Daniel Marco (50), el gitano apuñalado el viernes pasado durante una discusión mantenida con el médico Ernesto Omar Ramp (55), falleció en las últimas horas y de esta manera se agravó la situación judicial del acusado, quien hasta este hecho se desempeñaba como director del hospital de Aristóbulo del Valle.

El deceso de Marco se conoció esta mañana y ocurrió en el hospital Madariaga de Posadas, donde se encontraba internado con bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado como consecuencia de la estocada que recibió a la altura del pecho.

Con este desenlace, la causa fue recaratulada como “homicidio” y la situación procesal del médico implicado se agravó considerablemente ya que este tipo de delitos prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Ramp continúa detenido en una celda de la comisaría Segunda de Oberá y la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de esa misma ciudad, cuyo magistrado ahora ordenó un examen de autopsia al fallecido.

El hecho se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y sus dos hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.

En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.

Director de hospital está detenido hace tres días por apuñalar a un gitano

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Un joven fue detenido esta mañana en el marco de un allanamiento realizado en su casa del barrio A3-2 de Posadas a raíz de una investigación iniciada por reportes emitidos desde Estado Unidos por posibles maniobras tráfico de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).

El aprehendido fue identificado como Matías Nahuel E., quien ahora se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, encargado de llevar adelante la pesquisa del caso en conjunto con la Fiscalía de Ciberdelitos, presidida por Juan Pablo Espeche.

Según detallaron, la pesquisa inició hace varios meses, cuando la Justicia misionera recibió un reporte emitido por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, información que fue articulada por la Fiscalía de Ciberdelitos, cuyas autoridades ordenaron nuevas medidas de cotejo y con datos técnicos solicitados a la plataforma Telegram obtuvieron resultados determinantes para el avance del proceso judicial.

Mediante esas labores pudieron establecer una relación concreta entre las maniobras de tráfico de Masi y actividades digitales que quedaron registradas en direcciones de IP vinculadas al domicilio del sospechoso.

En el lugar allanado los agentes policiales de Cibercrimen y el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) incautaron numerosos aparatos electrónicos, celulares y dispositivos de almacenamiento, como así también ladrillos de marihuana, dosis de cocaína y un arma de fuego.

Todo los elementos serán enviados ahora al laboratorio de la Saic para ser sometidos a los correspondientes exámenes periciales para seguir recolectando pruebas para esclarecer el ardid efectuado.

El allanamiento fue realizado con personal de la Policía y de la Saic.

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En los meses de noviembre y diciembre, la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones recibió numerosas denuncias por intentos de estafa y fraudes concretados tras la circulación de avisos en redes sociales, con un logo que usurpa la identidad del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), mediante los cuales prometían gestiones y descuentos en medicación a fin de obtener datos personales del afiliado y acceder a sus cuentas personales y bancarias. 

La información fue confirmada a La Voz de Misiones por Celia Tavárez, directora de la Rama Pasiva del IPS: “Esto apareció en el mes de noviembre, en consonancia con el cobro del sueldo, tanto en redes sociales como Facebook y WhatsApp, donde le proponen el carnet digital a los jubilados y un 100% de descuento en medicamentos, y es el enganche con el que inician las estafas. Si cortan lo vuelven a llamar”.

Mediante este mecanismo, solicitan al afiliado realizar un registro biométrico -facial o dactilar- a fin de ingresar a sus cuentas personales y bancarias, ya sea por la jubilación, pensión, billeteras virtuales o la solicitud de préstamos. 

En ese sentido, Tavárez remarcó que todas estas solicitudes son falsas, ya que IPS “no utiliza redes sociales, como tampoco va a llamar para ofrecer este tipo de trámites”.

Al mismo tiempo, recordó que el organismo utiliza solamente las vías oficiales, como su sitio web y la atención personalizada en sus diferentes sedes físicas ubicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

“La cobertura de la medicación oncológica o enfermedades raras existen, pero se debe hacer un pedido a través de la auditoría. No es así, por un llamado de teléfono o un mensaje, tiene otros canales para recibir el beneficio”, reiteró. 

De la misma manera, el carnet digital de IPS se encuentra alojado en el Home Banking de la cuenta bancaria del afiliado. 

Por su parte, Marilyn Ozuna, directora de Cibercrimen confirmó a este medio que, si bien no lograron reunir precisiones sobre la cifra exacta, aseguró que hubo numerosas denuncias entre noviembre y diciembre, efectuadas desde distintas localidades de la provincia. 

Así mismo, alertó que con la misma modalidad recibieron denuncias por intentos de estafa bajo los sellos de Energía de Misiones y California Supermercados.

Recomendaciones

Ante el llamado de una línea sospechosa o el aviso en redes sociales que contenga el logo de IPS, recomiendan bloquear el número telefónico, realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana y enviar la constancia a la Rama Pasiva del organismo provincial, desde donde recolectan los casos para elevar a la Dirección de Cibercrimen. 

Para quienes hayan sido víctimas de estafa, aconsejan desconocer los gastos efectuados en la sede bancaria correspondiente: “El afiliado debe acercarse al banco para realizar la denuncia y desconocer el gasto realizado o la transferencia, porque también suelen enviar el dinero a otra cuenta”. 

“Esto está pasando en toda la provincia y con sumas importantes de pérdidas. Es muy triste lo que está pasando. Ahora se acerca fin de mes y tenemos miedo de que los jubilados vuelvan a sufrir estos hackeos, que en su inocencia o al querer recibir un beneficio más grande sean perjudicados”, concluyó Tavárez.

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