Policiales
Pasan a disponibilidad al jefe del cabo asesinado en Infantería de Eldorado
Mientras la investigación por el asesinato del cabo Leonardo Mauricio Miñarro (35) continúa abierta con la teoría de un intento de robo de una avioneta como hipótesis más potable, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario que estaba a cargo del destacamento de Infantería donde se produjo el crimen.
Según confirmaron fuentes de la fuerza provincial, la institución dirigida por Sandro Martínez dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa (43), quien se encontraba a cargo de la base de Infantería desde hace varios años y la medida obedece a las severas irregularidades de funcionamiento que quedaron expuestas en la unidad luego del homicidio de Miñarro.
Entre las irregularidad detectadas sobresale el hecho de que Miñarro se encontraba solo al momento del hecho cuando, en realidad, debía estar acompañado por otros dos agentes policiales, entre ellos el propio Arrúa.
Pero no fue lo único. También quedó al desnudo que Miñarro prácticamente residía en el lugar y es por ello que se encontraba vestido de “entrecasa” cuando encontró la muerte a manos de delincuentes sin identificar, quienes aparentemente tenían como objetivo robarse una de las avionetas guardadas en el hangar del Aeroclub de Eldorado, ubicado en el mismo predio y solo unos metros de la base policial.
Para la Justicia, esa línea investigativa continúa siendo la principal hipótesis del caso, aunque los vecinos más próximos de la zona declararon no haber escuchado disparos ni vehículos circulando y las autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se encargaron de descartar la participación de un grupo comando integrado por criminales extranjeros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento del Cabo 1° de Policía Mauricio Miñarro. Desmentimos categóricamente las versiones que sugieren un golpe comando. El hecho está siendo investigado por las autoridades competentes y pedimos respeto para la familia en este difícil momento.
— Marcelo Pérez (@mgmisiones) December 30, 2024
Quienes se apoyan sobre esa tesis sostienen que, ante la imposibilidad de robar la avioneta, los delincuentes asesinaron a Miñarro para disuadir su intervención y para no irse con las manos vacías decidieron robar las armas.
Sin embargo, a más de 72 horas del hecho, la sustracción de las armas tampoco pudo ser plenamente corroborado y esto se asocia a otra anomalía en la administración de la base.
Es que, los registros del depósito de armas se encontraban fraguados o sin el seguimiento establecido en el reglamento. La versión inicial apuntaba a la faltante de cuatro armas de fuego, dos fusiles FAL y dos escopetas, pero el número final ascendería a nueve, aunque debido a la falta de documentación fiable no se puede determinar si ese armamento desapareció el mismo día del crimen de Miñarro o días, semanas, años, antes.
Este cúmulo de situaciones decantaron en el pase a disponibilidad de Arrúa, lo cual será oficializado en las próximas horas, instancia en la que también se designará un reemplazante.
Miñarro murió de un balazo en el pecho. Tenía el brazo lesionado con el roce de otro proyectil.
Mientras tanto, la jueza María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado desde septiembre, continúa con la investigación del caso y ahora contará con el apoyo de un grupo de agentes de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
La autopsia estableció que Miñarro falleció como consecuencia de un disparo en el pecho, aunque hasta ahora no se pudo determinar el calibre de la munición, lo que a su vez ayudaría a identificar qué tipo de arma fue utilizada por él o los asesinos.
El cuerpo del cabo asesinado fue entregado a sus familiares e inhumado ayer en el cementerio de Roca Chica, de la localidad de Gobernador Roca, de donde era oriundo.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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