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Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar

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Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.

El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.

El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.

El crimen de Lucía

El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.

Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.

Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.

En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.

Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.

La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.

Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito

La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.

El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.

Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.

Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.

El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.

Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció  otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.

Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.

Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.

A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.

Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.

Más casos: búsqueda de violador serial

La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.

Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.

Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.

Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.

En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.

Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.

Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.

Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.

La última pista  

En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.

Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?

Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.

Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya  sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.

Judiciales

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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Gurina, Sánchez, juicio

Crisis económica, lucha colectiva y derecho a protesta fueron las palabras que más se repitieron esta mañana en el inicio del juicio oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte” durante el acampe realizado entre mayo y junio de 2024 en reclamo por una recomposición salarial.

La audiencia comenzó minutos después de las 8.30, pero ambos imputados estuvieron desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde recibieron el apoyo de un centenar de trabajadores de la educación, militantes sociales y dirigentes políticos que montaron una vigilia en la vereda del edificio emblema del Poder Judicial misionero.

Tanto Gurina como Sánchez tomaron el micrófono y ante la muchedumbre repitieron las palabras que luego utilizarían como defensa ante la jueza Correccional y de Menores Uno Marcela Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargado de impartir justicia en esta causa.

Previo a prestar declaración indagatoria, los docentes y gremialistas oyeron el auto de elevación a juicio, documento donde se asienta la carga probatoria y la hipótesis acusatoria que oportunamente fue formulada por la fiscal de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Clerici.

Mónica Gurina en el ingreso al Palacio de Justicia.

La acusación

De acuerdo al documento, los hechos imputados contra los dos acusados ocurrieron entre el 1 y el 4 de junio del año pasado, cuando en desobediencia a una orden de desalojo firmada por el juez Ricardo Balor continuaron con el acampe docente instalado sobre la avenida Uruguay, metros antes del campamento policial montado frente al Comando Radioeléctrico Uno, obstaculizando así el tránsito sobre esa arteria.

Para la fiscal Clerici los docentes enjuiciados tenían “poder en la protesta”, “condicionaron el acatamiento de la orden judicial vigente” y “utilizaron su ascendencia sobre los docentes para continuar obstruyendo el tránsito”.

En ese marco, la hipótesis acusatoria sostiene que Gurina y Sánchez “provocaron dolosamente el entorpecimiento del tránsito desobedeciendo una orden judicial” y “no hay elemento jurídico que justifique su accionar”.

Culminada la lectura del auto de elevación a juicio, la fiscal del debate, María Laura Álvarez, solicitó incorporar como testigo al gerente de Tipoka para que detalle los perjuicios sufridos por la empresa de transporte durante los días en que ocurrieron los hechos investigados, aunque la jueza Leiva rechazó la solicitud.

Colectivo y asambleario

Siendo las 9.45, finalmente llegó el momento de los enjuiciados. La primera en declarar fue Mónica Gurina, que conforme a los pasos procesales debió presentarse ante la jueza antes de brindar su descargo.

“Es extraño estar acá y no el aula con tizas en la mano”, expresó Gurina, de 62 años, maestra de grado, dirigente sindical de CTA Autónoma y candidata opositora en varias elecciones.

Gurina sostuvo que la escalada del conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando el acuerdo paritario que consignaba aumentos conforme a la inflación “dejó de cumplirse” y contextualizó que “en marzo de 2024 arrancamos el ciclo lectivo con 13% de aumento frente a una inflación acumulada de 115%”.

La docente luego se defendió de las acusaciones. Señaló que la decisión del acampe sobre la avenida Uruguay fue “colectivo, asambleario y en pos del conjunto del sistema educativo”, al tiempo que lanzó: “El derecho a la protesta no es un delito”.

El debate es dirigido por un tribunal unipersonal presidido por la jueza Correccional y de Menores Marcela Leiva.

Ajuste de Milei

En mismo sentido declaró Leandro Sánchez, de 55 años y oriundo de Entre Ríos, aunque hace más de dos décadas que trabaja como docente en Panambí, sobre la costa del río Uruguay.

Sánchez ahondó en el clima social que imperaba por aquellos meses de protesta multisectorial en Misiones, con epicentro en Posadas. “Estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle fue el contexto socioeconómico. Esto no fue resultado de nuestras acciones, sino el ajuste macroeconómico del gobierno de Milei”, dijo y enumeró tres factores condicionantes: la devaluación del 13 de diciembre de 2023, los tarifazos y la caída de subsidios.

Sánchez también hizo mención a la eliminación del FONID y consideró que “a la situación nacional la provincia sumó condimentos como la falta de respuestas y la corrupción en el CGE”.

