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Negro Rojas preso: pabellón antinarcos, requisas aleatorias y vigilancia estricta

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Separado de otros internos condenados por narcotráfico, sometido a requisas aleatorias de manera periódica y bajo un estricto control tanto de sus comunicaciones como de sus visitas. Así quema sus noches en prisión Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) y así culminó el 2023 alojado en la cárcel de máxima de seguridad de Marcos Paz, a pesar de sus reiterados pedidos para ser trasladado a la Colonia Penal 17 de Candelaria.

El sindicado narco-sicario acusado de tres asesinatos vinculados al narcotráfico, de un intento de magnicidio contra un juez posadeño y de montar una empresa criminal inspirada en el Primer Comando Capital (PCC), se encuentra privado de su libertad bajo estrictas normas de vigilancia en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz y durante todo el 2023 presentó diversos recursos con la pretensión de obtener morigeraciones en sus condiciones de detención e incluso su traslado a Candelaria, aunque cada pedido enfrentó la oposición del equipo de fiscales federales interviniente en sus causas.

La primera oposición a estos planteos por parte de la fiscalía se dio a comienzos de marzo del año pasado, cuando los fiscales Vivian Barbosa, de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Posadas, y Diego Iglesias, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), no solo consideraron inviable el cambio de penitenciaria sino que también solicitaron mantener vigente las medidas de extremo control sobre su estadía tras las rejas, según pudo averiguar La Voz de Misiones. 

Para los fiscales, Rojas debe continuar en un establecimiento de máxima seguridad, como es el caso del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, debido a su perfil de “peligrosidad”, a los riesgos de una eventual evasión o plan de rescate y a su “demostrada capacidad para llevar a cabo hechos de violencia y articular la organización de actividades delictivas complejas”.

En ese punto, mencionan como antecedentes que mientras el narco-sicario se encontraba tras las rejas se detectó que organizó un plan para asesinar al juez Fernando Verón y que armó una estructura criminal a la que denominó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana en dos semanas.

En la misma instancia, los fiscales también solicitaron que el TOF extienda la vigencia de las medidas de seguridad y restricciones especiales para con Rojas durante su estadía en prisión.

Cargas de marihuana incautadas con el sello de la organización criminal fundada por el Negro Rojas.

De esta manera, el misionero continúa alojado en la cárcel de Marcos Paz, alejado de cualquier tipo de contacto con otros detenidos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.

Dicho presidio bonaerense está dividido en “unidades residenciales”. Rojas se encuentra en el pabellón 7 de la Unidad Residencial III, que tiene capacidad para 30 internos en total.

Dentro de la misma cárcel, por ejemplo, se encuentran otros “pesos pesados” del crimen organizado del país, como es el caso de Ariel Máximo “El Guille” Cantero, jefe de la banda rosarina Los Monos, quien habita el pabellón 7 de la Unidad Residencial II.

Estar separado de otros narcotraficantes no es el único ítem que contempla el régimen especial de detención que pesa contra Rojas. A diferencia del resto de la población penal, el misionero es objeto de requisas aleatorias y periódicas a fin de impedir que alcance dispositivos de comunicación para mantener contacto con el exterior.

También tiene un “control estricto” sobre las comunicaciones que pueda mantener a través de la línea fija de acceso público para internos. Esta medida consiste, principalmente, en conocer a los abonados y a las personas con las que se comunica. Incluso, esas llamadas están reguladas por un régimen de horarios y tiempos determinados. 

En la fundamentación de estas medidas los fiscales también repasaron el contenido de las escuchas practicadas a sus conversaciones mientras se investigaba el accionar del PCF, donde Rojas reparte amenazas de muerte a diferentes personas, entre ellas Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado. 

“Sí, hoy también vi que hizo pippip. Están grabando estos putos, (inaudible), están grabando mangas de putos. A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve. Sabes qué, le voy a decir una cosa tírenme cien, doscientos, trescientos años, no me importa, el peor error de ustedes es no haberme matado todas las veces que intentaron, sabes que ahora recién descubrí que soy, y quien soy y ahora se van arrepentir de haber nacido”, consigna la transcripción de la llamada interceptada por los investigadores asentada en documentos judiciales obtenidos por LVM. 

Y sigue: “Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores. Miguel Ángel Guerrero, vos que sos tan guerrero, como dice tu apellido, jueces hijos de mil puta, que siempre se ríe de (inaudible) esos correntinos que va a entrar, juez nuevo también, (inaudible) todo lo que sea diversión”.

En medio todo este contexto, Rojas jugó otra carta para amortiguar estas medidas con la presentación de un habeas corpus en el que intervino la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires), aunque tampoco consiguió lo que pretendía.

Es que, al estudiar el planteo y el caso en general, los camaristas intervinientes consideraron que “no surgen elementos que permitan concluir en la existencia de un agravamiento ilegítimo de las condiciones”, al tiempo que entendieron que los principales reclamos (videollamada con una hija y visitas) fueron subsanados y, por ende, el recurso se presentaba como “improcedente”.

