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Prefecturiano reveló amenazas de Negro Rojas: “Nunca más viví tranquilo”

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Se sabe desde hace tiempo que Néstor Fabián “El Negro” Rojas repartió amenazas a diestra y siniestra desde que cayó preso en 2018. En su mira estuvieron desde aliados y mulas hasta uniformados y jueces. Hoy, uno de esos objetivos le puso voz a lo sufrido y ante el tribunal que juzga al sindicado capo narco misionero contó de qué manera cambió su vida desde que fue incluido en la lista negra.

La séptima jornada del juicio contra Rojas consistió en la declaración de tres testigos, todos ellos integrantes de las fuerzas federales que participaron tanto de procedimientos como de labores de inteligencia efectuadas en el marco de la investigación relacionada al Primer Comando de Frontera (PCF), empresa de narcotráfico cuya creación le adjudican al misionero, quien también es juzgado por el homicidio de su socio Aldo Andrés Canteros (33).

Uno de esos testigos fue un agente de Prefectura Naval Argentina (PNA) que el 29 de septiembre de 2019 participó de un operativo que consiguió interceptar un bote cargado con 707 kilogramos de marihuana distribuidos en panes marcados con la sigla PCF y el dibujo de dragón comiéndose la cola.

Ese operativo cambió su vida por completo. “A los dos días del procedimiento me llamaron para informar que estaba bajo amenaza y debían trasladarme. La comunicación vino desde la Procunar (Procuraduría General de la Nación) y decía que la amenaza era de Rojas”, recordó el prefecturiano esta mañana al declarar por viodeoconferencia con cámara apagada, modalidad adoptada por cuestiones de seguridad, aunque duramente cuestionada por Marco Racagni, defensor oficial de Rojas.

“Esto impide el correcto ejercicio de mi trabajo. Quiero dejar asentado que este es un proceso totalmente irregular y no me voy a dejar intimidar”, alzó la voz el letrado, acompañado de un manotazo al escritorio, cuando el tribunal rechazó modificar la modalidad de declaración de los testigos.

En consecuencia, todas las declaraciones continuaron realizándose a cámara apagada como sucede desde el inicio del debate y el prefecturiano amenazado por el imputado se explayó sobre lo sucedido.

“Después de la amenaza me tuvieron que trasladar y desde ese día uno ya no tiene un vida normal. Andaba con custodia, pero en todo momento sentí miedo. No solo yo, también mis chicos y mi mamá. Yo me tuve que mudar y a mi hijo más grande lo tuve que cambiar de colegio. Desde ese día nunca más estuve tranquilo”, graficó.

El uniformado admitió que nunca recibió amenazas de manera directa, sino que fue notificado de que su vida estaba en peligro a partir de información recolectada por los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que escuchan las conversaciones telefónicas de Rojas día y noche.

“Me contaron que gente de afuera tenían que venir a encargarse de mi persona y de la de un civil”, agregó el testigo.

Los sellos del PCF en los panes de marihuana incautados a la organización de Rojas.

Escuchas con brasileños

Previo a su testimonio declararon dos efectivos de inteligencia de GNA, quienes describieron sus labores realizadas. Uno contó que llegaban a analizar entre 4 y 6 horas de escuchas por día, pericia mediante la cual lograron identificar a una gran parte de los demás involucrados en la organización.

También refirieron sobre el nivel de violencia con el que Rojas ejercía el mando de la empresa narco. “Cada vez que perdía cargas él enseguida buscaba responsables y muchas veces mandaba a ajusticiarlos. Eran comunicaciones muy violentas y con expresiones tales como ‘van a caer como moscas’, ‘se van a arrepentir de haberme creado’ y demás”, detalló uno de los testigos de la jornada.

De esas comunicaciones intervenidas se advirtió que el imputado también manejaba el idioma guaraní y el portugués, ante lo cual hubo que recurrir a intérpretes, función que cumplió otra agente de GNA perteneciente a la Unidad Inteligencia Criminal Misiones.

