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Prisión perpetua para el Negro Rojas por ejecutar a un socio y montar el PCF

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Negro Rojas perpetua

Tras doce jornadas de debate y una última audiencia que se extendió a lo largo de ocho horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas condenó esta tarde a la pena de prisión perpetua al misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48), al hallarlo culpable del asesinato a balazos de su antigua mano derecha y de montar el Primer Comando de Frontera (PCF), empresa narco con la que pretendía emular a grandes organizaciones del crimen organizado brasileño.

El confeso narcotraficante nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú y actualmente preso bajo protocolos de estricta vigilancia en el penal de Marcos Paz fue declarado penalmente responsable por los delitos de “homicidio agravado para procurar su impunidad”, en concurso real con acciones perpetradas como “organizador y financista de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y almacenamiento, agravado por el uso de violencia y la participación de tres o más personas”.

La sentencia a prisión perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva, fue dictada minutos después de las 16.30, tras casi dos horas de deliberación por parte de los magistrados Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco), quienes durante las diez primeras audiencias dirigieron el proceso de forma telemática pero ayer y hoy estuvieron presentes en el recinto de debates del TOF posadeño.

La resolución además incluyó la imposición de 8 años de prisión para el bonaerense Pablo Antonio Campos Retamar (53), quien fue declarado coautor de delitos de narcotráfico que también imputaron a Rojas en el marco del expediente iniciado por el PCF.

Las condenas para ambos implicados llegaron hoy tras dos días de alegatos. La primera en exponer sus conclusiones finales fue la fiscal federal Vivian Barbosa, quien el jueves se explayó sobre las circunstancias del asesinato de Aldo Andrés Canteros (33) y sobre las pruebas que ubicaban a Rojas como autor de aquel crimen cometido con tintes mafiosos.

El tribunal estuvo presidido por el magistrado Víctor Alonso, de Corrientes.

La ejecución de Canteros

Según la reconstrucción trazada, Canteros era un asiduo colaborador de Rojas en sus maniobras de narcotráfico, pero todo terminó de la peor manera cuando el 5 de agosto de 2018 el ahora condenado a perpetua decidió ejecutar a su aliado al sentirse traicionado. “Nos jugó sucio… le volé la cabeza”, admitió el Negro a su primo en una conversación telefónica que quedó grabada ya que el misionero tenía su línea intervenida desde hace varios meses antes por una investigación que se tramitaba ante el Juzgado Federal de Eldorado.

La víctima recibió cuatro disparos, localizados en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza. El arma homicida fue una pistola Bersa calibre 9 milímetros que posteriormente fue hallada en el gallinero de la casa de un hijo de Rojas en la localidad de Eldorado.

El homicida de Canteros, que días antes del crimen había sido captado por cámaras de seguridad comprando carne para un asado junto a la víctima, terminó siendo capturado ocho días después en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, cuando estaba a punto de concretar la venta de un lote de cocaína a un grupo de entrerrianos.

Desde ese día Rojas permanece privado de su libertad. Primero estuvo en la UP VI de Posadas y luego fue llevado a la UP II de Oberá, aunque su permanencia en la provincia era considerado una “bomba de tiempo” ante un latente peligro de fuga, por lo cual finalmente se decidió su trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, en Buenos Aires.

Sin embargo, nada frenó su accionar delictivo y desde su calabozo y a través de teléfonos celulares, continuó orquestando operaciones de narcotráfico, tanto de marihuana como de cocaína, enviando cargamentos tanto a Buenos Aires como a Brasil, cuyos destinatarios eran miembros de facciones criminales tales como Bala Na Cara.

Estas maniobras le valieron a Rojas el inicio de una nueva investigación, el cual fue anexado a la causa por el homicidio de Canteros y el imputado fue juzgado por ambos hechos en un solo juicio.

La fiscal Vivian Barbosa -a la derecha- se encargó de alegar sobre el homicidio de Canteros.

El PCF

Fue el fiscal Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien esta mañana desarrolló su alegato respecto a la causa que investiga la creación, alcance y poderío del PCF.

“Mientras Rojas estuvo preso en la cárcel de Oberá conoció a los hermanos Vando y Rudinei Lopes, que eran de Bala Na Cara. Ese contacto inicial fue el germen para que Rojas creara el PCF. Su marcan eran las siglas con un dragón comiéndose la cola e incluso crearon un himno en el que decían que el PCF llegó para el mundo entero, llegó para destruir la frontera”, mencionó el fiscal.

Uriona ubicó a Rojas como el organizador y financista de la banda, la cual tenía un importante número de integrantes, además de ramificaciones tanto en Paraguay como Brasil.

