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Prevención Nacional de la Tortura visitó por primera vez cárceles de Misiones

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recorrió por primera vez las cárceles de Misiones y aún sin procesar la totalidad de los datos relevados detectaron que el uso extendido de la prisión preventiva es una de las principales problemáticas que denuncia la población penal.

El mecanismo, encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en contextos de encierro, fue creado en 2017 y relegó tanto a Chaco como a Misiones a últimos lugares en orden de prioridad para las inspecciones en virtud de que ambas provincias ya cuentan con comisiones locales que se encargan de la temática. 

De igual manera, el momento llegó. Una delegación de comisionados arribó a Misiones la semana pasada y en un lapso de tres días recorrieron todas las penitenciarias, como así también comisarías, centros de salud mental y hogarse de niños, niñas y adolescentes.

Si bien aún resta el procesar el compendio de información recolectada, a modo de adelanto desde la CNPT alertaron que una de las principales problemáticas detectadas radica en el uso extendido de la prisión preventiva, llegando relevar casos que superan hasta dos o tres veces el plazo máximo de 2 años detenido sin sentencia.

“Lo que vemos en Misiones, más allá de la cantidad de personas en prisión preventiva, que igualmente en el último tiempo ha disminuido aproximadamente un 10%, lo que detectamos es la amplia duración de las prisiones preventivas. Hemos encontrado personas que están con prisión preventiva hace tres, cuatro, cinco y hasta seis años, lo que excede ampliamente los plazos”, advirtió  Kevin Nielsen, uno de los comisionados que encabezó las inspecciones, en diálogo con La Voz de Misiones. 

Según un último informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM), a fines de 2023 el sistema penitenciario local contaba con una población carcelaria de 1731 internos, de los cuales 700 estaban presos sin condena, es decir, un 41% del total.

Las inspecciones de la CNPT fueron realizadas entre el 15 y el 18 de abril.

Para Nielsen, de profesión abogado y de trayectoria en organismos de derechos humanos, este flagelo “obedece a una multiplicidad de factores” y advirtió que “en términos internacionales la responsabilidad corresponde al Estado, en general, pero es el Poder Judicial el que decide sobre las prisiones preventivas”.

En este contexto, asoció la cuestión a un viejo debate que -a decir de los especialistas en la materia- es cada vez más necesario la tierra colorada y se relaciona con un cambio en el sistema procesal.

Es que, Misiones es de las pocas jurisdicciones del país que aún mantiene el sistema inquisitivo, en el cual el juez de instrucción concentra facultades de investigar y a su vez decidir, lo cual acumula trabajo en sus espaldas e indefectiblemente genera retardo de justicia.

Lo moderno es el sistema acusatorio, donde un fiscal es el que investiga y solicita la prisión preventiva, mientras que existe un juez de garantías que decide, de acuerdo al caso, si amerita o no. Es decir, entre otras cuestiones, hay más controles a la intención de un fiscal de tener preso preventivamente a una persona. En Misiones todavía está el sistema procesal inquisitivo: el juez investiga, el juez decide la prisión preventiva, el juez resuelve los pedidos de excarcelación. Se confunde el rol de investigación, con el de decisión, de juzgamiento”, se explayó el letrado chaqueño.

De igual manera, Nielsen sostuvo que la problemática de la prisión preventiva es un elemento detectado a simple vista, mientras que las demás irregularidades o falencias detectadas recién serán advertidas y comunicadas en los próximos meses, luego un riguroso proceso de análisis de la información recolectada durante las recorridas.

“Es la primera vez que visitamos Misiones pero no significa que sea la última. La primera visita es de inspección, la segunda, después de un tiempo determinado, se hace una visita de seguimiento, para ver si nuestras recomendaciones fueron atendidas por el Estado. Esas recomendaciones aún no las hicimos porque estamos en proceso de elaboración de los informes”, detalló el comisionado a LVM.

Independientemente de esos informes en espera, Nielsen destacó como innovadora la Unidad de Salud para Inimputables, inaugurada en 2020 y que marcó el fin de años de olvido y abandono para internos con problemas de salud mental que estaban recluidos en un pabellón de la Unidad Penal I de Loreto sin la atención médica acorde a sus condiciones.

La Unidad de Salud para Inimputables funciona dentro del predio del hospital Carrillo y fue inaugurado en 2020.

También valoró que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) cuente con varias unidades de “infraestructuras nuevas”, aunque advirtió que igualmente esos recintos pueden presentar “problemas de mantenimiento cotidiano” como colapsos de conductos sanitarios -por citar solo un ejemplo- que pueden ocasionar olores nauseabundos y exposición a enfermedades, para lo cual hay que gestionar soluciones de rápidas que muchas veces colisionan con los plazos administrativos de la burocracia.

