Judiciales
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
En la novena audiencia del juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47), el acusado declaró por tercera vez en lo que va del proceso y volvió a desligarse de la multiplicidad de los delitos que endilgan, apuntando una supuesta “persecución judicial” en su contra, tildando de corruptos a los investigadores involucrados y pidiendo por su primo: “Él me entregó, también debería estar sentado acá”.
La declaración del imputado en dos expedientes acumulados, uno por el asesinato de su antiguo socio Aldo Andrés Canteros (33) y otra por la creación del Primer Comando de Frontera (PCF), se dio esta mañana, minutos antes de las 9.30 y se extendió durante 40 minutos.
Desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, Rojas insistió en su inocencia y buscó contrarrestar la batería de pruebas que lo ubican como uno de los delincuentes más peligrosos de la provincia.
Para empezar, confrontó lo dicho instantes antes de por dos penitenciarios que habían participado de las requisas realizadas en su contra cuando el misionero aún se encontraba alojado en el penal de Ezeiza, de donde debió ser trasladado porque fue acusado de dirigir el PCF, una empresa narco-criminal con la que pretendía emular a las grandes bandas brasileñas.
“Yo tenía un cuidado muy riguroso, muy intenso. Tres grupos especiales me controlaban. Era imposible que yo tenga un aparato y menos aún manejar una organización criminal como se me acusa”, se defendió.
Sindicalista y perseguido
Luego, entró al terreno de insistir en una “persecución judicial” en su contra. “Yo siempre fui visto como un sindicalista en el servicio, por defender el derecho de mis compañeros. Mis reclamos le costaron el trabajo a varios muchachos, porque denuncié a varios torturadores. Es por eso que me han plantado de todo, porque tienen una bronca inmensa contra mí. Me la junaron toda la vida”, lanzó.
También criticó a la fiscalía y sostuvo que “me tienen hace 5 años como un animal, porque quieren una confesión. Esto es como una sumisión, una persecución por mis denuncias”.
Rojas sigue el juicio de manera telemática desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz.
En otro punto de su testimonio, el misionero que enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua cuestionó la forma en que la Prefectura Naval Argentina (PNA) afirma haber conseguido su línea telefónica para comenzar a rastrearlo mientras él se movía entre las sombras.
“El que aportó mi número no fue ningún campana. Ese era Francisco Fernández, uno que estuvo preso, pero que es pupilo de la Prefectura, porque acá también hay prefecturianos corruptos, que son soldados del señor Guerrero. Se encargan de hacer la parte sucia”, señaló Rojas, haciendo referencia a Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, quien instruyó el expediente por el PCF, cuestión que le valió un llamado de atención por parte de Víctor Alonso, presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, para que mantenga los modales durante su comparecencia, sin adjetivar de manera peyorativa ni insultar.
En el medio de ello, también se dirigió a los testigos y lanzó: “Por más que acá tengan la cámara apagada yo sé quiénes son, qué hacen y de qué trabajan”.
La traición
Más tarde, también puso los cañones en dirección a Eduardo Martínez, su antigua mano derecha a quien reconoció como su primo y a quien le confesó el crimen de Canteros durante una llamada que fue interceptada por los investigadores que estaban tras sus pasos, aunque él niegue tal conversación grabada.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me llevó a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, repartió acusaciones Rojas, como marcando también las rencillas que aún tiene abiertas.
Rojas no paró de asociar apellidos y hechos como para argumentar la supuesta operación judicial craneada en su contra, aunque en ningún momento profundizó en detalles sobre nada. “A mí me mataron tres compañeros y todas las causas fueron archivadas, por eso ahora buscan acabar conmigo”, dijo, aunque no mencionó ni quiénes fueron esas víctimas, ni cuándo se cometieron los crímenes, ni quiénes fueron los autores. Tampoco fue consultado.
Para cerrar, insistió en su inocencia: “No maté a nadie. Soy inocente y sigo siendo inocente. En mi celda duermo muy tranquilo sabiendo eso”.
Próxima audiencia el viernes
Tras su declaración, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de septiembre, jornada en la que se prevé la comparecencia de otros cinco testigos.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Campos Retamar también pidió la palabra hoy y se desligó de la imputación que pesa en su contra como supuesto ladero de Rojas en la causa por el PCF.
El bonaerense está acusado de gestionar la logística necesaria para que los cargamentos de drogas enviados desde Misiones sean recibidos y acondicionados en Buenos Aires.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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