Judiciales
Rechazan domiciliaria a empleado de la Celo y ex piloto acusado de narco
El empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) y ex piloto obereño, José Alberto Mrakava (49), recibió otro revés judicial y deberá continuar tras las rejas de la cárcel federal de Candelaria mientras avanza el expediente que lo tiene imputado como organizador y financista de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo a lo que pudo averiguar La Voz de Misiones, la defensa del hombre detenido en junio del año pasado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, pero el Juzgado Federal de Oberá se lo negó y la resolución fue apelada, tras lo cual debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia.
El planteo fue analizado por los magistrados de cámara, quienes en las últimas horas decidieron no hacer lugar al recurso presentado y ratificaron la decisión tomada en instancia previa.
De esta manera, los días de Mrakava en prisión continuarán y allí permanecerá a la espera que los expedientes que registra en su contra lleguen a instancia de debate oral, donde se definirá su futuro.
El ex piloto fue detenido en mayo del año pasado, cuando el Juzgado Federal de Oberá recolectó una serie de elementos de prueba que expusieron sus vínculos con José Alberto Laurencio, también obereño pero con último domicilio en Ituzaingó, donde fue capturado tras un operativo ejecutado en Corrientes en 2021.

Su consorte de causa, José Laurencio, fue detenido en 2021 tras un megaoperativo en Corrientes.
Tras el avance de la pesquisa, el 26 de agosto de 2022 Mrakava fue procesado con prisión preventiva como “autor penalmente responsable de los delitos de organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.
Luego de ello, el 9 de noviembre pasado fue trasladado a una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permanece alojado.
Mrakava ya había sido detenido en 2019, cuando en un allanamiento realizado en su casa la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló armas de fuego y 330.000 dólares, además de otras importantes sumas de dinero en pesos, reales y guaraníes.
Ese hecho le valió el inicio de causas por acopio de armas y lavado de activos, pero fue liberado al cabo de un tiempo.
Su nueva detención se debió a la vinculación con Laurencio y otro misionero identificado como Daniel Alberto Esquivel. En total, a Mrakava lo relacionan a tres grandes cargas de estupefacientes que superan las 13 toneladas de marihuana.
En la resolución de la cámara, firmada hoy, los magistrados que atendieron la cuestión describen que “los hechos atribuidos vinculan al imputado Mrakava y su consorte Laurencio como los encargados de la organización y el financiamiento de la compra de estupefacientes para introducirla al país en forma clandestina, almacenarla y transportarla a otras ciudades del país y de países vecinos”.
Y continúan: “Las investigaciones permitieron verificar el significativo rol del imputado Mrakava pues diagramaba la actividad que cumplían distintos sujetos que se desempeñaban como gestores de automotores, choferes ocasionales, mecánicos; a la par de que aportaba los medios necesarios –dinero y móviles– para adquirir estupefacientes y luego desarrollar las restantes fases o eslabones de la cadena de narcotráfico”.
Ante esta situación, los magistrados fundamentaron que no correspondía el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliario teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la expectativa de pena que representa su acusación y la capacidad operativa de la organización a la que presuntamente pertenece, lo cual podría traducirse en un riesgo procesal.
“La alternativa solicitada por el recurrente no logra neutralizar el riesgo procesal latente en la causa cuyas particulares aristas arrojan la existencia de un entramado de conexiones y estrechos vínculos con sujetos que operan desde la clandestinidad –tal el caso de proveedores de estupefacientes, como aquellos encargados del almacenamiento y quienes recibían las importantes cargas en los centros de distribución– que podrían suministrar los medios necesarios a efectos de que Mrakava se sustraiga del proceso”, argumentaron los magistrados intervinientes en el tramo final de la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).
FOTO: ARCHIVO EL TERRITORIO
Judiciales
Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia
Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.
El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.
Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.
El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.
En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.
En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.
Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.
Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.
La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.
Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.
Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.
Judiciales
Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”
Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.
Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.
“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.
Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.
“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.
Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.
“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.
“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.
Judiciales
La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
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