El fiscal David Milicich solicitó esta mañana la pena de prisión perpetua contra el cacique Marcelo Núñez (38) al dar por acreditado, aún sin comprobarse la mecánica de la muerte, el femicidio de su pareja María Solange Diniz Rabela (22), cometido entre la noche del 11 de abril y la madrugada del 12 de abril de 2020 en la comunidad guaraní Tarumá Poty de San Vicente.

La defensa, en tanto, encabezada por el letrado particular Jorge Zabulanez, solicitó la absolución del cacique Núñez al entender que no existen pruebas de un asesinato y ahora le decisión final está en manos del Tribunal Penal Uno de Oberá, cuyos magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Carvallo ingresaron a deliberar en sala secreta a las 10.15.

Milicich fue el primero en alegar. Lo hice inmediatamente después de la declaración de Milton Acosta, el médico que realizó la autopsia a los restos de Diniz Rabela, quien no era originaria de la comunidad guaraní pero residía allí por su relación de pareja con el ahora imputado.

El forense describió que el cuerpo de la joven presentaba “una carbonización extrema, profunda y extensa en todo el cuerpo, lo que afectó zonas visibles como la cabeza, el tórax y el abdomen. La magnitud del daño es evidente y para que eso se produzca tuvo que estar sometido a temperaturas de entre 300 y 400 grados durante un tiempo bastante prolongado, de dos, tres o más horas”.

La acción del fuego prácticamente eliminó toda posibilidad de obtener certezas sobre la muerte de la joven. Para Acosta el deceso fue vinculante a causa violenta, aunque advirtió que no se pudo establecer la mecánica o el modo en que se produjo el deceso.

“En el caso Diniz Rabela se constató una carbonización extrema, con daños profundos en su estructura. Con borramiento cutáneo, esquelético y visceral es dificultoso entrar en detalles en el mecanismo o la acción que lo llevó al deceso. No se puede establecer la mecánica del óbito pero sigue siendo una muerte violenta, pero sí que la carbonización se hizo posterior a su deceso”, se explayó Acosta, quien por las mismas razones tampoco pudo estimar un contagio de coronavirus como posible causa de muerte.

Para el fiscal Milicich esto no impide dar por acreditado el femicidio e incluso mencionó casos donde hubo condenas aún sin que haya cuerpo, como la perpetua dictada contra el abogado Rubén Ernesto Carrazona en La Plata, que fue responsabilizado del asesinato de su pareja Stella Maris Sequeira, quien se encuentra desaparecida desde el 29 de septiembre de 2016.

“El cuerpo de la víctima es un elemento del cuerpo del delito, pero no es el único. Nosotros tenemos que ver cómo fue la situación de la víctima y el contexto femicida”, postuló el fiscal.

Partiendo desde esa base, consideró probado que el cacique Marcelo Núñez infringía violencia de género en contra la víctima y para dar esa afirmación se apoyó en varios testimonios que dieron cuenta de episodios de ese tipo.

En ese repaso, mencionó una declaración en Cámara Gesell donde el hijo de la víctima sostuvo que el cacique “le pegaba” a su mamá y otro testimonio vertido por una sobrina del acusado, quien recordó una vez que Diniz Rabela escapó de su casa con un dedo cortado y Núñez la persiguió con un machete en mano.

Eso, sumado a lo narrado por el padrastro de la joven, quien contó que llevaban cinco meses sin saber de ella porque el cacique impedía la comunicación.

Milicich también hizo hincapié en contradicciones incurridas por el imputado. “En instrucción Núñez dijo que Diniz Rabela murió de dengue, acá dijo que fue por covid. En instrucción dijo que él quemó el cuerpo, acá dijo que lo hizo otra persona”.

También creyó en la palabra de los médicos Mariel Ferreyra Díaz y Ricardo Sabal, quienes declararon que en ningún momento recomendaron quemar el cuerpo de la joven fallecida.

“Es evidente que la quema no tenía fines religiosos, ni para evitar el covid, el único fin era borrar evidencias”, lanzó el fiscal.

Y concluyó: “Esa noche, el 11 de abril de 2020, el imputado consumió alcohol y mata en forma violenta a María Solange. Nunca vamos a saber cuál fue la mecánica, pero sabemos que después de ello, sin ningún tipo de miramientos, quemó el cuerpo porque sabía que la Policía iba a venir. Quema el cuerpo para borrar pruebas”.

