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Prevención Nacional de la Tortura visitó por primera vez cárceles de Misiones

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recorrió por primera vez las cárceles de Misiones y aún sin procesar la totalidad de los datos relevados detectaron que el uso extendido de la prisión preventiva es una de las principales problemáticas que denuncia la población penal.

El mecanismo, encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en contextos de encierro, fue creado en 2017 y relegó tanto a Chaco como a Misiones a últimos lugares en orden de prioridad para las inspecciones en virtud de que ambas provincias ya cuentan con comisiones locales que se encargan de la temática. 

De igual manera, el momento llegó. Una delegación de comisionados arribó a Misiones la semana pasada y en un lapso de tres días recorrieron todas las penitenciarias, como así también comisarías, centros de salud mental y hogarse de niños, niñas y adolescentes.

Si bien aún resta el procesar el compendio de información recolectada, a modo de adelanto desde la CNPT alertaron que una de las principales problemáticas detectadas radica en el uso extendido de la prisión preventiva, llegando relevar casos que superan hasta dos o tres veces el plazo máximo de 2 años detenido sin sentencia.

“Lo que vemos en Misiones, más allá de la cantidad de personas en prisión preventiva, que igualmente en el último tiempo ha disminuido aproximadamente un 10%, lo que detectamos es la amplia duración de las prisiones preventivas. Hemos encontrado personas que están con prisión preventiva hace tres, cuatro, cinco y hasta seis años, lo que excede ampliamente los plazos”, advirtió  Kevin Nielsen, uno de los comisionados que encabezó las inspecciones, en diálogo con La Voz de Misiones. 

Según un último informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM), a fines de 2023 el sistema penitenciario local contaba con una población carcelaria de 1731 internos, de los cuales 700 estaban presos sin condena, es decir, un 41% del total.

Las inspecciones de la CNPT fueron realizadas entre el 15 y el 18 de abril.

Para Nielsen, de profesión abogado y de trayectoria en organismos de derechos humanos, este flagelo “obedece a una multiplicidad de factores” y advirtió que “en términos internacionales la responsabilidad corresponde al Estado, en general, pero es el Poder Judicial el que decide sobre las prisiones preventivas”.

En este contexto, asoció la cuestión a un viejo debate que -a decir de los especialistas en la materia- es cada vez más necesario la tierra colorada y se relaciona con un cambio en el sistema procesal.

Es que, Misiones es de las pocas jurisdicciones del país que aún mantiene el sistema inquisitivo, en el cual el juez de instrucción concentra facultades de investigar y a su vez decidir, lo cual acumula trabajo en sus espaldas e indefectiblemente genera retardo de justicia.

Lo moderno es el sistema acusatorio, donde un fiscal es el que investiga y solicita la prisión preventiva, mientras que existe un juez de garantías que decide, de acuerdo al caso, si amerita o no. Es decir, entre otras cuestiones, hay más controles a la intención de un fiscal de tener preso preventivamente a una persona. En Misiones todavía está el sistema procesal inquisitivo: el juez investiga, el juez decide la prisión preventiva, el juez resuelve los pedidos de excarcelación. Se confunde el rol de investigación, con el de decisión, de juzgamiento”, se explayó el letrado chaqueño.

De igual manera, Nielsen sostuvo que la problemática de la prisión preventiva es un elemento detectado a simple vista, mientras que las demás irregularidades o falencias detectadas recién serán advertidas y comunicadas en los próximos meses, luego un riguroso proceso de análisis de la información recolectada durante las recorridas.

“Es la primera vez que visitamos Misiones pero no significa que sea la última. La primera visita es de inspección, la segunda, después de un tiempo determinado, se hace una visita de seguimiento, para ver si nuestras recomendaciones fueron atendidas por el Estado. Esas recomendaciones aún no las hicimos porque estamos en proceso de elaboración de los informes”, detalló el comisionado a LVM.

