Judiciales
Un número de teléfono, el principio del fin para el Negro Rojas
Un número de teléfono entregado por campanas en la costa del río Paraná en Montecarlo marcó el principio del fin para Néstor Fabián “El Negro” Rojas. Así lo revelaron agentes de inteligencia criminal pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) al abrir esta mañana la etapa de testimoniales en el juicio oral que se lleva adelante en contra del sindicado narco-sicario acusado de asesinar a su socio Aldo Andrés Canteros y más tarde montar la organización Primer Comando de Frontera (PCF).
En total fueron cinco los uniformados federales que hoy declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas. Lo hicieron en forma telemática y con la cámara apagada, por motivos de seguridad expresamente solicitados por la cartera que lidera Patricia Bullrich.
Para mediados de 2018, los cinco testigos eran parte de la Delegación Inteligencia Criminal Zona Alto Paraná de la PNA, con asiento en Eldorado, y ante las partes reconstruyeron la génesis de la investigación que volvió a poner bajo la lupa a Rojas, quien para ese entonces acumulaba más de tres años prófugo en el marco del doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado en Posadas.
Todos los prefecturianos coincidieron al relatar que, luego de un procedimiento policial que culminó con la incautación de una tonelada de marihuana, decidieron adentrarse en la zona conocida como “Puerto Natural” o “Puerto Kimmich” de Montecarlo, a la vera del río Paraná.
Con la intención de detectar movimientos e identificar actores responsables de maniobras de contrabando, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo en la zona, con recorridas encubiertas y averiguaciones con lugareños.
“Comenzamos con las tareas de campo e hicimos averiguaciones. Los lugareños nos brindaron información sobre un grupo delictivo que acopiaba estupefaciente para mandar a Buenos Aires después y nos hablaron sobre un paraguayo llamado Carlos Sosa como el organizador de todo. Nos pasaron su teléfono”, recordó sobre esas primeras labores Marcelo Álvez, uno de los agentes intervinientes que declaró hoy.

El juicio se desarrolla en el TOF de Posadas y tanto Rojas, como los magistrados y los testigos participan de manera telemática.
El mismo testigo añadió que en otra recorrida por la zona los mismos lugareños corrigieron la primera información brindada e indicaron que el encargado de todas las maniobras no era paraguayo, ni se apellidaba Sosa, sino que era argentino y se llamaba Néstor Rojas, más conocido como El Negro, aunque el teléfono brindado sí era el mismo y eso marcó el principio del fin del sindicado capo narco actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.
“Nos brindaron el número pero no quisieron dar sus datos. Ellos tenían el número para avisar si habían fuerzas de seguridad en la zona. Cuando se consiguió el teléfono, se pidió su intervención y de las escuchas fueron surgiendo domicilios y personas. Nosotros identificamos a Rojas, a Aldo Canteros (luego asesinado) y otro llamado Eduardo Martínez”, detalló Álvez, tras una última pregunta efectuada por la fiscal Vivian Barbosa.
Los testigos de la jornada fueron claros al mencionar que ellos se dedicaban a realizar labores de campo, las cuales en su mayoría consistían en certificar datos que surgían gracias a la interceptación de la línea telefónica adjudicada a Rojas.
“Rojas le indicaba a Canteros y a Martínez los caminos y los modos de hacer todo. Ellos recibían indicaciones de él. Se presume que él era el organizador”, reveló a su turno Hernán Rodas, otro agente de inteligencia de PNA.
El uniformado recordó que, mediante el trabajo realizado, más tarde pudieron marcar un domicilio de Rojas en la localidad de Hipólito Yrigoyen y uno de Canteros en Gobernador Roca, puntos que formaban parte del itinerario de los traslados de estupefacientes desde Montecarlo, que era el lugar de recepción de los cargamentos.
La investigación fue tal que los agentes lograron realizar seguimientos encubiertos de al menos dos operatorias de traslado de droga. En uno de esos viajes participaron un Fiat Siena y una Ford Eco Sport, mientras que la segunda misión fue realizada por una caravana conformada por un Renault Clío, un Renault Logan y un Chevrolet Cobalt.
Según trazó el agente Álvez, la comitiva viajó hasta Montecarlo, ingresó a una zona de montes y al volver a la ruta los autos aparecieron “más planchados”, como cargados, y el camino de regreso culminó en la chacra de Canteros en Roca.
La descripción de los vehículos es otro punto clave de la pesquisa, dado que tanto Álvez como Rodas días más tarde ubicaron a Rojas dentro de ese Renault Logan en compañía de Canteros por las calles de Roca.
“Yo a Rojas lo vi una sola vez. Fue el 3 de agosto de 2018. Salieron de la chacra de Canteros en un Logan y fueron hasta el centro. Canteros se bajó a un kiosco y Rojas se quedó. Iba en el asiento del acompañante y tenía la ventanilla baja”, precisó Álvez.
Todos los testigos de hoy admitieron que con todos los elementos recolectados se solicitó una orden de allanamiento, aunque desconocen por qué la medida nunca se concretó, argumentando que esas decisiones correspondían a “la superioridad”.

El Renault Logan incautado por la Policía tras el asesinato de Canteros.
Asesinato y narcotráfico
Lo cierto es que, apenas dos días después, es decir, el 5 de agosto de 2018, se produjo el asesinato de Canteros en su chacra de Gobernador Roca. La hipótesis acusatoria sostiene que Rojas advirtió movimientos extraños en los alrededores de la finca y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de su colaborador, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.
Rojas fue atrapado ocho días después de aquel crimen. Fue ubicado en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto de concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.
“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, declaró Rojas al inicio del debate, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.
Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa, Diego Iglesias y Martín Uriona, estos últimos de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.
Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.
En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.
El debate oral continuará el 24 de junio. El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Como defensores intervienen Marco Racagni, en representación de Rojas, y Mariano Romero por Campos Retamar.
Rojas adelantó que en la próxima audiencia desea volver a tomar la palabra. En jornadas anteriores solicitó tener la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.
“Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”, prometió en la primera audiencia.

Rojas está detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz.
Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”
Judiciales
Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”
Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.
Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.
“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.
Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.
“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.
Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.
“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.
“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.
Judiciales
La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
Judiciales
Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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