El organigrama trazado por Uriona posicionó a Rojas como el máximo líder, mientras que debajo suyo estaba su ex pareja Tamara Maciel, en tanto mencionó “estamentos” integrados por misioneros y bonaerenses, además de contar con “miembros” paraguayos y “nexos” brasileños. En total. En total identificó a 19 personas dentro de ese aceitado esquema criminal.

El nivel de mando que Rojas tenía sobre el grupo era tal que Uriona expuso que “desde su producción misma los panes ya salían con el etiquetado del PCF. Es decir, no es que Rojas tenía nexos con otra banda, sino que él también manejaba esa banda en Paraguay y esa etapa de la operación”.

El organigrama del PCF, según la reconstrucción trazada por el fiscal Martín Uriona.

El fiscal también hizo especial mención a la violencia que Rojas imprimió como sello a su organización, reproduciendo las diversas escuchas donde el capo narco amenazaba o mandaba a matar, tanto a aliados como a agentes de fuerzas federales, uno de ellos que inclusive continúa con medidas de seguridad. “Fue sorprendente ver tantos intentos de sicariato en tan poco tiempo”, admitió.

Uriona enumeró las cargas incautadas y que fueron atribuidas a Rojas, las cuales llegaron a 11 toneladas de marihuana y 32 de cocaína, hechos que se produjeron entre el 29 de septiembre y el 4 de noviembre de 2020, mientras él ya estaba detenido en la cárcel federal de Ezeiza.

Todo eso sin contar una carga de 10 toneladas que fue secuestrada por la Senad para paraguaya en Encarnación antes de ser cruzada por el Paraná, para lo cual la banda ya había conseguido un depósito para su almacenamiento en Garupá.

“Rojas fue muy creativo en su declaración, hasta llegó a decir que las escuchas fueron generadas con Inteligencia Artificial, pero todo ha quedado debidamente acreditado y acá no hay ningún móvil espurio ni una persecución en su contra. La verdad está saliendo a la luz acá”, lanzó el funcionario de Procunar.

“De peligrosidad son los de Prefectura”

La defensa de Rojas fue encabezada por el defensor oficial Marco Aurelio Racagni, en cuya exposición cuestionó la validez de las escuchas telefónicas incorporadas como prueba al considerar que los audios no fueron sometidos a ninguna pericia de voz que acreditara compatibilidad con la voz del imputado.

Racagni puso sobre el tapete la existencia de un “protocolo para las pericias forenses de voz en el ámbito judicial” creado por el Conicet, pero criticó que no fue utilizado, lo que “vulnera el legítimo derecho de defensa”.

El letrado además se dirigió en duros términos a los investigadores de Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban detrás de los pasos de Rojas desde antes del crimen de Canteros.

Rojas está detenido en el penal de Marcos Paz, bajo medidas de extrema seguridad.

“Rojas estaba considerado un prófugo de la Justicia desde noviembre de 2014 y en diciembre de 2015 fue vinculado a un doble crimen. Aún así se manejaba libremente sin que nadie lo detenga. Resulta que la PNA lo ve, lo sigue y lo ubica con cargamentos en la casa de Canteros pero nunca lo detuvo. Esto fue una investigación manipulada por la Prefectura”, lanzó.

Racagni también apuntó contra la PNA por “armar” el perfil de peligrosidad de Rojas, lo cual derivó en su alojamiento en una cárcel de máxima seguridad e impidió su comparecencia presencial al debate.

Se montó una trama de peligrosidad que dejó a Rojas como un demonio y el demonio no tiene defensa, tiene que ir al infierno. La peligrosidad en realidad está en el personal de la fuerza que no actúa o no puede actuar. Es una cuestión de gravedad institucional y me da vergüenza porque hay un 52,9% de pobreza en el país que aún así paga impuestos para que nosotros los funcionarios públicos cobremos un sueldo por nuestro trabajo”, arremetió.

El pedido del defensor oficial fue reeditar el juicio de manera tal que Rojas pueda tener garantizado su derecho de defensa o de manera subsidiaria la absolución de su defendido, planteos que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal que dictaminó la prisión perpetua y estableció para el 28 de octubre la lectura de los fundamentos del fallo.

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Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

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Tribunal Oberá

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.

El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.

De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.

El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.

Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.

En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.

El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.

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Acusado de trata contra dos adolescentes firmó un juicio abreviado por 9 años

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Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.

El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.

Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.

Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.

Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.

La causa

La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.

Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.

El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.

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Imputan a psiquiatra acusado de entregar certificados truchos en Posadas

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certificados truchos

El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.

La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.

La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.

A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.

Con cámara oculta descubren a psiquiatra que firmaba certificados truchos

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