Independientemente de esos informes en espera, Nielsen destacó como innovadora la Unidad de Salud para Inimputables, inaugurada en 2020 y que marcó el fin de años de olvido y abandono para internos con problemas de salud mental que estaban recluidos en un pabellón de la Unidad Penal I de Loreto sin la atención médica acorde a sus condiciones.

La Unidad de Salud para Inimputables funciona dentro del predio del hospital Carrillo y fue inaugurado en 2020.

También valoró que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) cuente con varias unidades de “infraestructuras nuevas”, aunque advirtió que igualmente esos recintos pueden presentar “problemas de mantenimiento cotidiano” como colapsos de conductos sanitarios -por citar solo un ejemplo- que pueden ocasionar olores nauseabundos y exposición a enfermedades, para lo cual hay que gestionar soluciones de rápidas que muchas veces colisionan con los plazos administrativos de la burocracia.

Para Nielsen, cuestiones diarias como las de este tipo estas favorecen a la buena convivencia de los internos y reducen los riesgos de conflictividad, lo cual está directamente asociado a la superpoblación.

La conflictividad va de la mano con la superpoblación. Eso indefectiblemente aumenta el riesgo de peleas, de lesiones. Está muy naturalizado que un preso pelee con otro, pero eso no debería ser así. Muchos de los conflictos se suceden porque afectación de derechos. Se piensa que los motines son actos cuasi caprichosos o para escapar, pero lo cierto es que los motines son medidas de fuerza, protestas extremas que se realizan cuando los internos sienten que se le está afectando algún derecho, ya sea sobre la comida, sobre la condiciones de habitabilidad, sobre la mora judicial, sobre el trato penitenciario. Si no obtienen respuestas después de las vías de reclamo tradicional, acuden a una medida extrema. Es muy parecida a la dinámica de la protesta social”, mencionó el entrevistado.

En esa línea, sostuvo que evitar estas situaciones es responsabilidad absoluta del Estado y que las penitenciarias no pueden ser desatendidas, aún en contextos económicos de recesión, como atraviesa Argentina en la actualidad.

“Las cárceles son los únicos lugares donde el Estado tiene la administración plena y total de la vida de las personas, con lo cual son absolutamente responsables tanto por su salud, como por su alimentación y su integridad física. Estamos hablando de personas que no podrían procurarse por si mismas en estos derechos. La administración de recursos no debería repercutir en una pauperización del acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay que priorizar los recursos y en el caso de que el Estado no tenga o le falte recursos para garantizar los derechos básicos de los internos, tiene que abstenerse de encarcelar y buscar otras alternativas. No necesariamente todos los delitos tienen que tener como consecuencia el encarcelamiento”, apuntó.

La totalidad de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el CNPT serán comunicadas en los próximos meses.

Telefonía en las cárceles

A través del regreso de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno encabezado por Javier Milei pretende encarar una rigurosa política criminal respecto al tratamiento carcelario y una de las primeras medidas apunta a reducir el uso de telefonía celular dentro de las penitenciarias.

Respecto a ello, Nielsen recomendó que “para analizar el uso de telefonía móvil hay que analizar las realidades de cada provincia. Muchas veces las provincias suelen comprar problemas ajenos. En las provincias es muy difícil que en las cárceles provinciales tengamos personas privadas de su libertad por delitos complejos o por crimen organizado”.

Para el comisionado es claro, por lo vivido en Santa Fe o en los penales de máxima seguridad que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que contienen a denominados “pesos pesados” del universo delictivo argentino, no es aconsejable impartir una regla general que se aplicable a todas las provincias.

“Recordemos que el uso de telefonía móvil en contextos de encierro fue habilitado en muchas provincias durante la pandemia y esto ha sido un elemento profundamente pacificador de las cárceles, porque permitía que los internos puedan hablar de manera directa con sus abogados y de comunicarse con sus familiares, que muchas veces tampoco pueden visitarlos de seguido por cuestiones de distancia o dificultades económicas”, añadió.