Ella declaró esta mañana y recordó que “llegamos a analizar entre 30 y 40 audios por día de comunicaciones de Rojas con brasileños y algunos de esos audios duraban hasta 40 minutos”.

La testigo describió que mediante las interceptaciones lograron identificar a varios brasileños involucrados en las maniobras de narcotráfico que organizaba Rojas y que culminaban en envíos de droga a al país vecino. “Eliza manejaba el dinero de Rojas y las transferencias en Brasil, Beckham conseguía los camiones y Alemao era quien recibía los estupefacientes”, enumeró.

Con el aporte de estos tres uniformados culminó la audiencia de hoy y el debate se retomará el 2 de septiembre, con otros cinco testigos convocados por las partes y una ampliación de indagatoria por parte de Rojas.

Insultos a la fiscalía

Sin embargo, en el medio ocurrió un episodio que volvió a dejar en evidencia el perfil conflictivo de Rojas. Es que, en medio de un cuarto intermedio, el micrófono de la computadora del penal de Marcos Paz desde donde sigue el proceso quedó abierto y al conversar con su consorte de causa Pablo Antonio Campos Retamar acusó de corruptos a los fiscales federales Martín Uriona de la Procunar y Vivian Barbosa de Posadas.

La situación fue señalada por el propio Uriona en la reanudación del debate y el presidente del tribunal, el magistrado Víctor Alonso, volvió a advertir a Rojas que mantenga las reglas de conductas apropiadas.

“Ha emitido comentarios peyorativos hacia los fiscales, acusándonos de corruptos, entre otras cuestiones”, recriminó Uriona, mientras que Barbosa recriminó: “Me veo sumamente agraviada. Le insto a Rojas que me pruebe un acto de corrupción. Es lo último que me faltaba”.

El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”

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Misionero acusado de liderar red de pedofilia irá a juicio el 27 de agosto

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un último planteo presentado por el ex Gran Hermano Marcelo Corazza y confirmó para el 27 de agosto el inicio de las audiencias del debate oral donde se lo juzgará junto a otros cuatro acusados, entre ellos dos misioneros, de integrar una red de trata y pedofilia que captaba víctimas en la tierra colorada.

Los misioneros imputados en esta causa son Francisco Rolando “Rolo” Angelotti Notarbartolo (48), sindicado líder de la organización, y su ladero Leandro Aguiar. Los demás involucrados son Andrés Fernando Charpenet (46) y Raúl Ignacio Mermet (44), además del ya mencionado Corazza, que fue el primer ganador del reality Gran Hermano.

Justamente, el ex GH, quien a diferencia del resto de los imputados se encuentra excarcelado, fue quien presentó un escrito que buscaba suspender el inicio de las audiencias, pero el máximo tribunal penal federal del país desestimó el recurso defensivo por “improcedente”.

La resolución fue firmada en las últimas horas los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes además ratificaron el inicio del juicio previsto para el próximo 27 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 3 de Caba, con sede en Comodoro Py 2002.

En esa instancia, los involucrados deberán responder como acusados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”.

Aguiar y Notarbartolo, los dos misioneros imputados en la causa que llega a juicio.

Operativo, ardid y escuchas

Cuatro de los involucrados fueron arrestados el 20 de marzo de 2023 tras tras una serie de operativos simultáneos ejecutados en Oberá, donde Angelotti residía, y en diferentes puntos de Buenos Aires.

En el requerimiento de elevación de juicio oral de la causa, los fiscales Carlos Rívolo y Alejandro Mángano sostuvieron que en base a la información recolectada surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron “una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

En la pesquisa global se analizaron al menos 100 horas de escuchas telefónicas y las transcripciones de esas conversaciones dan cuenta del modus operandi de Angelotti y otros dos imputados: Charpenet y Mermet.

De ese contenido se desprende, por ejemplo, esta conversación:

– Angelotti: Le dije escuchame… Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (…) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja…”.

