Judiciales
Tres víctimas misioneras declararán en juicio por lesa humanidad en Corrientes
Tres ex presos políticos misioneros declararán el jueves en el mayor de los juicios por crímenes de lesa humanidad contra represores de la dictadura de los tramitados en Corrientes, y que comenzó el lunes en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital provincial.
Se trata del escritor posadeño Roberto Parodi Ocampo, Pedro Ireneo Ávalos y Ramón Nicolás Cura, quienes figuran entre las 104 víctimas de crímenes atribuidos a la Brigada de Infantería VII, que tenía su asiento en el Regimiento de Infantería 9, de la capital correntina.
Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y el de mayor cantidad de víctimas y acusados.
La primera audiencia fue seguida en la calle por familiares y referentes de diversas organizaciones de derechos humanos de la provincia, que se concentraron en la zona del tribunal con la consigna: “Justicia y condena a los genocidas”, y fue también acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa.
Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los ex gendarmes Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados por problemas de salud, en el transcurso de los casi cuatro años que demoró la instrucción del juicio oral.
Por el Ministerio Público actúan el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene el abogado Manuel Brest Enjuanes.
Margarita
Parodi es hermano del militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Manuel Parodi Ocampo, uno de los cuatro misioneros asesinados durante la Masacre de Margarita Belén, en diciembre de 1976, en el Chaco.
El escritor posadeño vivió la represión, primero con la captura y la muerte de su hermano mayor, y después con su propio secuestro en Posadas, y su detención en el regimiento correntino donde se asentaba la brigada en que prestaban servicio los militares y gendarmes que esta mañana estarán en el banquillo.
“Manucho le decíamos y éramos muy buenos amigos. Era muy bueno, tolerante, si había una disputa él te dejaba ganar, era muy generoso. Sobre todo cuando nos hicimos más adultos y más conscientes yo me daba cuenta que él adquirió una enorme autoridad sobre mí, en el sentido de quién era él y como veía las cosas. Yo eso lo respeté muchísimo. Era un tipo excepcional”, dijo Parodi sobre su hermano en una entrevista con El Territorio, en 2020.
Vida o muerte
El nombre de Ávalos, aparece también en otras causas tramitadas en la justicia federal de Misiones, como la que condenó a los jefes militares de la entonces Área 232, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Beltrametti.
Él mismo contó en diversas oportunidades detalles de su paso por las cárceles clandestinas de la dictadura en la tierra colorada.
“El estado de incomunicación de las personas detenidas formaba parte de las torturas que ejercían los militares, que decidían quién vivía y quién moría”, describió en una entrevista periodística.
Ávalos declaró también en la causa que juzgó los crímenes del Departamento de Informaciones, de la Policía de Misiones, y los centros clandestinos de detención conocidos como Casita de Mártires y Casita del Rowing.
Fuerzas
Cura, el tercero de los ex presos políticos misioneros que declaran a partir de hoy en el juicio correntino por lesa humanidad, tenía 17 años y estudiaba la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste cuando fue secuestrado y llevado al Regimiento 9.
“La tortura fue salvaje, me llevaron a un pabellón del ejercito esposado y con los ojos vendados, había mucha gente, la mayoría eran jóvenes. A la noche te acostaban en un colchón y te esposaban a la cama. Había noches que te llevaban y pasaban torturándonos muchas horas, tantas que perdías la noción del tiempo, a veces te desmayabas, a veces el dolor eran tan grande que uno quería morirse”, relató.
Cura estuvo detenido cuatro meses. “Muchas veces pensé este es mi último día, llega un momento de la saturación que vos preferís morir, pero bueno uno sacaba fuerzas”, contó.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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