Judiciales
Prisión perpetua para el Negro Rojas por ejecutar a un socio y montar el PCF
Tras doce jornadas de debate y una última audiencia que se extendió a lo largo de ocho horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas condenó esta tarde a la pena de prisión perpetua al misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48), al hallarlo culpable del asesinato a balazos de su antigua mano derecha y de montar el Primer Comando de Frontera (PCF), empresa narco con la que pretendía emular a grandes organizaciones del crimen organizado brasileño.
El confeso narcotraficante nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú y actualmente preso bajo protocolos de estricta vigilancia en el penal de Marcos Paz fue declarado penalmente responsable por los delitos de “homicidio agravado para procurar su impunidad”, en concurso real con acciones perpetradas como “organizador y financista de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y almacenamiento, agravado por el uso de violencia y la participación de tres o más personas”.
La sentencia a prisión perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva, fue dictada minutos después de las 16.30, tras casi dos horas de deliberación por parte de los magistrados Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco), quienes durante las diez primeras audiencias dirigieron el proceso de forma telemática pero ayer y hoy estuvieron presentes en el recinto de debates del TOF posadeño.
La resolución además incluyó la imposición de 8 años de prisión para el bonaerense Pablo Antonio Campos Retamar (53), quien fue declarado coautor de delitos de narcotráfico que también imputaron a Rojas en el marco del expediente iniciado por el PCF.
Las condenas para ambos implicados llegaron hoy tras dos días de alegatos. La primera en exponer sus conclusiones finales fue la fiscal federal Vivian Barbosa, quien el jueves se explayó sobre las circunstancias del asesinato de Aldo Andrés Canteros (33) y sobre las pruebas que ubicaban a Rojas como autor de aquel crimen cometido con tintes mafiosos.

El tribunal estuvo presidido por el magistrado Víctor Alonso, de Corrientes.
La ejecución de Canteros
Según la reconstrucción trazada, Canteros era un asiduo colaborador de Rojas en sus maniobras de narcotráfico, pero todo terminó de la peor manera cuando el 5 de agosto de 2018 el ahora condenado a perpetua decidió ejecutar a su aliado al sentirse traicionado. “Nos jugó sucio… le volé la cabeza”, admitió el Negro a su primo en una conversación telefónica que quedó grabada ya que el misionero tenía su línea intervenida desde hace varios meses antes por una investigación que se tramitaba ante el Juzgado Federal de Eldorado.
La víctima recibió cuatro disparos, localizados en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza. El arma homicida fue una pistola Bersa calibre 9 milímetros que posteriormente fue hallada en el gallinero de la casa de un hijo de Rojas en la localidad de Eldorado.
El homicida de Canteros, que días antes del crimen había sido captado por cámaras de seguridad comprando carne para un asado junto a la víctima, terminó siendo capturado ocho días después en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, cuando estaba a punto de concretar la venta de un lote de cocaína a un grupo de entrerrianos.
Desde ese día Rojas permanece privado de su libertad. Primero estuvo en la UP VI de Posadas y luego fue llevado a la UP II de Oberá, aunque su permanencia en la provincia era considerado una “bomba de tiempo” ante un latente peligro de fuga, por lo cual finalmente se decidió su trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, en Buenos Aires.
Sin embargo, nada frenó su accionar delictivo y desde su calabozo y a través de teléfonos celulares, continuó orquestando operaciones de narcotráfico, tanto de marihuana como de cocaína, enviando cargamentos tanto a Buenos Aires como a Brasil, cuyos destinatarios eran miembros de facciones criminales tales como Bala Na Cara.
Estas maniobras le valieron a Rojas el inicio de una nueva investigación, el cual fue anexado a la causa por el homicidio de Canteros y el imputado fue juzgado por ambos hechos en un solo juicio.

La fiscal Vivian Barbosa -a la derecha- se encargó de alegar sobre el homicidio de Canteros.
El PCF
Fue el fiscal Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien esta mañana desarrolló su alegato respecto a la causa que investiga la creación, alcance y poderío del PCF.
“Mientras Rojas estuvo preso en la cárcel de Oberá conoció a los hermanos Vando y Rudinei Lopes, que eran de Bala Na Cara. Ese contacto inicial fue el germen para que Rojas creara el PCF. Su marcan eran las siglas con un dragón comiéndose la cola e incluso crearon un himno en el que decían que el PCF llegó para el mundo entero, llegó para destruir la frontera”, mencionó el fiscal.
Uriona ubicó a Rojas como el organizador y financista de la banda, la cual tenía un importante número de integrantes, además de ramificaciones tanto en Paraguay como Brasil.
El organigrama trazado por Uriona posicionó a Rojas como el máximo líder, mientras que debajo suyo estaba su ex pareja Tamara Maciel, en tanto mencionó “estamentos” integrados por misioneros y bonaerenses, además de contar con “miembros” paraguayos y “nexos” brasileños. En total. En total identificó a 19 personas dentro de ese aceitado esquema criminal.
El nivel de mando que Rojas tenía sobre el grupo era tal que Uriona expuso que “desde su producción misma los panes ya salían con el etiquetado del PCF. Es decir, no es que Rojas tenía nexos con otra banda, sino que él también manejaba esa banda en Paraguay y esa etapa de la operación”.