– Charpenet: jajaja, claro!

– Angelotti: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?

– Charpenet: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaja.

– Angelotti: Ah sí, me dijiste, te arreglaste con él.

– Charpenet: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.

Luego, aparece otro fragmento donde Angelotti se jacta de sus encuentros con menores de edad.

Esa conversación se da con una persona identificada como “G”, donde se refieren a una fiesta y a sus invitados. Allí, “G” le cuestiona al misionero por estar con menores de edad, pero Angelotti retruca: “Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.

Marcelo Corazza detenido, es trasladado

Marcelo Corazza, ganador del primer GH, es el único que aguarda el juicio en libertad.

Los funcionarios judiciales además reconstruyeron que las maniobras delictivas se desarrollaron al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron detenidos mediante los allanamientos ejecutados.

Los fiscales consideran que las pruebas reunidas demuestran que para captar a las víctimas Angelotti se apoyaba en maniobras de seducción y engaño utilizando aplicaciones de citas.

En ese rol también ubicaron más tarde a Leandro Aguiar, un ladero de Angelotti que fue detenido en agosto de 2024 tras un allanamiento concretado en el barrio Yacyretá de Posadas.

Y en el avance de la pesquisa, el misionero, que en Oberá primero tuvo un ciber, luego administró unos boliches y finalmente ofrecía un pizzas a domicilio, e incluso participó como chef jurado en un torneo de asado, también acumuló acusaciones por abusos sexuales perpetrados contra varios de los mismos chicos que a su vez entregaba a los clientes de la red.

Preventiva a Angelotti: asociación ilícita, trata, abuso y pedofilia

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Pidió el desalojo de su mamá en el microcentro y la Justicia lo rechazó

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El Juzgado Civil y Comercial Dos de Posadas falló en contra de un pedido de desalojo presentado por un hombre que mantiene una disputa con su madre por el inmueble donde reside la mujer de 75 años en el microcentro de la ciudad. 

El fallo que desestima la acción de desalojo fue firmado este lunes por la magistrada Silvina Inés Bacigalupi, quien consideró improcedente el pedido formulado en razón de que la mujer señalada reside en esa propiedad con autorización de otra hija que figura como copropietaria del lugar, entre otros argumentos.

La acción legal fue interpuesta por el abogado y actual presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, Jair Miguel Ángel Dib, en carácter de apoderado del ciudadano Antonio Germán Vigo (45), quien solicitó desalojar a su madre de un inmueble ubicado en calle San Lorenzo 1376, en el microcentro posadeño.

En su planteo, el demandante señaló que en primera instancia prestó el inmueble a su madre hasta que ella consiguiera un lugar donde residir, pero los años pasaron y la propiedad nunca fue restituida a pesar de los pedidos efectuados y de los intentos por conciliar un contrato de alquiler entre las partes.

También se argumentó que “ha quedado demostrada la presencia de personas extrañas habitando el inmueble sin autorización alguna del Sr. Vigo, lo que demuestra que la demandada abusó de la confianza que depositó el actor e hizo inconsultamente un cambio de uso y destino de la vivienda ya que el préstamo lo era para su uso personal y no para que ella alquilara determinadas unidades funcionales existentes”.

Respuesta y rechazo

Ante esta situación, la señora Chavez respondió la demanda efectuada por su propio hijo y lo hizo bajo la representación legal del abogado Sebastián Mieres, que presentó las pruebas de parte y expuso que su clienta cuenta con la autorización de otra hija que aparece como copropietaria del inmueble en litigio.

En el escrito de respuesta, Mieres esgrimió que el demandante “no ha acreditado su legitimación activa al bien, circunstancia por la cual su posición dentro del proceso no se halla sostenida por la prueba” y además enfatizó en que el hombre le “ha despojado de más de 17 lotes a su madre y ahora pretende despojarla del lugar en el que vive”.

Los planteos de ambas partes fueron analizados entonces por la magistrada Bacigalupi, quien resolvió rechazar el pedido de desalojo al advertir que Chávez está autorizada a ocupar el inmueble en disputa.

