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Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar

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Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.

El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.

El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.

El crimen de Lucía

El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.

Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.

Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.

En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.

Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.

La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.

Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito

La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.

El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.

Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.

Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.

El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.

Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció  otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.

Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.

Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.

A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.

Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.

Más casos: búsqueda de violador serial

La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.

Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.

Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.

Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.

En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.

Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.

Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.

Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.

La última pista  

En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.

Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?

Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.

Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya  sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.

Policiales

Misionera secuestrada por su ex fue rescatada en un campo de Córdoba

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misionera secuestrada córdoba

Una joven de misionera de 21 años, que estaba desaparecida hace un mes, fue rescatada esta madrugada en un campo de Córdoba, donde estaba cautiva por su ex pareja, de la misma edad y también oriundo de la tierra colorada, quien ahora es investigado por hechos de trata de personas.

El operativo que culminó con el rescate de la víctima y la captura de su presunto captor se concretó en un galpón ubicado en la zona rural de Saturnino María Laspiur, localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Córdoba capital.

Según consignaron portales locales, al momento del hallazgo, la joven identificada como M. B. (21) presentaba un cuadro de deshidratación, golpes y signos de daño psicológico, por lo que fue trasladada a un hospital de San Francisco.

La investigación se inició a partir de una denuncia por trata de personas radicada por los familiares de la joven, quienes días atrás recibieron un desesperado pedido de auxilio de M., quien narró haber sido secuestrada por su ex novio, trasladada a Córdoba y sometida a condiciones en encierro y aislamiento.

Si bien en ese audio la muchacha no pudo precisar en qué lugar se encontraba, sus familiares alcanzaron a oír la palabra “Villa María” y eso orientó el comienzo de la pesquisa. Los allanamientos comenzaron el lunes a la noche. En un primer lugar encontraron ropa de los involucrados y en el segundo dieron con ellos.

El detenido, también misionero e identificado como Román R. (21), fue imputado por trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria V de Villa María. En la causa interviene la Fiscalía Federal de dicha localidad, a cargo de Guadalupe Riera.

En los operativos participaron la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.

“Reanudamos esta mañana la búsqueda a las 6.30, porque se nos hacía imposible trabajar en la oscuridad, y pudimos dar con el hallazgo de M. y detener a su presunto captor. Se encontraban ocultos detrás de una máquina agrícola, a unos 300 metros de la casa que habitaban, comentó el director de la Departamental San Justo, comisario mayor Pablo Nieto.

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Judiciales

Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”

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deudor alimentario

Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.

El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.

Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.

Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.

“Jamás ejercí violencia”

“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.

El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.

“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.

La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.

César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.

Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.

En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.

Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.

“Quiere que pague dos veces”

Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.

El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.

“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.

“Soy un muerto civil”

La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.

Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.

Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.

Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.

“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.

Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios

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Policiales

Árbitro denunció el robo de celulares y 1.500 dólares del vestuario de Guaraní

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árbitro robo guaraní

El árbitro principal del último partido que disputó Guaraní Antonio Franco como local, denunció ante la Policía que desconocidos le robaron tres celulares y 1.500 dólares que tenía en el vestuario asignado en el club.

La denuncia fue radicada ante la comisaría Primera del barrio Villa Sarita y el damnificado se trata de Fernando Rekers, quien llegó a Posadas para ser el árbitro principal del partido que acabó en derrota de Guaraní 0-1 frente al conjunto chaqueño Defensores de Vilelas, correspondiente a la final ida la región Litoral Norte del Torneo Federal Amateur.

Según la exposición efectuada por el colegiado cordobés, una vez culminado el encuentro se dirigió junto a sus compañeros de terna al vestuario asignado para ellos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira y al revisar sus pertenencias constató que faltaban tres celulares y 1.500 dólares que estaban en una billetera.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que los aparatos telefónicos más tarde fueron hallados en un sector de sanitarios de cancha, en tanto que el dinero aún no fue recuperado.

De inmediato, por el hecho quedaron en la mira dos colaboradores del club que tenían copias de las llaves de acceso al vestuario, pero hasta el momento no hay mayores novedades.

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