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Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez

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Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.

El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.

El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.

En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.

El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.

A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.

La causa salteña

En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.

Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.

Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.

El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.

En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.

Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.

Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.

El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.

Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.

El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.

Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.

fallo - condena gonzález

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Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”

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Negro Rojas

Recluido en la cárcel federal de Marcos Paz y a través de videoconferencia para evitar su traslado a la provincia, el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47) comenzó a ser juzgado hoy en el marco de dos de los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos por la multiplicidad de delitos que le achacan desde al menos 2014 cuando libró una seguidilla de hechos de narcotráfico, asesinatos y amenazas de muerte a jueces. 

Es la primera vez que el hombre nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú enfrenta un debate oral, dado que si bien registra una pena única de 8 años de prisión como antecedente, a esa sentencia se arribó mediante la firma de diferentes juicios abreviados. Por eso, en esta ocasión intentó aprovechar al máximo esta nueva experiencia.

“Agradezco la oportunidad de poder ser escuchado. No tengo nada que esconder. Mi declaración va a traer luz sobre muchas cosas”, adelantó apenas se le otorgó el uso de la palabra a las 9.28. Desde allí, no paró de hablar hasta pasada las 13.30. 

Repitió una y otra vez su inocencia. Lo hizo casi hasta el hartazgo de las partes y recibió varios varios llamados de atención por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, integrado circunstancialmente por los magistrados Víctor Alonso -presidente-, Fermín Amado Ceroleni y Enrique Bosch, todos de ellos otras jurisdicciones. “Ya está haciendo abuso de su derecho”, le marcó Alonso como último aviso a las 13.20. 

En este juicio Rojas enfrenta dos causas que fueron acumuladas. En una está imputado como “organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes modalidades de almacenamiento y transporte” y “homicidio agravado por criminis causa”, mientras que en el otro  expediente lo acusan como “organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas”.

La primera es por el asesinato de su ladero de mayor confianza: Aldo Andrés Canteros, quien fue ejecutado de cuatro balazos en un fundo de Gobernador Roca durante la tarde del 5 de agosto de 2018. La otra es por crear desde el penal de Ezeiza una organización narco transnacional a la que bautizó Primer Comando de Frontera (PCF), la cual según los investigadores alcanzó a mover 11 toneladas de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en menos de un año. 

Rojas está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz, en Buenos Aires.

Pero en el registro del iguazuense que llegó a ser el criminal más buscado de Misiones hay más antecedentes. También tiene un expediente abierto por el doble crimen mafioso de El Acuerdo perpetrado en 2014 y otro por orquestar desde la prisión un plan para asesinar al juez de esa causa (Fernando Verón) utilizando sicarios brasileños a mediados de 2020. 

Por eso, cuando esta mañana tomó la palabra declaró durante cuatro horas con un mínimo descanso de 15 minutos. Es que tenía que dar explicaciones por demasiadas cuestiones, aún cuando en este proceso sólo interesan el caso Canteros y la creación del PCF.

En su contra Rojas tiene testimonios, escuchas telefónicas, registros fílmicos y más elementos de prueba, pero él se considera “un perseguido” y promete: “Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”. 

El crimen de su ladero y el PCF

El homicidio de Canteros se registró el 5 de agosto de 2018 en su chacra ubicada en Gobernador Roca, lugar donde se almacenaban las cargas estupefacientes que eran ingresadas desde Paraguay y que luego eran enviadas tanto a Buenos Aires como a Entre Ríos. Cuando se descubrió el asesinato, la Policía se topó con 1.779 kilogramos de marihuana en una cava en la tierra. 

Según consta en el expediente, Rojas, que en ese momento llevaba más de tres años viviendo en las sombras con un pedido de captura internacional sobre la espalda por el caso de El Acuerdo, ya había sido marcado operando junto a Canteros desde marzo de 2018, aunque su detención se demoraba porque los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban tras sus pasos pretendían agarrarlo con una carga de estupefacientes encima.

En esas circunstancias, la hipótesis acusatoria sostiene que en esas circunstancias Rojas advirtió movimientos extraños y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de Canteros, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

La autopsia marcó que la víctima fue ejecutada con una pistola 9 milímetros y recibió cuatro disparos: en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza.

Rojas junto a Canteros, comprando carne para el asado que compartieron antes del crimen.

Rojas fue atrapado ocho días después, en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto a concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa y Diego Iglesias, este último de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio. 

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga. 

