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Prevención Nacional de la Tortura visitó por primera vez cárceles de Misiones

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recorrió por primera vez las cárceles de Misiones y aún sin procesar la totalidad de los datos relevados detectaron que el uso extendido de la prisión preventiva es una de las principales problemáticas que denuncia la población penal.

El mecanismo, encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en contextos de encierro, fue creado en 2017 y relegó tanto a Chaco como a Misiones a últimos lugares en orden de prioridad para las inspecciones en virtud de que ambas provincias ya cuentan con comisiones locales que se encargan de la temática. 

De igual manera, el momento llegó. Una delegación de comisionados arribó a Misiones la semana pasada y en un lapso de tres días recorrieron todas las penitenciarias, como así también comisarías, centros de salud mental y hogarse de niños, niñas y adolescentes.

Si bien aún resta el procesar el compendio de información recolectada, a modo de adelanto desde la CNPT alertaron que una de las principales problemáticas detectadas radica en el uso extendido de la prisión preventiva, llegando relevar casos que superan hasta dos o tres veces el plazo máximo de 2 años detenido sin sentencia.

“Lo que vemos en Misiones, más allá de la cantidad de personas en prisión preventiva, que igualmente en el último tiempo ha disminuido aproximadamente un 10%, lo que detectamos es la amplia duración de las prisiones preventivas. Hemos encontrado personas que están con prisión preventiva hace tres, cuatro, cinco y hasta seis años, lo que excede ampliamente los plazos”, advirtió  Kevin Nielsen, uno de los comisionados que encabezó las inspecciones, en diálogo con La Voz de Misiones. 

Según un último informe realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones (CPPTM), a fines de 2023 el sistema penitenciario local contaba con una población carcelaria de 1731 internos, de los cuales 700 estaban presos sin condena, es decir, un 41% del total.

Las inspecciones de la CNPT fueron realizadas entre el 15 y el 18 de abril.

Para Nielsen, de profesión abogado y de trayectoria en organismos de derechos humanos, este flagelo “obedece a una multiplicidad de factores” y advirtió que “en términos internacionales la responsabilidad corresponde al Estado, en general, pero es el Poder Judicial el que decide sobre las prisiones preventivas”.

En este contexto, asoció la cuestión a un viejo debate que -a decir de los especialistas en la materia- es cada vez más necesario la tierra colorada y se relaciona con un cambio en el sistema procesal.

Es que, Misiones es de las pocas jurisdicciones del país que aún mantiene el sistema inquisitivo, en el cual el juez de instrucción concentra facultades de investigar y a su vez decidir, lo cual acumula trabajo en sus espaldas e indefectiblemente genera retardo de justicia.

Lo moderno es el sistema acusatorio, donde un fiscal es el que investiga y solicita la prisión preventiva, mientras que existe un juez de garantías que decide, de acuerdo al caso, si amerita o no. Es decir, entre otras cuestiones, hay más controles a la intención de un fiscal de tener preso preventivamente a una persona. En Misiones todavía está el sistema procesal inquisitivo: el juez investiga, el juez decide la prisión preventiva, el juez resuelve los pedidos de excarcelación. Se confunde el rol de investigación, con el de decisión, de juzgamiento”, se explayó el letrado chaqueño.

De igual manera, Nielsen sostuvo que la problemática de la prisión preventiva es un elemento detectado a simple vista, mientras que las demás irregularidades o falencias detectadas recién serán advertidas y comunicadas en los próximos meses, luego un riguroso proceso de análisis de la información recolectada durante las recorridas.

“Es la primera vez que visitamos Misiones pero no significa que sea la última. La primera visita es de inspección, la segunda, después de un tiempo determinado, se hace una visita de seguimiento, para ver si nuestras recomendaciones fueron atendidas por el Estado. Esas recomendaciones aún no las hicimos porque estamos en proceso de elaboración de los informes”, detalló el comisionado a LVM.

Independientemente de esos informes en espera, Nielsen destacó como innovadora la Unidad de Salud para Inimputables, inaugurada en 2020 y que marcó el fin de años de olvido y abandono para internos con problemas de salud mental que estaban recluidos en un pabellón de la Unidad Penal I de Loreto sin la atención médica acorde a sus condiciones.

La Unidad de Salud para Inimputables funciona dentro del predio del hospital Carrillo y fue inaugurado en 2020.

