Policiales
Misionero cayó por un crimen narco cometido en la villa 1-11-14 en 2011
Roberto “el Orejón” Cardozo tiene 34 años y nació en la localidad misionera de Montecarlo, pero en Buenos Aires tiene un amplio prontuario vinculado a diversos delitos. Su primera condena fue en 2011, la segunda en 2016 y ahora fue detenido por un crimen narco perpetrado hace más de una década, pero en cuya investigación recién logró ser identificado.
Cardozo, también conocido en los pasillos de la Villa 1-11-14 como “el Misionero”, es considerado un histórico en el mundillo del hampa de esa zona vulnerable. Desde 2012 hasta 2016, operó como uno de los capos de una organización integrada por otros dos misioneros y una decena de paraguayos y dedicada a la venta de drogas.
Por esa causa fue detenido en 2016 y, en 2018, fue condenado a seis años de prisión, aunque se le aplicó una pena unificada de 7 años y 6 meses de cárcel por otra sentencia que registraba en su haber, dictada en 2011, según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a expedientes.
Su días de encierro culminaron en 2020, pero esos mismos días volvieron a comenzar el último viernes, cuando fue detenido nuevamente. Esta vez por un crimen narco ocurrido en 2011, pero en cuya investigación recién en 2022 pudo ser identificado como uno de los posibles cómplices.
El misionero fue atrapado en el barrio porteño de Montserrat, tras un procedimiento efectuado por la Policía Federal Argentina (PFA) y ordenado por el juez Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Tres.
Según consignó Infobae, a partir de un entrecruzamiento de datos, en base a su condena de 2016, su nombre quedó vinculado al crimen del paraguayo Germán Martínez (43), asesinado a tiros en marzo de 2011 en la manzana 9 de la Villa 1-11-14 en el marco de una presunta disputa de territorio en la venta de drogas.
Por ese crimen narco hubo un primer detenido, identificado como Jorge Ferreira, que se mantuvo prófugo un tiempo hasta que en 2021 fue capturado en Paraguay.
Una línea investigativa señala que el Orejón fue quien aportó el arma necesaria para que el crimen de Martínez sea concretado.
Tras ser mencionado en la causa, Cardozo fue buscado en varias oportunidades, pero los allanamientos siempre arrojaron resultados negativos y hasta se sospechó que pudiera haber estado escondido en la tierra colorada.
Sin embargo, en los últimos días, los sabuesos que estaban tras sus pasos obtuvieron el dato de que realizaría un trámite junto a su pareja en el barrio porteño de Montserrat.
La información era exacta. Orejón volvió a tras las rejas.
Su nombre en otras dos masacres
Según consignó Clarín, al momento de ser detenido en 2016, el misionero también aparecía mencionado como posible autor intelectual de dos masacres con tintes narcos. Un caso fue el “quíntuple crimen del pool”, en 2013, y el otro, el triple homicidio de los hermanos Lezcano, en 2015.
“Aunque sobre él no pesa ninguna imputación formal, en la Fiscalía del Distrito de Pompeya (con jurisdicción sobre la parte paraguaya de la 1-11-14) Cardozo figura como la persona que contrató a los sicarios que, a principios de octubre de 2013, irrumpieron en un garage donde funcionaba un precario pool. Allí dos hombres armados con 9 milímetros fusilaron a tres ciudadanos paraguayos y a dos argentinos”, publicó en su momento el matutino porteño.
Y agregó que “por entonces se habló de una venganza por un cargamento de marihuana que Gendarmería había decomisado en Corrientes. Las fuentes aportaron el nombre del ‘Orejón’ Cardozo. Pero no se pudo avanzar más que eso”.

Orejón al momento de ser detenido por la Gendarmería en 2016. FOTO: Clarín.
Judiciales
Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Policiales
Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Policiales
Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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