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

“Soy un perseguido”

En su declaración de hoy, Rojas solo se hizo cargo de la cocaína que tenía en su poder al momento de ser detenido en La Aventura y se desligó tanto del crimen de Canteros como del PCF.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, afirmó Rojas, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

En su extensa declaración, el misionero que es alcanzado por el “protocolo de gestión de presos de alto riesgo” anunciado por Patricia Bullrich, describió: “Yo estaba ahí porque había ido a buscar lo mío, que era la cocaína. Canteros trabajaba para muchos grupos de narcotráfico. Él era el aguantadero de mucha gente. Yo sé quién mató a Canteros. La jueza de Posadas lo dejó ir, estaba ahí en La Aventura. No puedo decir quién es porque está en peligro la vida de mi familia si lo hago”.

Sin poder mantener un hilo cronológico, navegando en cuestiones de otras causas y divagando por momentos en críticas hacia jueces, principalmente hacia Miguel Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado, e “hijos del poder”, Rojas además cuestionó los métodos de investigación trazada en su contra e intentó desvalorizar las escuchas telefónicas sobre las cuales se asienta gran parte de la acusación.

“Le volé la cabeza”, se oye en uno de esos audios que luego salieron a la luz, aunque el imputado se aleja de ello. “Todas las causas grandes Procunar se basan en escuchas telefónicas, es decir, de persecución. Todo eso se puede editar, falsificar. Ahora hay Inteligencia Artificial, el otro día escuché a Messi relatar un poema”, ejemplificó, punto que fue suficiente como para que el juez Alonso lo advirtiera por tercera vez y casi a los gritos por “divagar”.

Tanto los dos imputados como los tres jueces y los fiscales participaron del debate en forma telemática.

Al momento de responder preguntas, el implicado admitió no saber explicar por qué el arma utilizada para matar a Canteros apareció oculta en la casa de su ex suegro en Eldorado. “No sé, yo quisiera que me expliquen. Pudo haber sido plantada, eso ocurre con normalidad en mi provincia”, expuso, casi sin poder esquivar una de las principales pruebas que lo vinculan con el crimen que puede conducirlo a la prisión perpetua.

Rojas dividió en dos su declaración indagatoria. En la segunda parte se refirió a la causa que lo ubica como organizador y financista del PCF, delito del cual también se desligó.

“Cuando caí preso yo no tenía plata ni para el abogado. Me sostuve con plata que me mandaba mi familia. A veces no tenía ni para comer. Ese es el gran narco que pintan que soy. Pero bueno, a mi también me cocinaron los medios. Mi caso fue mediático porque yo siempre fui bocón, pero fui bocón por contar mi verdad”, lanzó.

Para Rojas, las escuchas donde se lo oye decir “graben bien, y ustedes saben de lo que le estoy diciendo, la sigla PCF, graben bien, porque lo van marcar para toda la vida el resto de su corta vida (…) ustedes son los que me crearon, ustedes son lo que van a tener que aguantar su propia creación señores” no alcanzan para determinar que es él y por eso pidió pericias de análisis de voz.

Según se defiende, tampoco es él quien habla en la intervención telefónica que amenaza así: “A ver, para que graben, ya que están ahí atentos a todos, díganle a esos jueces, a esos jueces, que esto recién comienza. Esto recién empieza, que van a pagar todos los que hicieron todo, todo uno por uno, uno por uno, todos, por un montón de presos que hicieron parir, gente inocente que condenaron inocentemente, por todo este tiempo que estuve”.

De todo eso el misionero detenido en Marcos Paz deberá defenderse en el proceso cuya segunda jornada aún no tiene fecha definida. “Quisiera que me den la oportunidad de interrogar a los testigos”, pidió, aunque para ello estará su abogado, el defensor oficial federal Marco Racagni.

Pedidos de presencialidad

Justamente, tanto Racagni como Mariano Romero, defensor oficial de Campos, tuvieron marcado protagonismo en la última media hora de la extensa jornada de este lunes.

Ambos letrados cuestionaron no haber tenido la posibilidad de realizar planteos preliminares antes de que los imputados declararan y más efusivos se pusieron cuando el tribunal consideró que habían perdido la oportunidad por no haber pedido la palabra.

De igual manera, los dos abogados plantearon reservas de casación y expusieron la intención de reconsiderar la cuestión de la virtualidad de sus asistidos al argumentar que esta modalidad impide un correcto ejercicio de la defensa.

Los defensores oficiales Marco Racagni (Oberá) y Mariano Romero (Santiago del Estero) representan a Rojas y a Campos, respectivamente.

“Este mecanismo rompe la regla de la inmediatez, de ser oído y perjudica la defensa. Acá tenemos un guardarropas sin nombre que son las escuchas y yo no puedo consultar nada con mi defendido cuando es mencionado”, postuló Romero.