Milicich consideró el caso como un homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y femicidio, por lo cual solicitó que el imputado sea condenado a la pena de prisión perpetua, que equivale a 35 años de encierro de cumplimiento efectivo.

A su turno expuso el defensor Zabulanez, quien solicitó la absolución de Núñez al considerar que no existen pruebas de un asesinato.

“El monstruo que se pretende crear con la figura de Marcelo es un mito”, cuestionó.

Y apuntó: “Entiendo los pocos elementos que puede tener la fiscalía para sostener su denuncia, pero en el expediente no hay ninguna prueba de un acto que pueda haber ocasionado una muerte”.

Zabulanez también refirió que no hay pruebas para acreditar una historia de violencia de género previa y también puso en relieve el contexto de la pandemia: “No fueron épocas normales. A veces el estado de conmoción violenta lo da la ira, en este caso lo dio el miedo, el miedo a contagiar”.

Culminado los alegatos, el tribunal pasó a deliberar y se prevé que después del mediodía se conozca la sentencia.

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Muerte por covid o femicidio. Sobre ese interrogante se centró esta mañana el primer día del juicio oral contra el ex cacique Marcelo Núñez, acusado de asesinar a su pareja criolla María Solange Diniz Rabela (22), para luego incinerarla y enterrarla en una fosa a metros de su casa dentro de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente.

Núñez, que enfrenta una acusación que puede conducirlo a prisión perpetua, mantuvo su inocencia al declarar este miércoles al mediodía, una vez concluida la presentación de los trece testigos citados para la fecha, varios de los cuales optaron por no declarar al ser familiares del imputado.

El cacique insistió en la versión defensiva que sostiene desde el 12 de abril de 2020, día en que se produjo el deceso de Diniz Rabela, aunque el hecho recién se descubrió cuatro días después, tras una denuncia radicada por el padrastro de la joven.

“Yo soy inocente”, sostuvo Núñez, apoyado por un intérprete de idioma guaraní, al momento de declarar ante el magistrado Francisco Aguirre, que preside el Tribunal Penal Uno de Oberá con sus pares Horacio Paniagua y Jorge Carvallo como vocales.

El imputado reiteró que Diniz Rabela murió por un cuadro de covid y apuntó que la cremación del cadáver se efectuó por recomendación de la médica Adriana Mariel Ferreyra Díaz (55), que declaró minutos antes que el cacique y repitió en al menos cinco oportunidades que nunca emitió tal consejo.

“La doctora mintió. No fue así. Yo le llamé y llamé pero no atendió nunca. Recién a los tres días vino. Ella dijo que la enterrara o hiciera algo más rápido. Me dijo: ‘Vos Núñez hace mi palabra y yo me hago cargo”, lanzó el cacique, atribuyéndole la responsabilidad del cruento final de Diniz Rabela a la médica.

El cacique además se desligó de la cremación del cadáver, tarea que -según su testimonio- fue realizado por otro paisano que actuó sin su consentimiento como autoridad máxima de la comunidad. También negó haber ejercido violencia de género sobre la víctima en ocasiones anteriores.

“Siempre íbamos bien con ella. Ella iba a la iglesia, a la religión de ellos y yo seguía mi religión guaraní. Yo nunca le hice mal, le amo mucho a ella”, aseguró.

Marcelo Núñez está detenido con prisión preventiva y puede ser condenado a prisión perpetua.

Los médicos

Sin embargo, varios de los testimonios recolectados previamente marcan episodios diametralmente opuestos al relato brindado por el cacique imputado.

Los aportes más esperados de la jornada eran los de la médica Ferreyra Díaz y la de su compañero, el chofer de ambulancia, Ricardo Sabal (45), quienes relataron cómo fueron esos primeros días del caso.

“Era domingo de Pascuas en 2020. Era pandemia, es decir que estábamos alerta. Yo estaba en mi casa y me llama Núñez solicitando que vaya con la ambulancia porque había obitado su pareja y él pensaba que era covid. Yo le dije que no podía hacer eso, que debía llamar a la Policía porque se trataba de un óbito en domicilio”, recordó la médica que desde 2012 realiza visitas sanitarias en comunidades aborígenes de San Vicente y alrededores.

En idéntica sintonía declaró Sabal, a quien Núñez llamó solicitando lo mismo y recibió la misma respuesta. “Nos preguntó si podíamos ir a buscar el cuerpo de su pareja, que había fallecido. Supuestamente él se despertó y ella estaba fallecida. Yo me comuniqué con mi jefe y me dice que no, que nosotros no somos la morgue, que debía intervenir la Policía”, afirmó.

