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Prevención Nacional de la Tortura visitó por primera vez cárceles de Misiones

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recorrió por primera vez las cárceles de Misiones y aún sin procesar la totalidad de los datos relevados detectaron que el uso extendido de la prisión preventiva es una de las principales problemáticas que denuncia la población penal.

El mecanismo, encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en contextos de encierro, fue creado en 2017 y relegó tanto a Chaco como a Misiones a últimos lugares en orden de prioridad para las inspecciones en virtud de que ambas provincias ya cuentan con comisiones locales que se encargan de la temática. 

De igual manera, el momento llegó. Una delegación de comisionados arribó a Misiones la semana pasada y en un lapso de tres días recorrieron todas las penitenciarias, como así también comisarías, centros de salud mental y hogarse de niños, niñas y adolescentes.

Si bien aún resta el procesar el compendio de información recolectada, a modo de adelanto desde la CNPT alertaron que una de las principales problemáticas detectadas radica en el uso extendido de la prisión preventiva, llegando relevar casos que superan hasta dos o tres veces el plazo máximo de 2 años detenido sin sentencia.

“Lo que vemos en Misiones, más allá de la cantidad de personas en prisión preventiva, que igualmente en el último tiempo ha disminuido aproximadamente un 10%, lo que detectamos es la amplia duración de las prisiones preventivas. Hemos encontrado personas que están con prisión preventiva hace tres, cuatro, cinco y hasta seis años, lo que excede ampliamente los plazos”, advirtió  Kevin Nielsen, uno de los comisionados que encabezó las inspecciones, en diálogo con La Voz de Misiones. 

Según un último informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM), a fines de 2023 el sistema penitenciario local contaba con una población carcelaria de 1731 internos, de los cuales 700 estaban presos sin condena, es decir, un 41% del total.

Las inspecciones de la CNPT fueron realizadas entre el 15 y el 18 de abril.

Para Nielsen, de profesión abogado y de trayectoria en organismos de derechos humanos, este flagelo “obedece a una multiplicidad de factores” y advirtió que “en términos internacionales la responsabilidad corresponde al Estado, en general, pero es el Poder Judicial el que decide sobre las prisiones preventivas”.

En este contexto, asoció la cuestión a un viejo debate que -a decir de los especialistas en la materia- es cada vez más necesario la tierra colorada y se relaciona con un cambio en el sistema procesal.

Es que, Misiones es de las pocas jurisdicciones del país que aún mantiene el sistema inquisitivo, en el cual el juez de instrucción concentra facultades de investigar y a su vez decidir, lo cual acumula trabajo en sus espaldas e indefectiblemente genera retardo de justicia.

Lo moderno es el sistema acusatorio, donde un fiscal es el que investiga y solicita la prisión preventiva, mientras que existe un juez de garantías que decide, de acuerdo al caso, si amerita o no. Es decir, entre otras cuestiones, hay más controles a la intención de un fiscal de tener preso preventivamente a una persona. En Misiones todavía está el sistema procesal inquisitivo: el juez investiga, el juez decide la prisión preventiva, el juez resuelve los pedidos de excarcelación. Se confunde el rol de investigación, con el de decisión, de juzgamiento”, se explayó el letrado chaqueño.

De igual manera, Nielsen sostuvo que la problemática de la prisión preventiva es un elemento detectado a simple vista, mientras que las demás irregularidades o falencias detectadas recién serán advertidas y comunicadas en los próximos meses, luego un riguroso proceso de análisis de la información recolectada durante las recorridas.

“Es la primera vez que visitamos Misiones pero no significa que sea la última. La primera visita es de inspección, la segunda, después de un tiempo determinado, se hace una visita de seguimiento, para ver si nuestras recomendaciones fueron atendidas por el Estado. Esas recomendaciones aún no las hicimos porque estamos en proceso de elaboración de los informes”, detalló el comisionado a LVM.

Independientemente de esos informes en espera, Nielsen destacó como innovadora la Unidad de Salud para Inimputables, inaugurada en 2020 y que marcó el fin de años de olvido y abandono para internos con problemas de salud mental que estaban recluidos en un pabellón de la Unidad Penal I de Loreto sin la atención médica acorde a sus condiciones.