Para Nielsen, cuestiones diarias como las de este tipo estas favorecen a la buena convivencia de los internos y reducen los riesgos de conflictividad, lo cual está directamente asociado a la superpoblación.

La conflictividad va de la mano con la superpoblación. Eso indefectiblemente aumenta el riesgo de peleas, de lesiones. Está muy naturalizado que un preso pelee con otro, pero eso no debería ser así. Muchos de los conflictos se suceden porque afectación de derechos. Se piensa que los motines son actos cuasi caprichosos o para escapar, pero lo cierto es que los motines son medidas de fuerza, protestas extremas que se realizan cuando los internos sienten que se le está afectando algún derecho, ya sea sobre la comida, sobre la condiciones de habitabilidad, sobre la mora judicial, sobre el trato penitenciario. Si no obtienen respuestas después de las vías de reclamo tradicional, acuden a una medida extrema. Es muy parecida a la dinámica de la protesta social”, mencionó el entrevistado.

En esa línea, sostuvo que evitar estas situaciones es responsabilidad absoluta del Estado y que las penitenciarias no pueden ser desatendidas, aún en contextos económicos de recesión, como atraviesa Argentina en la actualidad.

“Las cárceles son los únicos lugares donde el Estado tiene la administración plena y total de la vida de las personas, con lo cual son absolutamente responsables tanto por su salud, como por su alimentación y su integridad física. Estamos hablando de personas que no podrían procurarse por si mismas en estos derechos. La administración de recursos no debería repercutir en una pauperización del acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay que priorizar los recursos y en el caso de que el Estado no tenga o le falte recursos para garantizar los derechos básicos de los internos, tiene que abstenerse de encarcelar y buscar otras alternativas. No necesariamente todos los delitos tienen que tener como consecuencia el encarcelamiento”, apuntó.

La totalidad de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el CNPT serán comunicadas en los próximos meses.

Telefonía en las cárceles

A través del regreso de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno encabezado por Javier Milei pretende encarar una rigurosa política criminal respecto al tratamiento carcelario y una de las primeras medidas apunta a reducir el uso de telefonía celular dentro de las penitenciarias.

Respecto a ello, Nielsen recomendó que “para analizar el uso de telefonía móvil hay que analizar las realidades de cada provincia. Muchas veces las provincias suelen comprar problemas ajenos. En las provincias es muy difícil que en las cárceles provinciales tengamos personas privadas de su libertad por delitos complejos o por crimen organizado”.

Para el comisionado es claro, por lo vivido en Santa Fe o en los penales de máxima seguridad que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que contienen a denominados “pesos pesados” del universo delictivo argentino, no es aconsejable impartir una regla general que se aplicable a todas las provincias.

“Recordemos que el uso de telefonía móvil en contextos de encierro fue habilitado en muchas provincias durante la pandemia y esto ha sido un elemento profundamente pacificador de las cárceles, porque permitía que los internos puedan hablar de manera directa con sus abogados y de comunicarse con sus familiares, que muchas veces tampoco pueden visitarlos de seguido por cuestiones de distancia o dificultades económicas”, añadió.

Como ejemplo, el abogado citó el caso Chaco, donde desde la habilitación del uso de celulares no se han registrado motines ni conflictos graves dentro de las cárceles locales.

Por eso, insistió: “Es importante que cada provincia evalúe su población carcelaria y no se suba a una tendencia discursiva de otras provincias o de una realidad nacional o de las cárceles federales”.

El 41% de los presos no tiene condena, informó Prevención de la Tortura

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Viuda de Guirula tras el fallo: “Pensé que ya no íbamos a tener justicia”

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La última audiencia del juicio por la muerte de Carlos Guirula, marcada por la última palabra de los acusados y la sentencia, fue seguida de cerca por la familia de víctima, principalmente de su esposa, sus hijos y su hermana, quienes destacaron el fallo como “el cierre” de una dolorosa etapa que duró once años.

“En general conforme, pero más que nada por mis hijos. Para ellos es importante tener un cierre, saber que se hizo un poco de justicia después de tantos años. Ellos hoy son chicos felices, libres de toda bronca, porque así lo quise yo, de protegerlos todos estos años”, expresó Nora Acosta, viuda de Guirula, en conversación con La Voz de Misiones en los pasillos del Tribunal Penal Dos de Posadas, antes de salir al encuentro de sus hijos, que la esperaban con un abrazo grupo fuera del recinto.

Hijos y más familiares de Guirula a los abrazos fuera del tribunal.