Racangni, apuntó en mismo sentido. “Este sistema de virtualidad se instaló en tiempos de pandemia, pero ahora ya no estamos en pandemia. Me violenta que no se me haya dado la palabra porque se pone en duda mi profesionalidad y entonces lo tengo que plantear”, afirmó.

Al momento de opinar sobre la cuestión, el fiscal auxiliar de la Procunar, Martín Uriona, señaló que la discusión sobre la presencialidad es un tema ya resuelto en instancias previas y argumentó que en el caso de Rojas la recomendación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) era reducir al máximo los traslados ante latentes peligros de fuga. 

Tras estas exposiciones, el tribunal cerró la audiencia y quedó en responder a los planteos en la próxima audiencia, la cual en principio estaba fijada para el 3 de junio, aunque habrá que reprogramarla en virtud de que el juez Bosch tiene otra audiencia ese mismo día.

@lavozdemisiones

• Lo acusan de matar a tres personas, de planificar el crimen de un juez y de montar una empresa narco inspirada en el Primer Comando Capital. Esta es la historia de Néstor Fabián “El Negro” Rojas, el criminal más peligroso de Misiones en los últimos años. #LaVozDeMisiones #TintaRoja #ElNegroRojas

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Caso Martínez: preventiva para Alcoba y la tesis de otro vehículo en la escena

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Caso Martínez

El Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva contra Martín Esteban Alcoba Sciortino (48), el conductor imputado por la colisión que le costó la vida al motociclista Sergio “Mante” o “Manteca” Martínez (34) el pasado 1° de mayo frente al Parque de la Ciudad.

De esta manera, mientras la investigación continúa su curso el hombre seguirá detenido en una celda policial e imputado por los delitos de “homicidio culposo no prestar asistencia a la víctima y haberse dado a la fuga”, figura contemplada por el artículo 84 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.

El hecho se registró el 1° de mayo, cerca de las 6.15 de la mañana, sobre la avenida Quaranta, a la altura del acceso al Parque de la Ciudad. Según los primeros datos, Martínez circulaba en una motocicleta Corven 110 hasta que fue embestido a alta velocidad por un Renault Fluence al mano de Alcoba Sciortino, que tras el impacto continuó su marcha hasta abandonar el rodado en inmediaciones al acceso a Itaembé Miní.

El conductor implicado se entregó ante la Justicia tres días después y luego se abstuvo de declarar ante la Justicia, aunque ahora su defensa planea solicitar una ampliación de declaración indagatoria, según afirmó a La Voz de Misiones el letrado Arturo Irigoyen Cundom.

Las últimas imágenes de Martínez, ingresando a las 6.10 y saliendo a las 6.12 de una estación de servicios a pocos metros del lugar del accidente.

La versión defensiva

“Nos mantuvimos en silencio en principio por respeto a la familia y además porque faltaba incorporar evidencia a la causa, que todavía falta, pero ahora tenemos algún panorama más cercano a lo que cuenta mi defendido, entonces vamos a declarar pronto. Eso es lo que él quería desde un primer momento”, adelantó el abogado que defiende al automovilista detenido.

El letrado descartó que su defendido haya estado prófugo o evadiendo la justicia durante los días siguientes al siniestro, argumentando que 24 horas después del suceso se presentó un pedido de exención de prisión con el cual se demostró apego al proceso judicial.

“Somos respetuosos del proceso penal, por eso hasta el momento no presentamos ningún pedido de excarcelación. Estamos impulsando la causa para que todas las medidas preliminares se terminen y él pueda recuperar la libertad. Esta parte quiere que se sepa la verdad real de lo que sucedió ese día“, alegó Irigoyen Cundom a LVM.

En esa línea, la defensa de Alcoba Sciortino ahora afirma tener elementos sólidos que podrían modificar la mecánica del accidente e involucrar a un tercer vehículo, más precisamente un camión.

La tesis se basa en cámaras de seguridad que captaron a Martínez arribando a una estación de servicios ubicada a pocos metros de la escena del hecho a las 6.10 de la mañana y saliendo de allí a las 6.12, mientras que a las 6.11 se observa un camión cisterna egresar de la misma planta y dirigirse hacia la avenida Quaranta.

De esta forma, Irigoyen Cundom plantea que al momento del impacto la motocicleta de Martínez provenía desde la colectora y en el instante y en el lugar del hecho también había un camión cisterna.

“En principio todos los cañones apuntaron a mi cliente. Hoy tenemos elementos que nos permiten hacer dudar y hasta incluso tener otra versión de los hechos”, adelantó el abogado de Alcoba.

