Policiales
Negro Rojas preso: pabellón antinarcos, requisas aleatorias y vigilancia estricta
Separado de otros internos condenados por narcotráfico, sometido a requisas aleatorias de manera periódica y bajo un estricto control tanto de sus comunicaciones como de sus visitas. Así quema sus noches en prisión Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) y así culminó el 2023 alojado en la cárcel de máxima de seguridad de Marcos Paz, a pesar de sus reiterados pedidos para ser trasladado a la Colonia Penal 17 de Candelaria.
El sindicado narco-sicario acusado de tres asesinatos vinculados al narcotráfico, de un intento de magnicidio contra un juez posadeño y de montar una empresa criminal inspirada en el Primer Comando Capital (PCC), se encuentra privado de su libertad bajo estrictas normas de vigilancia en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz y durante todo el 2023 presentó diversos recursos con la pretensión de obtener morigeraciones en sus condiciones de detención e incluso su traslado a Candelaria, aunque cada pedido enfrentó la oposición del equipo de fiscales federales interviniente en sus causas.
La primera oposición a estos planteos por parte de la fiscalía se dio a comienzos de marzo del año pasado, cuando los fiscales Vivian Barbosa, de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Posadas, y Diego Iglesias, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), no solo consideraron inviable el cambio de penitenciaria sino que también solicitaron mantener vigente las medidas de extremo control sobre su estadía tras las rejas, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
Para los fiscales, Rojas debe continuar en un establecimiento de máxima seguridad, como es el caso del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, debido a su perfil de “peligrosidad”, a los riesgos de una eventual evasión o plan de rescate y a su “demostrada capacidad para llevar a cabo hechos de violencia y articular la organización de actividades delictivas complejas”.
En ese punto, mencionan como antecedentes que mientras el narco-sicario se encontraba tras las rejas se detectó que organizó un plan para asesinar al juez Fernando Verón y que armó una estructura criminal a la que denominó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana en dos semanas.
En la misma instancia, los fiscales también solicitaron que el TOF extienda la vigencia de las medidas de seguridad y restricciones especiales para con Rojas durante su estadía en prisión.
Cargas de marihuana incautadas con el sello de la organización criminal fundada por el Negro Rojas.
De esta manera, el misionero continúa alojado en la cárcel de Marcos Paz, alejado de cualquier tipo de contacto con otros detenidos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
Dicho presidio bonaerense está dividido en “unidades residenciales”. Rojas se encuentra en el pabellón 7 de la Unidad Residencial III, que tiene capacidad para 30 internos en total.
Dentro de la misma cárcel, por ejemplo, se encuentran otros “pesos pesados” del crimen organizado del país, como es el caso de Ariel Máximo “El Guille” Cantero, jefe de la banda rosarina Los Monos, quien habita el pabellón 7 de la Unidad Residencial II.
Estar separado de otros narcotraficantes no es el único ítem que contempla el régimen especial de detención que pesa contra Rojas. A diferencia del resto de la población penal, el misionero es objeto de requisas aleatorias y periódicas a fin de impedir que alcance dispositivos de comunicación para mantener contacto con el exterior.
También tiene un “control estricto” sobre las comunicaciones que pueda mantener a través de la línea fija de acceso público para internos. Esta medida consiste, principalmente, en conocer a los abonados y a las personas con las que se comunica. Incluso, esas llamadas están reguladas por un régimen de horarios y tiempos determinados.
En la fundamentación de estas medidas los fiscales también repasaron el contenido de las escuchas practicadas a sus conversaciones mientras se investigaba el accionar del PCF, donde Rojas reparte amenazas de muerte a diferentes personas, entre ellas Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado.
“Sí, hoy también vi que hizo pippip. Están grabando estos putos, (inaudible), están grabando mangas de putos. A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve. Sabes qué, le voy a decir una cosa tírenme cien, doscientos, trescientos años, no me importa, el peor error de ustedes es no haberme matado todas las veces que intentaron, sabes que ahora recién descubrí que soy, y quien soy y ahora se van arrepentir de haber nacido”, consigna la transcripción de la llamada interceptada por los investigadores asentada en documentos judiciales obtenidos por LVM.
Y sigue: “Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores. Miguel Ángel Guerrero, vos que sos tan guerrero, como dice tu apellido, jueces hijos de mil puta, que siempre se ríe de (inaudible) esos correntinos que va a entrar, juez nuevo también, (inaudible) todo lo que sea diversión”.
En medio todo este contexto, Rojas jugó otra carta para amortiguar estas medidas con la presentación de un habeas corpus en el que intervino la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires), aunque tampoco consiguió lo que pretendía.
Es que, al estudiar el planteo y el caso en general, los camaristas intervinientes consideraron que “no surgen elementos que permitan concluir en la existencia de un agravamiento ilegítimo de las condiciones”, al tiempo que entendieron que los principales reclamos (videollamada con una hija y visitas) fueron subsanados y, por ende, el recurso se presentaba como “improcedente”.
Rojas y detrás de él una de sus víctimas, su ex socio Aldo Canteros, ejecutado de tres disparos en Gobernador Roca.
Peso pesado
Luego de tres años siendo el criminal más buscado de la provincia, El Negro Rojas cayó detenido a mediados de 2018. Desde allí no volvió a pisar la calle, pero sí fue objeto de varios traslados.
Pasó por dos cárceles misioneras, pero para las autoridades locales su presencia era una “bomba de tiempo” y, en primera instancia se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, aunque allí dentro continuó organizando maniobras delictivas y en noviembre de 2020 fue llevado a Marcos Paz.
Al sindicado narco-sicario oriundo de Puerto Iguazú le adjudican tres asesinatos vinculados al narcotráfico: el doble crimen de El Acuerdo en 2015, donde las víctimas fueron Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra; y la ejecución de su antiguo socio Aldo Canteros en 2018.
Más tarde se descubrió que desde la cárcel había orquestado un plan para que mercenarios brasileños acribillen al juez Verón (juez de la causa de El Acuerdo) y meses después también advirtieron que desde su encierro había creado la firma criminal PCF.
Hasta ahora, ninguna causa contra Rojas llegó a instancia de juicio y la última novedad fue que los expedientes por el crimen de Cantero y las incautaciones al PCF que se tramitan ante la Justicia Federal fueron unificados.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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