Judiciales
Prefecturiano reveló amenazas de Negro Rojas: “Nunca más viví tranquilo”
Se sabe desde hace tiempo que Néstor Fabián “El Negro” Rojas repartió amenazas a diestra y siniestra desde que cayó preso en 2018. En su mira estuvieron desde aliados y mulas hasta uniformados y jueces. Hoy, uno de esos objetivos le puso voz a lo sufrido y ante el tribunal que juzga al sindicado capo narco misionero contó de qué manera cambió su vida desde que fue incluido en la lista negra.
La séptima jornada del juicio contra Rojas consistió en la declaración de tres testigos, todos ellos integrantes de las fuerzas federales que participaron tanto de procedimientos como de labores de inteligencia efectuadas en el marco de la investigación relacionada al Primer Comando de Frontera (PCF), empresa de narcotráfico cuya creación le adjudican al misionero, quien también es juzgado por el homicidio de su socio Aldo Andrés Canteros (33).
Uno de esos testigos fue un agente de Prefectura Naval Argentina (PNA) que el 29 de septiembre de 2019 participó de un operativo que consiguió interceptar un bote cargado con 707 kilogramos de marihuana distribuidos en panes marcados con la sigla PCF y el dibujo de dragón comiéndose la cola.
Ese operativo cambió su vida por completo. “A los dos días del procedimiento me llamaron para informar que estaba bajo amenaza y debían trasladarme. La comunicación vino desde la Procunar (Procuraduría General de la Nación) y decía que la amenaza era de Rojas”, recordó el prefecturiano esta mañana al declarar por viodeoconferencia con cámara apagada, modalidad adoptada por cuestiones de seguridad, aunque duramente cuestionada por Marco Racagni, defensor oficial de Rojas.
“Esto impide el correcto ejercicio de mi trabajo. Quiero dejar asentado que este es un proceso totalmente irregular y no me voy a dejar intimidar”, alzó la voz el letrado, acompañado de un manotazo al escritorio, cuando el tribunal rechazó modificar la modalidad de declaración de los testigos.
En consecuencia, todas las declaraciones continuaron realizándose a cámara apagada como sucede desde el inicio del debate y el prefecturiano amenazado por el imputado se explayó sobre lo sucedido.
“Después de la amenaza me tuvieron que trasladar y desde ese día uno ya no tiene un vida normal. Andaba con custodia, pero en todo momento sentí miedo. No solo yo, también mis chicos y mi mamá. Yo me tuve que mudar y a mi hijo más grande lo tuve que cambiar de colegio. Desde ese día nunca más estuve tranquilo”, graficó.
El uniformado admitió que nunca recibió amenazas de manera directa, sino que fue notificado de que su vida estaba en peligro a partir de información recolectada por los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que escuchan las conversaciones telefónicas de Rojas día y noche.
“Me contaron que gente de afuera tenían que venir a encargarse de mi persona y de la de un civil”, agregó el testigo.
Los sellos del PCF en los panes de marihuana incautados a la organización de Rojas.
Escuchas con brasileños
Previo a su testimonio declararon dos efectivos de inteligencia de GNA, quienes describieron sus labores realizadas. Uno contó que llegaban a analizar entre 4 y 6 horas de escuchas por día, pericia mediante la cual lograron identificar a una gran parte de los demás involucrados en la organización.
También refirieron sobre el nivel de violencia con el que Rojas ejercía el mando de la empresa narco. “Cada vez que perdía cargas él enseguida buscaba responsables y muchas veces mandaba a ajusticiarlos. Eran comunicaciones muy violentas y con expresiones tales como ‘van a caer como moscas’, ‘se van a arrepentir de haberme creado’ y demás”, detalló uno de los testigos de la jornada.
De esas comunicaciones intervenidas se advirtió que el imputado también manejaba el idioma guaraní y el portugués, ante lo cual hubo que recurrir a intérpretes, función que cumplió otra agente de GNA perteneciente a la Unidad Inteligencia Criminal Misiones.
Ella declaró esta mañana y recordó que “llegamos a analizar entre 30 y 40 audios por día de comunicaciones de Rojas con brasileños y algunos de esos audios duraban hasta 40 minutos”.
La testigo describió que mediante las interceptaciones lograron identificar a varios brasileños involucrados en las maniobras de narcotráfico que organizaba Rojas y que culminaban en envíos de droga a al país vecino. “Eliza manejaba el dinero de Rojas y las transferencias en Brasil, Beckham conseguía los camiones y Alemao era quien recibía los estupefacientes”, enumeró.
Con el aporte de estos tres uniformados culminó la audiencia de hoy y el debate se retomará el 2 de septiembre, con otros cinco testigos convocados por las partes y una ampliación de indagatoria por parte de Rojas.
Insultos a la fiscalía
Sin embargo, en el medio ocurrió un episodio que volvió a dejar en evidencia el perfil conflictivo de Rojas. Es que, en medio de un cuarto intermedio, el micrófono de la computadora del penal de Marcos Paz desde donde sigue el proceso quedó abierto y al conversar con su consorte de causa Pablo Antonio Campos Retamar acusó de corruptos a los fiscales federales Martín Uriona de la Procunar y Vivian Barbosa de Posadas.
La situación fue señalada por el propio Uriona en la reanudación del debate y el presidente del tribunal, el magistrado Víctor Alonso, volvió a advertir a Rojas que mantenga las reglas de conductas apropiadas.
“Ha emitido comentarios peyorativos hacia los fiscales, acusándonos de corruptos, entre otras cuestiones”, recriminó Uriona, mientras que Barbosa recriminó: “Me veo sumamente agraviada. Le insto a Rojas que me pruebe un acto de corrupción. Es lo último que me faltaba”.
El juicio al Negro Rojas y una escucha clave: “Le volé la cabeza”
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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