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Prefecturiano reveló amenazas de Negro Rojas: “Nunca más viví tranquilo”

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Se sabe desde hace tiempo que Néstor Fabián “El Negro” Rojas repartió amenazas a diestra y siniestra desde que cayó preso en 2018. En su mira estuvieron desde aliados y mulas hasta uniformados y jueces. Hoy, uno de esos objetivos le puso voz a lo sufrido y ante el tribunal que juzga al sindicado capo narco misionero contó de qué manera cambió su vida desde que fue incluido en la lista negra.

La séptima jornada del juicio contra Rojas consistió en la declaración de tres testigos, todos ellos integrantes de las fuerzas federales que participaron tanto de procedimientos como de labores de inteligencia efectuadas en el marco de la investigación relacionada al Primer Comando de Frontera (PCF), empresa de narcotráfico cuya creación le adjudican al misionero, quien también es juzgado por el homicidio de su socio Aldo Andrés Canteros (33).

Uno de esos testigos fue un agente de Prefectura Naval Argentina (PNA) que el 29 de septiembre de 2019 participó de un operativo que consiguió interceptar un bote cargado con 707 kilogramos de marihuana distribuidos en panes marcados con la sigla PCF y el dibujo de dragón comiéndose la cola.

Ese operativo cambió su vida por completo. “A los dos días del procedimiento me llamaron para informar que estaba bajo amenaza y debían trasladarme. La comunicación vino desde la Procunar (Procuraduría General de la Nación) y decía que la amenaza era de Rojas”, recordó el prefecturiano esta mañana al declarar por viodeoconferencia con cámara apagada, modalidad adoptada por cuestiones de seguridad, aunque duramente cuestionada por Marco Racagni, defensor oficial de Rojas.

“Esto impide el correcto ejercicio de mi trabajo. Quiero dejar asentado que este es un proceso totalmente irregular y no me voy a dejar intimidar”, alzó la voz el letrado, acompañado de un manotazo al escritorio, cuando el tribunal rechazó modificar la modalidad de declaración de los testigos.

En consecuencia, todas las declaraciones continuaron realizándose a cámara apagada como sucede desde el inicio del debate y el prefecturiano amenazado por el imputado se explayó sobre lo sucedido.

“Después de la amenaza me tuvieron que trasladar y desde ese día uno ya no tiene un vida normal. Andaba con custodia, pero en todo momento sentí miedo. No solo yo, también mis chicos y mi mamá. Yo me tuve que mudar y a mi hijo más grande lo tuve que cambiar de colegio. Desde ese día nunca más estuve tranquilo”, graficó.

El uniformado admitió que nunca recibió amenazas de manera directa, sino que fue notificado de que su vida estaba en peligro a partir de información recolectada por los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que escuchan las conversaciones telefónicas de Rojas día y noche.

“Me contaron que gente de afuera tenían que venir a encargarse de mi persona y de la de un civil”, agregó el testigo.

Los sellos del PCF en los panes de marihuana incautados a la organización de Rojas.

Escuchas con brasileños

Previo a su testimonio declararon dos efectivos de inteligencia de GNA, quienes describieron sus labores realizadas. Uno contó que llegaban a analizar entre 4 y 6 horas de escuchas por día, pericia mediante la cual lograron identificar a una gran parte de los demás involucrados en la organización.

También refirieron sobre el nivel de violencia con el que Rojas ejercía el mando de la empresa narco. “Cada vez que perdía cargas él enseguida buscaba responsables y muchas veces mandaba a ajusticiarlos. Eran comunicaciones muy violentas y con expresiones tales como ‘van a caer como moscas’, ‘se van a arrepentir de haberme creado’ y demás”, detalló uno de los testigos de la jornada.

De esas comunicaciones intervenidas se advirtió que el imputado también manejaba el idioma guaraní y el portugués, ante lo cual hubo que recurrir a intérpretes, función que cumplió otra agente de GNA perteneciente a la Unidad Inteligencia Criminal Misiones.

Ella declaró esta mañana y recordó que “llegamos a analizar entre 30 y 40 audios por día de comunicaciones de Rojas con brasileños y algunos de esos audios duraban hasta 40 minutos”.

La testigo describió que mediante las interceptaciones lograron identificar a varios brasileños involucrados en las maniobras de narcotráfico que organizaba Rojas y que culminaban en envíos de droga a al país vecino. “Eliza manejaba el dinero de Rojas y las transferencias en Brasil, Beckham conseguía los camiones y Alemao era quien recibía los estupefacientes”, enumeró.

Con el aporte de estos tres uniformados culminó la audiencia de hoy y el debate se retomará el 2 de septiembre, con otros cinco testigos convocados por las partes y una ampliación de indagatoria por parte de Rojas.

Insultos a la fiscalía

Sin embargo, en el medio ocurrió un episodio que volvió a dejar en evidencia el perfil conflictivo de Rojas. Es que, en medio de un cuarto intermedio, el micrófono de la computadora del penal de Marcos Paz desde donde sigue el proceso quedó abierto y al conversar con su consorte de causa Pablo Antonio Campos Retamar acusó de corruptos a los fiscales federales Martín Uriona de la Procunar y Vivian Barbosa de Posadas.

La situación fue señalada por el propio Uriona en la reanudación del debate y el presidente del tribunal, el magistrado Víctor Alonso, volvió a advertir a Rojas que mantenga las reglas de conductas apropiadas.

“Ha emitido comentarios peyorativos hacia los fiscales, acusándonos de corruptos, entre otras cuestiones”, recriminó Uriona, mientras que Barbosa recriminó: “Me veo sumamente agraviada. Le insto a Rojas que me pruebe un acto de corrupción. Es lo último que me faltaba”.

El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”

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Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger

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El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.

Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.

De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.

El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.

El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.

De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.

El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.

Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger

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Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM

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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.

El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.

En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.

El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.

 

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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez

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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.

En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.

La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos  por Reyes en su escrito.

La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.

De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.

El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.

Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.

Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón. 

Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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