Lo que ocurrió después, según ambos testigos, fue que el cacique los volvió a llamar, pero esta vez pidió que acudieran a la comunidad porque habían niños con síntomas similares al coronavirus.

Ferreyra Díaz contó que esa visita sí fue autorizada y decidieron ir hasta Tarumá Poty, pero antes de ello pasaron por la comisaría Segunda de San Vicente para advertir que en el lugar había una persona fallecida, lo cual fue prácticamente desoído por los oficiales en turno.

“Yo hablo con un oficial y le empiezo a comentar. Él me dice que estaban en conocimiento porque vino el padrastro de la señora (de Diniz Rabela). Me dijo que nadie nos iba a acompañar porque la costumbre de ellos era enterrar el cuerpo en la comunidad. Ahí yo le avisé que ella no era de la comunidad”, profundizó en ese punto Sabal.

La cuestión es que al llegar a la comunidad el equipo sanitario revisó a sus integrantes, donde había niños con cuadros subfebriles pero ninguno presentaba mayores síntomas, ni hubo que trasladar a ninguno para una atención más pormenorizada.

“Cuando estábamos allá me acerqué a la carpa donde estaba el óbito. Yo ya sabía que estaba ahí, pero yo ya había dicho que no iba a revisar el cuerpo. El señor Núñez nos volvió a pedir que trasladáramos el cuerpo hasta Fracrán, pero nosotros terminamos nuestro trabajo y volvimos al pueblo”, alegó la médica.

Tanto el fiscal David Milicich, como el defensor particular Jorge Zabulandez e incluso los magistrados realizaron varias preguntas relacionadas a la cremación del cuerpo de Diniz Rabela, a lo que la médica contestó, una y otra vez: “Yo jamás dí esa recomendación. Juro por Dios y los Santos Evangelios. Ni se me hubiese ocurrido”.

“Cuando terminamos todo la doctora se acercó a Núñez y le recomendó que traten de resolver lo antes posible porque el cuerpo se iba a descomponer. En ningún momento recomendamos que quemaran el cuerpo”, ahondó Sabal.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, tras el deceso de Diniz Rabela el cacique le ordenó a varios paisanos que colaboren para deshacerse del cuerpo, siempre siguiendo la teoría del fallecimiento por covid. Tal fue así que algunos participaron en el traslado del cadáver y otros ayudaron en la cremación.

Sin embargo, ninguno de ellos aceptó declarar hoy, amparándose en que todos guardaban algún lazo de parentesco con Núñez, lo cual los exime de testimoniar, según la legislación vigente.

El cacique Zayas y la médica Ferreyra Díaz, cara a cara, para un careo.

Careo

El único que aborigen que sí declaró fue Pablo Alejandro Zayas, cacique de otro pueblo mbya guaraní distante a unos 20 kilómetros de Tarumá Poty.

“Todos los testigos que estuvieron acá, por miedo o timidez ante la autoridad, no se animan a contar la verdad. La policía, el blanco, siempre llega atropellando. Por eso yo hoy estoy acá, para decir que Marcelo Ñúñez es inocente y que la señora falleció de enfermedad”, arrancó Zayas, que no dudó que atribuir responsabilidades en el caso a la médica Ferreyra Díaz.

El cacique narró que “doña María (por Diniz Rabela) una semana atrás ya estaba muy enferma. Ella contó todo, tenía un tumor y seguramente eso le fue perjudicando la vida física de ella”, aunque ante una repregunta del fiscal Milicich admitió que a pesar de ello “nadie llamó al médico”.

Sobre la cremación del cuerpo, tampoco vaciló y cuestionó a la médica: “Yo escuché que la doctora mandó a quemar el cuerpo. Yo por eso fui el martes, para que no se haga eso, pero ya era tarde”.

La contraposición entre ambos era evidente, por lo cual el fiscal solicitó la realización de un careo, donde los dos mantuvieron sus mismos postulados. La doctora negó haber dado esa recomendación y Zayas insistió en su acusación.

Violencia

Independientemente del debate en torno a la quema del cadáver, en esta primera jornada también declararon dos testigos que dieron cuenta de episodios de violencia de género contra Diniz Rabela.