También valoró que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) cuente con varias unidades de “infraestructuras nuevas”, aunque advirtió que igualmente esos recintos pueden presentar “problemas de mantenimiento cotidiano” como colapsos de conductos sanitarios -por citar solo un ejemplo- que pueden ocasionar olores nauseabundos y exposición a enfermedades, para lo cual hay que gestionar soluciones de rápidas que muchas veces colisionan con los plazos administrativos de la burocracia.

Para Nielsen, cuestiones diarias como las de este tipo estas favorecen a la buena convivencia de los internos y reducen los riesgos de conflictividad, lo cual está directamente asociado a la superpoblación.

La conflictividad va de la mano con la superpoblación. Eso indefectiblemente aumenta el riesgo de peleas, de lesiones. Está muy naturalizado que un preso pelee con otro, pero eso no debería ser así. Muchos de los conflictos se suceden porque afectación de derechos. Se piensa que los motines son actos cuasi caprichosos o para escapar, pero lo cierto es que los motines son medidas de fuerza, protestas extremas que se realizan cuando los internos sienten que se le está afectando algún derecho, ya sea sobre la comida, sobre la condiciones de habitabilidad, sobre la mora judicial, sobre el trato penitenciario. Si no obtienen respuestas después de las vías de reclamo tradicional, acuden a una medida extrema. Es muy parecida a la dinámica de la protesta social”, mencionó el entrevistado.

En esa línea, sostuvo que evitar estas situaciones es responsabilidad absoluta del Estado y que las penitenciarias no pueden ser desatendidas, aún en contextos económicos de recesión, como atraviesa Argentina en la actualidad.

“Las cárceles son los únicos lugares donde el Estado tiene la administración plena y total de la vida de las personas, con lo cual son absolutamente responsables tanto por su salud, como por su alimentación y su integridad física. Estamos hablando de personas que no podrían procurarse por si mismas en estos derechos. La administración de recursos no debería repercutir en una pauperización del acceso a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay que priorizar los recursos y en el caso de que el Estado no tenga o le falte recursos para garantizar los derechos básicos de los internos, tiene que abstenerse de encarcelar y buscar otras alternativas. No necesariamente todos los delitos tienen que tener como consecuencia el encarcelamiento”, apuntó.

La totalidad de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el CNPT serán comunicadas en los próximos meses.

Telefonía en las cárceles

A través del regreso de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno encabezado por Javier Milei pretende encarar una rigurosa política criminal respecto al tratamiento carcelario y una de las primeras medidas apunta a reducir el uso de telefonía celular dentro de las penitenciarias.

Respecto a ello, Nielsen recomendó que “para analizar el uso de telefonía móvil hay que analizar las realidades de cada provincia. Muchas veces las provincias suelen comprar problemas ajenos. En las provincias es muy difícil que en las cárceles provinciales tengamos personas privadas de su libertad por delitos complejos o por crimen organizado”.

Para el comisionado es claro, por lo vivido en Santa Fe o en los penales de máxima seguridad que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que contienen a denominados “pesos pesados” del universo delictivo argentino, no es aconsejable impartir una regla general que se aplicable a todas las provincias.

“Recordemos que el uso de telefonía móvil en contextos de encierro fue habilitado en muchas provincias durante la pandemia y esto ha sido un elemento profundamente pacificador de las cárceles, porque permitía que los internos puedan hablar de manera directa con sus abogados y de comunicarse con sus familiares, que muchas veces tampoco pueden visitarlos de seguido por cuestiones de distancia o dificultades económicas”, añadió.

Como ejemplo, el abogado citó el caso Chaco, donde desde la habilitación del uso de celulares no se han registrado motines ni conflictos graves dentro de las cárceles locales.

Por eso, insistió: “Es importante que cada provincia evalúe su población carcelaria y no se suba a una tendencia discursiva de otras provincias o de una realidad nacional o de las cárceles federales”.

El 41% de los presos no tiene condena, informó Prevención de la Tortura

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Juicio por la muerte de Belén: testimonios para reconstruir un caso 13 años después

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El juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa, ingresará la semana que viene a su recta final, con el lunes y martes como últimas jornadas para la etapa de incorporación de pruebas antes de la ronda de alegatos prevista inicialmente para el jueves.

