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Padre e hijo van a juicio acusados de citar y matar a un hombre en El Soberbio

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El 31 de agosto comenzará en Oberá el juicio oral para esclarecer el crimen de Rodrigo Alvez (35), quien el 4 de octubre fue citado en una propiedad de El Soberbio y allí fue asesinado a tiros y machetazos. El caso tiene tres imputados, entre ellos un padre e hijo, ambos de nacionalidad brasileña y uno de ellos con antecedentes por homicidio en su país.

El debate se realizará en el Tribunal Penal Uno de Oberá, donde los imputados identificados como Luis André Konrath (37) y su padre Ronaldo Konrath (64) serán juzgados bajo la acusación de “homicidio triplemente agravado por alevosía, premeditación y uso de arma de fuego”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En el banquillo también se sentará una joven de 19 años, aunque su acusación es menor y llega a debate en libertad e imputada por el delito de “encubrimiento agravado”.

El hecho que se ventilará en juicio se descubrió el 5 de octubre de 2019, cuando el cuerpo de Alvez fue hallado a un costado de la ruta costera 2, camino a los Saltos del Moconá y a unos 40 kilómetros del casco urbano de la localidad de El Soberbio.

Rodrigo Alves era carpintero, tenía 34 años y dos hijos.

La escena parecía dar cuenta de un accidente vial, pero todo cambió cuando los uniformados intervinientes observaron que el cuerpo presentaba signos de violencia en distintas partes, entre ellas un traumatismo que le produjo fractura de cráneo, heridas cortantes en el rostro y un disparo en la nuca.

A partir de ello, el caso comenzó a investigarse como homicidio y en menos cinco días los pesquisas llegaron hasta los sospechosos que el 31 de agosto se sentarán en el banquillo del Tribunal Penal Uno de Oberá.

Lo primero que realizaron los investigadores fue reconstruir las últimas horas de Alves. De esa manera establecieron que el día previo el hombre visitó a su ex pareja y a sus dos hijos, en tanto luego le pidió prestada una motocicleta Yamaha Cripton 110 a un amigo para ir a la casa de su madre en el paraje Capibara, también camino a los Saltos.

Sin embargo, Alves nunca llegó a la casa de su madre ni tampoco regresó a la hora que había pactado devolver la moto.

Los investigadores allí encontraron un vacío temporal y avanzaron sobre esa línea para atar cabos sueltos. El Whatsapp de él marcaba activo por última vez ese 4 de octubre a las 16.45.

Emboscada y crimen

Lo siguiente que se supo fue que Alves, en realidad de ir a lo de su madre, había pactado encontrarse con una muchacha en Colonia Paraíso, pero además de la mujer también terminó encontrando la muerte.

Es que cuando llegó al lugar para verse con la joven, fue sorprendido -según la investigación judicial- por Luis Konrath -pareja de la muchacha-, quien prácticamente no le dio oportunidad de defensa y lo asesinó de un disparo, a lo cual continuó agrediendo a machetazos y martillados junto a su padre.

De esta cronología de hechos se desprende la hipótesis de que en realidad habría sido el mismo Luis Konrath quien citó a la víctima en su vivienda y de esa forma le tendió una trampa.

Dos personas que en ese momento estaban en la vivienda faenando un vacuno habrían presenciado el hecho y fueron testigos clave para la investigación. Ellos, además, acusaron que fueron amenazados por el dueño de casa para que no contaran lo sucedido.

En los allanamientos incautaron un Chevrolet Corsa con manchas de sangre en el baúl.

Tras el asesinato, padre e hijo habrían cargado el cuerpo de la víctima en el baúl de un auto para llevarlo hasta el lugar donde finalmente fue descartado.

En el lugar donde presuntamente se concretó el crimen la Policía incautó una remera, una campera, un martillo tipo masa y dos machetes con manchas de sangre. También dieron con una escopeta calibre 40 milímetros y un Chevrolet Corsa en cuyo baúl también detectaron rastros de sangre.

En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco. En la causa hubo un cuarto detenido, aunque luego fue desvinculado del hecho.

Antecedente

Luis Konrath registra un antecedente por homicidio en su país. Ocurrió en septiembre de 2015, cuando ultimó a puñaladas a otro hombre en Tiradentes do Sul, a 17 kilómetros de la frontera con El Soberbio.

Por ese hecho incluso fue condenado a la pena de diez años, aunque al momento del crimen de Alves ya gozaba de libertad condicional.

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Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa

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A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.

El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.

Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.

El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.

Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá

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Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores

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El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.

Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.

Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.

Aguiar, absuelto 

La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.

Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.

Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.

Corazza, también fue absuelto

El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.

El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.

En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.

La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.

El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.

La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.

Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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sistema acusatorio federal

Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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