Policiales
Juicio por el femicidio de Vilma Mercado será el 1 de noviembre en Eldorado
El lunes 1 de noviembre en el Tribunal Penal 1 de Eldorado se realizará el juicio por el femicidio de Vilma Mercado, ocurrido el 23 de octubre de 2019 en Puerto Iguazú.
Por el crimen está imputado el ex soldado del Ejército oriundo de El Alcázar, Carlos Luis Leandro Villar, de 21 años, quien fue la última persona en ver con vida a la joven de 19 años la noche anterior a su muerte.
Villar está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por femicidio y criminis causa, que prevé una pena de prisión perpetua. En este sentido, se informó que el día 8 de noviembre fue fijado para la lectura de la sentencia.
En el juicio, que derivó en Eldorado tras la inhibición del juez de Puerto Iguazú Martín Brites y que se extenderá por una semana, se espera la presencia de numerosos testigos, quienes ya declararon en la investigación: los padres de Vilma, sus amigas, así como la madre del imputado, además de los peritos y los médicos forenses.
El soldado será defendido por el abogado Carlos Sebastián Benítez y la acusación en su contra estará a cargo del Ministerio Público Fiscal. En tanto, el tribunal estará conformado por los jueces Atilio León, María Ramos y Lyda Gallardo.
El caso
Vilma Daiana Mercado salió de su casa del barrio Las Orquídeas cerca de la medianoche del 23 de octubre de 2019. Al no volver, sus padres realizaron la denuncia por desaparición de persona, que disparó una búsqueda que poco menos de 48 horas después culminó con el hallazgo del cuerpo de la víctima, en una zona de Iguazú conocida como Villa Cariño.
La estudiante tenía los pies atados con una soga y el rostro encintado, lo cual terminó asfixiándola y provocándole la muerte, estableció la autopsia.
La misma familia, en conjunto con los investigadores, pudieron determinar que, la noche que desapareció, la joven tenía planes para encontrarse con un muchacho, a quien no identificó.
Finalmente, dieron con el soldado Carlos Villar, quien en su entrevista con los policías presentó algunas contradicciones que lo pusieron enseguida como sospechoso del caso.
Su situación empeoró cuando, al ser llevado a la comisaría, dejó caer de entre sus pertenencias un chip que luego se comprobó que pertenecía al teléfono de Vilma Mercado.
Inmediatamente, se realizó un allanamiento en su casa, donde se incautaron otros elementos, como una cinta de embalar y un celular que habría pertenecido a la víctima.
Por su parte, el soldado siempre sostuvo que era inocente y que, esa noche, dejó a Vilma Mercado en el lugar donde fue hallada muerta y, antes de retirarse, la vio subirse al automóvil de un extraño, a quien no identificó.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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