Judiciales
Rechazaron libertad condicional a represor condenado por Masacre de Margarita Belén
El represor cordobés Ricardo Guillermo Reyes, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde cuatro estudiantes y militantes misioneros fueron asesinados y desaparecidos, deberá continuar purgando su pena tras un rechazo al pedido de libertad condicional firmado por el magistrado Fabián Cardozo, integrante del Tribunal Oral Federal de Posadas.
Cardozo intervino en el planteo como juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde recayó para su análisis el pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Reyes, que fue condenado a prisión perpetua en 2011 y acumula 20 años privado de su libertad, aunque desde 2019 goza de arresto domiciliario.
En su resolución, el juez misionero resolvió en consonancia con la opinión emitida por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes se entrevistaron con Reyes y concluyeron en que el ex teniente del Ejército Argentino “no considera haber sido debidamente condenado”, al tiempo que se mostró reticente al abordaje del tema, deslizando críticas sobre el accionar e “imparcialidad” de la justicia durante su juzgamiento.
En base a ello, Cardozo expresó que “lo que surge de las actuaciones resulta insuficiente para la formación de un juicio legal que sustente la ponderación de una reinserción social favorable, lo que guarda necesidad, no acreditada, de su sujeción a un programa específico para el abordaje, en orden a sus características, de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado”.
A su vez, también ponderó que “es necesario conjugar los derechos de las víctimas (…) De la transcripción de sus declaraciones, surge la idea de su acceso condicionado al medio libre les genera animadversión porque lo vivencian, en el marco del inicio tardío del proceso de reparación en el que se hallan, como una injusticia y, en el caso de las personas desaparecidas, la sensación con la que al día de la fecha conviven, debido a la falta de cierre de la situación, es la de la impunidad de los responsables”.
La medida también tiene correlación con un dictamen firmado previamente por los fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, quienes opinaron en contra del otorgamiento del beneficio al sostener que Reyes no asume ninguna responsabilidad sobre los hechos cometidos y tampoco aporta datos para sanar el dolor que aún atraviesan los familiares de las víctimas desaparecidas.
“De este informe y de las propias palabras del condenado Reyes no existe siquiera algún indicio de una progresividad positiva, de una rehabilitación y de alguna capacidad de respetar y comprender la ley, así como también de comprender la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, todo ello nos permite concluir que no está apto para adecuada reinserción social”, sintetizaron los representantes del MPF.

El juez Fabián Cardozo es integra el Tribunal Oral Federal de Posadas.
Masacre
La denominada Masacre de Margarita Belén consistió en el asesinato de un total de 22 prisioneros políticos durante un operativo conjunto desplegado entre el Ejército y la Policía de Chaco. Previo a ello, todas las víctimas habían sido sometidas a extensas sesiones de tortura en distintos centros clandestinos de detención de la región del NEA.
Entre las víctimas habían cuatro misioneros, todos ellos estudiantes y militantes sociales de 24 años: Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte y Carlos Enrique Tereszecuk.
La versión oficial indicó que ese 13 de diciembre de 1976 a la madrugada, una decena de detenidos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario, pero durante el viaje y en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.
Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente, permitieron develar que en realidad todo se trató de una puesta en escena montada por los militares, utilizando la misma técnica atroz que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país como en Salta con la Masacre de Palomitas, por ejemplo.
La mayoría de las víctimas habían sido torturadas durante toda la noche previa y llevadas hasta ese lugar ya prácticamente sin vida, donde los militares montaron una escenografía con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.

La masacre se perpetró el 13 de diciembre de 1976 y un monumento recuerda a las víctimas en Margarita Belén.
Después de allí, algunos cadáveres fueron enterrados en el cementerio Francisco Solano de Resistencia y luego entregados a sus familiares, como es el caso de Franzen y Parodi Ocampo, aunque en 2018 se descubrió que sus cuerpos habían sido intercambiados y recién en 2020 pudieron ser restituidos y despedidos correctamente.
Situación similar ocurrió con Duarte, que a sus familiares el Ejército le entregó un cuerpo que en realidad pertenecía a otra persona. En pleno 2025, el misionero continúa como desaparecido y ese cadáver sigue sin poder ser identificado.
Los restos de Tereszecuk, en tanto, fueron hallados en las costas de Empedrado, Corrientes, y recién en 2018 pudieron ser identificados científicamente mediante la intervención del EAAF, que también trabajó en los casos anteriores.
Por el fusilamiento clandestino disfrazado de enfrentamiento, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua durante un juicio que acumuló al menos 120 declaraciones testimoniales y culminó en el 2011.
En 2016, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión perpetua impartidas contra Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni y Ricardo Guillermo Reyes, quien ahora pidió la libertad condicional pero se la negaron.
Judiciales
Abogado de Oscar Thomas: “Es víctima de una gran operación política”
El abogado del ex director de Yacyretá, Oscar Thomas, imputado como miembro de una asociación ilícita en la denominada Causa Cuadernos, José Manuel Ubeira, defendió la inocencia de su cliente y lo consideró víctima de “una gran operación política”.
“Esto es una gran operación política que se montó sobre la base de decir que la obra pública es sinónimo de corrupción”, opinó Ubeira, en diálogo con La Voz de Misiones.
