Policiales
La Línea 137 la rescató por una noche y volvió a casa de su agresor
Luego de que La Voz de Misiones hiciera público el pedido de auxilio de una mujer, los responsables de la Línea 137 se comunicaron con este medio para pedir el contacto de la víctima, a la que habían ignorado en sucesivas llamadas. Pasó una noche en el piso de una oficina junto a su nena de 3 años, pero las echaron.
El desesperado pedido de auxilio de una mujer de Garupá víctima de violencia llegó a las autoridades de la Línea 137 que, luego de la nota publicada por La Voz de Misiones el miércoles pasado, reaccionaron y se comunicaron con esta redacción para pedir contactarse con la víctima, a la que llamaremos Marta para guardar su identidad.
El contexto que rodea la historia es asfixiante: Marta tiene 32 años y dos hijos, una nena de 3 (que vive con ella) y un varón de 7 años (que quedó en la casa de su padre golpeador). Además, la mujer tiene desnutrición crónica y, posiblemente, algún grado de discapacidad mental. Por otra parte, el estado de salud de los menores es una incógnita.
Marta se fue hace pocas semanas de la casa paterna, donde era víctima de los golpes y maltratos de su papá y de su hermano. Con ellos dejó a su hijo varón y huyó con la nena más pequeña al único lugar donde le abrirían la puerta: la casa de su pareja, de donde ya se había ido en varias ocasiones por el mismo problema: violencia.
La rescatista
Rodeada de pobreza extrema, casi analfabeta y desnutrida, la historia de Marta comenzó a cambiar hace unos días con la intervención Malvina Lara, una promotora de género que trabaja en el grupo ProGen, del Programa de Unidad de Género y Salud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones.
Malvina conoció la historia de Marta luego de una charla de sensibilización acerca de violencia de género, a finales de septiembre del año pasado. Fue en un comedor del barrio Villa Bonita, en Garupá, mientras los vecinos esperaban sus raciones de comida. Inmediatamente la mujer golpeada se acercó, relató su caso y comenzó un nuevo capítulo en vida.
La víctima no accedió a realizar la denuncia policial porque depende de su verdugo para acceder a un techo para ella y su hijo. Entonces, más allá del consejo de la rescatista, “decidió esperar un tiempo a que las cosas se calmen”, según recordó Malvina Lara en diálogo con LVM.
Con el paso de las semanas, todo fue empeorando y, entonces, los vecinos de Marta intentaron pedir auxilio a las autoridades en reiteradas llamadas a la Línea 137. Sólo la publicación de la historia de Marta en LVM -y replicada en los principales medios de la provincia- hizo que el caso se active en la subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, que conduce Myriam Duarte y que depende del Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez.
La funcionaria
Con la historia de Marta dando vueltas en los medios de comunicación, durante la mañana del jueves último, se encendieron las alarmas en el seno de las oficinas de la Línea 137.
Mientras la información del caso fluía en las redes sociales, la propia subsecretaria Duarte se comunicó con este medio para recriminar haber expuesto los datos obtenidos de la persona que atendió el llamado de la redacción y confirmó: “Actualmente no hay una Casa Refugio funcionando”.
Myriam Duarte afirmó que la Casa Refugio, concebida en la Ley II – N°30, está trabajando con normalidad, contradiciendo el relato de aquel operador de la Línea 137.
La funcionaria exhibe en la red social Linkedin un currículum y formación distantes de los objetivos de las dependencias a su cargo: se destaca una carrera de grado en la Facultad de Artes en Educación Tecnológica de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
Como profesora de tecnología estuvo al frente de algunas aulas hasta que se volcó de lleno a la actividad política alcanzando cargos como representante del AFSCA, diputada provincial y luego la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia desde hace ya tres años.
A pasar la noche
A última hora de la noche del jueves, los responsables de la Línea 137 lograron contactar a la mujer víctima de maltrato y llegaron hasta su domicilio, de donde fue rescatada junto con su hija ante la mirada atónita de su pareja que, sorprendido, la vio subir a un automóvil con personas extrañas, todos custodiados por la policía.
Según pudo saber LVM, en medio de la emergencia, Marta y su pequeña salieron de la casa casi con lo puesto. Era poco antes de la medianoche cuando habrían llegado a las dependencias de la Línea 137. En una oficina, improvisaron una cama en el suelo donde las rescatadas pasarían la noche luego de sobrevivir al infierno, y mientras se definía su entrada a la Casa Refugio.
Sin embargo, algo habría fallado en la coordinación entre los trabajadores. Temprano en la mañana del viernes, la persona que ocupa la oficina encontró a la mamá y la pequeña “acampando” en su espacio de trabajo y las habría invitado a retirarse de muy mala manera. Este sería el disparador para que Marta decidiera irse del lugar con su hija. Pero antes de dejarla ir, a la víctima le hicieron firmar un papel, talvez un retiro voluntario de lugar.
Luego de pasar la noche, se supo que Marta intentó recurrir a la casa de su madre, donde habría sido echada por su padrastro, quien no la quería recibir. Hasta allí le siguió el rastro la rescatista, que advirtió sobre el riesgo multiplicado de regresar al ambiente de donde la acababan de rescatar.
La imagen de la pequeña acostada en una oficina con el cartel de la Línea 137 de fondo se filtró junto con la información. Y es que algunos trabajadores del sector plantean serias objeciones al manejo de un área tan sensible en manos de Myriam Duarte, una militante justicialista que coqueteó con varios bandos hasta encontrar su lugar en la Renovación; de carácter fuerte y que no dudó en comunicarse con el medio e increpar a periodistas.
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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