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Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar

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Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.

El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.

El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.

El crimen de Lucía

El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.

Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.

Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.

En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.

Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.

La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.

Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito

La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.

El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.

Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.

Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.

El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.

Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció  otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.

Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.

Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.

A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.

Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.

Más casos: búsqueda de violador serial

La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.

Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.

Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.

Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.

En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.

Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.

Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.

Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.

La última pista  

En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.

Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?

Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.

Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya  sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.

Policiales

Ya son seis los detenidos por el robo a una tienda de celulares en Posadas

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robo celulares

La investigación por el millonario robo a una tienda de celulares en el barrio El Palomar de Posadas sumó cuatro nuevos detenidos este lunes y ahora ya son seis los sospechosos puestos a disposición de la Justicia, entre ellos los sindicado “cabecillas” del golpe.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, durante la jornada de hoy fueron arrestados Facundo “Homero” P. y Diego “Oveja” B., quienes fueron señalados como los principales integrantes de la banda.

A ellos se sumaron dos mujeres que habrían actuado como “encubridoras” del hecho. Ellas fueron identificadas como Pamela Q. (28) y Agustina L. (21) y, al igual que los dos hombres, fueron detenidas durante allanamientos realizados en inmuebles ubicados en las chacras 120 y 128 de Posadas.

Según detallaron, hasta los nuevos sospechosos se llegó mediante trabajos de geolocalización desarrollados en forma conjunta entre la fuerza provincial y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).

Estos cuatro detenidos se suman a los otros jóvenes arrestados horas después del hecho, uno de ellos identificado como Marcos B. (19), cuya captura se concretó en el barrio La Flor.

En paralelo, se aguarda el peritaje para determinar si los 50 teléfonos robados, en su mayoría Iphone, se encuentran entre los 90 aparatos incautados el fin de semana en una “cueva” de objetos sustraídos.

El inmueble ubicado en la chacra 225 fue allanado en la madrugada del sábado y allí fue detenido un joven de 26 años que en el mundillo de hampa es conocido como “reducidor” de objetos robados.

El robo bajo investigación ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre, cuando al menos seis delincuentes en moto forzaron el ingreso al local ubicado sobre calles Barrufaldi y Líbano.

Una vez dentro, los malvivientes vaciaron el comercio, llevándose celulares, notebooks, relojes y dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la llegada en moto de los ladrones, como así también todo el accionar desplegado en el interior del local.

Dos detenidos por millonario robo a tienda de celulares en Posadas

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Judiciales

Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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chato barreto

El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

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Policiales

Detuvieron frente a Casa de Gobierno a tres ex policías acusados de sedición

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Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, tres de los ocho implicados en la causa por conspiración e intento de sedición, fueron detenidos esta mañana durante un episodio registrado frente a la Casa de Gobierno.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres ex uniformados acudieron hoy a Casa de Gobierno para entregar un petitorio e iniciar una “protesta pacífica”.

En ese marco, una versión indica que los policías de servicio se acercaron a ellos para consultar sobre la medida y allí se produjo un tumulto que derivó en incidentes.

El motivo de detención y la nueva causa es por resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas que se tramitará ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

El procedimiento fue ejecutado por personal de Infantería, que subió a la plaza y con tenazas cortaron las cadenas con las que los manifestantes se ataron a las rejas de la Rosadita.

Los familiares de los hermanos Arrieta, por su parte, explicaron a La Voz de Misiones que “luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”.

“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.

Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”.

En estos momentos, Horacio Couto e Iván y Alejandro Arrieta se encuentran detenidos en la comisaría de la Seccional Primera.

El reclamo

Previo a la detención, los tres involucrados presentaron un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 en Posadas, dirigido al gobernador Hugo Mario Passalacqua.

El escrito lleva las firmas de Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta y Elías Coutto, ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes, según el reclamo, se encuentran apartados de sus funciones sin percibir haberes ni contar con una definición legal o laboral.

Al mismo tiempo, explicaron que se enteraron por medios públicos de que otros dos ex compañeros vinculados a la misma causa (Diego Correa y Adolfo Guirula) lograron un acuerdo con el gobierno provincial para su reincorporación y el reconocimiento de sus haberes.

Aclarando que respetan dicho acuerdo y no buscan perjudicar a nadie, solicitaron igualdad de condiciones, una audiencia para exponer su situación en persona y la posibilidad de encontrar una vía de diálogo dentro del marco legal vigente que les permita volver a trabajar, percibir ingresos y dar estabilidad a sus familias, ofreciendo además sus disculpas si sus reclamos anteriores causaron molestias.

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