El debate oral que tiene a Mariela Andrea Ramírez (48), madre de la niña, como única imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado muerte”, comenzó el 3 de agosto y durante las primeras cuatro audiencias desarrolladas en el Tribunal Penal Uno de Posadas declararon una veintena de testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses, médicos especialistas, familiares, vecinos y compañeros de trabajo de la acusada.

Según los estudios médicos, Belén padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético que provoca una pérdida progresiva de las capacidades del habla, el movimiento de las manos y la coordinación motora, condición que torna al paciente incapaz de valerse por sí mismo.

Durante el transcurso del debate se pudo reconstruir que la niña residió gran parte de su vida con sus abuelos y una tía materna, quienes se encargaron de su cuidado, excepto en una temporada comprendida entre 2006 y 2007 cuando vivió junto a su madre en una casa de Itaembé Miní y otro pequeño lapso de diez días en el que regresó circunstancialmente junto a Ramírez a un inmueble del barrio Las Rosas, donde finalmente falleció el 23 de julio de 2013.

La autopsia concluyó que la muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación. En este juicio se intenta determinar qué circunstancias derivaron en ese trágico desenlace y qué grado de responsabilidad en el hecho pudo tener su madre.

Ramírez alega que se vio sobrepasada por la situación. Argumenta que debió afrontar el cuidado de su hija en absoluta soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. La Justicia la tiene imputada por abandono de persona y el fiscal de juicio, Vladimir Antonio Glinka, adelantó que contempla la posibilidad de ampliar la acusación a homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a Belén en forma deliberada para dejarla morir.

La mujer llegó a esta instancia en libertad y bajo la representación del defensor oficial Miguel Ángel Varela, aunque dependiendo de la acusación final que eventualmente reciba hasta podría ser condenada a prisión perpetua. Eso lo decidirá, a su debido tiempo, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Mariela Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.

“Hice lo que pude”

En la primera audiencia, la imputada tomó la palabra y se explayó durante más de horas frente al tribunal. Contó su historia, desde su embarazo hasta la muerte de Belén. Se defendió de las acusaciones, alegó sentirse “sobrepasada” en la última etapa de su cuidado y cuestionó al Estado por la falta de asistencia.

Afirmó que, a pesar de que Belén vivía y estaba al cuidado de sus abuelos, ella nunca se “desentendió” de su hija. “Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, justificó.

Recordó que cuando su padre enfermó debió recibir a Belén en su casa de Itaembé Miní, donde ya vivía junto a su nueva pareja y su segunda hija. Ramírez aseguró que contrató una persona para los cuidados de la niña e indicó que tiempo después debió vender la casa por deudas, tras lo cual Belén volvió con su abuela.

“Después me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, dijo y agregó que “días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.

Según su relató, de ahí en más la situación empeoró día a día: estaba sola, sin dinero y sin posibilidad de faltar al trabajo. Sumado a ello, aseguró que Belén comenzó a rechazar la comida: “Empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca y a comer menos”.

“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. Hice lo que pude con lo que tenía”, se defendió y lo mismo repitió en una reciente entrevista con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, organización que ahora solicitó ser parte del debate oral y aportar su perspectiva del caso como amicus curiae.

Primeros testimonios

Entre los primeros testigos que declararon ante el tribunal estuvieron agentes policiales que trabajaron el día del fallecimiento de Belén y con ellos el fiscal Glinka hizo hincapié en la escena encontrada.

Tanto el comisario retirado Carlos Adolfo Krapp como el agente Javier Olmedo describieron la habitación de la víctima como “un depósito”, con bolsas amontonadas y objetos desparramados alrededor de una cama que tampoco estaba en buenas condiciones. La misma Ramírez admitió que la cama tenía la rejilla rota y apilaba pañales abajo para compensar la cavidad. 

En la segunda jornada declararon Delira Clara Aldana y Clara Argentina Ramírez, abuela y tía de la niña fallecida, respectivamente. Emocionadas, recordaron con dolor el fallecimiento de Belén. “Ella era nuestra vida y nuestros ojos. Nos llamó la atención su muerte, ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”, lanzó Aldana.

Aldana contó que la niña “a veces lloraba” cuando tenía que irse con la mamá y Clara admitió que fue “traumatizante” ver en qué estado murió su sobrina.

Ese mismo día estuvo el neurólogo infantil José Galeano, sobre quien el defensor Varela profundizó respecto a los síntomas, alcances y condiciones de cuidado que requiere una persona con Síndrome de Rett.