Sobre las acusaciones, postuló que “fue la Policía la que nos invitó al acampe y la asamblea votó que viniéramos. No lo decidimos solo nosotros dos, este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asambleas en las plazas, en las rutas, en las escuelas, decidimos todo a la vista de todos, no a escondidas. Practicamos la democracia”.

“Tengo la sensación de que nos van a condenar y van a condenar la protesta social. Van a dar el argumento jurídico para llenar de maestros las cárceles porque nosotros vamos a seguir en las calles para defender la educación. Pienso que nos van a condenar, pero sé que la historia nos absolverá”, cerró, casi entre lágrimas y ante aplausos del público, entre los que habían dirigentes políticos y sociales de talla nacional como el ex diputado y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano y el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.

Leandro Sánchez junto a Graciela Franzen, presa política en la dictadura y militante por los derechos humanos.

Mañana alegatos y sentencia

La audiencia no culminó allí porque la defensa de los docentes, encabezada por los abogados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, solicitó incorporar como testigos a los maestros Estela Genesini y Carlos Lezcano, lo cual no tuvo objeción por parte de la fiscalía.

Los dos testigos hicieron hincapié en la crisis salarial que afrontaba el sector como el principal motivo de protesta y sostuvieron que todas las medidas de fuerza llevadas adelante fueron decididas en asamblea. “Nosotros no tenemos un líder, somos todos rebeldes, opinamos, debatimos y después decidimos por mayoría”, dijo Lezcano.

Lo último de la jornada fue la intervención de Marta Maffei, docente, ex legisladora y referente de la Carpa Blanca en la década de los 90. La mujer expuso ante el tribunal a pedido de la defensa y en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal).

Maffei hizo un repaso de los derechos conquistados a partir de manifestaciones sociales, reivindicó la lucha colectiva y defendió el derecho a protesta. “Hay que poner por encima las demandas colectivas. No creo que sea un conflicto para el transporte hacer una cuadra de más”, resumió.

El debate continuará mañana, con las testimoniales pendientes, la ronda de alegatos y el dictado de la sentencia. El proceso durará menos de lo previsto, debido a la depuración de testigos realizada hoy por las partes, que desistieron de al menos una decena de las comparecencias originalmente acordadas.

Trabajadores de la educación montaron una vigilia fuera del Palacio de Justicia.

Gurina y Sánchez rechazaron una probation y este martes arranca el juicio

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Judiciales

Comenzó el juicio oral contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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Vestidos de guardapolvo, los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados y comenzaron a ser juzgados por los delitos presuntamente cometidos durante el acampe y la protesta salarial realizada el año pasado en Posadas.

Los dirigentes sindicales están imputados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”.

Los docentes ingresaron al debate a las 8.30, acompañados por un grupo de trabajadores, gremialistas, referentes políticos y militantes sociales que prestan su apoyo.

Antes del inicio, ambos acusados ratificaron la decisión de rechazar la probation propuesta por la fiscal María Laura Álvarez.

El debate está a cargo del tribunal unipersonal presidido por la registrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.

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Policiales

Caballo colapsa y muere por maltrato: detienen a su dueño en Posadas

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maltrato caballo posadas

La Policía de Misiones arrestó este lunes a Marcos Ignacio L. (53), acusado de maltrato y abandono animal luego de que un caballo bajo su responsabilidad muriera por el extremo deterioro físico que presentaba.

La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, tras recibir el informe necroscópico y veterinario de la Fundación Libre Relincho, que confirmó que el equino falleció a causa del avanzado estado de desnutrición, deshidratación y lesiones compatibles con explotación prolongada.

El caso se inició el sábado en el barrio Aeroclub de Posadas, cuando un vecino alertó a la comisaría Decimoctava que un caballo había ingresado tambaleante a su propiedad,  ubicada en la intersección de las calles 170 y 121, y colapsó en el lugar sin poder incorporarse.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron el crítico estado del animal: peso extremadamente bajo, anemia severa, deshidratación aguda y signos evidentes de abandono y uso intensivo para el acarreo de cargas.

Personal de la División Policía Montada realizó las maniobras de rescate y trasladó al equino hasta la sede de la Fundación Libre Relincho, donde fue sometido a atención veterinaria intensiva.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el caballo no logró sobrevivir y falleció horas después debido al grado irreversible de debilitamiento general y al cuadro de maltrato crónico que padecía.

Una vez recibido el informe final de la fundación, que detalló las lesiones compatibles con explotación y la ausencia de cuidados básicos, el magistrado actuante dispuso la inmediata detención del propietario.

Marcos Ignacio L. fue aprehendido en su domicilio del mismo barrio Aeroclub y trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como “maltrato animal” y se aguarda la imputación formal del detenido.

 

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