“El desalojo solo procedería si el ocupante estuviera menoscabando los derechos de todos los condóminos o si su permanencia no estuviera respaldada por ningún título legal. Este no es el caso, ya que la señora Chávez ha demostrado que tiene un título que justifica su ocupación”, señala la resolución a la que La Voz de Misiones tuvo acceso.

“Si bien el actor reclama su derecho a la coposesión del inmueble, lo cierto es que la situación planteada no se encuadra en los supuestos habilitantes de la acción de desalojo”, desarrolla después.

Y sobre el final explica: “Ello es así porque la demandada no ha ingresado al inmueble en calidad de intruso, precarista o sin título, sino como tenedor derivado de un contrato celebrado con una de las coposeedoras, cuya legitimidad, aunque discutible frente a la otra condómina, no ha sido objeto de análisis ni ha sido cuestionada mediante una acción que tienda a obtener la nulidad del comodato, la partición del condominio o indemnización por el uso exclusivo”.

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Piden reconocer el crimen de Carlos Tereszecuk como de lesa humanidad

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La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso del militante misionero Carlos Enrique Tereszecuk, detenido, torturado, asesinado y desaparecido en noviembre de 1976, tras su paso como preso político en la Jefatura de la Policía chaqueña.

El pedido fue formulado por el fiscal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay a la jueza federal Zunilda Niremperger, con el objetivo de que se reconstruya lo sucedido y que se establezca que el misionero fue ultimado por razones políticas, declarándolo así víctima de un crimen de lesa humanidad en el marco de las acciones de terrorismo de Estado perpetrado por el régimen militar que llevó adelante un gobierno de facto en el país entre 1976 y 1983.

El requerimiento se da a raíz del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk, cuyos restos recién fueron identificados en 2018 gracias a un trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los familiares de Tereszecuk acompañaron el planteo al considerar que un pronunciamiento de este tipo garantiza el derecho a la verdad con un sentido de reparación y contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Tereszecuk -al medio- junto a otros militantes misioneros.

Detenido, torturado, asesinado y desaparecido

Para la fiscalía, las pruebas recolectadas permiten reconstruir que el misionero fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y posteriormente fue llevado a la Jefatura de la Policía de Resistencia, donde fue alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que estaba dirigido de manera conjunta entre la fuerza provincial y el Ejército Argentino.

Tereszecuk fue visto en ese lugar en pésimas condiciones de salud como consecuencia de las graves y diversas torturas padecidas. Su deterioro físico era tal que, según los testimonios recogidos, ya ni podía mantenerse en pie y necesitó ayuda hasta para bañarse. 

En la segunda semana de noviembre finalmente fue asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron encontrados días después en la costa de Empedrado y el misionero fue sepultado como NN en el cementerio local.

Los investigadores entienden que entonces que el caso Tereszecuk “su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen”.

El pronunciamiento requerido también solicita que la Justicia declare al arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una maniobra sistemática, respondiendo a un patrón común de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas durante la dictadura.

“Cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, reconstruye la fiscalía.

Sus restos fueron identificados en 2018 gracias al trabajo del EAAF.

Carlos Tereszecuk

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Estudió para ser sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero abandonó la carrera. 

Luego tuvo una activa militancia estudiantil y política, siendo elegido en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y en 1975 participó de la campaña electoral del Partido Auténtico, pasando a ser secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

Como secretario legislativo realizó un gran trabajo con representantes de gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares, siendo el autor de diversos proyectos de ley de protección de sus derechos.

En 1975 un operativo de efectivos de civil intentó secuestrarlo en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar, debiendo pasar a la clandestinidad. 

En 1976 se refugió en Corrientes, siendo visto finalmente como detenido político y muy torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco.

Con la vuelta de la democracia su hermano Norberto Tereszecuk realizó la denuncia en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ante el Juzgado Federal de Resistencia.

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