“Son dependientes 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió y desarrolló, entre otros factores, que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

El fiscal Vladimir Glinka encabeza la acusación.

Las vecinas

El día más complicado para la imputada fue el miércoles, cuando entre los testigos citados estuvieron una empleada doméstica y dos vecinas que coincidieron al describir condiciones de “descuido” en que presuntamente Ramírez tenía a Belén cuando la adolescente vivía a su cargo en Itaembé Miní.

“La veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”, describió Hilda Margot Da Silveira.

“Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, contó después otra testigo, Lourdes Balmaceda, quien ante esa situación decidió llamar a la línea 102 para pedir la intervención de asistentes sociales. 

En esa línea también declaró Esther Leiva, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Ramírez en aquel tiempo. “Yo fui contratada para limpiar la casa, no para cuidar a la nena. Cuando entré a la casa me encontré con ella”, dijo, contraponiendo lo dicho por la imputada en su declaración. 

“La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos porque la dejaban encerrada y sin comida”, apuntó.

“Ella estaba totalmente abandonada”, definió y a pedido de las partes ahondó: “Vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir”.

El juicio se transmite en vivo por Youtube.

El padre y las compañeras

La cuarta jornada estuvo marcada por la declaración del sindicado padre de la niña y de algunas empleadas municipales que fueron compañeras de Ramírez al momento de los hechos.

César Luis Romero fue convocado al debate como testigo a pedido de la defensa. Al hombre le atribuyen la paternidad de Belén, aunque él lo negó: “Fue mi novia hace muchos años, pero no sabía que quedó embarazada. Me enteré de eso cuando su papá le mandó una carta documento a mi papá diciéndole que ella tuvo un bebe. Mi papá contestó con otra carta documento diciendo que si era mi hijo yo me iba a hacer cargo, pero de ahí en más nunca contestaron”.

Después Romero declararon los ex compañeros de trabajo de la imputada. Sobre esos aportes ahondó el defensor Varela, buscando recabar información sobre las pautas laborales que cumplían y las condiciones económicas en las que se encontraba Ramírez en ese momento.

Entre esos testimonios, el fiscal aprovechó para recordar una declaración dada por Olga Gauto, que en la etapa de instrucción aseguró que en el sepelio de la niña Ramírez estaba “normal, sin arrepentimiento” y que pocos días después la vio “en el boliche Metrópolis”.

Marcelina Arevalos fue la última en comparecer. Ella contó que era amiga de Ramírez, que compartió “varias cenas” en su casa y vio cómo la ahora imputada “cuidaba, atendía, daba de comer y cambiaba los pañales” a Belén. También sostuvo que la mujer varias veces le comentó de sus problemas económicos e incluso le pidió dinero para comprar leche y pañales.

El tribunal es presidido por Gustavo Bernie -en el centro- e integrado por Miguel Mattos y Viviana Cukla como vocales.

Pedidos y etapa final

Antes de finalizar esa jornada, el fiscal Glinka pidió convocar a una nueva testigo: se trata de otra trabajadora municipal que en su momento administraba el sector de cajas donde la imputada trabajaba.

Si su convocatoria no es aceptada, pidió que se solicite a la Municipalidad la remisión de un informe con las novedades volcadas al legajo de Ramírez para constatar si efectivamente la mujer tramitó pedidos de licencias, como así también verificar otros aspectos que considera clave para su teoría del caso.

Ambos planteos, como así también el pedido para que la tía de la fallecida aporte como prueba una foto de Belén tomada días antes de su fallecimiento, serán resueltos por el tribunal en la audiencia del lunes.

Juicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”

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Juicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”

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Dos antiguas vecinas y una empleada doméstica que trabajaba en la casa de Mariela Andrea Ramírez (48), imputada por la muerte de una hija con discapacidad, declararon esta mañana en la tercera audiencia del juicio para esclarecer el caso y coincidieron al describir las condiciones de “descuido” en que la niña residió junto a su madre en el barrio Terrazas de Itaembé Miní años antes de su fallecimiento.

El caso tiene como víctima a Rocío Belén López (15), diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa llamada Síndrome de Rett. Su fallecimiento fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación sufrido mientras estaba a cargo de su madre en una casa del barrio Las Rosas en 2013.

