Policiales
Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar
Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.
El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.
El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.
El crimen de Lucía
El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.
Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.
Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.
En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.
Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.
La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.
Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito
La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.
El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.
Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.
Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.
El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.
Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.
Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.
Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.
A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.
Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.
Más casos: búsqueda de violador serial
La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.
Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.
Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.
Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.
En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.
Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.
Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.
Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.
La última pista
En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.
Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?
Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.
Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.
Judiciales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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