El organigrama del PCF, según la reconstrucción trazada por el fiscal Martín Uriona.
El fiscal también hizo especial mención a la violencia que Rojas imprimió como sello a su organización, reproduciendo las diversas escuchas donde el capo narco amenazaba o mandaba a matar, tanto a aliados como a agentes de fuerzas federales, uno de ellos que inclusive continúa con medidas de seguridad. “Fue sorprendente ver tantos intentos de sicariato en tan poco tiempo”, admitió.
Uriona enumeró las cargas incautadas y que fueron atribuidas a Rojas, las cuales llegaron a 11 toneladas de marihuana y 32 de cocaína, hechos que se produjeron entre el 29 de septiembre y el 4 de noviembre de 2020, mientras él ya estaba detenido en la cárcel federal de Ezeiza.
Todo eso sin contar una carga de 10 toneladas que fue secuestrada por la Senad para paraguaya en Encarnación antes de ser cruzada por el Paraná, para lo cual la banda ya había conseguido un depósito para su almacenamiento en Garupá.
“Rojas fue muy creativo en su declaración, hasta llegó a decir que las escuchas fueron generadas con Inteligencia Artificial, pero todo ha quedado debidamente acreditado y acá no hay ningún móvil espurio ni una persecución en su contra. La verdad está saliendo a la luz acá”, lanzó el funcionario de Procunar.
“De peligrosidad son los de Prefectura”
La defensa de Rojas fue encabezada por el defensor oficial Marco Aurelio Racagni, en cuya exposición cuestionó la validez de las escuchas telefónicas incorporadas como prueba al considerar que los audios no fueron sometidos a ninguna pericia de voz que acreditara compatibilidad con la voz del imputado.
Racagni puso sobre el tapete la existencia de un “protocolo para las pericias forenses de voz en el ámbito judicial” creado por el Conicet, pero criticó que no fue utilizado, lo que “vulnera el legítimo derecho de defensa”.
El letrado además se dirigió en duros términos a los investigadores de Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban detrás de los pasos de Rojas desde antes del crimen de Canteros.

Rojas está detenido en el penal de Marcos Paz, bajo medidas de extrema seguridad.
“Rojas estaba considerado un prófugo de la Justicia desde noviembre de 2014 y en diciembre de 2015 fue vinculado a un doble crimen. Aún así se manejaba libremente sin que nadie lo detenga. Resulta que la PNA lo ve, lo sigue y lo ubica con cargamentos en la casa de Canteros pero nunca lo detuvo. Esto fue una investigación manipulada por la Prefectura”, lanzó.
Racagni también apuntó contra la PNA por “armar” el perfil de peligrosidad de Rojas, lo cual derivó en su alojamiento en una cárcel de máxima seguridad e impidió su comparecencia presencial al debate.
“Se montó una trama de peligrosidad que dejó a Rojas como un demonio y el demonio no tiene defensa, tiene que ir al infierno. La peligrosidad en realidad está en el personal de la fuerza que no actúa o no puede actuar. Es una cuestión de gravedad institucional y me da vergüenza porque hay un 52,9% de pobreza en el país que aún así paga impuestos para que nosotros los funcionarios públicos cobremos un sueldo por nuestro trabajo”, arremetió.
El pedido del defensor oficial fue reeditar el juicio de manera tal que Rojas pueda tener garantizado su derecho de defensa o de manera subsidiaria la absolución de su defendido, planteos que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal que dictaminó la prisión perpetua y estableció para el 28 de octubre la lectura de los fundamentos del fallo.
Judiciales
Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales
El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.
El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.
En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.
Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.
Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.
Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.
La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.
Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.
En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).
Judiciales
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.
La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.
De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.
La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.
La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.
Crimen y sospechas
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.
Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
Judiciales
Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles
El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.
En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.
Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.
El caso
Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.
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