Judiciales
Tres víctimas misioneras declararán en juicio por lesa humanidad en Corrientes
Tres ex presos políticos misioneros declararán el jueves en el mayor de los juicios por crímenes de lesa humanidad contra represores de la dictadura de los tramitados en Corrientes, y que comenzó el lunes en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital provincial.
Se trata del escritor posadeño Roberto Parodi Ocampo, Pedro Ireneo Ávalos y Ramón Nicolás Cura, quienes figuran entre las 104 víctimas de crímenes atribuidos a la Brigada de Infantería VII, que tenía su asiento en el Regimiento de Infantería 9, de la capital correntina.
Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y el de mayor cantidad de víctimas y acusados.
La primera audiencia fue seguida en la calle por familiares y referentes de diversas organizaciones de derechos humanos de la provincia, que se concentraron en la zona del tribunal con la consigna: “Justicia y condena a los genocidas”, y fue también acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa.
Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los ex gendarmes Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados por problemas de salud, en el transcurso de los casi cuatro años que demoró la instrucción del juicio oral.
Por el Ministerio Público actúan el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene el abogado Manuel Brest Enjuanes.
Margarita
Parodi es hermano del militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Manuel Parodi Ocampo, uno de los cuatro misioneros asesinados durante la Masacre de Margarita Belén, en diciembre de 1976, en el Chaco.
El escritor posadeño vivió la represión, primero con la captura y la muerte de su hermano mayor, y después con su propio secuestro en Posadas, y su detención en el regimiento correntino donde se asentaba la brigada en que prestaban servicio los militares y gendarmes que esta mañana estarán en el banquillo.
“Manucho le decíamos y éramos muy buenos amigos. Era muy bueno, tolerante, si había una disputa él te dejaba ganar, era muy generoso. Sobre todo cuando nos hicimos más adultos y más conscientes yo me daba cuenta que él adquirió una enorme autoridad sobre mí, en el sentido de quién era él y como veía las cosas. Yo eso lo respeté muchísimo. Era un tipo excepcional”, dijo Parodi sobre su hermano en una entrevista con El Territorio, en 2020.
Vida o muerte
El nombre de Ávalos, aparece también en otras causas tramitadas en la justicia federal de Misiones, como la que condenó a los jefes militares de la entonces Área 232, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Beltrametti.
Él mismo contó en diversas oportunidades detalles de su paso por las cárceles clandestinas de la dictadura en la tierra colorada.
“El estado de incomunicación de las personas detenidas formaba parte de las torturas que ejercían los militares, que decidían quién vivía y quién moría”, describió en una entrevista periodística.
Ávalos declaró también en la causa que juzgó los crímenes del Departamento de Informaciones, de la Policía de Misiones, y los centros clandestinos de detención conocidos como Casita de Mártires y Casita del Rowing.
Fuerzas
Cura, el tercero de los ex presos políticos misioneros que declaran a partir de hoy en el juicio correntino por lesa humanidad, tenía 17 años y estudiaba la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste cuando fue secuestrado y llevado al Regimiento 9.
“La tortura fue salvaje, me llevaron a un pabellón del ejercito esposado y con los ojos vendados, había mucha gente, la mayoría eran jóvenes. A la noche te acostaban en un colchón y te esposaban a la cama. Había noches que te llevaban y pasaban torturándonos muchas horas, tantas que perdías la noción del tiempo, a veces te desmayabas, a veces el dolor eran tan grande que uno quería morirse”, relató.
Cura estuvo detenido cuatro meses. “Muchas veces pensé este es mi último día, llega un momento de la saturación que vos preferís morir, pero bueno uno sacaba fuerzas”, contó.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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