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Marcha por el crimen de Priscila Díaz en Jardín: “Quiero ver a él pudrirse”

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Familias, amigos, vecinos y conocidos de Priscila Cecilia Díaz (21), la joven asesinada la semana pasada en Jardín América salieron a marchar por las calles del pueblo para reclamar justicia por el hecho y solicitar que el principal sospechoso sea imputado por femicidio.

Al grito de “ni una menos, vivas nos queremos”, los casi 50 manifestantes se concentraron frente a la Unidad Regional IX, ubicada sobre la ruta nacional 12, para luego avanzar hacia las avenidas internas y culminar frente al Juzgado de Instrucción Dos, donde se tramita el expediente que lleva adelante el magistrado Roberto Sena.

“Marchamos para que se haga justicia, yo quiero ver a él pudrirse ahí adentro. La vida de mi hija no la voy a tener nunca más. Hoy estoy contenta porque no estoy sola y entre todos creo que vamos a poder hacer justicia”, afirmó Cecilia Noguera, madre de Prisicila, en diálogo con los medios presentes.

Una vez frente al juzgado, los familiares directos de Díaz fueron recibidos por el juez Sena, con quien habían pedido entrevistarse para obtener precisiones sobre el avance de la investigación y el estado de la causa.

La marcha culminó frente al juzgado y los familiares directos se reunieron con el juez Sena.

El caso

El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves pasado. Por el hecho está detenido Carlos David Del Valle (21), un vecino del barrio Los Cedros que fue visto por última vez con la víctima durante la madrugada del domingo.

La autopsia estableció que la joven fue estrangulada y que se resistió al ataque recibido. El sospechoso, además, tenía rasguños en diversas partes del cuerpo.

Si bien en el examen forense no detectaron signos de abuso, se cree que el implicado intentó atacar sexualmente a la víctima. Para confirmarlo, se aguarda el resultado de estudios complementarios.

El crimen se descubrió gracias a un familiar del detenido, quien se acercó a la comisaría local para denunciar que su pariente le había confesado el asesinato de una chica.

Priscila tenía 21 años y era madre de una niña de 3.

La misma testigo clave aportó que incluso el hermano del principal sospechoso había colaborado en la ocultación del cadáver, tras lo cual el adolescente de 16 años también quedó detenido.

El cadáver de Priscila Díaz fue hallado el jueves a la mañana, tras un rastrillaje en un pinar del barrio Los Cedros, donde tanto ella como Del Valle residían.

Tras ser detenido, el implicado se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado de manera provisoria por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La familia de la víctima reclama que el caso sea calificado como femicidio, lo cual elevaría la expectativa de pena contra el detenido a prisión perpetua.

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Tras horas de internación, falleció el motociclista que chocó en Puerto Rico

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Pedro Leguizamón (24) falleció en el hospital Samic de Eldorado luego de permanecer internado durante menos de 24 horas como resultado de un accidente que protagonizó en la tarde de este miércoles.

El siniestro se produjo alrededor de las 16 en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Florencio Varela de la localidad de Puerto Rico.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc, cuando por causas que se intentan esclarecer, colisionó contra un automóvil Ford Focus al mando de un hombre de 32 años.

A raíz del impacto, Leguizamón fue trasladado al hospital local y luego derivado al centro de mayor complejidad en Eldorado, donde permanecía internado con lesiones graves.

Finalmente, en horas de la mañana de hoy se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio, producto de un politraumatismo grave con traumatismo de cráneo.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial, realizando las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron secuestrados y el test de alcoholemia al conductor del automóvil arrojó resultado negativo.

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Investigan si un felino mató 12 ovejas de un productor en Fachinal

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Por estas horas, los uniformados de la comisaría de Fachinal investigan un presunto ataque de felino a un rebaño de ovejas de un productor local, quien denunció la muerte de doce animales ovinos en su chacra ubicada sobre la ruta provincial 204.

Aproximadamente a las 16.50 de este miércoles, los policías se presentaron en el establecimiento y se entrevistaron con el denunciante, Damian O. El productor manifestó a los efectivos que entre la jornada de ayer y hoy detectó la muerte de 12 ovejas de su ganado.

En esa línea, el denunciante explicó que los animales presentaban marcas de mordidas compatibles con la de un felino de gran porte.

A raíz de la denuncia, los uniformados recorrieron y rastrillaron la zona donde se produjo el deceso de las ovejas, como así también en los alrededores del predio rural, con el objetivo de detectar huellas o indicios que permitan confirmar la presencia del animal.

Hasta el momento, los uniformados no pudieron hallar rastros del presunto depredador en la zona. En tanto, se dio intervención al personal del Ministerio de Ecología de Misiones.

En la chacra donde se produjo el ataque a las ovejas estuvo presente el guardaparque Aníbal Silva, encargado del Parque Provincial Fachinal, quien tomó conocimiento de lo ocurrido para continuar con las actuaciones y el monitoreo en la zona.

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

Con 100 operativos de la Policía de Misiones en diferentes escuelas de la provincia, un total de 12 estudiantes fueron identificados como presuntos autores de las amenazas de tiroteos en los establecimientos. Además, en las intervenciones, la fuerza provincial secuestró armas de fuego, proyectiles y cuchillos, entre otros objetos punzantes.

Las situaciones comenzaron la semana pasada, principalmente en escuelas de Posadas, y estarían relacionadas con un desafío viral difundido en redes sociales. A partir de ello, se llevaron adelante tareas de monitoreo digital y acciones preventivas en instituciones educativas de toda la provincia.

Entre los casos relevados, se identificó a un estudiante de 15 años como autor de un audio con amenazas dirigido al director de una escuela en Guaraní. La localización de la línea telefónica permitió establecer su vinculación con el hecho. Por disposición judicial, el adolescente fue notificado en presencia de su padre, quien entregó voluntariamente el celular para su análisis.

En San Vicente, una docente encontró un grafiti en el baño de una escuela con un mensaje intimidatorio. La investigación policial permitió identificar a un alumno de 13 años, quien fue notificado a través de su madre, con intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

Otro hecho ocurrió en Dos de Mayo, donde un estudiante de 14 años llevó un arma de fuego al establecimiento y la mostró a sus compañeros. Tras la denuncia de las autoridades escolares, el arma, un revólver calibre 22, fue entregada por el padre del menor. El adolescente fue notificado por orden del Juzgado Correccional y de Menores.

Según se informó, los 12 estudiantes identificados fueron notificados en todos los casos en presencia de sus tutores y quedaron a disposición de la Justicia y de los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes.

Estos episodios se suman a situaciones similares registradas en otras partes del país y estarían vinculados a la circulación de amenazas en redes sociales, audios y mensajes dentro del ámbito escolar.

En total, se realizaron 100 intervenciones en la provincia, con mayor presencia en Posadas, y se retiraron distintos elementos considerados potencialmente peligrosos.

Respecto del encuadre legal, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia se recordó que “las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta 6 años, e incluso superiores en casos agravados”.

En esa línea, se destacó que, “tratándose de menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad”.

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