La Unidad de Salud para Inimputables funciona dentro del predio del hospital Carrillo y fue inaugurado en 2020.

También valoró que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) cuente con varias unidades de “infraestructuras nuevas”, aunque advirtió que igualmente esos recintos pueden presentar “problemas de mantenimiento cotidiano” como colapsos de conductos sanitarios -por citar solo un ejemplo- que pueden ocasionar olores nauseabundos y exposición a enfermedades, para lo cual hay que gestionar soluciones de rápidas que muchas veces colisionan con los plazos administrativos de la burocracia.

Para Nielsen, cuestiones diarias como las de este tipo estas favorecen a la buena convivencia de los internos y reducen los riesgos de conflictividad, lo cual está directamente asociado a la superpoblación.

La conflictividad va de la mano con la superpoblación. Eso indefectiblemente aumenta el riesgo de peleas, de lesiones. Está muy naturalizado que un preso pelee con otro, pero eso no debería ser así. Muchos de los conflictos se suceden porque afectación de derechos. Se piensa que los motines son actos cuasi caprichosos o para escapar, pero lo cierto es que los motines son medidas de fuerza, protestas extremas que se realizan cuando los internos sienten que se le está afectando algún derecho, ya sea sobre la comida, sobre la condiciones de habitabilidad, sobre la mora judicial, sobre el trato penitenciario. Si no obtienen respuestas después de las vías de reclamo tradicional, acuden a una medida extrema. Es muy parecida a la dinámica de la protesta social”, mencionó el entrevistado.

En esa línea, sostuvo que evitar estas situaciones es responsabilidad absoluta del Estado y que las penitenciarias no pueden ser desatendidas, aún en contextos económicos de recesión, como atraviesa Argentina en la actualidad.

“Las cárceles son los únicos lugares donde el Estado tiene la administración plena y total de la vida de las personas, con lo cual son absolutamente responsables tanto por su salud, como por su alimentación y su integridad física. Estamos hablando de personas que no podrían procurarse por si mismas en estos derechos. La administración de recursos no debería repercutir en una pauperización del acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay que priorizar los recursos y en el caso de que el Estado no tenga o le falte recursos para garantizar los derechos básicos de los internos, tiene que abstenerse de encarcelar y buscar otras alternativas. No necesariamente todos los delitos tienen que tener como consecuencia el encarcelamiento”, apuntó.

La totalidad de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el CNPT serán comunicadas en los próximos meses.

Telefonía en las cárceles

A través del regreso de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno encabezado por Javier Milei pretende encarar una rigurosa política criminal respecto al tratamiento carcelario y una de las primeras medidas apunta a reducir el uso de telefonía celular dentro de las penitenciarias.

Respecto a ello, Nielsen recomendó que “para analizar el uso de telefonía móvil hay que analizar las realidades de cada provincia. Muchas veces las provincias suelen comprar problemas ajenos. En las provincias es muy difícil que en las cárceles provinciales tengamos personas privadas de su libertad por delitos complejos o por crimen organizado”.

Para el comisionado es claro, por lo vivido en Santa Fe o en los penales de máxima seguridad que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que contienen a denominados “pesos pesados” del universo delictivo argentino, no es aconsejable impartir una regla general que se aplicable a todas las provincias.

“Recordemos que el uso de telefonía móvil en contextos de encierro fue habilitado en muchas provincias durante la pandemia y esto ha sido un elemento profundamente pacificador de las cárceles, porque permitía que los internos puedan hablar de manera directa con sus abogados y de comunicarse con sus familiares, que muchas veces tampoco pueden visitarlos de seguido por cuestiones de distancia o dificultades económicas”, añadió.

Como ejemplo, el abogado citó el caso Chaco, donde desde la habilitación del uso de celulares no se han registrado motines ni conflictos graves dentro de las cárceles locales.

Por eso, insistió: “Es importante que cada provincia evalúe su población carcelaria y no se suba a una tendencia discursiva de otras provincias o de una realidad nacional o de las cárceles federales”.

El 41% de los presos no tiene condena, informó Prevención de la Tortura

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Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas

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El juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula tuvo otra jornada clave este martes, con la declaración de tres mujeres que estuvieron presentes en aquella noche trágica del 19 de julio de 2014 en el motel Park de Posadas y la de un médico forense que dio pormenorizados detalles sobre la causa del deceso y las marcas de violencia que exhibía el cuerpo de la víctima.