Como ejemplo, el abogado citó el caso Chaco, donde desde la habilitación del uso de celulares no se han registrado motines ni conflictos graves dentro de las cárceles locales.

Por eso, insistió: “Es importante que cada provincia evalúe su población carcelaria y no se suba a una tendencia discursiva de otras provincias o de una realidad nacional o de las cárceles federales”.

El 41% de los presos no tiene condena, informó Prevención de la Tortura

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El juicio por el crimen de Dani Tizato en etapa final: este miércoles alegatos

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La etapa de incorporación de pruebas en el juicio para esclarecer el asesinato de César Daniel “Dani” Tizato (16) culminó hoy con la declaración de los últimos ocho testigos convocados por el Tribunal Penal Dos de Posadas y el proceso ingresó a la recta final, con la instancia de alegatos y posible dictado de sentencia previstos para este miércoles, a partir de las 8.30.

Quienes comparecieron esta mañana en la sala de debates del tribunal ubicado por calle San Martín de Posadas fueron, en su mayoría, peones rurales y serenos del predio La Rosita, perteneciente a la firma Rosamonte, campo al cual Tizato fue a cazar en compañía de Richard Arnaldo “Grulla” Cristaldo (49), hoy acusado del asesinato del adolescente, cuyo cuerpo apareció luego de 33 días de búsqueda con un balazo en el tórax y sumergido a 1,5 metros de profundidad en una laguna de agua estancada ubicada en la misma propiedad.

Los trabajadores del predio coincidieron al declarar que sus funciones se limitaban a “controlar” los estanques de piscicultura para, principalmente, evitar que aves acuáticas como el mbiguá se alimente de los alevinos.

Para tal fin, realizaban recorridos diarios a la luz del día, actividades que hacían -según sus testimonios- sin portación de armas, aunque tenían “a disposición una escopeta” que utilizaban para espantar las aves con disparos al aire.

Silvio Servat, identificado en el debate como “el jefe de seguridad de La Rosita” y de otras propiedades de Rosamonte, explicó para el caso de que los peones rurales advirtieran la presencia de cazadores furtivos en el predio tenían un “protocolo de acción” que estipulaba un aviso directo hacia su persona, para luego acudir a la Policía.

“Los muchachos son nuestros ojos y nuestros oídos. Ellos avisan y yo llamo a la Policía. Nosotros no ahuyentamos”, señaló, descartando la posibilidad de que los trabajadores repelieran a tiros a personas ajenas al lugar.

De igual manera, en otro tramo de su declaración, el testigo -que también participó de la búsqueda de Tizato- detalló que el cadáver del adolescente fue encontrado lejos de las zonas de vigilancia, lo cual reduciría la posibilidad de un cruce entre cuidadores y cazadores.

El cuerpo no estaba en un lugar de vigilancia habitual porque no es una laguna de Pacú. Es una laguna de agua estancada, que no tiene producción y tampoco es una zona donde hubo abigeato. Ahí no había nada que cuidar”, resumió.

Cristaldo junto a su abogado, el ex juez penal José Antonio Reyes.

Fin de testimoniales y paso a alegatos

La jornada se completó con breves testimonios de un agente policial, de un amigo y de una hija de Cristaldo. Con esos aportes se dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas, alcanzando un total de 24 declaraciones recibidas en seis jornadas de debate oral.

El proceso pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30, instancia prevista para el inicio de la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Vladimir Glinka, mientras que en segundo orden lo hará el abogado defensor particular y ex juez penal José Antonio Reyes.

Richard Cristaldo llegó a esta instancia detenido y procesado por “homicidio agravado por alevosía”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

En la primera audiencia de juicio, el acusado aceptó declarar y ante las partes se declaró inocente.En ningún momento se me pasó por la cabeza hacerle daño a un chico. Jamás haría algo así. El juez Faría (Miguel Ángel – de Apóstoles) me acusó de cosas que no son. Es una injusticia por lo que estoy pasando”, sostuvo.

