Policiales
Militar denunciado por abuso sexual de sus dos hijas en Irigoyen
Luego de más de una década de abusos sexuales por parte de su padre, suboficial del Ejército Argentino, una joven se animó a contar el calvario que vivieron, desde niñas, ella y su hermana. Ahora, quiere que la Justicia actúe: “Toda mi vida con miedo y ahora que tomé valor para sacar toda esta mierda a luz, sigo teniendo miedo porque nuestro sistema judicial no nos apoya”, dijo en las redes sociales.
Oscar Alberto Suárez, de 48 años, fue denunciado por abuso sexual por parte de sus dos hijas, una joven de 23 años y una adolescente de 16. El imputado es suboficial del Ejército Argentino y presta servicio en la Compañía de Cazadores de Monte 18, de Bernardo de Irigoyen.
El pasado 7 de agosto, luego de enterarse por lo que pasaron sus hijas y en representación de la menor de ellas, la mamá denunció al militar ante la Comisaria de la Mujer de Irigoyen.
A su vez, la progenitora recomendó a la mayor que hiciera lo mismo, lo que llevó a la joven de 23 años a realizar la exposición policial, el pasado 13 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra actualmente.
Luego de exponer los hechos por las vías legales, a casi cuatro meses de la denuncia policial, las jóvenes y su mamá temen por su integridad ya que la Justicia aún no tomó medidas contra el acusado.
Además, sobre él pesa una denuncia por violencia radicada por la madre de las chicas.
En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la doctora Nuria Brunilda Allou.
Después de la denuncia, el miedo continúa
La Voz de Misiones habló con la mayor de las hermanas, quien reafirmó los sucesos que la atormentaron durante toda su niñez, y que también expuso públicamente en las redes sociales: “Desde mis 5 hasta mis 16 años sufrí abuso sexual por parte de él, mi progenitor. Los hechos ocurrían casi una vez por semana, cuando nadie estaba en la casa o por las noches, cuando todos dormían”.
“Siempre fue en el mismo hogar, bajo el mismo techo en el que vivíamos, en Monte Caseros, Corrientes; Apóstoles y Bernardo de Irigoyen”, añadió la joven.
Ya lejos de su casa y de su verdugo, la muchacha decidió buscar ayuda en un psicólogo para, luego de años de terapia, tomar la decisión de confesarle a su mamá lo que la atormentaba desde pequeña.
“Recién a mis 23 años, estando lejos de mi casa, a fines de julio de este año, me animé y se lo conté a mi mamá”.
A raíz de ello, su progenitora le pidió que, en confianza con su hermana, le pregunte su padre también abusaba de ella, a lo que la adolescente le confesó que sí.
“Nunca imaginé que mi hermana menor también había sufrido de abuso sexual, ni que había padecido el mismo infierno que yo viví”, contó angustiada la víctima.
De acuerdo a lo que la adolescente de 16 años le confesó a su hermana, los ultrajes habrían comenzado en el 2017, y se detuvieron cuando se inició la cuarentena y su mamá comenzó a quedarse en el hogar. “A veces todos los días, a veces no, depende de si él estaba o no. Este año fueron pocas veces por la cuarentena”.
Inacción de la Justicia
“Oscar es suboficial del Ejército Argentino, preparado para matar”, relató la joven de 23 años y remarcó que: “Es una persona violenta e impulsiva, que abusó de mí y de mi hermana muchas veces, nos manipuló y amenazó durante toda nuestra niñez y adolescencia”.
“En agosto, inicié el proceso judicial. Nunca nos dieron la prisión preventiva, no le dieron la cámara Gesell a mi hermana, tampoco le aseguraron protección para ella y mi mamá, que siguen viviendo en Misiones”, enfatizó.
En este sentido, la joven criticó la falta de acción por parte de la Justicia: “Decido ahora, después de 7 años del último abuso y de casi 2 años de tratamiento psicológico, contar todo lo que viví, antes el miedo dominaba mi vida”, repasó.
“Viví toda mi vida con miedo y ahora que tomé valor para sacar toda esta mierda a luz sigo teniendo miedo porque nuestro sistema judicial no nos apoya”, sentenció.
El abogado querellante, Maximiliano Medina, en diálogo con La Voz de Misiones explicó: “Es un caso de abuso sexual simple sin acceso carnal, entonces, según la fiscalía, no pueden dictarle prisión preventiva sin que antes se ordene la Cámara Gesell”.
En una estrategia legal, el militar dilata la presentación de su defensa y retrasa el proceso: “Hasta que el imputado no ratifique su defensa, yo no puedo pedir la Cámara Gesell para la menor”, detalló el abogado Medina, que acompaña a las víctimas.
“En agosto la madre presentó la denuncia, tardaron más de 20 días en llevar la causa de la comisaría al Juzgado de Instrucción y desde ahí está parada, el acusado no se presenta para designar a su defensor”, insistió el letrado.
Las víctimas y su abogado quieren que la Justicia actué: “Lo que nosotros queremos es que la causa avance, que le den la Cámara Gesell a la hermana menor para lograr la detención del acusado, porque como el caso es abuso sexual simple, sin acceso carnal, la jueza no va a disponer su detención inmediata por ese motivo”.
“Entonces el acusado sigue libre y acosando por medios electrónicos a la madre y a la menor de las víctimas. Además, ambas se tuvieron que ir de la ciudad por ese motivo”, concluyó la defensa.
Por su parte, la joven de 23 años agregó: “Me aterra saber que Oscar está suelto y que yo y mi hermana podríamos no ser las únicas víctimas de este abusador. No quiero ser un número del montón ni una estadística más, pido solamente lo que me merezco por derecho, JUSTICIA”, concluyó la muchacha.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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