Judiciales
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
En la novena audiencia del juicio oral contra el sindicado narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (47), el acusado declaró por tercera vez en lo que va del proceso y volvió a desligarse de la multiplicidad de los delitos que endilgan, apuntando una supuesta “persecución judicial” en su contra, tildando de corruptos a los investigadores involucrados y pidiendo por su primo: “Él me entregó, también debería estar sentado acá”.
La declaración del imputado en dos expedientes acumulados, uno por el asesinato de su antiguo socio Aldo Andrés Canteros (33) y otra por la creación del Primer Comando de Frontera (PCF), se dio esta mañana, minutos antes de las 9.30 y se extendió durante 40 minutos.
Desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz, Rojas insistió en su inocencia y buscó contrarrestar la batería de pruebas que lo ubican como uno de los delincuentes más peligrosos de la provincia.
Para empezar, confrontó lo dicho instantes antes de por dos penitenciarios que habían participado de las requisas realizadas en su contra cuando el misionero aún se encontraba alojado en el penal de Ezeiza, de donde debió ser trasladado porque fue acusado de dirigir el PCF, una empresa narco-criminal con la que pretendía emular a las grandes bandas brasileñas.
“Yo tenía un cuidado muy riguroso, muy intenso. Tres grupos especiales me controlaban. Era imposible que yo tenga un aparato y menos aún manejar una organización criminal como se me acusa”, se defendió.
Sindicalista y perseguido
Luego, entró al terreno de insistir en una “persecución judicial” en su contra. “Yo siempre fui visto como un sindicalista en el servicio, por defender el derecho de mis compañeros. Mis reclamos le costaron el trabajo a varios muchachos, porque denuncié a varios torturadores. Es por eso que me han plantado de todo, porque tienen una bronca inmensa contra mí. Me la junaron toda la vida”, lanzó.
También criticó a la fiscalía y sostuvo que “me tienen hace 5 años como un animal, porque quieren una confesión. Esto es como una sumisión, una persecución por mis denuncias”.
Rojas sigue el juicio de manera telemática desde un pabellón de la cárcel federal de Marcos Paz.
En otro punto de su testimonio, el misionero que enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua cuestionó la forma en que la Prefectura Naval Argentina (PNA) afirma haber conseguido su línea telefónica para comenzar a rastrearlo mientras él se movía entre las sombras.
“El que aportó mi número no fue ningún campana. Ese era Francisco Fernández, uno que estuvo preso, pero que es pupilo de la Prefectura, porque acá también hay prefecturianos corruptos, que son soldados del señor Guerrero. Se encargan de hacer la parte sucia”, señaló Rojas, haciendo referencia a Miguel Ángel Guerrero, juez federal de Eldorado, quien instruyó el expediente por el PCF, cuestión que le valió un llamado de atención por parte de Víctor Alonso, presidente del Tribunal Oral Federal de Posadas, para que mantenga los modales durante su comparecencia, sin adjetivar de manera peyorativa ni insultar.
En el medio de ello, también se dirigió a los testigos y lanzó: “Por más que acá tengan la cámara apagada yo sé quiénes son, qué hacen y de qué trabajan”.
La traición
Más tarde, también puso los cañones en dirección a Eduardo Martínez, su antigua mano derecha a quien reconoció como su primo y a quien le confesó el crimen de Canteros durante una llamada que fue interceptada por los investigadores que estaban tras sus pasos, aunque él niegue tal conversación grabada.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me llevó a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, repartió acusaciones Rojas, como marcando también las rencillas que aún tiene abiertas.
Rojas no paró de asociar apellidos y hechos como para argumentar la supuesta operación judicial craneada en su contra, aunque en ningún momento profundizó en detalles sobre nada. “A mí me mataron tres compañeros y todas las causas fueron archivadas, por eso ahora buscan acabar conmigo”, dijo, aunque no mencionó ni quiénes fueron esas víctimas, ni cuándo se cometieron los crímenes, ni quiénes fueron los autores. Tampoco fue consultado.
Para cerrar, insistió en su inocencia: “No maté a nadie. Soy inocente y sigo siendo inocente. En mi celda duermo muy tranquilo sabiendo eso”.
Próxima audiencia el viernes
Tras su declaración, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de septiembre, jornada en la que se prevé la comparecencia de otros cinco testigos.
El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).
Por la acusación intervienen la fiscal Vivian Barbosa y los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona por la Procuraduría General de la Nación (Procunar).
Rojas es representado por el defensor oficial Marco Racagni, mientras que su consorte de la causa en el expediente que investiga el accionar del PCF, Pablo Antonio Campos Retamar (53,) cuenta con la tutela legal de Mariano Romero.
Campos Retamar también pidió la palabra hoy y se desligó de la imputación que pesa en su contra como supuesto ladero de Rojas en la causa por el PCF.
El bonaerense está acusado de gestionar la logística necesaria para que los cargamentos de drogas enviados desde Misiones sean recibidos y acondicionados en Buenos Aires.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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