La investigación por el caso Kiczka no se detiene y esta mañana la Justicia ordenó allanar la vivienda de su ex pareja, Alejandra Fassa, ubicada en el barrio San Martín, a solo 100 metros de la casa que compartían en Apóstoles.

La medida es ejecutada por agentes de la Dirección Cibercimen de la Policía de Misiones, en conjunto con el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), los mismos detectives que intervienen en el caso desde que el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

Justamente, el magistrado que dirige dicha dependencia, Miguel Ángel Faría, está presente en el lugar, al igual que la fiscal Silvia Barronis.

El procedimiento está enfoca en buscar nuevos elementos de prueba, principalmente aparatos informáticos que pudieran contener archivos con material de abuso sexual infantil (Masi) o bien conversaciones que pudieran relevar cierto conocimiento o complicidad de la mujer en los hechos atribuidos al ahora ex diputado provincial.

La situación de Fassa que comprometida luego de los últimos informes periciales, donde consta que en una oportunidad Kiczka le compartió archivos Masi al teléfono de la mujer.

Además, durante las tareas de laboratorio de telefonía los peritos especializados lograron recuperar una serie de conversaciones donde la mujer le pedía a su pareja que eliminara una notebook para no dejar pistas.

“Puede haber material viejo”, “no se cosa que un día caigan a casa o algo”, habría advertido Fassa a Kiczka luego del procedimiento realizado en la casa del padre y el hermano –Sebastián– del diputado, operativo que marcó el inicio del expediente que no deja de arrojar novedades.

“Ok china, pero yo tengo fueros, no pueden hacer nada”, respondió el ex legislador puertista en esa ocasión. Se equivocó. El 6 de agosto el juez Faría irrumpió para allanar su casa y días después se ordenó tanto su desafuero, como su detención y ahora su prisión preventiva.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

---

---

---

---

---

El oficial ayudante Diego Hernán Correa, detenido tras ser acusado por un camarada de organizar una toma a la Jefatura e iniciar una nueva revuelta en reclamo de salarios, será llevado ante el magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción Tres, para prestar declaración indagatoria este miércoles por la mañana. En esa instancia, designará un abogado y solicitarán su excarcelación.

“Nuestro abogado pudo acceder a su expediente y no hay nada para que lo mantengan detenido”, dijo el suboficial retirado Germán Palaveccino, referente de la mesa de diálogo policial, en conversación telefónica con La Voz de Misiones.

Sobre el delito que le endilgan al oficial detenido, Palaveccino sostuvo: “Es un joven responsable y comprometido con el servicio. Jamás tomaría una decisión sin una consulta a la mesa de diálogo. Una persona sola no toma esa decisión”.

Consultado sobre las acciones que ejecutarían en caso de que Correa continúe privado de su libertad, el suboficial retirado aseguró que confían en que el juez Verón le conceda la excarcelación porque “no hay elementos que justifiquen su detención”.

En caso contrario, indicaron, la mesa de diálogo policial analizará medidas de fuerza para llevar adelante. “Es la única manera de lograr que lo liberen”, enfatizó.

En esa línea, el referente de los policías y penitenciarios refirió que la detención del oficial se concretó luego de que la mesa de diálogo rechazara el incremento del 5% a los haberes de los trabajadores que le otorgó el gobierno provincial la semana pasada. “Capaz esta acción tengan la intención de evitar movilizaciones o reclamos sobre  la cuestión de los sueldos”, opinó.

La detención de Correa se hizo efectiva el lunes a raíz de la denuncia de un compañero que presta servicio en la Comisaría Décima, quien manifestó a sus superiores haber recibido una llamada del ahora detenido invitándolo a participar de la toma a la Jefatura de Policía en el marco de una nueva protesta salarial.

En su denuncia, el efectivo manifestó que Correa se comunicó con él y le consultó si el martes 17 por la noche estaría de guardia en la dependencia y al contestarle que no, éste habría insistido que cambie su turno para participar de la “movida”.

A raíz de lo expuesto por el agente de la Comisaría Décima, el juez Verón ordenó su detención inmediata.

Detienen a policía acusado de incitar una nueva revuelta en Posadas

---

---

---

---

---

Joelson Sebastiao Freitas (48), un seguidor de Jair Bolsonaro actualmente prófugo de la Justicia brasileña por el intento de golpe de Estado y asalto al edificio de gobierno en Brasilia en enero del año pasado, reside en la localidad misionera de Puerto Iguazú y desde su país denuncian que incluso cuenta con residencia argentina.

