicidio de Miñarro.
Entre las irregularidad detectadas sobresale el hecho de que Miñarro se encontraba solo al momento del hecho cuando, en realidad, debía estar acompañado por otros dos agentes policiales, entre ellos el propio Arrúa.
Pero no fue lo único. También quedó al desnudo que Miñarro prácticamente residía en el lugar y es por ello que se encontraba vestido de “entrecasa” cuando encontró la muerte a manos de delincuentes sin identificar, quienes aparentemente tenían como objetivo robarse una de las avionetas guardadas en el hangar del Aeroclub de Eldorado, ubicado en el mismo predio y solo unos metros de la base policial.
Para la Justicia, esa línea investigativa continúa siendo la principal hipótesis del caso, aunque los vecinos más próximos de la zona declararon no haber escuchado disparos ni vehículos circulando y las autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se encargaron de descartar la participación de un grupo comando integrado por criminales extranjeros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento del Cabo 1° de Policía Mauricio Miñarro. Desmentimos categóricamente las versiones que sugieren un golpe comando. El hecho está siendo investigado por las autoridades competentes y pedimos respeto para la familia en este difícil momento.
— Marcelo Pérez (@mgmisiones) December 30, 2024
Quienes se apoyan sobre esa tesis sostienen que, ante la imposibilidad de robar la avioneta, los delincuentes asesinaron a Miñarro para disuadir su intervención y para no irse con las manos vacías decidieron robar las armas.
Sin embargo, a más de 72 horas del hecho, la sustracción de las armas tampoco pudo ser plenamente corroborado y esto se asocia a otra anomalía en la administración de la base.
Es que, los registros del depósito de armas se encontraban fraguados o sin el seguimiento establecido en el reglamento. La versión inicial apuntaba a la faltante de cuatro armas de fuego, dos fusiles FAL y dos escopetas, pero el número final ascendería a nueve, aunque debido a la falta de documentación fiable no se puede determinar si ese armamento desapareció el mismo día del crimen de Miñarro o días, semanas, años, antes.
Este cúmulo de situaciones decantaron en el pase a disponibilidad de Arrúa, lo cual será oficializado en las próximas horas, instancia en la que también se designará un reemplazante.
Miñarro murió de un balazo en el pecho. Tenía el brazo lesionado con el roce de otro proyectil.
Mientras tanto, la jueza María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado desde septiembre, continúa con la investigación del caso y ahora contará con el apoyo de un grupo de agentes de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
La autopsia estableció que Miñarro falleció como consecuencia de un disparo en el pecho, aunque hasta ahora no se pudo determinar el calibre de la munición, lo que a su vez ayudaría a identificar qué tipo de arma fue utilizada por él o los asesinos.
El cuerpo del cabo asesinado fue entregado a sus familiares e inhumado ayer en el cementerio de Roca Chica, de la localidad de Gobernador Roca, de donde era oriundo.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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