Judiciales
Prefecturiano reveló amenazas de Negro Rojas: “Nunca más viví tranquilo”
Se sabe desde hace tiempo que Néstor Fabián “El Negro” Rojas repartió amenazas a diestra y siniestra desde que cayó preso en 2018. En su mira estuvieron desde aliados y mulas hasta uniformados y jueces. Hoy, uno de esos objetivos le puso voz a lo sufrido y ante el tribunal que juzga al sindicado capo narco misionero contó de qué manera cambió su vida desde que fue incluido en la lista negra.
La séptima jornada del juicio contra Rojas consistió en la declaración de tres testigos, todos ellos integrantes de las fuerzas federales que participaron tanto de procedimientos como de labores de inteligencia efectuadas en el marco de la investigación relacionada al Primer Comando de Frontera (PCF), empresa de narcotráfico cuya creación le adjudican al misionero, quien también es juzgado por el homicidio de su socio Aldo Andrés Canteros (33).
Uno de esos testigos fue un agente de Prefectura Naval Argentina (PNA) que el 29 de septiembre de 2019 participó de un operativo que consiguió interceptar un bote cargado con 707 kilogramos de marihuana distribuidos en panes marcados con la sigla PCF y el dibujo de dragón comiéndose la cola.
Ese operativo cambió su vida por completo. “A los dos días del procedimiento me llamaron para informar que estaba bajo amenaza y debían trasladarme. La comunicación vino desde la Procunar (Procuraduría General de la Nación) y decía que la amenaza era de Rojas”, recordó el prefecturiano esta mañana al declarar por viodeoconferencia con cámara apagada, modalidad adoptada por cuestiones de seguridad, aunque duramente cuestionada por Marco Racagni, defensor oficial de Rojas.
“Esto impide el correcto ejercicio de mi trabajo. Quiero dejar asentado que este es un proceso totalmente irregular y no me voy a dejar intimidar”, alzó la voz el letrado, acompañado de un manotazo al escritorio, cuando el tribunal rechazó modificar la modalidad de declaración de los testigos.
En consecuencia, todas las declaraciones continuaron realizándose a cámara apagada como sucede desde el inicio del debate y el prefecturiano amenazado por el imputado se explayó sobre lo sucedido.
“Después de la amenaza me tuvieron que trasladar y desde ese día uno ya no tiene un vida normal. Andaba con custodia, pero en todo momento sentí miedo. No solo yo, también mis chicos y mi mamá. Yo me tuve que mudar y a mi hijo más grande lo tuve que cambiar de colegio. Desde ese día nunca más estuve tranquilo”, graficó.
El uniformado admitió que nunca recibió amenazas de manera directa, sino que fue notificado de que su vida estaba en peligro a partir de información recolectada por los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que escuchan las conversaciones telefónicas de Rojas día y noche.
“Me contaron que gente de afuera tenían que venir a encargarse de mi persona y de la de un civil”, agregó el testigo.

Los sellos del PCF en los panes de marihuana incautados a la organización de Rojas.
Escuchas con brasileños
Previo a su testimonio declararon dos efectivos de inteligencia de GNA, quienes describieron sus labores realizadas. Uno contó que llegaban a analizar entre 4 y 6 horas de escuchas por día, pericia mediante la cual lograron identificar a una gran parte de los demás involucrados en la organización.
También refirieron sobre el nivel de violencia con el que Rojas ejercía el mando de la empresa narco. “Cada vez que perdía cargas él enseguida buscaba responsables y muchas veces mandaba a ajusticiarlos. Eran comunicaciones muy violentas y con expresiones tales como ‘van a caer como moscas’, ‘se van a arrepentir de haberme creado’ y demás”, detalló uno de los testigos de la jornada.
De esas comunicaciones intervenidas se advirtió que el imputado también manejaba el idioma guaraní y el portugués, ante lo cual hubo que recurrir a intérpretes, función que cumplió otra agente de GNA perteneciente a la Unidad Inteligencia Criminal Misiones.
Ella declaró esta mañana y recordó que “llegamos a analizar entre 30 y 40 audios por día de comunicaciones de Rojas con brasileños y algunos de esos audios duraban hasta 40 minutos”.
La testigo describió que mediante las interceptaciones lograron identificar a varios brasileños involucrados en las maniobras de narcotráfico que organizaba Rojas y que culminaban en envíos de droga a al país vecino. “Eliza manejaba el dinero de Rojas y las transferencias en Brasil, Beckham conseguía los camiones y Alemao era quien recibía los estupefacientes”, enumeró.
Con el aporte de estos tres uniformados culminó la audiencia de hoy y el debate se retomará el 2 de septiembre, con otros cinco testigos convocados por las partes y una ampliación de indagatoria por parte de Rojas.
Insultos a la fiscalía
Sin embargo, en el medio ocurrió un episodio que volvió a dejar en evidencia el perfil conflictivo de Rojas. Es que, en medio de un cuarto intermedio, el micrófono de la computadora del penal de Marcos Paz desde donde sigue el proceso quedó abierto y al conversar con su consorte de causa Pablo Antonio Campos Retamar acusó de corruptos a los fiscales federales Martín Uriona de la Procunar y Vivian Barbosa de Posadas.
La situación fue señalada por el propio Uriona en la reanudación del debate y el presidente del tribunal, el magistrado Víctor Alonso, volvió a advertir a Rojas que mantenga las reglas de conductas apropiadas.
“Ha emitido comentarios peyorativos hacia los fiscales, acusándonos de corruptos, entre otras cuestiones”, recriminó Uriona, mientras que Barbosa recriminó: “Me veo sumamente agraviada. Le insto a Rojas que me pruebe un acto de corrupción. Es lo último que me faltaba”.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Judiciales
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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