Y desarrolló: “Lo que hasta el momento pudimos determinar es que, si bien el accidente se produjo en el mismo carril, ambos rodados no venían en principio por el mismo carril. La moto de Martínez ingresó desde la colectora, tenemos pruebas. Esto cambia radicalmente el hecho de que una persona haya podido avistar en el mismo carril a cualquier cosa, ya sea una moto o cualquier objeto que esté sobre la ruta, a algo que salga de golpe, desde un costado y sin luces”.

El camión cisterna que la defensa de Alcoba ubica en la escena del siniestro.

“Tenemos imágenes que se darán a conocer. Le pedimos al juzgado que arbitre los medios para ubicar todas las cámaras posibles que puedan dar con el motovehículo antes. Entendemos que la vida no se recupera más pero queremos aclarar la cuestión de cómo se produjo el accidente y los motivos, las impericias, las negligencias que hubieron al momento del hecho. Además, hay otro dato que sí está en la causa y es que de la pericia surge que en la cinta asfáltica hay un elemento que podría pertenecer a otro vehículo que pudo tener relación con el accidente. Eso lo dicen los peritos”, añadió.

Partiendo de esa base, Irigoyen Cundom hace especial referencia al camión cisterna captado por las mismas cámaras de seguridad.

La presencia de este camión cambiaría la mecánica del hecho. El camión estuvo en el momento del accidente en el lugar del hecho. La versión de mi cliente era descabellada, no le entendía, pero hoy él puede ir a decir todo lo que me contó desde el primer día. Por eso requerimos al juzgado que oficie y consiga esa cámara y que se vea realmente las dos cosas, que el camión estuvo y que la moto salió de esa colectora. A juicio de esta defensa, al margen del accidente, esto cambia radicalmente el sentido de la negligencia o la culpabilidad de los intervinientes en el siniestro”, sostuvo el letrado.

Por último, Irigoyen Cundom aclaró también que su defendido es misionero que solo vivió en Corrientes debido a una relación sentimental y sobre el Fluence explicó que él contaba con la cédula habilitante para el conducir el rodado.

“Le pedimos a la familia, dentro del dolor, al colega que representa en la familia (en una posible querella), que busquen lo mismo que nosotros, que es la justicia, no la venganza. Él se va a someter a lo que se tenga que someter y la venganza no sirve. Esa vida no se recupera más, mi cliente está muy sentido, muy dolido. Es una carga que lo tendrá de por vida”, culminó.

Así quedó el Renault Fluence de Alcoba tras el hecho.


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Detenido por asesinar al padre en Dos Hermanas guardó silencio y fue imputado

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Dos hermanas parricidio

El hombre detenido desde el viernes por el asesinato a puñaladas de su padre Agustín Figueroa (73) en la localidad de Dos Hermanas se abstuvo de declarar hoy ante la Justicia y fue imputado bajo una figura que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado de 32 años fue trasladado esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante Ariel Belda Palomar, magistrado que lleva adelante la investigación del parricidio.

En esa instancia, las fuentes añadieron que el detenido designó abogado defensor oficial, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, figura contemplada por el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado responsable en un futuro debate oral.

Tras la audiencia, el hombre identificado como Neri Ramón Figueroa (32) volvió a ser trasladado a una celda policial donde continuará detenido mientras avance la instrucción de la causa en su contra.

Crimen y confesión en comisaría

El hecho que se investiga se registró en la mañana del viernes pasado, en una vivienda de Dos Hermanas, donde luego de una discusión con uno de sus hijos Agustín Figueroa (73) fue ultimado a puñaladas.

El crimen se descubrió en virtud de que el propio acusado se dirigió hacia la comisaría local y relató que minutos antes había discutido y agredido a estocadas a su padre. Para cuando los efectivos llegaron al lugar la víctima ya no presentaba signos vitales.

En la escena los investigadores dieron con el cuchillo que habría sido utilizada como arma homicida, entre otras pruebas que comprometerían aun más al único sospechoso.

“Él siempre atentó contra la familia, incluso ya había atentado contra mis dos hermanas. Él siempre amenazaba y ya le había amenazado a mi papá que quería plata. Mi papá nos comentó eso a mí y a mis hermanos pero nunca pensamos que iba a pasar esto”, narró al respecto Antonio Figueroa, hija de la víctima y hermana del acusado, en diálogo con El Territorio.

“Papá le ayudaba con plata, con los medicamentos, con mercadería. Él estuvo seis meses internado y mi papá lo cuidó porque tuvo un accidente. Siempre mi papá estuvo a la par de él. Es por eso que no podemos entender por qué hizo esto si mi papá siempre lo ayudó y lo apoyó”, añadió.


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