Policiales
Negro Rojas preso: pabellón antinarcos, requisas aleatorias y vigilancia estricta
Separado de otros internos condenados por narcotráfico, sometido a requisas aleatorias de manera periódica y bajo un estricto control tanto de sus comunicaciones como de sus visitas. Así quema sus noches en prisión Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) y así culminó el 2023 alojado en la cárcel de máxima de seguridad de Marcos Paz, a pesar de sus reiterados pedidos para ser trasladado a la Colonia Penal 17 de Candelaria.
El sindicado narco-sicario acusado de tres asesinatos vinculados al narcotráfico, de un intento de magnicidio contra un juez posadeño y de montar una empresa criminal inspirada en el Primer Comando Capital (PCC), se encuentra privado de su libertad bajo estrictas normas de vigilancia en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz y durante todo el 2023 presentó diversos recursos con la pretensión de obtener morigeraciones en sus condiciones de detención e incluso su traslado a Candelaria, aunque cada pedido enfrentó la oposición del equipo de fiscales federales interviniente en sus causas.
La primera oposición a estos planteos por parte de la fiscalía se dio a comienzos de marzo del año pasado, cuando los fiscales Vivian Barbosa, de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Posadas, y Diego Iglesias, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), no solo consideraron inviable el cambio de penitenciaria sino que también solicitaron mantener vigente las medidas de extremo control sobre su estadía tras las rejas, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
Para los fiscales, Rojas debe continuar en un establecimiento de máxima seguridad, como es el caso del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, debido a su perfil de “peligrosidad”, a los riesgos de una eventual evasión o plan de rescate y a su “demostrada capacidad para llevar a cabo hechos de violencia y articular la organización de actividades delictivas complejas”.
En ese punto, mencionan como antecedentes que mientras el narco-sicario se encontraba tras las rejas se detectó que organizó un plan para asesinar al juez Fernando Verón y que armó una estructura criminal a la que denominó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana en dos semanas.
En la misma instancia, los fiscales también solicitaron que el TOF extienda la vigencia de las medidas de seguridad y restricciones especiales para con Rojas durante su estadía en prisión.

Cargas de marihuana incautadas con el sello de la organización criminal fundada por el Negro Rojas.
De esta manera, el misionero continúa alojado en la cárcel de Marcos Paz, alejado de cualquier tipo de contacto con otros detenidos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
Dicho presidio bonaerense está dividido en “unidades residenciales”. Rojas se encuentra en el pabellón 7 de la Unidad Residencial III, que tiene capacidad para 30 internos en total.
Dentro de la misma cárcel, por ejemplo, se encuentran otros “pesos pesados” del crimen organizado del país, como es el caso de Ariel Máximo “El Guille” Cantero, jefe de la banda rosarina Los Monos, quien habita el pabellón 7 de la Unidad Residencial II.
Estar separado de otros narcotraficantes no es el único ítem que contempla el régimen especial de detención que pesa contra Rojas. A diferencia del resto de la población penal, el misionero es objeto de requisas aleatorias y periódicas a fin de impedir que alcance dispositivos de comunicación para mantener contacto con el exterior.
También tiene un “control estricto” sobre las comunicaciones que pueda mantener a través de la línea fija de acceso público para internos. Esta medida consiste, principalmente, en conocer a los abonados y a las personas con las que se comunica. Incluso, esas llamadas están reguladas por un régimen de horarios y tiempos determinados.
En la fundamentación de estas medidas los fiscales también repasaron el contenido de las escuchas practicadas a sus conversaciones mientras se investigaba el accionar del PCF, donde Rojas reparte amenazas de muerte a diferentes personas, entre ellas Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado.
“Sí, hoy también vi que hizo pippip. Están grabando estos putos, (inaudible), están grabando mangas de putos. A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve. Sabes qué, le voy a decir una cosa tírenme cien, doscientos, trescientos años, no me importa, el peor error de ustedes es no haberme matado todas las veces que intentaron, sabes que ahora recién descubrí que soy, y quien soy y ahora se van arrepentir de haber nacido”, consigna la transcripción de la llamada interceptada por los investigadores asentada en documentos judiciales obtenidos por LVM.