Rojas y detrás de él una de sus víctimas, su ex socio Aldo Canteros, ejecutado de tres disparos en Gobernador Roca.

Peso pesado

Luego de tres años siendo el criminal más buscado de la provincia, El Negro Rojas cayó detenido a mediados de 2018. Desde allí no volvió a pisar la calle, pero sí fue objeto de varios traslados. 

Pasó por dos cárceles misioneras, pero para las autoridades locales su presencia era una “bomba de tiempo” y, en primera instancia se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, aunque allí dentro continuó organizando maniobras delictivas y en noviembre de 2020 fue llevado a Marcos Paz.

Al sindicado narco-sicario oriundo de Puerto Iguazú le adjudican tres asesinatos vinculados al narcotráfico: el doble crimen de El Acuerdo en 2015, donde las víctimas fueron Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra; y la ejecución de su antiguo socio Aldo Canteros en 2018. 

Más tarde se descubrió que desde la cárcel había orquestado un plan para que mercenarios brasileños acribillen al juez Verón (juez de la causa de El Acuerdo) y meses después también advirtieron que desde su encierro había creado la firma criminal PCF.

Hasta ahora, ninguna causa contra Rojas llegó a instancia de juicio y la última novedad fue que los expedientes por el crimen de Cantero y las incautaciones al PCF que se tramitan ante la Justicia Federal fueron unificados.

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Maltrato animal: un perro muerto y otro abandonado en una casa de Itaembé Miní

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Un perro murió ahogado en la pileta y otro fue rescatado en estado agonizante en una vivienda deshabitada del barrio Terrazas de Itaembé Miní, cuya propietaria se presentó en el lugar tras la intervención policial y fue notificada del inicio de una causa judicial en su contra por delitos de maltrato animal.

La intervención de los agentes policiales se dio a partir del aviso por parte de vecinos del inmueble, quienes indicaron haber oído el llanto y los ladridos débiles proveniente del patio de una vivienda que se encuentra deshabitada y en estado de abandono hace un largo tiempo.

El procedimiento se llevó adelante ayer a la tarde, instancia en la que los uniformados de la comisaría Novena lograron ingresar al lugar y constataron lo denunciado.

En el interior de la vivienda se encontraron con dos ejemplares de Golden Retriever, uno de ellos ahogado en la piscina y otro visiblemente debilitado por falta de cuidado, alimentación e hidratación.

Según detalló la fuerza provincial, en medio del operativo una mujer se presentó como dueña de la propiedad y se mostró hostil con los agentes policiales, como así también con los vecinos que alertaron del hecho al 911.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, la mujer fue notificada del inicio de una causa judicial por presunto abandono y maltrato animal ante lo cual en los próximos días deberá ser citada a declarar.

Las autoridades además decidieron poner a resguardo al can rescatado, que recibirá ahora los tratamientos y cuidados médicos correspondientes para mejorar su salud.

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Joven cayó de un primer piso y quedó internado en estado crítico en Posadas

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Un joven de 18 años cayó de un primer piso esta madrugada y permanece internado en estado crítico en el hospital Madariaga, mientras agentes policiales investigan las circunstancias del suceso.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de la fuerza provincial, el hecho ocurrió cerca de las 5 de hoy, en un edificio ubicado sobre calle San Lorenzo, en inmediaciones a su intersección con calle Tucumán.

A esa hora la Policía fue advertida sobre la presencia de un joven de 18 años que instantes antes había caído desde un primer piso de un edificio, sufriendo lesiones gravedad.

Una ambulancia del sistema de emergencias también acudió al lugar y concretó el traslado del muchacho hacia el hospital Madariaga, donde actualmente se encuentra internado en estado crítico.

Una comisión de la Dirección General de Policía Científica intervino en el hecho y realizó las pericias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

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Guirula: resta un alegato y los imputados esperarán presos el veredicto del martes

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El Tribunal Penal Dos de Posadas ratificó la medida dispuesta el miércoles y decidió que los seis ex policías imputados por el caso Guirula continúen con “arresto preventivo” hasta el dictado de la sentencia, previsto para el próximo martes, una vez que se complete la ronda de alegatos iniciada ayer con el pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía para dos de los acusados.

Fueron las defensas de Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Carlos Alberto Zidorak (36), Claudio Marcelo Servián y Carlos Alberto Da Silva (34), quienes alegaron esta mañana y en paralelo al pedido de absolución para cada uno de ellos solicitaron el cese del “arresto preventivo” para que puedan aguardar el veredicto en libertad, misma condición en la que llegaron a juicio, aunque no obtuvieron respuesta favorable por parte del tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como subrogantes legales.

Para el fiscal Vladimir Glinka, los cuatro mencionados incurrieron en el delito de “omisión” al no interceder para evitar las agresiones que derivaron en la muerte del albañil Carlos Guirula, accionar en que atribuyó a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), para quienes pidió perpetua.

