Policiales
Pasan a disponibilidad al jefe del cabo asesinado en Infantería de Eldorado
Mientras la investigación por el asesinato del cabo Leonardo Mauricio Miñarro (35) continúa abierta con la teoría de un intento de robo de una avioneta como hipótesis más potable, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario que estaba a cargo del destacamento de Infantería donde se produjo el crimen.
Según confirmaron fuentes de la fuerza provincial, la institución dirigida por Sandro Martínez dispuso el pase a disponibilidad del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa (43), quien se encontraba a cargo de la base de Infantería desde hace varios años y la medida obedece a las severas irregularidades de funcionamiento que quedaron expuestas en la unidad luego del homicidio de Miñarro.
Entre las irregularidad detectadas sobresale el hecho de que Miñarro se encontraba solo al momento del hecho cuando, en realidad, debía estar acompañado por otros dos agentes policiales, entre ellos el propio Arrúa.
Pero no fue lo único. También quedó al desnudo que Miñarro prácticamente residía en el lugar y es por ello que se encontraba vestido de “entrecasa” cuando encontró la muerte a manos de delincuentes sin identificar, quienes aparentemente tenían como objetivo robarse una de las avionetas guardadas en el hangar del Aeroclub de Eldorado, ubicado en el mismo predio y solo unos metros de la base policial.
Para la Justicia, esa línea investigativa continúa siendo la principal hipótesis del caso, aunque los vecinos más próximos de la zona declararon no haber escuchado disparos ni vehículos circulando y las autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se encargaron de descartar la participación de un grupo comando integrado por criminales extranjeros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento del Cabo 1° de Policía Mauricio Miñarro. Desmentimos categóricamente las versiones que sugieren un golpe comando. El hecho está siendo investigado por las autoridades competentes y pedimos respeto para la familia en este difícil momento.
— Marcelo Pérez (@mgmisiones) December 30, 2024
Quienes se apoyan sobre esa tesis sostienen que, ante la imposibilidad de robar la avioneta, los delincuentes asesinaron a Miñarro para disuadir su intervención y para no irse con las manos vacías decidieron robar las armas.
Sin embargo, a más de 72 horas del hecho, la sustracción de las armas tampoco pudo ser plenamente corroborado y esto se asocia a otra anomalía en la administración de la base.
Es que, los registros del depósito de armas se encontraban fraguados o sin el seguimiento establecido en el reglamento. La versión inicial apuntaba a la faltante de cuatro armas de fuego, dos fusiles FAL y dos escopetas, pero el número final ascendería a nueve, aunque debido a la falta de documentación fiable no se puede determinar si ese armamento desapareció el mismo día del crimen de Miñarro o días, semanas, años, antes.
Este cúmulo de situaciones decantaron en el pase a disponibilidad de Arrúa, lo cual será oficializado en las próximas horas, instancia en la que también se designará un reemplazante.
Miñarro murió de un balazo en el pecho. Tenía el brazo lesionado con el roce de otro proyectil.
Mientras tanto, la jueza María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado desde septiembre, continúa con la investigación del caso y ahora contará con el apoyo de un grupo de agentes de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
La autopsia estableció que Miñarro falleció como consecuencia de un disparo en el pecho, aunque hasta ahora no se pudo determinar el calibre de la munición, lo que a su vez ayudaría a identificar qué tipo de arma fue utilizada por él o los asesinos.
El cuerpo del cabo asesinado fue entregado a sus familiares e inhumado ayer en el cementerio de Roca Chica, de la localidad de Gobernador Roca, de donde era oriundo.
Un grupo de al menos diez personas dedicadas al cambio de divisas fueron filmadas a las corridas, piñas y patadas durante este mediodía en pleno microcentro de Posadas.
Las imágenes muestran que el hecho ocurrió sobre la calle Bolívar, en la entrada al hotel Continental, zona donde también predominan los “arbolitos” dedicados al cambio de divisas.
Fuentes consultadas por este medios consignaron que uno de los damnificados, un joven de 22 años, resultó herido y está preparando una denuncia formal sobre lo sucedido.
A juzgar por lo visto en el video que rápidamente se tornó viral, en el hecho hay dos grupos enfrentados, uno de ellos vestidos con uniforme de chomba azul, quienes fueron blanco de las agresiones.
Al menos dos hombres de azul fueron víctimas de reiterados golpes de puño y patadas, escenas que se produjeron ante la vista de todas las personas que pasaban por el lugar.
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La Policía informó el hallazgo de la joven de 25 años que estaba desaparecida en Posadas.
Se trata de Cecilia Yésica Bernarda Pereyra (25), quien anoche había salido de su casa en el barrio A4, sin regresar hasta hoy al mediodía, lo que preocupó y movilizó a sus familiares.
Tras la denuncia por desaparición, la fuerza provincial activó un operativo de búsqueda y esta tarde confirmaron la localización de la joven.
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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