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Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar

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Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.

El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.

El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.

El crimen de Lucía

El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.

Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.

Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.

En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.

Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.

La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.

Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito

La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.

El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.

Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.

Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.

El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.

Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció  otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.

Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.

Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.

A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.

Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.

Más casos: búsqueda de violador serial

La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.

Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.

Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.

Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.

En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.

Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.

Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.

Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.

La última pista  

En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.

Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?

Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.

Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya  sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.

Judiciales

Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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juez reyes concepción

Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.

El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.

En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.

Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.

Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.

De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.

La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.

“Merecen la censura”

Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.

Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.

En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.

“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.

Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.

El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.

Información pública

Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.

Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.

Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.

Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.

El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.

Destituido

Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.

El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.

El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.

El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional. 

Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena

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Policiales

Peatón falleció tras ser atropellado por un auto sobre ruta 12 en Jardín América

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En la madrugada de este lunes, un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 66 años, circulaba en sentido Iguazú–Posadas cuando embistió a un peatón, provocando su muerte sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1441, en jurisdicción de la ciudad de Jardín América.

La víctima fue identificada como Hugo Orlando Villar (60), quien se encontraba domiciliado en Colonia Primavera. Al momento del impacto quedó sobre la banquina, sin obstruir la circulación vehicular.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Jardín América, dependiente de la Unidad Regional IX.

Por disposición judicial, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado y practicaron los exámenes de dosaje sanguíneo tanto al conductor como a la víctima

Por estas horas realizan las averiguaciones correspondientes a fin de establecer la identidad del fallecido y los motivos que desencadenaron el fatal desenlace.

Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a un familiar para velatorio y posterior inhumación.

Identificaron al peatón que murió atropellado sobre avenida Quaranta

 

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Policiales

Un hombre en una moto brasileña chocó y murió sobre la avenida Quaranta

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Un hombre que conducía una motocicleta con dominio brasileño y cuya identidad aún no fue establecida falleció esta tarde en un accidente de tránsito protagonizado contra un automóvil sobre la avenida Quaranta de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 16.50, en Quaranta y avenida Zapiola, en jurisdicción de la comisaría Decimoctava, dependiente de la Unidad Regional X.

En ese sitio, por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Prisma conducido por Fabián Guillermo E. y una motocicleta BMW GS, patente brasileña, guiada por un hombre cuya identidad aún se desconoce.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que el conductor del auto fue trasladado al hospital Madariaga para recibir la atención médica correspondiente.

En el lugar trabajó el personal de la comisaría jurisdiccional y los agentes especializados de la División Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar posibles responsabilidades.

El auto era conducido por Fabián Guillermo E., quien fue llevado al hospital. 

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