Y sigue: “Graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores. Miguel Ángel Guerrero, vos que sos tan guerrero, como dice tu apellido, jueces hijos de mil puta, que siempre se ríe de (inaudible) esos correntinos que va a entrar, juez nuevo también, (inaudible) todo lo que sea diversión”.
En medio todo este contexto, Rojas jugó otra carta para amortiguar estas medidas con la presentación de un habeas corpus en el que intervino la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires), aunque tampoco consiguió lo que pretendía.
Es que, al estudiar el planteo y el caso en general, los camaristas intervinientes consideraron que “no surgen elementos que permitan concluir en la existencia de un agravamiento ilegítimo de las condiciones”, al tiempo que entendieron que los principales reclamos (videollamada con una hija y visitas) fueron subsanados y, por ende, el recurso se presentaba como “improcedente”.

Rojas y detrás de él una de sus víctimas, su ex socio Aldo Canteros, ejecutado de tres disparos en Gobernador Roca.
Peso pesado
Luego de tres años siendo el criminal más buscado de la provincia, El Negro Rojas cayó detenido a mediados de 2018. Desde allí no volvió a pisar la calle, pero sí fue objeto de varios traslados.
Pasó por dos cárceles misioneras, pero para las autoridades locales su presencia era una “bomba de tiempo” y, en primera instancia se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, aunque allí dentro continuó organizando maniobras delictivas y en noviembre de 2020 fue llevado a Marcos Paz.
Al sindicado narco-sicario oriundo de Puerto Iguazú le adjudican tres asesinatos vinculados al narcotráfico: el doble crimen de El Acuerdo en 2015, donde las víctimas fueron Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra; y la ejecución de su antiguo socio Aldo Canteros en 2018.
Más tarde se descubrió que desde la cárcel había orquestado un plan para que mercenarios brasileños acribillen al juez Verón (juez de la causa de El Acuerdo) y meses después también advirtieron que desde su encierro había creado la firma criminal PCF.
Hasta ahora, ninguna causa contra Rojas llegó a instancia de juicio y la última novedad fue que los expedientes por el crimen de Cantero y las incautaciones al PCF que se tramitan ante la Justicia Federal fueron unificados.
Policiales
Denuncian que Bruno Zapelli incumplió restricción de acercamiento a su ex
Este miércoles en horas de la noche, María José Humeniuk, compartía un momento de distracción con amigos en el club Pirá Pytá cuando de pronto, su ex pareja, Bruno Zapelli, sobre quien pesa una orden de restricción de acercamiento, volvió a presentarse ante ella agrediéndola verbalmente mientras sostenía su celular en dirección a ella.
Así lo anticipó a La Voz de Misiones, el abogado defensor de Humeniuk, Maximiliano Medina, quien relató: “Dentro del club Pirá Pytá, donde Humeniuk es socia, Bruno Zapelli se acercó. Ella apretó el botón antipánico y no solo que se acercó a ella, sino que también le filmó y le sacó fotos”.
A lo que sumó: “El señor Zapelli tiene conocimiento de que no puede acercarse a la señora Humeniuk y aún así la hostiga y a sabiendas de que existe una orden judicial que él mismo firmó”. El abogado consignó que pasado unos minutos la Policía aún no había acudido al lugar.
Por su parte, Humeniuk relató: “Después de meses sin salir, viviendo con custodia, este energúmeno no sólo desobedeció la orden del juez de instrucción, sino que además se acercó hasta el lugar donde estaba, me filmó y me sacó fotos, y me agredió verbalmente sabiendo que no se puede acercar a mi”.
Y agregó: “Soy una laburante, no le molesto a nadie, no me meto con nadie. Solo quiero paz y hace un año y medio que no puedo. No busco, solo evito lugares. Hoy solo quería comer un asado con amigos y no puede ser que no pueda estar en paz. Solo necesito salir del modo alerta un ratito”.
“Tiene ganas de buscarme y molestarme. O que le tenga miedo, no sé”, cerró Humeniuk, quien afirmó que sufrió un cuadro de crisis nerviosa en el momento.
