Judiciales
Tres víctimas misioneras declararán en juicio por lesa humanidad en Corrientes
Tres ex presos políticos misioneros declararán el jueves en el mayor de los juicios por crímenes de lesa humanidad contra represores de la dictadura de los tramitados en Corrientes, y que comenzó el lunes en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital provincial.
Se trata del escritor posadeño Roberto Parodi Ocampo, Pedro Ireneo Ávalos y Ramón Nicolás Cura, quienes figuran entre las 104 víctimas de crímenes atribuidos a la Brigada de Infantería VII, que tenía su asiento en el Regimiento de Infantería 9, de la capital correntina.
Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y el de mayor cantidad de víctimas y acusados.
La primera audiencia fue seguida en la calle por familiares y referentes de diversas organizaciones de derechos humanos de la provincia, que se concentraron en la zona del tribunal con la consigna: “Justicia y condena a los genocidas”, y fue también acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa.
Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los ex gendarmes Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados por problemas de salud, en el transcurso de los casi cuatro años que demoró la instrucción del juicio oral.
Por el Ministerio Público actúan el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene el abogado Manuel Brest Enjuanes.
Margarita
Parodi es hermano del militante de la Juventud Peronista y Montoneros, Manuel Parodi Ocampo, uno de los cuatro misioneros asesinados durante la Masacre de Margarita Belén, en diciembre de 1976, en el Chaco.
El escritor posadeño vivió la represión, primero con la captura y la muerte de su hermano mayor, y después con su propio secuestro en Posadas, y su detención en el regimiento correntino donde se asentaba la brigada en que prestaban servicio los militares y gendarmes que esta mañana estarán en el banquillo.
“Manucho le decíamos y éramos muy buenos amigos. Era muy bueno, tolerante, si había una disputa él te dejaba ganar, era muy generoso. Sobre todo cuando nos hicimos más adultos y más conscientes yo me daba cuenta que él adquirió una enorme autoridad sobre mí, en el sentido de quién era él y como veía las cosas. Yo eso lo respeté muchísimo. Era un tipo excepcional”, dijo Parodi sobre su hermano en una entrevista con El Territorio, en 2020.
Vida o muerte
El nombre de Ávalos, aparece también en otras causas tramitadas en la justicia federal de Misiones, como la que condenó a los jefes militares de la entonces Área 232, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Beltrametti.
Él mismo contó en diversas oportunidades detalles de su paso por las cárceles clandestinas de la dictadura en la tierra colorada.
“El estado de incomunicación de las personas detenidas formaba parte de las torturas que ejercían los militares, que decidían quién vivía y quién moría”, describió en una entrevista periodística.
Ávalos declaró también en la causa que juzgó los crímenes del Departamento de Informaciones, de la Policía de Misiones, y los centros clandestinos de detención conocidos como Casita de Mártires y Casita del Rowing.
Fuerzas
Cura, el tercero de los ex presos políticos misioneros que declaran a partir de hoy en el juicio correntino por lesa humanidad, tenía 17 años y estudiaba la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste cuando fue secuestrado y llevado al Regimiento 9.
“La tortura fue salvaje, me llevaron a un pabellón del ejercito esposado y con los ojos vendados, había mucha gente, la mayoría eran jóvenes. A la noche te acostaban en un colchón y te esposaban a la cama. Había noches que te llevaban y pasaban torturándonos muchas horas, tantas que perdías la noción del tiempo, a veces te desmayabas, a veces el dolor eran tan grande que uno quería morirse”, relató.
Cura estuvo detenido cuatro meses. “Muchas veces pensé este es mi último día, llega un momento de la saturación que vos preferís morir, pero bueno uno sacaba fuerzas”, contó.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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