En orden cronológico, las primeras en declarar fueron las dos trabajadoras sexuales que esa noche estuvieron con la víctima y sus dos amigos, compartiendo diferentes habitaciones, y una de las mucamas del complejo.

Las tres coincidieron en que el conflicto se inició a raíz de una consumición de whisky que Guirula se negaba a pagar. En lo que difirieron fue que las dos primeras mujeres negaron haber visto situaciones agresivas, mientras que la mucama Andrea Lorena Sosa describió que el hombre “se puso muy violento y empezó a golpear la puerta de vidrio” de la conserjería.

Esa situación motivó que ella misma llamara a la Policía, más precisamente a la comisaría Decimotercera, de cuya dependencia salió el primer patrullero que arribó al lugar. Ese móvil era una Toyota Hilux que llevaba a la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42) como encargada, al sargento primero Claudio Marcelo Servian como chofer y al cabo Carlos Alberto Da Silva (35) como acompañante.

Más tarde arribaron como refuerzos desde el Comando Radioeléctrico Centro el cabo Ricardo Rafael Escobar (42), el oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak (35) y el cabo Lucas Nahuel Saravia Allosa (37). Ahora, los seis están imputados por “tortura agravada seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua al final de proceso, previsto para el 19 de noviembre.

Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

La señora policía

“Cuando llegó la Policía procedieron ellos y nosotros nos volvimos a encerrar. Después escuché gritos e interpreté que el señor -por Guirula- ingresó al auto para que la policía no le lleve”, recordó la mucama citada como testigo.

La mujer añadió que “supongo que en el forcejo él le pega a la señora policía y ahí ella se exaltó. Después de eso pudieron sacarlo a la fuerza y le empezaron a pegar. En el intento por reducirlo, por ponerle las esposas, empezaron a pegarle. Estábamos todos expectantes de lo que pasaba y cuando él ya estaba reducido le seguían pegando, le pateaban la cabeza y le pisaban la cabeza”.

Su declaración se tornaba a cada más segundo más trascendental y por esa razón el fiscal Vladimir Glinka ahondó en la cuestión y preguntó si la testigo identificaba a algunos de los imputados presentes en aquella escena. La respuesta fue certera: “Sí, la señora policía. El señor estaba boca abajo y la señora policía le pisaba la cabeza”.

De igual manera, en otro tramo relató que “se ve que le pateaban por todos lados, porque el señor no paraba de quejarse y de moverse”. La testigo calculó que toda esa escena duró entre 10 y 15 minutos.

La oficial Lourdes Tabarez fue apuntada por otros imputados y testigos como autora de patadas contra la víctima.

Tres lesiones con potencial letal

Todos ese relato de golpes, sumado a los testimonios recogidos en las tres audiencias anteriores del juicio, se vincularon más tarde al testimonio del médico forense Carlos Wolhein, uno de los encargados de efectuar la autopsia sobre el cuerpo del albañil fallecido.

El médico, de extensa trayectoria en materia de autopsias e investigaciones tanatológicas, dio una pormenorizada explicación de cada una de las lesiones que provocaron la muerte del albañil y conectó cada una de ellas con la posible mecánica del hecho.

Wolhein precisó que el cuerpo presentaba tres lesiones que tenían “potencial letal sin el tratamiento debido”, ya sean “juntas o por separado”.

La primera lesión sobre la cual hizo hincapié fue un “traumatismo de cráneo de intensidad moderada, eventualmente grave” que, a su entender, fue causada por lesiones “puntiformes” generados por compresión.

La segunda consistía en la fractura de tres costillas del lado izquierdo que provocó una hemorragia interna masiva que dirigió el 40% de la sangre del cuerpo hacia el pulmón de ese lado y lo hizo colapsar por completo.

El forense vinculó este diagnóstico con una seria de marcas externas en la piel que tenían un “calcado compatible con la plantilla de un calzado”. “Eso para nosotros es referencial a un puntapié de patadas”, resumió.

Y a pedido del fiscal fue aún más conciso: “Vemos una impronta en la piel que asumo que es un golpe. Pueden haber más golpes que no dejaron marcas, pero hubo un golpe que fracturó tres costillas”.