Yo pensé que ya no íbamos a tener justicia, que esto ya no salía. Pero esto es un cierre para ellos. Ahora veremos qué hacemos y cómo seguimos, pero lo bueno es que no quedó en vano”, añadió.

Para Nora los pedidos de disculpa de los acusados no fueron del todo sinceros, mucho menos suficientes. “Esperar once años para solo decir ‘lo sentimos’”, apuntó y agregó que “solo me llegó la palabra de Da Silva, a él si lo sentí muy sincero”.

Si bien se mostró conforme con el fallo, admitió que le hubiese gustado una pena más alta para los otros imputados. “Nuestro día del padre es ir al cementerio hace once años. Es dolorosísimo, pero repito: es bueno saber que esto no quedó en vano”.

“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula

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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula

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Más de once años pasaron del día en que el albañil Carlos Raúl Guirula (34) fue a un motel de Posadas y tras unos disturbios acabó muerto, con un edema cerebral, nueve costillas rotas y un pulmón perforado. La Justicia hoy determinó que ese desenlace mortal fue consecuencia de los pisotones y las patadas de los borceguíes policiales que calzaban Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes recibieron una pena de prisión de perpetua por el delito de “tortura agravada seguida de muerte”.

La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal de Dos de Posadas, que además condenó a 4 años de prisión por omisión a los ex policías Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) y absolvió por el beneficio de la duda del mismo delito a los también ex uniformados y Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián. Los cuatro quedaron en libertad apenas culminó la lectura del fallo. 

Previo al veredicto, todos ellos hicieron uso de sus últimas palabras y la primera en hablar fue Tabarez, quien pidió disculpas a la familia de la víctima y solicitó clemencia al tribunal.

Tabarez se había mantenido en silencio durante las diez audiencias previas que se desarrollaron en el marco del debate oral. Soportó las incriminaciones de sus consortes de causa y aguantó las acusaciones del fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato la señaló como quien pisó la cabeza y pateó en las costillas a Guirula estando esposado en el suelo del motel.

Esta mañana, en su última oportunidad para hablar, hizo uso de su derecho. “Esto fue una tragedia y pido disculpas a toda la familia. No va a volver a la vida su hijo, no va a volver a la vida nadie, tampoco nosotros. Todos tenemos una familia atrás nuestro. Mi corazón se va a salir del pecho porque entre hoy y mañana va a volver a cambiar nuestras vidas para peor, si así lo decide la Justicia”, comenzó.

Luego hizo un breve repaso de su vida, describiendo que tiene una hija, que es la mayor de siete hermanos y que proviene de una familia humilde, con padre albañil y madre ama de casa, que le “inculcó valores y buenas costumbres”.

“Las palabras de mi papá me resuenan en la cabeza: Lourdes sos el ejemplo y el espejo de tus hermanos. Pido clemencia, pido justicia por mí, por mi familia, por cada uno de nosotros. Se nos dio esta comisión y yo simplemente fui a cumplir mi trabajo. La situación que se dio fue una tragedia para todos”, lanzó antes de volver a su lugar, apoderada por las lágrimas.

En segundo término habló Escobar, a quien el fiscal acusó de dar patadas, pisar e “ir saltando” sobre la espalda de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel hacia la comisaría Decimotercera, donde llegó muerto.

Quería pedir disculpa a los familiares, quiero que sepan nosotros nunca tuvimos esa intención. Pido disculpas, sé lo que es perder un hijo. Nunca tuve antecedentes de ser agresivo, ni de golpear a nadie. Espero que esto nos de tranquilidad a todos, ya sea para bien o para mal, así lo decida el Tribunal. Que sea lo justo para todos. Que se termine todo y podamos estar en paz”, resumió.

Ricardo Escobar pidió disculpas en sus últimas palabras. Más tarde fue condenado a prisión perpetua.

Más disculpas

En mismo sentido se expresó Allosa, quien enfrentaba un pedido de 7 años de prisión por “vejaciones” y “omisión”, aunque finalmente recibió 4 y como estuvo ese mismo plazo privado de su libertad en prisión preventiva esquivó un segundo paso por la cárcel.

“Pido disculpas a la familia, yo sé que fue un sufrimiento para ellos estos once años. Para nosotros también y para nuestras familias. Estuvimos pendiente todos estos años para tratar de que esto se resuelva. Ha llegado el día. Si esa noche podía haber hecho algo más, lo siento por no haberlo hecho”, fueron sus palabras.

El siguiente fue Zidorak, que resultó absuelto. “Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido. Son muchos años esperando. Obviamente nadie pensó lo que iba a pasar. Pedir disculpas a la familia”, había expresado antes del veredicto.