En el caso de Saravia Allosa también fue acusado por torturas, al considerar el lanzamiento de un gas pimienta contra la víctima como una acción enmarcada como vejaciones.

Los seis ex policías habían llegado a juicio acusados de “tortura seguida de muerte”, figura que se mantuvo para Tabarez y Escobar, no así para los otros cuatro imputados, a quienes el fiscal favoreció con un cambio en la calificación legal del delito atribuido, aunque las defensas insistieron en la inocencia absoluta de cada uno de ellos.

Escobar y Tabarez (foto principal) pueden ser condenados a prisión perpetua el próximo martes.

Pedido de absoluciones

“En primera instancia Da Silva propuso llevar al detenido a sanidad policial. Luego, junto a Saravia, le pidieron a Escobar que se bajara de la espalda de Guirula. Es decir, él no fue indiferente, ni guardó silencio. Entonces, no hubo omisión”, argumentó en primer turno Horacio Skanata, defensor de Da Silva, para quien Glinka pidió la menor pena: 6 años de prisión.

En defensa de Servian alegó el letrado Mauricio Vergara, quien cuestionó que la acusación del fiscal Glinka carecía de fundamentos. “Si repasan los testimonios nadie especificó qué hizo o dónde estaba Servian después de que a Guirula lo sacan del auto. Él fue a buscar la camioneta (el patrullero Hilux), si él era el chofer”, señaló.

Y ahondó: “La fiscalía no describe cuál es la conducta omisiva que atribuye a Servian. No lo colocó en algún lugar como para saber si podía o no evitar la agresión”.

Vergara reclamó “violación al principio de congruencia que afectó al derecho de defensa” y solicitó la “anulación de la imputación por falta de fundamentación”, ante lo cual correspondería la absolución de su defendido.

Los abogados Mauricio Vergara, Horacio Skanata y Julián Brites iniciaron la jornada de alegatos este viernes.

El abogado Julián Brites también pidió la absolución de Zidorak, al argumentar que la acusación era “injusta” y al mencionar que su cliente hizo lo que estaba a su alcance para evitar las patadas y pisotones contra la víctima.

Tabarez pisó la cabeza de Guirula y en un acto reflejo y para resguardo de Guirula Zidorak la apartó con un manotazo. El puntapié que luego dieron fue a espaldas de mi defendido, si hubiera tenido ojos en la nuca lo hubiera podido ver, pero no”, afirmó.

Por último, expusieron los letrados Federico Tilli y Cristian Bareiro, en defensa de Saravia Allosa, quienes calificaron como “irrazonable” la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Cuestionaron que en la causa no hay ningún gas pimienta incautado que acredite el accionar que le achacan a su cliente y, por ende, solicitaron que en la imputación por torturas recibida la absolución por “inexistencia de elemento probatorio” o en su defecto que se aplique el beneficio de la duda.

Sobre la omisión, advirtieron que Saravia Allosa no pudo haber evitado “las patadas a Guirula en el piso porque no estaba en ese momento” y respecto a las agresiones que le endilgan a Escobar durante el traslado del detenido recordó el testimonio de otro policía presente durante el hecho pero sobreseído en la instrucción.

Saravia Allosa en diálogo con su abogado Federico Tilli, último en alegar junto a su colega Cristian Bareiro.

“Bogado fue el testigo estrella acá y él mismo declaró que Allosa le pegó un codazo a Escobar para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, Allosa activó un mecanismo de evitación. Allosa hizo hasta un poco más que Da Silva”, postuló Tilli, que también pidió que absolución de su cliente respecto a la segunda imputación.

Al margen sus planteos principales, las defensas también efectuaron pedidos subsidiarios y la mayoría coincidió que, en caso de que el tribunal coincida con la postura fiscal, las penas solicitadas se den por cumplidas por el tiempo que los acusados ya estuvieron con prisión preventiva (4 años) o que las mismas sean de cumplimiento condicional.

El debate continuará el próximo martes, a partir de las 9. Resta el alegato de la letrada Mónica Olivera, defensora de Escobar, para luego dar paso a la etapa de réplicas y dúplicas, antesala de lo que será el dictado de la sentencia.

Mientras tanto, los seis acusados continuarán alojados en la Unidad Penal VI en caso de los hombres y en el Unidad Penal V en el caso de Tabarez.

El debate es presidido por el magistrado Augusto Gregorio Busse. La sentencia será el martes. 

El pedido de la fiscalía:

Lourdes Tabarez: prisión perpetua como autora de “tortura seguido de muerte”.

Ricardo Escobar: prisión perpetua como autor de “tortura seguido de muerte”.

Saravia Allosa: 7 años de prisión por “tortura” y “omisión”

Zidorak y Servian: 6 años y 6 meses de prisión por “omisión”

Da Silva: 6 años de prisión por “omisión”.

Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados

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