Judiciales
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
En la novena audiencia del juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47), el acusado declaró por tercera vez en lo que va del proceso y volvió a desligarse de la multiplicidad de los delitos que endilgan, apuntando una supuesta “persecución judicial” en su contra, tildando de corruptos a los investigadores involucrados y pidiendo por su primo: “Él me entregó, también debería estar sentado acá”.
La declaración del imputado en dos expedientes acumulados, uno por el asesinato de su antiguo socio Aldo Andrés Canteros (33) y otra por la creación del Primer Comando de Frontera (PCF), se dio esta mañana, minutos antes de las 9.30 y se extendió durante 40 minutos.
Desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, Rojas insistió en su inocencia y buscó contrarrestar la batería de pruebas que lo ubican como uno de los delincuentes más peligrosos de la provincia.
Para empezar, confrontó lo dicho instantes antes de por dos penitenciarios que habían participado de las requisas realizadas en su contra cuando el misionero aún se encontraba alojado en el penal de Ezeiza, de donde debió ser trasladado porque fue acusado de dirigir el PCF, una empresa narco-criminal con la que pretendía emular a las grandes bandas brasileñas.
“Yo tenía un cuidado muy riguroso, muy intenso. Tres grupos especiales me controlaban. Era imposible que yo tenga un aparato y menos aún manejar una organización criminal como se me acusa”, se defendió.
Sindicalista y perseguido
Luego, entró al terreno de insistir en una “persecución judicial” en su contra. “Yo siempre fui visto como un sindicalista en el servicio, por defender el derecho de mis compañeros. Mis reclamos le costaron el trabajo a varios muchachos, porque denuncié a varios torturadores. Es por eso que me han plantado de todo, porque tienen una bronca inmensa contra mí. Me la junaron toda la vida”, lanzó.
También criticó a la fiscalía y sostuvo que “me tienen hace 5 años como un animal, porque quieren una confesión. Esto es como una sumisión, una persecución por mis denuncias”.
Rojas sigue el juicio de manera telemática desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz.
En otro punto de su testimonio, el misionero que enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua cuestionó la forma en que la Prefectura Naval Argentina (PNA) afirma haber conseguido su línea telefónica para comenzar a rastrearlo mientras él se movía entre las sombras.
“El que aportó mi número no fue ningún campana. Ese era Francisco Fernández, uno que estuvo preso, pero que es pupilo de la Prefectura, porque acá también hay prefecturianos corruptos, que son soldados del señor Guerrero. Se encargan de hacer la parte sucia”, señaló Rojas, haciendo referencia a Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, quien instruyó el expediente por el PCF, cuestión que le valió un llamado de atención por parte de Víctor Alonso, presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, para que mantenga los modales durante su comparecencia, sin adjetivar de manera peyorativa ni insultar.
En el medio de ello, también se dirigió a los testigos y lanzó: “Por más que acá tengan la cámara apagada yo sé quiénes son, qué hacen y de qué trabajan”.
La traición
Más tarde, también puso los cañones en dirección a Eduardo Martínez, su antigua mano derecha a quien reconoció como su primo y a quien le confesó el crimen de Canteros durante una llamada que fue interceptada por los investigadores que estaban tras sus pasos, aunque él niegue tal conversación grabada.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me llevó a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, repartió acusaciones Rojas, como marcando también las rencillas que aún tiene abiertas.
Rojas no paró de asociar apellidos y hechos como para argumentar la supuesta operación judicial craneada en su contra, aunque en ningún momento profundizó en detalles sobre nada. “A mí me mataron tres compañeros y todas las causas fueron archivadas, por eso ahora buscan acabar conmigo”, dijo, aunque no mencionó ni quiénes fueron esas víctimas, ni cuándo se cometieron los crímenes, ni quiénes fueron los autores. Tampoco fue consultado.
Para cerrar, insistió en su inocencia: “No maté a nadie. Soy inocente y sigo siendo inocente. En mi celda duermo muy tranquilo sabiendo eso”.
Próxima audiencia el viernes
Tras su declaración, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de septiembre, jornada en la que se prevé la comparecencia de otros cinco testigos.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Campos Retamar también pidió la palabra hoy y se desligó de la imputación que pesa en su contra como supuesto ladero de Rojas en la causa por el PCF.
El bonaerense está acusado de gestionar la logística necesaria para que los cargamentos de drogas enviados desde Misiones sean recibidos y acondicionados en Buenos Aires.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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