Policiales
Muerte en operativo: pericias afianzan hipótesis del disparo accidental
La autopsia practicada a Vanessa de Oliveira Da Silva (19), la joven fallecida durante un operativo policial en Bernardo de Irigoyen, confirmó que recibió un disparo de calibre 9 milímetros y que la trayectoria es compatible con las pericias realizadas en la escena del hecho y se condice con la versión del disparo accidental brindada por los uniformados involucrados.
Tal como estaba previsto, la autopsia se realizó esta mañana en la morgue judicial de Posadas, con presencia de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes intervienen desde el inicio de la investigación por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.
En esa línea, las fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que la necropsia confirmó que la causa de muerte de la joven brasileña fue una herida de arma de fuego localizada en la región de la sien izquierda y durante la pericia se extrajo un proyectil calibre 9 milímetros.
Los primeros informes forenses también consignan que la trayectoria de ese balazo fue de manera descendente, lo cual, según explicaron las mismas fuentes de LVM, es compatible con las pericias realizadas por criminalística de GNA en la escena del hecho y esto, a su vez, también se condice con la versión dada por los efectivos involucrados, quienes señalaron que el disparo se dio de manera accidental tras un forcejeo con uno de los delincuentes que pretendían detener.
La munición extraída será sometida ahora a otras pericias para confirmar de qué arma salió el disparo y a partir se analizarán los próximos pasos a seguir.
Tras la culminación de la autopsia, la GNA quedó encargada de realizar las gestiones correspondientes para la entrega del cuerpo a los familiares hallados de la muchacha.
El hecho ocurrió el martes a la mañana, cuando una patrulla de la comisaría de Bernardo de Irigoyen localizó a Ramoncito, un sindicado delincuente que contaba con pedido de detención vigente por un hecho de robo.
En esa instancia, se inició una persecución que se extendió hasta el interior de un asentamiento, donde el sospechoso, en compañía de un cómplice identificado como Dente, resistieron al operativo a balazos y machetazos.
La versión inicial del caso indica que, en determinado momento, uno de los efectivos ingresó a una precaria vivienda y se trenzó en una pelea con uno de los delincuentes y durante ese forcejeo se acción el arma.
Ese disparo considerado accidental se produjo hacia el suelo y momentos después apareció en escena una mujer malherida. Esa muchacha se trató de Oliveira Da Silva, quien se ocultaba en un entrepiso típico de viviendas construidas en zonas de posible inundación y fue alcanzada por el proyectil.
Oliveira Da Silva tenía 19 años, era brasileña y tenía una tobillera electrónica en el marco de una causa por un hurto investigado por la Justicia brasileña.
De los dos delincuentes implicados en el hecho, Dente fue herido de un disparo con balas de goma en la pierna y quedó hospitalizado, mientras que Ramoncito logró huir y se cree que cruzó la frontera.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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