La mayor parte de su vida la niña vivió al cuidado de sus abuelos, pero en una etapa, comprendida entre 2006 y 2007 aproximadamente, compartió hogar con su madre en el barrio Terrazas y ese período fue lo que las partes intentaron reconstruir en la jornada de hoy con los testigos citados.

Ramírez llegó a este juicio imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y resultado”, aunque el fiscal Vladimir Glinka en la primera audiencia pidió ampliar la acusación a “homicidio calificado por el vínculo en su modalidad de omisión al final del proceso”, al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a su hija en forma deliberada.

Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.

“Una nena encerrada que llora”

Los testigos de hoy fueron de menor a mayor en grado de cercanía con la niña. Primero declaró Hilda Margot Da Silveira, quien residía en una de las viviendas contiguas a la casa donde Ramírez vivía junto a su pareja, su hija Belén y su hija más pequeña Micaela.

Da Silveira contó que su hija solía jugar con la pequeña Micaela y gracias a esa relación supo que en esa vivienda contigua también residía una niña con discapacidad.

“Yo no supe que esa nena (por Belén) estaba ahí. Lo supe cuando mi hija, que jugaba con la hija de la dueña, me contó que en una habitación había otra nena encerrada que lloraba mucho”, expresó.

Y avanzó: “Yo había dejado de trabajar un tiempo y escuchaba a la nena llorar. Yo pensaba que estaba la empleada, pero no había nadie. Después también la veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”.

La testigo contó que, en ese contexto, comenzaron a hablar con otros vecinos sobre la situación y una de ellas decidió pedir ayuda para Belén. Esa vecina que llamó a la línea 102 fue Lourdes Balmaceda, que hoy también declaró ante el Tribunal Penal Uno, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Balmaceda habló prácticamente sin parar durante más de veinte minutos. Ella vivía en la otra casa que estaba pegada a la de Ramírez y también tenía un hijo que jugaba con la hija más chica de la ahora imputada.

“La familia era ella, su marido y Micaela, nunca supe que tenía otra hija. Lo supe porque mi hijo me decía que en la casa de Micaela había una ovejita que estaba todo el tiempo y hacia ruidos. Un día hablando con otros vecinos todos contaron que sus hijos contaban lo mismo y les daba miedo”, recordó.

Tanto Da Silveira como Balmaceda coincidieron al afirmar que vieron a Belén sola, sin ropa más que pañales e incluso descalza deambular por el patio, tanto en horas de la siesta como por las noches.

Justamente, Balmaceda indicó que “el problema empezó cuando a la noche la nena empezaba a llorar mucho. La pieza de mi hijo tenía una ventana que daba al patio y él no podía dormir porque se escuchaban mucho los llantos”.

La mujer sostuvo que ante la repetición de esa escena decidió actuar. “Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, describió.

A partir de ahí solo hubo que conectar más información que recibía. “La señora que trabajaba en mi casa también empezó a trabajar de limpieza en la casa de la vecina y ella me contaba que la nena vivía encerrada en una pieza. Incluso me pedía comida para cocinarle y llevarle”, añadió.

Esther Leiva trabajó como empleada doméstica en la casa donde Belén vivió un tiempo con su madre.

“Vivía en abandono total”

Esa empleada se trata de Esther Leiva, más conocida como “Gordi”, que declaró después de Balmaceda. “Vengo acá a ratificar todo lo que ya conté”, avisó y aseguró “me acuerdo de todo como si fuese ayer”.

El testimonio de Leiva reviste de gran interés dado que se trata de la única persona externa al grupo familiar que conoció en forma directa las condiciones en las que Belén se encontraba y de qué forma vivía dentro de esa casa del barrio Terrazas.

“Ella estaba totalmente abandonada”, lanzó Leiva. “Yo fui contratada para limpiar la casa, pero cuando entré me encontré con la nena. La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos. Le brillaban los ojitos cuando le daba comida”, graficó.

Sobre las condiciones en las que Belén residía, contestó que “ella vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir. La dejaban encerrada y sin comida”.

Leiva incluso fue testigo del día que al lugar arribaron los asistentes sociales que intervinieron tras el llamado al 102 de Balmaceda y apuntó: “Belén nunca tuvo ropa. Ese día ella -por Ramírez- se pidió el día en el trabajo para arreglar todo, le puso la ropa y la zapatilla de Micaela. Ella a una hija le daba todo y a la otra nada”.