Uno de ellos fue Leonardo Benítez (44), padrastro de la víctima. El hombre contó que la muchacha era “maltratada” y que llevaban cinco meses sin hablar con ella porque Núñez impedía las comunicaciones.

“Él le golpeaba y le maltrataba. Ella intentó escapar dos veces y él le salía a buscar de nuevo en la moto. Yo creo que fue más muerte por delito, que por covid. Ella fue matada por el señor”, incriminó.

Otro que testigo que mencionó situaciones de violencia fue Cristian Reinel (24), vecino de la comunidad. Si bien el joven no presenció los hechos, sí relató lo que su esposa, Juana Sierra -también aborigen-, le contó.

“Yo escuchaba gritos cada noche, pero no sabía nada. Pensé que por ahí era que estaban jugando naipes. Mi señora me contó que un día estaban en la casa de su abuela y escuchó a la señora gritar. Ella me contó que la señora salió corriendo, con un dedo cortado y que Marcelo venía con un machete atrás”, describió.

Leonardo Benítez, padrastro de la víctima, relató episodios de violencia.

Día clave

El debate oral continuará mañana, a partir de las 8.30, con la declaración de dos testigos citados a último momento: uno es el médico policial que participó de la excavación y otro es el médico forense que realizó la autopsia a los restos carbonizados de la víctima.

La declaración de ambos será clave para abordar cuestiones referidas al fallecimiento de la joven. En este punto cabe recordar que la autopsia no pudo precisar la causa de muerte debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, aunque sí consideró que el deceso fue violento.

Se prevé que después de ello se dará inicio de la etapa de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales, para que posteriormente el tribunal dicte sentencia.

El debate puede observarse en vivo a través de Youtube. 

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) advirtieron “aunque la causa fue presentada públicamente como un femicidio, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que incriminen a Marcelo Núñez, quien lleva años en prisión preventiva”.

Y reclamaron que “el proceso estuvo atravesado por irregularidades graves, la falta total de perspectiva intercultural y una condena social y mediática reforzada por prejuicios racistas y discriminatorios.

FOTO: Emipa

Comenzó el juicio contra el cacique acusado de matar y quemar a su pareja

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa del hijo de una funcionaria del Iprodha acusado de abuso sexual en perjuicio de su hija y confirmó la anulación de la sentencia absolutoria dictada a su favor a fines de 2022, ante lo cual no queda más opción que realizar un nuevo juicio oral.

Con esta presentación, la defensa del imputado J. R. G. (34), cuyos datos filiatorios completos se preservan para no identificar a la víctima, pretendía recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice las actuaciones del caso, pero el máximo órgano judicial de la provincia consideró inadmisible la cuestión y por ende denegó el recurso, lo que en consecuencia dejó firme la resolución anterior sobre la anulación del fallo absolutorio.

De esta manera, ahora el expediente deberá regresar al Tribunal Penal Uno de Posadas para que con magistrados diferentes se realice un nuevo debate oral contra el imputado.

El acusado enfrenta cargos por “abuso sexual sin acceso carnal, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, varios hechos en concurso real” en perjuicio de su hija, que al momento de los hechos tenía 5 años de edad.

La denuncia se radicó en 2013 y el caso llegó a instancia de juicio oral casi diez años después, proceso en el cual intervinieron María Laura Álvarez como fiscal, el abogado Hugo Zapana como querellante particular y los letrados Eduardo Paredes, María Laura Alvarenga y Fausto Mauricio Vergara como equipo técnico defensivo.

El juicio se celebró ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado para la ocasión con los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo (hoy jubilado) y Juan Manuel Monte (subrogante).

Tras varios días de audiencia, la fiscal y la querella solicitaron penas de 15 y 16 años de prisión para el acusado, aunque finalmente el tribunal resolvió absolver al imputado aplicando el beneficio de la duda.

Sin embargo, tras una casación trabada por las partes acusatorias, el STJ anuló la sentencia al considerar que la exclusión como prueba del aporte de una profesional que participó de la segunda Cámara Gesell realizada a la denunciante revestía “un vicio que afecta la validez de la sentencia” y, en contrapartida, esgrimió que los fundamentos de la defensa carecían sustento probatorio, entre otros planteos.

En consecuencia, en su resolución de agosto de 2024, el STJ resolvió declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo juicio, pero en el medio atendieron el recurso extraordinario federal de la defensa, el cual ahora contestaron en forma negativa.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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