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Rechazaron libertad condicional a represor condenado por Masacre de Margarita Belén

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El represor cordobés Ricardo Guillermo Reyes, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde cuatro estudiantes y militantes misioneros fueron asesinados y desaparecidos, deberá continuar purgando su pena tras un rechazo al pedido de libertad condicional firmado por el magistrado Fabián Cardozo, integrante del Tribunal Oral Federal de Posadas.

Cardozo intervino en el planteo como juez de ejecución subrogante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde recayó para su análisis el pedido de libertad condicional formulado por la defensa de Reyes, que fue condenado a prisión perpetua en 2011 y acumula 20 años privado de su libertad, aunque desde 2019 goza de arresto domiciliario.

En su resolución, el juez misionero resolvió en consonancia con la opinión emitida por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara de Casación Penal, cuyos integrantes se entrevistaron con Reyes y concluyeron en que el ex teniente del Ejército Argentino “no considera haber sido debidamente condenado”, al tiempo que se mostró reticente al abordaje del tema, deslizando críticas sobre el accionar e “imparcialidad” de la justicia durante su juzgamiento.

En base a ello, Cardozo expresó que “lo que surge de las actuaciones resulta insuficiente para la formación de un juicio legal que sustente la ponderación de una reinserción social favorable, lo que guarda necesidad, no acreditada, de su sujeción a un programa específico para el abordaje, en orden a sus características, de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado”.

A su vez, también ponderó que “es necesario conjugar los derechos de las víctimas (…) De la transcripción de sus declaraciones, surge la idea de su acceso condicionado al medio libre les genera animadversión porque lo vivencian, en el marco del inicio tardío del proceso de reparación en el que se hallan, como una injusticia y, en el caso de las personas desaparecidas, la sensación con la que al día de la fecha conviven, debido a la falta de cierre de la situación, es la de la impunidad de los responsables”.

La medida también tiene correlación con un dictamen firmado previamente por los fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez, quienes opinaron en contra del otorgamiento del beneficio al sostener que Reyes no asume ninguna responsabilidad sobre los hechos cometidos y tampoco aporta datos para sanar el dolor que aún atraviesan los familiares de las víctimas desaparecidas.

“De este informe y de las propias palabras del condenado Reyes no existe siquiera algún indicio de una progresividad positiva, de una rehabilitación y de alguna capacidad de respetar y comprender la ley, así como también de comprender la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, todo ello nos permite concluir que no está apto para adecuada reinserción social”, sintetizaron los representantes del MPF.

El juez Fabián Cardozo es integra el Tribunal Oral Federal de Posadas.

 Masacre

La denominada Masacre de Margarita Belén consistió en el asesinato de un total de 22 prisioneros políticos durante un operativo conjunto desplegado entre el Ejército y la Policía de Chaco. Previo a ello, todas las víctimas habían sido sometidas a extensas sesiones de tortura en distintos centros clandestinos de detención de la región del NEA.

Entre las víctimas habían cuatro misioneros, todos ellos estudiantes y militantes sociales de 24 años: Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte y Carlos Enrique Tereszecuk.

La versión oficial indicó que ese 13 de diciembre de 1976 a la madrugada, una decena de detenidos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario, pero durante el viaje y en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.

Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente, permitieron develar que en realidad todo se trató de una puesta en escena montada por los militares, utilizando la misma técnica atroz que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país como en Salta con la Masacre de Palomitas, por ejemplo.

La mayoría de las víctimas habían sido torturadas durante toda la noche previa y llevadas hasta ese lugar ya prácticamente sin vida, donde los militares montaron una escenografía con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.

La masacre se perpetró el 13 de diciembre de 1976 y un monumento recuerda a las víctimas en Margarita Belén.

Después de allí, algunos cadáveres fueron enterrados en el cementerio Francisco Solano de Resistencia y luego entregados a sus familiares, como es el caso de Franzen y Parodi Ocampo, aunque en 2018 se descubrió que sus cuerpos habían sido intercambiados y recién en 2020 pudieron ser restituidos y despedidos correctamente.

Situación similar ocurrió con Duarte, que a sus familiares el Ejército le entregó un cuerpo que en realidad pertenecía a otra persona. En pleno 2025, el misionero continúa como desaparecido y ese cadáver sigue sin poder ser identificado.

Los restos de Tereszecuk, en tanto, fueron hallados en las costas de Empedrado, Corrientes, y recién en 2018 pudieron ser identificados científicamente mediante la intervención del EAAF, que también trabajó en los casos anteriores.

Por el fusilamiento clandestino disfrazado de enfrentamiento, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua durante un juicio que acumuló al menos 120 declaraciones testimoniales y culminó en el 2011.

En 2016, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de prisión perpetua impartidas contra Athos Gustavo Renés, Horacio Losito, Germán Emilio Riquelme, Jorge Daniel Carnero Sabol, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni y Ricardo Guillermo Reyes, quien ahora pidió la libertad condicional pero se la negaron.

Margarita Belén, 45 años: cartas de un fusilado

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Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso

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Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.

Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.

Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.

Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.

Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.

Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.

Acribillado

El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.

Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.

El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.

Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.

El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por  “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”. 

Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.

La versión de Weslley

Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.

Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.

En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.

“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.

El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.

Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.

La trama narco detrás

En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.

Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.

En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.

El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.

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Empezó el juicio a sicarios brasileños por el crimen de Cristian Díaz

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Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.

Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.

Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.

La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.

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Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas

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El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara.

Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.

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Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.

El crimen

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.

En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.

La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.

El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.

Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.

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El Duna blanco, una pista clave.

La trama narco detrás

El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.

En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.

A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.

 

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