Leiva y Ramírez, cara a cara, durante la declaración de la testigo.

En la continuación de la jornada también declaró Micaela, la otra hija de la imputada, quien brindó algunos recuerdos de cómo era la vida con su hermana durante la época en la que residían en el barrio Terrazas.

“Tengo recuerdos que yo tenía 5 años y jugábamos en el patio. Había una manguera y mi mamá nos mojaba a las dos en el verano”, señaló.

También contó que “mi mamá y yo le dábamos de comer a mi hermana”, en tanto que a preguntas del defensor oficial Miguel Ángel Varela afirmó no recordar si había otra persona encargada del cuidado de Belén que no sean su madre, su abuela y su tía.

A pedido del fiscal Glinka la joven trazó un croquis de cómo era la pieza de Belén en la casa del barrio Las Rosas donde su hermana falleció, lo cual no coincidió con el relevamiento efectuado por la Policía en la escena.

El debate continuará mañana con más testimonios y la instancia de alegatos, que inicialmente estaba previsto para el viernes, será reprogramada para la semana que viene en virtud de un pedido de ambas partes dado el cúmulo de información que alegaron haber acumulado durante estas jornadas.

Abuela y tía de Belén López: “Estaba bien cuando la dejamos con su mamá”

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Abuela y tía de Belén López: “Estaba bien cuando la dejamos con su mamá”

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El juicio para esclarecer la muerte de Rocío Belén López (15), la adolescente con discapacidad que en 2013 fue encontrada sin vida, deshidratada y desnutrida, en la casa de su madre, continuó esta mañana con la declaración de dos de las últimas personas que la vieron con vida. Fueron su abuela y su tía, quienes coincidieron en un testimonio: “Ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”.

De esas dos testigos, la primera en declarar fue la abuela, Delira Clara Aldana (83), que además es madre de Mariela Andrea Ramírez (48), imputada en esta causa por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y resultado” y con la posibilidad de ser acusada de homicidio calificado por el vínculo en su modalidad de omisión al final del proceso.

“Como su mamá trabajaba, los abuelos y mi otra hija nos hicimos cargo de Belén desde que nació. Ella vivió más tiempo con nosotros que con su mamá, o sea, la casa de los abuelos era su casa. Ella era nuestra vida y nuestros ojos”, contó Aldana ante la mirada de su hija, sentada a solo 1 metro suyo pero con la distancia que significa estar en el banquillo de los acusados.

Sobre la niña y su cuidado, Aldana describió que “ella tenía su discapacidad, pero andaba sola, se levantaba sola de la cama y caminaba por la casa. Nosotros estábamos siempre atenta a ella igual. No hablaba, pero nosotros le entendíamos todo, sabía pedir la tele y la comida. También sabía cuando quería bañarse, iba y agarraba el picaporte del baño”.

La abuela de Belén explicó que tanto ella como su marido y luego también su hija Clara alternaban las labores de darle el almuerzo y la cena. Así fue durante la mayor parte del tiempo, dado que en otra etapa la niña vivió con su madre en el barrio Terrazas, pero luego regresó con ellos.

“Ella un tiempo la buscaba los fines de semana, pero Belén a veces no quería ir con ella, lloraba, hacía gestos y se daba vuelta a mirarnos, pienso que era porque después nos extrañaba”, señaló Aldana.

Sobre los últimos días de su sobrina, la mujer contó que la muerte ocurrió cuando decidió viajar a Corrientes para visitar a un hermano y aprovechar para descansar. “Nos llamó la atención de su muerte. Ella estaba bien cuando la dejamos”, sostuvo.

“Ella era de buen comer”

En misma sintonía declaró su hija Clara Ramírez, tía de la víctima y hermana de la imputada.

La joven, que se recibió de maestra jardinera con el incentivo de poder ayudar a estimular el desarrollo de su sobrina, contó que tanto ella como su madre y su padre siempre se encargaron del cuidado de la niña, incluso para llevarla al médico y para buscar los pañales de Pami mediante la obra social de su padre.

“Desde el día que nació estuvo con nosotros. Ella caminaba bien y cuando estaba contenta hacía como caballito. Lo que sí no podía hablar ni agarrar vasos o esas cosas, pero con nosotros se entendía y comía siempre. Comía lo que había en la mesa. Era una tarea de muchos minutos, pero era de buen comer y nosotros nos tomábamos ese tiempo. No era delicada, le gustaban los guisitos y hasta se comía ocho empanadas”, describió.