El fiscal Vladimir Glinka será el primero en alegar este miércoles.

El lunes, en tanto, hubo dos declaraciones que contradicen el relato defensivo y que podrían resultar clave para el proceso: Cristaldo admitió el crimen del adolescente al momento de su detención.

Así se desprende de los aportes brindados por Sergio Dos Santos, que era jefe de la comisaría Primera de San José, y Gabriel Antonio Comes, que era el titular de la Dirección Homicidios.

“Él se quebró, se desmayó y contó que todo fue accidental, que se le disparó el arma”, comentó Dos Santos y, a su vez, Comes amplió: “El pueblo estaba conmovido, había mucha gente en la comisaría. A Richard lo atendimos en la oficina del jefe de la comisaría. Ahí empezó a llorar y dijo que se le escapó un tiro, que no tuvo intención de matar al chico. Le comenté eso al juez y dijo que se le tome declaración en sede judicial”.

La posibilidad de un disparo accidental también fue abordado por licenciados en Criminalística que participaron de labores periciales. Entre ellas Daiana Salazar, quien al momento de declarar afirmó que el aire comprimido adaptado para calibre 22 incautado como posible arma homicida a Cristaldo presenta un mecanismo sobre el cual “no existe posibilidad de un disparo accidental”. 

El tribunal encargado de impartir justicia es presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares César Yaya y Martín Rau.

Los magistrados del Tribunal Penal Dos, junto a un testigo y al fiscal en pleno debate.

Dos policías revelaron que Cristaldo admitió el crimen de Tizato en la comisaría

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Dos policías revelaron que Cristaldo admitió el crimen de Tizato en la comisaría

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Una revelación sacudió la quinta jornada del juicio oral por el caso de César Daniel Tizato (16): el imputado confesó el crimen al momento de su detención y alegó que fue “por accidente”.

La afirmación se desprende del testimonio de los agentes policiales, Sergio Dos Santos, que era jefe de la comisaría Primera de San José, y Antonio Comes, que era el titular de la Dirección Homicidios.

Los dos uniformados participaron de la investigación del caso Tizato, desde su desaparición hasta el hallazgo de su cadáver, y fueron los encargados de concretar la detención de Richard Arnaldo “Grulla” Cristaldo (49) como sospechoso del crimen, momento en el cual fueron testigos de un episodio que ahora podría resultar clave para el avance del debate oral que se lleva adelante en el Tribunal Penal Dos de Posadas.

“Él se quebró, se desmayó y contó que todo fue accidental, que se le disparó el arma”, lanzó esta mañana Dos Santos y explicó que “eso ocurrió cuando le estábamos por notificar el motivo de detención. Fue algo espontáneo”.

El comisario recordó que comunicó lo sucedido al magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien respondió que el detenido debía declarar en sede judicial, resguardando sus derechos y garantías.

Dos Santos sostuvo no fue el único testigo de ese episodio porque junto a él estaba el comisario Comes, quien esta misma mañana fue convocado a declarar a partir de un pedido del fiscal Vladimir Glinka y en menos de 30 de minutos compareció ante el tribunal.

Comes ratificó lo dicho por su colega. El investigador recordó que tras el hallazgo del cadáver de Tizato el juez Faría ordenó la detención de Cristaldo y cumplieron el recado, trasladando al sospechoso a la comisaría Primera de San José.

“El pueblo estaba conmovido, había mucha gente en la comisaría. A Richard lo atendimos en la oficina del jefe de la comisaría. Ahí empezó a llorar y dijo que se le escapó un tiro, que no tuvo intención de matar al chico. Le comenté eso al juez y dijo que se le tome declaración en sede judicial”, detalló.