La historia marca que Bolsolavista, como se hace llamar en redes sociales, era guardia municipal en Foz de Iguazú desde 1995 y fue uno de los tantos seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que en enero de 2023 se movilizaron e invadieron el Palacio de Planalto como protesta tras la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien apenas un mes antes había tomado posesión del edificio gubernamental tras imponerse en las elecciones presidenciales de 2022.

El brasileño, que también fue candidato a diputado ese mismo año, fue captado en las imágenes de los actos de vandalismo registrado ese 8 de enero de 2023 y ubicado en cercanías a campamentos de militantes de extrema derecha e integrantes del Ejército brasileño, según la acusación judicial. 

Además, él mismo grabó un montón de situaciones para luego publicarlas en sus redes sociales, donde se presenta como “Cristiano, conservador, bolsonarista y Olavista” y se dedica a realizar posteos de índole política.

Sin ir más lejos, el 3 de septiembre publicó un video grabado desde el hito Tres Fronteras de Puerto Iguazú para denunciar el “abandono” del nuevo puente que une Brasil con Paraguay.

Justamente, esas imágenes llamaron la atención en Brasil, dado que en su país denuncian que el implicado posee un pedido de captura activo en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023 en el Palacio del Planalto en Brasilia.

Fue la periodista, también conservadora, Ana María Cemin, la que se encargó de exponer la situación en el portal Bureau da Comunicacao.

La toma del Palacio del Planalto se registró el 8 de enero de 2023.

Fugado/Exiliado

Cemin repasó que Bolsolavista estuvo detenido desde el 17 de marzo hasta el 29 de noviembre de 2023, cuando obtuvo la libertad tras argumentar problemas de salud como hipertensión y disminución auditiva, entre otras afecciones.

Sin embargo, después de ello se cortó la tobillera electrónica, cruzó la frontera y desde el 10 de junio es considerado prófugo de la Justicia. Por esa razón, posee un pedido de captura emitido por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, uno de los jueces considerados entre “los más poderosos” de ese país y recientemente mencionado internacionalmente por el conflicto que enfrentó al gobierno brasileño con el multimillonario dueño de X -entre otras compañías- Elon Musk.

La periodista brasileña también expuso que Bolsolavista no solo que se muestra libremente en Puerto Iguazú, sino que publicó que el implicado se encuentra en Argentina desde el 5 de mayo y que primero estuvo en La Plata junto a otros compatriotas en su misma condición, para luego afincarse en Puerto Iguazú tras obtener un permiso de residencia permanente otorgado por el gobierno de Javier Milei el pasado 19 de julio.

El último 29 de agosto, el brasileño publicó otro video en su cuenta de Instagram, donde recuerda haber estado preso y describe que vive “un infierno” como consecuencia de las medidas de Alexandre de Moraes. También aduce ser un “exiliado político” que hoy “vive del otro lado”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Joelson Sebastião Freitas (@joelsonbolsolavista)

Vida en Iguazú

En su artículo, Cemin indicó que Bolsolavista arguyó a travesar dificultades financieras y deudas por más 270.000 reales en abogados, mientras que en Puerto Iguazú encontró una vida más barata.

“Encontré un apartamento pequeño, con un alquiler barato. Los muebles los hice yo misma con madera. Los electrodomésticos, que aquí son muy caros, los logré traer de Brasil. Tengo toda mi documentación al día desde el principio y siempre que sea posible. Si tengo dudas, hablo con la gente de la Defensoría Pública (Buenos Aires). Tienen especial cariño y cuidado con los presos políticos brasileños. Me dijeron que cualquier proceso de deportación demoraría alrededor de 6 años”, sostuvo el brasileño, según publicó Cemin. 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Joelson Sebastião Freitas (@joelsonbolsolavista)

“Estuve en Brasilia el 8 de enero y no invadí, no destrocé, no me enfrenté a la Policía. Cuando llegamos a la Praça dos Três Poderes ya no había barandillas ni policías bloqueando el acceso. El camino estaba despejado. Tenía la intención de manifestarme pacíficamente y registrar los hechos como periodista registrado en la Orden de Periodistas de Brasil”, se defendió el extranjero en la misma entrevista.

“Técnicamente, los abogados hicieron un trabajo perfecto y como me di cuenta de que la persecución política continuaría, decidí cortarme la tobillera y cruzar la frontera antes de ser arrestado nuevamente. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo y la gente ya está empezando a tomar conciencia de lo que realmente pasó en Brasilia el 8 de enero”, concluyó.

Mientras tanto, en Brasil lo esperan para ser llevado a juicio. Le acusan por cinco delitos que podrían traducirse en una pena de entre 14 y 17 años de prisión.

---

---

---

---

---