“El formato que buscaron cabalgó sobre la idea de Odebrecht”, dijo el letrado, comparando la causa en la que está imputado Thomas con el escándalo de la red de sobornos montada por la constructora brasileña homónima para obtener contratos de obras multimillonarios en 12 países del continente y África.
“Acá también se intentó criminalizar gobiernos”, afirmó Ubeira y explicó: “Arrancaron con una idea principal y después había que vestir el muñeco; se montó una gran operación de inteligencia, con los medios como agitadores y el Poder Judicial como ejecutor”.
“Los gobiernos de los Kirchner, más allá de las falencias, fueron muy prolijos; muchas de las obras eran heredadas, estaban inconclusas, como el caso de la represa de Yacyretá, y lo que hicieron fue ponerle el trámite final, darles término”, argumentó.
Ubeira señaló que el caso del misionero Thomas es el “más emblemático” de toda la trama de imputaciones de la causa, porque “Oscar no tenía manejo de dinero, no tenía control presupuestario”, ya que “los ingresos de Yacyretá están bancarizados y en los dos países se liquida de Banco Central a Banco Central; y los operadores mayoristas de energía no tienen trato con los funcionarios de la represa”.
Arrepentidos
En el contacto con LVM, Ubeira cargó contra el armado de la causa, que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral, y opinó que “ahora viene la parte más complicada”, con la declaración de los testigos, ya que “se tiene que hablar de la prueba principal, que son los cuadernos, que primero dijeron que eran originales, después que los originales se quemaron y después, que eran fotocopias”.
Según el letrado, la causa “pende un hilo” porque está apoyada en el testimonio de los denominados ‘imputados colaboradores’, conocidos como ‘arrepentidos’, varios de los cuales se retractaron ahora de sus dichos de cuando se instruyó el proceso en 2019.
Empresarios, como Mario Ludovico Rovella, de la constructora Rovella Carranza; Oscar Sansiñena, de la empresa Cleanosol Argentina; Guillermo Escolar, gerente de la misma firma; y el empresario entrerriano Daniel Claudio Pitón, de la constructora José Eleuterio Pitón, que habían declarado en contra de los imputados, ahora se desdijeron alegando “coacción psicológica” de parte del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.
“Todo lo que empieza mal es difícil que se enderece”, afirmó Ubeira y opinó que “es muy importante el arrepentimiento de los arrepentidos, porque hay penas de hasta 10 años de cárcel por falso testimonio”. “Es un riesgo muy grande el que están asumiendo, pero hay gente que ha decidido dar el paso al frente y mostrar los modos y medios que utilizaron para obtener las ‘confesiones’”, afirmó.
El letrado afirmó que las retractaciones de estos arrepentidos “va a generar un problema de consecuencias: no para Bonadío que se murió, sino para Stornelli, que la va a pasar muy mal”.
“Acá, hay otro gran responsable que es la Embajada de Estados Unidos”, apuntó el abogado de Oscar Thomas y disparó contra el embajador Edward Prado, que fue designado por Donald Trump en su primera presidencia y llegó al país en mayo de 2018.
Prado, un ex juez federal de Texas, tuvo una relación muy estrecha con el gobierno de Mauricio Macri y es a quien se menciona, frecuentemente, en relación con la Causa Cuadernos y la “Mesa Judicial”, el grupo de funcionarios, asesores y abogados de Cambiemos que, supuestamente, se reunían para coordinar estrategias judiciales, influir en jueces y fiscales, y promover causas contra opositores políticos o sindicales.
“Cuando llegó al país, ese embajador dijo que venía para darle una mano a la Justicia argentina y ahí se armó la Causa Cuadernos”, acusó Ubeira.
Blanco & Negro
“Ahora, todo está quedando blanco sobre negro”, ilustró Ubeira y reafirmó la “inocencia” de su defendido.
“Oscar Thomas debe ser uno de los mayores ejecutores de obra pública de Latinoamérica: U$S4.500 millones en obras”, señaló. “Él, reformuló las dos márgenes del río, Encarnación y posadas; y hoy, ustedes tienen un valor del metro cuadrado sobre el río que es como Puerto Madero”, indicó.
“Se equivocaron de personaje”, aseguró Ubeira sobre el misionero. “Después de 12 años, de certificar balances, de no tener ninguna queja, lo involucran; primero, dijeron que era un coimero, y después, no pudieron probar nada”, se quejó.
“Oscar es un tipo que le entregó 12 años de laburo a la Nación. Es un hombre del cual Misiones debería estar muy orgullosa”, ponderó Ubeira.
“Yo creo que una de las dos costaneras, de Posadas o Encarnación, va a llevar algún día el nombre de Oscar Thomas”, lanzó y aseguró que el ex director de Yacyretá “tiene un futuro muy importante”.
“Ustedes tienen a un gran comprovinciano, un hombre de bien, y uno de los mejores urbanistas de Latinoamérica”, aseguró.
Judiciales
Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada
El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.
Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.
El caso
El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.
Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.
Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.
La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.
Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.
Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.
Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.
Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.
Judiciales
Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia
Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.
El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.
Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.
El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.
En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.
En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.
Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.
Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.
La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.
Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.
Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.
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