No fue lo único en lo que Dos Santos y Comes coincidieron. Ambos agentes también relataron que Cristaldo participó activamente de la búsqueda del adolescente, indicando caminos, guiando los rastrillajes en el terreno e incluso sobrevolando la zona en el helicóptero de la fuerza provincial.

Comes en plena declaración, ante la vista de Cristaldo, de su abogado José Luis Reyes y de los jueces.

Arroyos secos

La jornada de hoy también contempló la declaración testimonial de otros tres policías que intervinieron en el caso y varios de ellos coincidieron al advertir que los arroyos del área de búsqueda estaban “secos”.

Dichas referencias no son un detalle menor, teniendo en cuenta que varios testigos vieron a Cristaldo “mojado de la cintura para abajo” cuando volvió solo del campo y la versión defensiva apunta que el hombre indefectiblemente debió mojarse al atravesar arroyos.

Como dato de contexto, además, hay que sumarle el hecho de que el cuerpo de Dani Tizato apareció sumergido en una laguna natural de 1,5 metros de profundidad. El cadáver tenía un disparo y entre sus prendas tenía tres rocas de grandes dimensiones que impedían que salga a flote.

El debate continuará mañana con el cierre de la etapa de testimoniales. Los ronda de alegatos, en tanto, podría comenzar el miércoles.

Cristaldo es el único acusado en la causa. Está imputado por homicidio agravado por alevosía y bajo esa figura puede ser condenado a prisión perpetua si finalmente es declarado culpable.

El proceso oral se lleva adelante ante el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares César Yaya y Martín Rau.

Testigo de la causa Tizato: “Cristaldo me invitó a cazar al mismo lugar”

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Testigo de la causa Tizato: “Cristaldo me invitó a cazar al mismo lugar”

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Un testigo del juicio para esclarecer el homicidio de César Daniel Tizato (16), registrado a fines de 2020 en San José, declaró que el único acusado por el hecho lo había invitado a cazar “en el mismo lugar” al que más tarde se dirigió junto al adolescente que finalmente apareció muerto, con un disparo en el tórax y sumergido en una laguna.

El testimonio brindado hoy por Yoniel Escobar (22), hijo del padrastro de Tizato, llamó la atención de los presentes en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas por la similitud de lo ocurrido con la víctima.

El señor una vez me invitó a cazar con él al mismo lugar donde ocurrió el hecho. Me invitó para ir eso de las 5-6 de la mañana. Yo iba pasando por su casa, él estaba tomando cerveza y me invitó. Me pareció raro y como yo soy medio indeciso, terminé diciendo que sí, pero después me dormí y no fui”, contó Escobar, haciendo referencia al ahora imputado Richard Arnaldo “Grulla” Cristaldo (49).

Y agregó más detalles sobre aquel episodio registrado cuando aún era un adolescente: “Yo me llevaba bien con una de las hijas del señor y ella una vez me invitó a tomar tere. Ahí mi padre me dijo que me aleje porque él presentía algo malo. Yo le hice caso y no fui a tomar el tere”.

Cristaldo está imputado por homicidio agravado por alevosía y puede recibir perpetua.

Lo relatado por Escobar presenta similitudes muy marcadas con el caso Tizato. En primer lugar porque el adolescente asesinado también era amigo de las hijas de Cristaldo y luego porque el propio Cristaldo lo invitó a cazar y lo pasó a buscar de su casa ese 30 de agosto de 2020, cuando se produjo la desaparición del menor que un mes después apareció asesinado.

La jornada de hoy se completó con el testimonio de otros tres testigos, mientras que para el lunes se espera la recepción de otras cuatro declaraciones antes de ingresar al último tramo del debate oral que comenzó el martes.

Cristaldo es el único acusado en la causa. Está imputado por homicidio agravado por alevosía y bajo esa figura puede ser condenado a prisión perpetua si finalmente es declarado culpable.

Declaró la mamá de Dani Tizato: “Me pareció raro que Cristaldo vuelva solito”

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