Judiciales
Un número de teléfono, el principio del fin para el Negro Rojas
Un número de teléfono entregado por campanas en la costa del río Paraná en Montecarlo marcó el principio del fin para Néstor Fabián “El Negro” Rojas. Así lo revelaron agentes de inteligencia criminal pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) al abrir esta mañana la etapa de testimoniales en el juicio oral que se lleva adelante en contra del sindicado narco-sicario acusado de asesinar a su socio Aldo Andrés Canteros y más tarde montar la organización Primer Comando de Frontera (PCF).
En total fueron cinco los uniformados federales que hoy declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas. Lo hicieron en forma telemática y con la cámara apagada, por motivos de seguridad expresamente solicitados por la cartera que lidera Patricia Bullrich.
Para mediados de 2018, los cinco testigos eran parte de la Delegación Inteligencia Criminal Zona Alto Paraná de la PNA, con asiento en Eldorado, y ante las partes reconstruyeron la génesis de la investigación que volvió a poner bajo la lupa a Rojas, quien para ese entonces acumulaba más de tres años prófugo en el marco del doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado en Posadas.
Todos los prefecturianos coincidieron al relatar que, luego de un procedimiento policial que culminó con la incautación de una tonelada de marihuana, decidieron adentrarse en la zona conocida como “Puerto Natural” o “Puerto Kimmich” de Montecarlo, a la vera del río Paraná.
Con la intención de detectar movimientos e identificar actores responsables de maniobras de contrabando, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo en la zona, con recorridas encubiertas y averiguaciones con lugareños.
“Comenzamos con las tareas de campo e hicimos averiguaciones. Los lugareños nos brindaron información sobre un grupo delictivo que acopiaba estupefaciente para mandar a Buenos Aires después y nos hablaron sobre un paraguayo llamado Carlos Sosa como el organizador de todo. Nos pasaron su teléfono”, recordó sobre esas primeras labores Marcelo Álvez, uno de los agentes intervinientes que declaró hoy.

El juicio se desarrolla en el TOF de Posadas y tanto Rojas, como los magistrados y los testigos participan de manera telemática.
El mismo testigo añadió que en otra recorrida por la zona los mismos lugareños corrigieron la primera información brindada e indicaron que el encargado de todas las maniobras no era paraguayo, ni se apellidaba Sosa, sino que era argentino y se llamaba Néstor Rojas, más conocido como El Negro, aunque el teléfono brindado sí era el mismo y eso marcó el principio del fin del sindicado capo narco actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.
“Nos brindaron el número pero no quisieron dar sus datos. Ellos tenían el número para avisar si habían fuerzas de seguridad en la zona. Cuando se consiguió el teléfono, se pidió su intervención y de las escuchas fueron surgiendo domicilios y personas. Nosotros identificamos a Rojas, a Aldo Canteros (luego asesinado) y otro llamado Eduardo Martínez”, detalló Álvez, tras una última pregunta efectuada por la fiscal Vivian Barbosa.
Los testigos de la jornada fueron claros al mencionar que ellos se dedicaban a realizar labores de campo, las cuales en su mayoría consistían en certificar datos que surgían gracias a la interceptación de la línea telefónica adjudicada a Rojas.
“Rojas le indicaba a Canteros y a Martínez los caminos y los modos de hacer todo. Ellos recibían indicaciones de él. Se presume que él era el organizador”, reveló a su turno Hernán Rodas, otro agente de inteligencia de PNA.
El uniformado recordó que, mediante el trabajo realizado, más tarde pudieron marcar un domicilio de Rojas en la localidad de Hipólito Yrigoyen y uno de Canteros en Gobernador Roca, puntos que formaban parte del itinerario de los traslados de estupefacientes desde Montecarlo, que era el lugar de recepción de los cargamentos.
La investigación fue tal que los agentes lograron realizar seguimientos encubiertos de al menos dos operatorias de traslado de droga. En uno de esos viajes participaron un Fiat Siena y una Ford Eco Sport, mientras que la segunda misión fue realizada por una caravana conformada por un Renault Clío, un Renault Logan y un Chevrolet Cobalt.
Según trazó el agente Álvez, la comitiva viajó hasta Montecarlo, ingresó a una zona de montes y al volver a la ruta los autos aparecieron “más planchados”, como cargados, y el camino de regreso culminó en la chacra de Canteros en Roca.
La descripción de los vehículos es otro punto clave de la pesquisa, dado que tanto Álvez como Rodas días más tarde ubicaron a Rojas dentro de ese Renault Logan en compañía de Canteros por las calles de Roca.
“Yo a Rojas lo vi una sola vez. Fue el 3 de agosto de 2018. Salieron de la chacra de Canteros en un Logan y fueron hasta el centro. Canteros se bajó a un kiosco y Rojas se quedó. Iba en el asiento del acompañante y tenía la ventanilla baja”, precisó Álvez.
Todos los testigos de hoy admitieron que con todos los elementos recolectados se solicitó una orden de allanamiento, aunque desconocen por qué la medida nunca se concretó, argumentando que esas decisiones correspondían a “la superioridad”.

El Renault Logan incautado por la Policía tras el asesinato de Canteros.
Asesinato y narcotráfico
Lo cierto es que, apenas dos días después, es decir, el 5 de agosto de 2018, se produjo el asesinato de Canteros en su chacra de Gobernador Roca. La hipótesis acusatoria sostiene que Rojas advirtió movimientos extraños en los alrededores de la finca y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de su colaborador, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.
Rojas fue atrapado ocho días después de aquel crimen. Fue ubicado en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto de concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.
“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, declaró Rojas al inicio del debate, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.
Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa, Diego Iglesias y Martín Uriona, estos últimos de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.
Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.
En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.
El debate oral continuará el 24 de junio. El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Como defensores intervienen Marco Racagni, en representación de Rojas, y Mariano Romero por Campos Retamar.
Rojas adelantó que en la próxima audiencia desea volver a tomar la palabra. En jornadas anteriores solicitó tener la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.
“Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”, prometió en la primera audiencia.

Rojas está detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz.
Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”
Judiciales
Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”
Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.
El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.
“Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.
Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.
“Jamás ejercí violencia”
“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.
El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.
“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.
La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.
“César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.
Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.
En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.
Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.
“Quiere que pague dos veces”
Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.
El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.
“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.
“Soy un muerto civil”
La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.
Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.
“Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.
Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.
“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.
Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios
Judiciales
Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
Judiciales
Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
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