Rafael Escobar fue otro de los incriminados por su ex camaradas. Lo acusaron de ir “saltando” sobre Guirula durante el traslado.

La última lesión, aunque no en orden de producción sino en la descripción trazada en el informe forense, consistió en la fractura lineal de seis costillas del lado derecho, con la diferenciación de que esas heridas oseas no se produjeron por un golpe sino por “una fuerza de apoyo” ejercida en otro lugar.

Wolhein indicó que todas las lesiones son “atendibles” y “tienen tiempo de sobrevida”, aunque también resaltó que Guirula tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre, circunstancia que lo ubicaba en estado de indefensión, ante lo cual el cuerpo pierde capacidad de resistencia ante golpes.

La conclusión, para el especialista, fue que la sumatoria de estas tres lesiones ocasionaron un paro cardiorespiratorio que sesgó la vida del albañil durante aquel procedimiento de hace 11 años atrás.

El debate continuará mañana con más testimoniales. El proceso ya lleva cuatro jornadas realizadas, período en el cual declararon doce testigos.

El juicio se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes. Los seis imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

El juicio, día a día:

Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

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Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

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El ex policía Ricardo Rafael Escobar (42) se defendió de las acusaciones efectuadas un día antes por dos de sus consortes de causa en el juicio por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (33) y sumó incriminaciones hacia la ex oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42), una de las principales apuntadas por el procedimiento que resultó de manera mortal.

Reconozco que le apoyé el pie en la espalda al detenido, pero lo hice sin ejercer fuerza. Lo hice por mi seguridad, por la del detenido y por la de mis amigos”, esgrimió Escobar en respuesta a las declaraciones dadas ayer por los ex policías también imputados Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35).

En ese sentido, Escobar también negó haber “saltado” encima de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel Park hasta la comisaría Decimotercera. “Yo no voy a aceptar que se diga que yo iba saltando encima del detenido. No sé si hay testigos civiles que pueden decir eso, son dos camaradas los que hoy me están acusando. Si fue así tan aberrante como dicen por qué nadie me paró”, arremetió.

Al momento del hecho, él cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico I de Posadas y fue parte del primer patrullero Chevrolet Corsa que acudió al motel en modo de apoyo.

“Cuando llegamos estaban -Claudio Marcelo- Servián -otro policía imputado- y Da Silva estaban forcejeando con Guirula para sacarlo del auto. Tabarez entró por la otra puerta y estaba pateándole para que salga”, recordó.

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Escobar es el tercer imputado que declara desde el inicio del debate. De fondo, el fiscal Vladimir Glinka. 

Sobre Tabarez además apuntó que “ella estaba exaltada” y cuando el fiscal Vladimir Glinka le pidió que sea más preciso describió: “Le gritaba hijo de puta, quién te crees que sos, te voy a procesar por pegarle a una mujer”.

No fue lo único que declaró contra la oficial que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 era la encargada del procedimiento. Escobar sostuvo que la mujer “le tiró patadas de punta en la cabeza y en la parte de abajo” a Guirula cuando ya estaba en el piso aunque sin esposas.

El imputado ratificó que se arrojó gas pimienta contra el albañil para poder reducirlo, aunque negó haber sido él quien le impartió esa orden a Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), otro de los ex uniformados que hoy ocupan un lugar en el banquillo de los acusados.

Los seis ex uniformados afrontan una imputación por “tortura seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, acusación bajo la cual son pasibles de ser condenados a prisión perpetua. Todos cuentan con abogados defensores diferentes.

Búsqueda y cuarto intermedio

La declaración de Escobar fue lo único que ocurrió este jueves en el marco de la tercera jornada del debate oral que se lleva adelante en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado con los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes.

La audiencia de hoy preveía oír el testimonio de las dos chicas que aquella madrugada estaban junto a Guirula y otros amigos en el motel y son consideradas “testigos presenciales” del hecho, aunque ninguna pudo ser localizada a pesar de los intentos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la fuerza provincial.

El fiscal Glinka insistió en persistir con la búsqueda de ambas y el juez Busse dispuso que se arbitren los mecanismos necesarios para dar con el paradero o encargarle esa misión a funcionarios de otra fuerza de seguridad.