Servian, que también fue absuelto, expresó el mismo sentimiento. “Desde lo más profundo del corazón, mío y de todos, estamos arrepentidos de lo que pasó. Obviamente no va a devolver la vida, pero nosotros también somos conscientes de lo que pasó y que cada uno reciba lo que le corresponde, por su participación y su responsabilidad. Que se haga justicia”.

Allosa fue condenado a 4 años de prisión pero quedó libre por el tiempo que ya estuvo con preventiva.

El último en hablar fue Da Silva, uno de los primeros en declarar y señalar tanto a Tabarez como a Escobar por las agresiones contra la víctima, testimonio que fue valorado como prueba importante por la fiscalía.

“Realmente fue un hecho lamentable. Quiero pedir perdón de corazón a la familia, sé que hay una madre que se quedó sin un hijo, una hermana sin hermano, un niño sin padre. Realmente nos sentimos muy apenados por esa tragedia. Lamento no haber hecho más. Sé que no vamos a traer a la vida al señor Guirula, pero se puede hacer justicia. Creo que quedó demasiado claro lo que pasó esa noche y que tenemos ciertos grados de responsabilidades. Que se haga justicia”, pidió.

El tribunal presidido por Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos luego pasó a deliberar y tras más de una hora en reunión secreta regresaron con el fallo que condenó a dos ex policías a la pena de prisión perpetua, el equivalente a 35 años de encierro efectivo. 

Servian -a la izquierda- y Zidorak -en el centro- fueron absueltos.

 

Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula

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Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula

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El Tribunal Penal Dos de Posadas dictó sentencia este mediodía y condenó a prisión perpetua a dos de los seis policías acusados por la muerte del albañil Carlos Guirula, registrada hace once años durante un procedimiento policial que inició por disturbios en motel de la ciudad.

La máxima pena recayó sobre Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes fueron declarados responsables del delito de “tortura agravada seguida de muerte”.

De los restantes acusados, Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) fueron condenados a 4 años de prisión por el delito de “omisión”, ante lo cual recuperaron la libertad porque ya pasaron esa misma cantidad de años en prisión preventiva. En el caso de Allosa fue absuelto por la acusación de “vejaciones”.

Por último, Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda de la acusación por omisión efectuada por el fiscal Vladimir Glinka.

De esta manera, Tabarez y Escobar quedaron detenidos y a partir de hoy empezarán a purgar sus condenas en diferentes unidades penitenciarias de la provincia, mientras que los demás imputados salieron libres del tribunal.

Ricardo Rafael Escobar también recibió perpetua. Antes de la sentencia pidió disculpas.

Antes del veredicto, todos los acusados hicieron uso de la última palabra y todos pidieron disculpas a la familia a Guirula.

Fue la primera vez que se oyó la voz de Tabarez durante el juicio oral que tuvo más de diez jornadas. “Sé que todos estaban esperando mi palabra. Quiero pedir disculpas a la familia, lo ocurrió esa noche fue una tragedia de para todos. Siento que el corazón se me va a salir del pecho”, expresó al comienzo y luego indicó “pido clemencia para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros”.

Los últimos en hablar fueron Servian y Da Silva, quienes además de pedir perdón a la familia de la víctima, señalaron que cada uno de los acusados debía “hacerse cargo de sus participaciones y responsabilidades”.

La sentencia se oyó este mediodía, minutos después de las 13, tras una audiencia que incluyó un último alegato defensivo, a cargo de la letrada Mónica Olivera, abogada del policía Escobar, como así también la etapa de réplicas y dúplicas.

Da Silva fue condenado a 4 años de prisión, el mismo tiempo que estuvo en prisión preventiva, ante lo cual quedó libre.

Después de ello, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dispusieron un cuarto intermedio para deliberar, proceso que se extendió durante más de una hora.

Tras la sentencia, los dos imputados condenados a prisión perpetua salieron esposados y atravesando un cordón de agentes penitenciarios hasta ingresar al móvil que los iba a trasladar a sus lugares de detención.

Entre los demás acusados hubo sensaciones diferentes: lágrimas de alivio, puños apretados y abrazos de agradecimiento para con sus abogados defensores y con sus familiares fuera del recinto.

Pisotones y patadas

El fallo del tribunal se ajustó en gran parte a lo solicitado por el fiscal Glinka en su alegato del jueves pasado, instancia en la que consideró que tanto Tabarez como Escobar fueron los autores de las agresiones que derivaron en las lesiones que ocasionaron la muerte de la víctima.

El fiscal repasó que todo comenzó ese 19 de mayo a la madrugada, cuando Guirula se negó a pagar dos petacas de whisky que había consumido durante su estadía en el motel Park, lugar al cual llegó junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales.

 “Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”, planteó.

Y a partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.

Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.

Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.

Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.

A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.

Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados

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