La muchacha recordó que durante la investigación por la muerte de su sobrina y a pedido del juez Ricardo Balor entregó una serie de fotografías que mostraban a Belén días antes de su fallecimiento. “Nosotros le contamos que ella era gordita, que comía bien y el juez nos pidió fotos para ver eso”, recordó cuando ese CD se extravió en la dependencia judicial y ahora el fiscal Vladimir Glinka pidió que se le permita extraer esos mismos elementos digitales de las redes sociales de la testigo.

También coincidió con su madre al señalar que cuando dejaron a la niña con su madre “ella estaba bien” y agregó: “Yo la dejé bien y verla así, en la posición en la que estaba, no fue nada agradable. Yo nunca quise saber mucho sobre el tema, pero los abogados me mostraron unas fotos de cómo estaba todo y fue traumatizante. Soñé con eso durante años. Nunca imaginé ver así a mi sobrina”.

El debate oral continúa mañana y se extenderá hasta el viernes.

Síndrome de Rett

Antes de ambos testimonios, quien pasó frente al Tribunal Penal Uno de Posadas para dar su aporte como profesional fue el neurólogo infantil José Galeano, quien admitió no recordar a Belén como paciente pero sí desarrolló un panorama del Síndrome de Rett y los alcances de la enfermedad neurodegenerativa que la niña tenía diagnóstica.

El doctor explicó que dicha enfermedad avanza en cuatro etapas, desde la pérdida de pautas motoras, hasta la pérdida del habla, del uso voluntario de las manos y hasta presenta trastornos de deglución.

“Son dependiente 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió e indicó que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo, tragar conlleva un mecanismo complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

Para el médico, esta condición, con los años, conlleva casi indefectiblemente a un posible cuadro desnutrición y deshidratación. “El mayor riesgo es ese, que vaya comiendo menos y tomando menos”, consideró.

También opinó que “un solo cuidador es difícil que se encargue de pacientes así” y postuló que “el que tiene más medios económicos tiene más posibilidades de brindarle todas las terapias necesarias”.

Ante consultas del abogado defensor Miguel Ángel Varela, el neurólogo contó que en base a su experiencia este clase de pacientes registran una esperanza de vida de 15 años, aunque también habló de casos adultos que llegan a los 40.

El caso

La muerte de Belén se produjo el 23 de julio de 2013, en la casa de su madre en el barrio Las Rosas de Posadas, donde fue dejaba días atrás por su abuela y tía, quienes viajaron a Corrientes.

Estaba deshidratada, desnutrida y con escaras en la espalda baja. Los policías que participaron del procedimiento describieron que la niña estaba sobre una cama rota y en un dormitorio que parecía un “depósito”.

Un médico forense estimó que el grado de deshidratación que presentaba podía equivaler a siete días sin líquidos.

“Días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”, declaró la imputada en el primer día de debate.

La mujer, empleada de la Municipalidad de Posadas, aseguró que pidió licencia en el trabajo pero no le dieron y debió enfrentar el cuidado de su hija en soledad, mientras que a la par criaba su otra hija.

“Con el pasar de los días tuve que tomar la decisión de irme a trabajar, no tenía otra opción. Me encontré desesperada y sin saber qué hacer. Tenía que seguir trabajando para tener ingresos. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba era darle el desayuno e higienizarla para poder dejarla en condiciones. Al mediodía cocinaba guisitos y fideos que también le gustaba, cosas que estaban a mi alcance porque no tenía mucho dinero”, recordó.

“Los primeros días ella estaba normal, comiendo”, contó Ramírez y agregó: “Hasta que empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca. Ahí empezó a comer menos”, detalló. 

Y se defendió: “Yo en ningún momento abandoné a mi hija. No es que yo la dejé a la deriva o no le dedicaba las horas que ella requería. Nosotros con mi otra hija nos pasábamos todas las tardes con ella para que ella no se sienta sola y no sienta la ausencia de mi mamá y mi hermana”, se defendió.

El debate continuará mañana con más testigos, entre ellos la otra hija de la imputada, que al momento del hecho era menor de edad. Se prevé que el proceso continúe hasta el viernes, fecha prevista para los alegatos y posible sentencia.

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