Judiciales
Un número de teléfono, el principio del fin para el Negro Rojas
Un número de teléfono entregado por campanas en la costa del río Paraná en Montecarlo marcó el principio del fin para Néstor Fabián “El Negro” Rojas. Así lo revelaron agentes de inteligencia criminal pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) al abrir esta mañana la etapa de testimoniales en el juicio oral que se lleva adelante en contra del sindicado narco-sicario acusado de asesinar a su socio Aldo Andrés Canteros y más tarde montar la organización Primer Comando de Frontera (PCF).
En total fueron cinco los uniformados federales que hoy declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas. Lo hicieron en forma telemática y con la cámara apagada, por motivos de seguridad expresamente solicitados por la cartera que lidera Patricia Bullrich.
Para mediados de 2018, los cinco testigos eran parte de la Delegación Inteligencia Criminal Zona Alto Paraná de la PNA, con asiento en Eldorado, y ante las partes reconstruyeron la génesis de la investigación que volvió a poner bajo la lupa a Rojas, quien para ese entonces acumulaba más de tres años prófugo en el marco del doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado en Posadas.
Todos los prefecturianos coincidieron al relatar que, luego de un procedimiento policial que culminó con la incautación de una tonelada de marihuana, decidieron adentrarse en la zona conocida como “Puerto Natural” o “Puerto Kimmich” de Montecarlo, a la vera del río Paraná.
Con la intención de detectar movimientos e identificar actores responsables de maniobras de contrabando, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo en la zona, con recorridas encubiertas y averiguaciones con lugareños.
“Comenzamos con las tareas de campo e hicimos averiguaciones. Los lugareños nos brindaron información sobre un grupo delictivo que acopiaba estupefaciente para mandar a Buenos Aires después y nos hablaron sobre un paraguayo llamado Carlos Sosa como el organizador de todo. Nos pasaron su teléfono”, recordó sobre esas primeras labores Marcelo Álvez, uno de los agentes intervinientes que declaró hoy.

El juicio se desarrolla en el TOF de Posadas y tanto Rojas, como los magistrados y los testigos participan de manera telemática.
El mismo testigo añadió que en otra recorrida por la zona los mismos lugareños corrigieron la primera información brindada e indicaron que el encargado de todas las maniobras no era paraguayo, ni se apellidaba Sosa, sino que era argentino y se llamaba Néstor Rojas, más conocido como El Negro, aunque el teléfono brindado sí era el mismo y eso marcó el principio del fin del sindicado capo narco actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.
“Nos brindaron el número pero no quisieron dar sus datos. Ellos tenían el número para avisar si habían fuerzas de seguridad en la zona. Cuando se consiguió el teléfono, se pidió su intervención y de las escuchas fueron surgiendo domicilios y personas. Nosotros identificamos a Rojas, a Aldo Canteros (luego asesinado) y otro llamado Eduardo Martínez”, detalló Álvez, tras una última pregunta efectuada por la fiscal Vivian Barbosa.
Los testigos de la jornada fueron claros al mencionar que ellos se dedicaban a realizar labores de campo, las cuales en su mayoría consistían en certificar datos que surgían gracias a la interceptación de la línea telefónica adjudicada a Rojas.
“Rojas le indicaba a Canteros y a Martínez los caminos y los modos de hacer todo. Ellos recibían indicaciones de él. Se presume que él era el organizador”, reveló a su turno Hernán Rodas, otro agente de inteligencia de PNA.
El uniformado recordó que, mediante el trabajo realizado, más tarde pudieron marcar un domicilio de Rojas en la localidad de Hipólito Yrigoyen y uno de Canteros en Gobernador Roca, puntos que formaban parte del itinerario de los traslados de estupefacientes desde Montecarlo, que era el lugar de recepción de los cargamentos.
La investigación fue tal que los agentes lograron realizar seguimientos encubiertos de al menos dos operatorias de traslado de droga. En uno de esos viajes participaron un Fiat Siena y una Ford Eco Sport, mientras que la segunda misión fue realizada por una caravana conformada por un Renault Clío, un Renault Logan y un Chevrolet Cobalt.
Según trazó el agente Álvez, la comitiva viajó hasta Montecarlo, ingresó a una zona de montes y al volver a la ruta los autos aparecieron “más planchados”, como cargados, y el camino de regreso culminó en la chacra de Canteros en Roca.
La descripción de los vehículos es otro punto clave de la pesquisa, dado que tanto Álvez como Rodas días más tarde ubicaron a Rojas dentro de ese Renault Logan en compañía de Canteros por las calles de Roca.
“Yo a Rojas lo vi una sola vez. Fue el 3 de agosto de 2018. Salieron de la chacra de Canteros en un Logan y fueron hasta el centro. Canteros se bajó a un kiosco y Rojas se quedó. Iba en el asiento del acompañante y tenía la ventanilla baja”, precisó Álvez.
Todos los testigos de hoy admitieron que con todos los elementos recolectados se solicitó una orden de allanamiento, aunque desconocen por qué la medida nunca se concretó, argumentando que esas decisiones correspondían a “la superioridad”.

El Renault Logan incautado por la Policía tras el asesinato de Canteros.
Asesinato y narcotráfico
Lo cierto es que, apenas dos días después, es decir, el 5 de agosto de 2018, se produjo el asesinato de Canteros en su chacra de Gobernador Roca. La hipótesis acusatoria sostiene que Rojas advirtió movimientos extraños en los alrededores de la finca y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de su colaborador, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.
Rojas fue atrapado ocho días después de aquel crimen. Fue ubicado en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto de concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.
“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, declaró Rojas al inicio del debate, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.
Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa, Diego Iglesias y Martín Uriona, estos últimos de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.
Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.
En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.
El debate oral continuará el 24 de junio. El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Como defensores intervienen Marco Racagni, en representación de Rojas, y Mariano Romero por Campos Retamar.
Rojas adelantó que en la próxima audiencia desea volver a tomar la palabra. En jornadas anteriores solicitó tener la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.
“Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”, prometió en la primera audiencia.

Rojas está detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz.
Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo
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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después
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