El hecho se registró en la sede del club náutico ubicado en el final de la avenida Malvinas Argentinas -continuación San Martín- de Posadas, mientras que la denuncia correspondiente iba a ser presentada en la comisaría Decimosexta.
El caso
El caso se hizo público en diciembre del año pasado, cuando la propia víctima brindó una extensa entrevista a La Voz de Misiones donde contó el calvario que afirma padecer a manos de Zapelli, con quien mantuvo una relación de pareja años atrás.
En dicha nota, la joven reveló haber sufrido violencia física, hurto de dinero, hostigamiento, amenazas y persecución constante.
Tras la publicación de su testimonio, ese mismo 4 de diciembre el hombre que trabaja como empleado provincial en el Parque del Conocimiento quedó detenido en la comisaría Decimosexta de Posadas y al otro día compareció ante la Justicia.
En simultáneo, más jóvenes de Posadas se animaron a sumar testimonios contra el acusado, sobre quien relataron haber sufrido episodios de violencia mientras tenían relación de pareja, aunque admitieron que su momento ninguna radicó denuncia formal sobre los episodios.
Una de ellas fue Cintia Magri (30), quien a pesar del temor, se animó revelar su identidad. “Cuando él me pegó fue como un antes y un después. Ahí fue donde me di cuenta de que algo pasaba. En cualquier situación a él algo lo sacaba, insultaba, gritaba, golpeaba o tiraba cosas. Me acuerdo que una vez me empujó, me dio una patada, estábamos peleando por una pavada”.
Tras su detención, el posadeño compareció ante la Justicia y recuperó la libertad, aunque recibió una serie de restricciones a cumplir de manera estricta a cambio de mantener el beneficio.
Entre las restricciones impuestas por la Justicia se destacaba una restricción de acercamiento en un radio de 500 metros a la víctima, como así también una prohibición de salida del país.
Su ex la golpeaba y ahora la hostiga diariamente: “Hace 1 año que tengo miedo”
Policiales
Misionera secuestrada por su ex fue rescatada en un campo de Córdoba
Una joven de misionera de 21 años, que estaba desaparecida hace un mes, fue rescatada esta madrugada en un campo de Córdoba, donde estaba cautiva por su ex pareja, de la misma edad y también oriundo de la tierra colorada, quien ahora es investigado por hechos de trata de personas.
El operativo que culminó con el rescate de la víctima y la captura de su presunto captor se concretó en un galpón ubicado en la zona rural de Saturnino María Laspiur, localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Córdoba capital.
Según consignaron portales locales, al momento del hallazgo, la joven identificada como M. B. (21) presentaba un cuadro de deshidratación, golpes y signos de daño psicológico, por lo que fue trasladada a un hospital de San Francisco.
La investigación se inició a partir de una denuncia por trata de personas radicada por los familiares de la joven, quienes días atrás recibieron un desesperado pedido de auxilio de M., quien narró haber sido secuestrada por su ex novio, trasladada a Córdoba y sometida a condiciones en encierro y aislamiento.
Si bien en ese audio la muchacha no pudo precisar en qué lugar se encontraba, sus familiares alcanzaron a oír la palabra “Villa María” y eso orientó el comienzo de la pesquisa. Los allanamientos comenzaron el lunes a la noche. En un primer lugar encontraron ropa de los involucrados y en el segundo dieron con ellos.
El detenido, también misionero e identificado como Román R. (21), fue imputado por trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria V de Villa María. En la causa interviene la Fiscalía Federal de dicha localidad, a cargo de Guadalupe Riera.
En los operativos participaron la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.
“Reanudamos esta mañana la búsqueda a las 6.30, porque se nos hacía imposible trabajar en la oscuridad, y pudimos dar con el hallazgo de M. y detener a su presunto captor. Se encontraban ocultos detrás de una máquina agrícola, a unos 300 metros de la casa que habitaban, comentó el director de la Departamental San Justo, comisario mayor Pablo Nieto.
Judiciales
Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”
Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.
El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.
“Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.
Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.
“Jamás ejercí violencia”
“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.
El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.
“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.
La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.
“César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.
Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.
En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.
Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.
“Quiere que pague dos veces”
Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.
El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.
“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.
“Soy un muerto civil”
La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.
Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.
“Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.
Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.
“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.
Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios
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