Ayer jueves, agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) patrullaban el río Paraná en Puerto Faubel, a la altura de Eldorado, cuando fueron agredidos por contrabandistas con disparos de armas de fuego, a lo que respondieron con un contrataque.

En ese marco, PNA solicitó apoyo al guardacostas de frontera GC-195 Guaraní, de esa institución, la cual registró algunos daños, tras recibir siete impactos en su casco y dos en la superestructura, aunque logró amortiguar la agresión y no se registraron heridos.

Durante el hecho, intervino el jefe de la Armada paraguaya, teniente de fragata Daniel Ayala y se coordinó un patrullaje combinado. Además, se notificó de la situación a la Fiscalía Federal y al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miriam Delgado y Miguel Ángel Guerrero.

Seguidamente, Prefectura solicitó peritajes balísticos a la Sección Científico Pericial de la Prefectura de Zona Alto Paraná para analizar los impactos que recibió el guardacostas. Hasta el momento, los involucrados en el hecho no fueron identificados en su país.

Desde la fuerza, remarcaron que “el incidente puso de relieve la importancia de la cooperación internacional en la seguridad marítima y fluvial, un tema que la Prefectura Naval Argentina ha abordado activamente en su calidad de Autoridad Marítima Argentina en la Organización Marítima Internacional (OMI)”.

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La abogada, funcionaria judicial y pareja del defensor particular de los hermanos Kiczka, María Carla Dalmaroni, fue suspendida por 30 días a raíz de los contactos telefónicos mantenidos con el ex legislador durante sus días en clandestinidad.

La medida fue dictaminada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuyas autoridades dispusieron el inicio de un sumario administrativo y la suspensión por 30 días en sus funciones a Dalmaroni.

La sancionada se desempeña como secretaria en el Juzgado de Paz de Apóstoles, pero además de ello es pareja del abogado Gonzalo De Paula, quien asumió el patrocinio legal tanto de Germán Kiczka, como de su hermano Sebastián.

La mujer quedó en la mira de todos tras conocerse una pericia que confirmó que ella mantuvo contacto telefónico con el ex diputado mientras el imputado se encontraba prófugo y no informó sobre lo sucedido, a pesar de que en su carácter de funcionaria judicial estaba obligada a hacerlo.

Esta situación fue advertida por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la investigación contra los hermanos imputados por tenencia y distribución de archivos Masi (material de abuso sexual infantil) tras lo cual el STJ resolvió la medida.

La suspensión podría extenderse por 30 días más e incluso Dalmaroni podría ser excluida del cargo en caso de que el juez Faría avance judicialmente contra ella por su accionar en la causa Kiczka.

Sebastián Kiczka se negó a declarar ante un faltazo de su abogado defensor

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La detención el último lunes del oficial ayudante Diego Hernán Correa y el secuestro de su teléfono celular fueron clave para que la Justicia desactive el armado de otra revuelta policial en Misiones.

El uniformado con prestación de servicios en la comisaría Décima de Posadas fue denunciado por otro camarada a quien incitaba a participar de nueva protesta policial y cuando los peritos analizaron su teléfono celular encontraron todas las pruebas que derivaron ayer en la detención de -hasta ahora- siete agentes, tanto activos como retirados, entre ellos el vocero Ramón Amarilla.

Las medidas ordenadas ayer por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, fueron en el marco de una causa que investiga posibles delitos caratulados como “intento de sedición y conspiración” y encontraron sustento en una serie de chats detectados en un grupo de whatsapp llamado “Solo Cola”, donde los involucrados proponían diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.

“Con esto se pudre copado”, celebró Diego Correa -según los chats que se filtraron- cuando otro de los miembros del grupo propuso provocar incendios de malezas en diferentes puntos de la ciudad para luego sustraer los móviles de Bomberos.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

“Nosotros tenemos que hacer primero los móviles de bomberos. Porque si ya robaron un móvil de cualquier comando o comisaría, el móvil de bombero no va a salir por un incendio de malezas, solo por un incendio de QTH (casas) o una persona atrapada”, respondió y redobló la apuesta otro.

Y agregan: “Eso se planifica. Primero nos podemos centrar en el móvil de bomberos y otro grupo en el móvil de las comisarías. Para eso estábamos hablando con los choferes a ver si se prestan”.

Entre quienes se alcanzan a ver como integrantes de ese grupo están los tres agentes detenidos ayer a la tarde Ramón Alejandro Arrieta, Elías Horacio Coutto y Lisandro Ramón Cantero, quienes también están imputados en la otra causa que se tramita en forma separada en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas por el acampe policial que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

Pero no fueron los únicos detenidos, ya que el número ascendió anoche a siete, siendo el último aprehendido Ramón Amarilla, a quien fueron a buscar a su casa pero él se presentó en la Jefatura de Policía para ponerse a disposición de las autoridades.

En ese lugar, Amarilla fue subido a un patrullero y trasladado a la comisaría Segunda, donde quedó pasó la noche y quedó detenido en carácter de incomunicado.

“Esto podía haber sido una citación”

El vocero estuvo acompañado de su abogado defensor, el ex juez penal Ramón Grinhauz, que dialogó con La Voz de Misiones y confirmó que la nueva causa se desencadenó a partir de los chats mencionados.

“Esta causa dio origen a través de una denuncia de un oficial de policía que supuestamente había recibido un pedido para tomar la jefatura. A raíz de esa denuncia se desencadena todo esto y hay un chats y se desencadenó todo este operativo”, precisó.

“Como siempre, todos quisieron estar a disposición de la Justicia. En esta, no hacía falta hacer todo este despliegue, desgaste jurisdiccional. Amarilla como hombre de la Justicia, como auxiliar de la Justicia, se presentó para comparecer”, agregó.

El letrado afirmó “esto es todo nuevo, no tengo idea de lo que hay dentro del expediente. Me llamó la atención este despliegue. Esto podía haber sido un comparendo, una citación y la gente se iba a presentar. Acá no hay posibilidad de fuga, ni entorpecimiento. No hay nada que amerite tamaña detención”.

Grinhauz también es defensor de Correa, el primer policía detenido, quien se abstuvo de declarar ante el juez Verón y se pidió por su excarcelación, aunque la solicitud todavía no tuvo respuesta.

“Ellos buscaban un pequeño aumento nuevamente, porque como todo sube, todo cuesta, las cosas siguen subiendo (de precio), todos tienen conocimiento de ello. Así que entonces sí, ellos estaban luchando con sus compañeros para que las cosas sigan mejorando. O sea, no esperaba, creo yo, no tenía deseos de que pasara esto. Él quería seguir luchando con sus compañeros para que se pueda conseguir ese aumento (salarial)”, expresó a Agencia Hoy la pareja de Correa tras la detención del agente.

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