Zidorak, Allosa y, por último, Escobar. Los imputados son seis en total.

El juicio se reanudará el próximo martes con la declaración de otros siete testigos, entre ellos médicos forenses que realizaron el examen de autopsia al cuerpo del fallecido.

Según consta en los informes de ese estudio, Guirula falleció como consecuencia de una suma de golpes en distintas partes del cuerpo que provocaron un edema cerebral y fracturas costales, múltiples y bilaterales, que provocaron una contusión pulmonar y una insuficiencia respiratoria aguda.

El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014 cuando Guirula fue detenido en el motel Park en medio de una serie de disturbios por no querer pagar dos botellas wiskis, aunque trabajadores del lugar declararon que el conflicto ya había solucionado cuando llegó el primer móvil encabeza por la oficial Tabarez.

Tras ser reducido, el albañil fue trasladado en la cajuela de un patrullero Toyota Hilux y llegó muerto a la comisaría Decimotercera, ubicada a 7 avenidas del motel.

Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

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Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

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De los seis policías sentados en el banquillo de los acusados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (33) en un procedimiento realizado en 2014, dos optaron por declarar hoy ante el Tribunal Penal Dos de Posadas y uno de ellos incriminó en forma directa a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42) como quienes “patearon en el piso” y “en la cabeza” a la víctima.

El testimonio se correspondió a Claudio Alberto Da Silva (35), que al igual que Carlos Alberto Zidorak (35), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Claudio Marcelo Servián, más los ya mencionados Escobar y Tabarez, afrontan una imputación por “tortura seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, acusación bajo la cual son pasibles de ser condenados a prisión perpetua.

En aquella madrugada del 19 de julio de 2014, Da Silva fue uno de los primeros agentes en acudir al motel Park, donde el conserje del lugar solicitó la intervención policial ante la presencia del albañil Guirula, que en forma violenta se negaba a pagar dos botellas de wiskis a la salida de un turno.

Da Silva era un agente recién recibido y fue parte de la patrulla de la comisaría Decimotercera que acudió al lugar en una Toyota Hilux con el cabo Servian como chofer y con la oficial Tabarez como encargada.

El imputado narró que llegaron al motel cerca de las 3.20 y encontraron a Guirula ubicado en el asiento trasero de un Renault 19 que era propiedad de un compañero de trabajo suyo con el que había compartido la salida esa noche.

Para ese entonces, según ratificaron más testigos, el conflicto por el saldo de las bebidas ya se había solucionado, aunque de igual manera “Tabarez da la orden para detenerlo” a Guirula.

Da Silva relató que cuando eso sucedió Guirula pretendió encerrarse dentro del vehículo, lo cual fue impedido por Servian que atajó una puerta y juntos intentaron hacerlo descender, pero no pudieron.

“Ahí Tabarez ingresó por la puerta del otro lado y trató de empujarlo hacia afuera. Ahí a Guirula se escapa de nosotros y le pega un manotazo a la oficial”, continuó el acusado ante la atenta mirada del resto de los imputados.

Después de esa primera secuencia, Da Silva contó que logró colocarle una esposa a Guirula pero volvió a “alterarse” y recién logró ser extraído del vehículo cuando el cabo Escobar llegó como refuerzo del Comando Radioeléctrico.

Da Silva -el primero a la izquierda- fue uno de los imputados que declaró hoy.

Patadas y saltos

“Logramos sacarle del vehículo y lo paramos a un costado del auto, no podíamos reducirlo. Servián le propina tres golpes en el abdomen y tampoco pudimos. Ahí llega Zidorak, que le toma de la mano que tenía la esposa y Guirula cae boca abajo. Zidorak se acomoda con la rodilla sobre el hombro de la persona y me pasa la mano que no tenía la esposa”, describió.

Y continúa el relato de una de las secuencias del hecho que es una de las claves para esclarecer el caso: “Queríamos esposarlo por completo y en ese momento veo que Escobar le patea en la cabeza y Tabarez también. Zidorak los saca de un manotazo, pero Tabarez se va para atrás y vuelve a patearlo de frente”.

Da Silva añadió que una vez que lograron esposarlo por completo, levantan a Guirula para llevarlo hacia el patrullero, pero vuelve a resistirse y en medio de los nuevos forcejos cae sobre unas piedras.

Después logran subirlo en la cajuela de la camioneta Hilux, donde Saravia Allosa accionó un gas pimienta contra la víctima “a pedido de Escobar”, a quien Da Silva continuó incriminando.

“En el camino yo me fui del lado izquierdo de Guirula, Tabarez iba enfrente mío. Del otro lado estaba Bogado -otro policía que no fue imputado-, y Escobar estaba hacia el lado de la cabina. Él se paró arriba de Guirula y en reiteradas ocasiones le saltó encima con las dos piernas. Con Saravia le dijimos que se baje, que la persona ya estaba esposada, detenida, pero no logramos que se bajara”, apuntó.

Según Da Silva, el recorrido desde el motel Park hasta la comisaría Decimotercera habría durado “unos cinco minutos”, pero afirmó que al llegar a la dependencia Guirula ya no reaccionaba.

“Me dicen que le tiremos agua para que se despertara porque por ahí estaba dormido, pero no lo logramos. Savaria se acercó, le tocó y dice que no tenía pulso”, cerró el oriundo de El Soberbio.

El otro policía que declaró este miércoles fue el oficial subayudante Zidorak, que integraba el segundo patrullero del comando que llegó en apoyo y uno de los que participó en la reducción de Guirula.

“Lo acostamos en el suelo, apoyo mi rodilla en el hombro derecho porque esta persona seguía gritando y moviéndose por todos lados. Estaba Da Silva tratando de ayudar a colocarle las esposas, pero la persona siguió resistiéndose. Ahí Escobar apoya el pie sobre esta persona y de atrás aparece otra persona que patea la costilla derecha de esta persona”, añade, aunque sin tantas precisiones como el otro imputado que declararía en segundo turno.

De los agentes apuntados en estas declaraciones, hasta el momento solo Escobar manifestó su intención de dar su versión de los hechos, aunque lo hará más adelante por recomendación de su abogada Mónica Olivera.

Tabarez, que es representada por el defensor oficial Mario Ramírez, decidió abstenerse, aunque pueden cambiar de estrategia cuando lo consideren necesario. Lo mismo corre tanto para Saravia Allosa como para Servian. Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.

Escobar es apuntado como por golpear y además “saltar encima” de la víctima durante su traslado en la cajuela de un patrullero.

Wiskis pagos

Tras oír a dos de los imputados, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por subrogancia por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dio inicio a la etapa de testimoniales.

En esa instancia, uno a uno declararon la mucama, el encargado de seguridad y el conserje del motel Park, como así también uno de los compañeros que estaba junto a Guirula en aquella noche que terminó en forma trágica.

Los cuatro coincidieron que el conflicto se inició cuando el albañil se negó a pagar dos botellas de wiski. Describieron que en ese momento el hombre se encontraba “eufórico” y “violento”, razón por la cual decidieron acudir a la Policía.

No obstante, tanto la mucama como el conserje del lugar ratificaron que la deuda ya había sido saldada por el amigo de Guirula cuando llegó la patrulla encabezada por Tabarez.

Yo salgo a recibir a la Policía y le aviso que me acababan de pagar, que ya estaba todo solucionado. Ahí me dicen ‘bueno, pero tenemos que proceder’. Después de eso volví a mi oficina”, señaló el conserje Rodolfo González.

Continuidad

El debate continuará mañana con más testimoniales. La programación trazada consigna que el proceso se extenderá hasta el 19 de noviembre y se espera la comparecencia de casi 90 testigos.

La muerte de Guirula se produjo esa madrugada del 14 de julio de 2014. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de instrucción Amalia Spinatto, consideró que uniformados actuaron en forma excesiva y concluyó que el deceso de la víctima se produjo como consecuencia de la golpiza recibida.

Para arribar a esa conclusión se basó en el testimonio de todos los testigos que ahora deben ratificar o rectificar esas declaraciones en el juicio, como así también el informe de autopsia, donde se asentó que Guirula murió como consecuencia de una serie de traumatismos que le provocaron fracturas de costillas, entre otras lesiones de gravedad.

Lourdes Tabarez -en el fondo- era la encargada de la comisión que intervino en el motel.

Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

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